EXP. N.° 03996-2012-PC/TC

TACNA

SANTOS LUDOMILIA

DE LA VEGA VALDEZ

VDA. DE VILLANUEVA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 25 de abril de 2013

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nilda Villanueva de Vargas, en representación de doña Santos Ludomilia de la Vega Valdez Vda. de Villanueva, contra la resolución de fojas 166, su fecha 17 de julio de 2012, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que declaró fundada la excepción de incompetencia por razón de la materia y la nulidad de todo lo actuado en autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitando que se cumpla con lo establecido en el Decreto Ley 25569 y el numeral 7 de la Circular 001-92-JUS-CCPG, emitida el 10 de julio de 1992, por la Comisión Calificadora de Merecimiento de Pensión de Gracia, para que su pensión de gracia sea reajustada a partir del mes de octubre de 1996, alegando que la indicada comisión ordenó que “cuando  la Remuneración Mínima Vital sea aumentada o reajustada, el incremento de la Pensión de Gracia será automático; y que no se necesitará la opinión de la Comisión” (sic).

2. Que mediante Resolución Directoral 427-2006-EF/43.40, de fecha 23 de noviembre de 2006 (ff. 8 y 9), en aplicación de las normas invocadas por la actora, se procedió a reajustar la pensión de gracia en cuestión, primero en la suma de S/. 144.00 a partir del 1 de julio de 1992;  seguidamente, a partir del 21 de abril de 1994 en la suma de S/. 264.00, suma que viene percibiendo la demandante, pues el MEF no continuó reajustando por considerar que “el Decreto Legislativo N.º 847 del 25 de setiembre de 1996 estableció que “las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general cualquier retribución,…continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero recibido actualmente”, por lo que los reajustes de pensión corresponden otorgarse por ley expresa” (énfasis agregado).

3. Que el Decreto Ley 25569 dispuso el reajuste automático de las pensiones de gracia que fueron otorgadas con referencia al ingreso mínimo legal,  desde la fecha de su vigencia, esto es, desde el 24 de junio de 1992. Empero, posteriormente, el Decreto Legislativo 847, en su artículo 1, establece que “Las (…) pensiones y, en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del Sector Público, (…) continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente.” Esta disposición implica un congelamiento de los montos sobre diversas prestaciones, incluidas las pensiones de gracia sobre todo si se tiene en cuenta que el artículo 2 de esta norma derogó todas las disposiciones legales o administrativas que se le opongan, encontrándose en conflicto ambos textos legales.     

4. Que este Colegiado en la STC 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado con carácter vinculante los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del presente proceso constitucional.

5. Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación probatoria–, se pueda expedir sentencia estimatoria es preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; y, e) ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

6. Que en el presente caso, las normas cuyo cumplimiento se requiere no cumplen los requisitos señalados en el considerando anterior, toda vez que no existe un mandato vigente de acuerdo a lo expuesto en los considerandos 3 y 4, supra, puesto que en el caso de autos el dispositivo legal cuyo cumplimiento se exige estuvo sujeto a controversia compleja y a interpretaciones dispares hasta  la fecha de su derogación expresa por la Ley 27747, que dispuso el tratamiento de las nuevas pensiones de gracia.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

URVIOLA HANI

VERGARA GOTELLI 

CALLE HAYEN