EXP. N.° 04307-2012-PA/TC
PASCO
ABRAHAM CAJACHAGUA
MALDONADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 6 días del mes de diciembre de 2012, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Mesía Ramírez y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abraham Cajachagua Maldonado contra la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Pasco, de fojas 178, su fecha 6 de julio de 2012, que declara infundada la demanda de autos.
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 2871-2010-ONP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 9 de agosto de 2010, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790 y su Reglamento. Asimismo, solicita el pago de los devengados, intereses legales y costos del proceso.
La emplazada contesta la demanda alegando que no se ha demostrado que exista una relación de causalidad entre las labores desempeñadas por el demandante y las enfermedades que alega padecer.
El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Pasco, con fecha 12 de marzo de 2012, declara fundada en parte la demanda, estimando que el recurrente ha acreditado padecer neumoconiosis e hipoacusia, las cuales en conjunto le han generado más de 50% de incapacidad, por lo que le corresponde acceder a la pensión de invalidez vitalicia solicitada; e improcedente en cuanto al pago de los costos procesales.
La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la demanda, considerando que no se ha acreditado el nexo de causalidad entre las enfermedades alegadas y las labores desempeñadas.
1. Delimitación del petitorio
El recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución 2871-2010-ONP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 9 de agosto de 2010, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790 y su Reglamento. Asimismo, solicita el pago de los devengados, intereses legales y costos del proceso.
En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, sobre la base de los alcances del derecho fundamental a la pensión como derecho de configuración legal, este Colegiado delimitó los lineamientos jurídicos que permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial de dicho derecho o estar directamente relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. Por ello, en el literal b) del mismo fundamento, se precisó que “forma parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención”.
En consecuencia, corresponde analizar si el actor cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la entidad demandada.
2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)
2.1. Argumentos del demandante
Manifiesta que labora en la empresa Volcán Compañía Minera S.A.A. desde el 21 de enero de 1988 a la fecha, desempeñando los cargos de Operario, Ensayador de 2da, Analista 1ra y Laboratorista, y que en la actualidad padece de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral, motivo por el cual la emplazada está vulnerando su derecho a la pensión al no concederle la pensión de invalidez vitalicia solicitada.
2.2. Argumentos de la demandada
Sostiene que el demandante no tiene derecho a percibir una pensión de invalidez vitalicia por cuanto no se ha acreditado el nexo de causalidad entre las enfermedades alegadas y las labores desempeñadas.
2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
2.3.1. Este Colegiado, en el precedente vinculante recaído en la STC 02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de febrero de 2009, ha unificado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales).
2.3.2. En dicha sentencia ha quedado establecido que en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.
2.3.3. Cabe precisar que el régimen de protección fue inicialmente regulado por el Decreto Ley 18846, y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP) serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) administrado por la ONP.
2.3.4. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del SCTR, estableciéndose las prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
2.3.5. El artículo 18.2.1. del Decreto Supremo 003-98-SA prescribe que se pagará una pensión vitalicia mensual equivalente al 50% de la remuneración mensual al asegurado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, quedara disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior al 50% pero menor a los dos tercios.
2.3.6. En el presente caso, a fojas 5 obra el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad – D.L. 18846, expedido con fecha 1 de setiembre de 2008 por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades del Hospital II Pasco de EsSalud, según el cual el actor presenta neumoconiosis debida a otros polvos que contienen (sic) e hipoacusia neurosensorial bilateral, con 53% de menoscabo global. Asimismo, de fojas 47 a 50 obra la historia clínica del actor, en la que se precisa que padece de neumoconiosis con 45% de menoscabo y de hipoacusia neurosensorial bilateral con 13% de incapacidad.
2.3.7. Cabe indicar que respecto a la enfermedad profesional de neumoconiosis, este Colegiado ha manifestado que el nexo causal existente entre las condiciones de trabajo y dicha enfermedad es implícito para quienes realizan actividades mineras. No obstante, en el presente caso se advierte que la neumoconiosis genera una incapacidad menor a aquella señalada en el fundamento 2.3.5, supra, por lo que no es posible otorgar la pensión sustentada en el padecimiento de dicha enfermedad.
2.3.8. Respecto a la enfermedad de hipoacusia neurosensorial bilateral, cabe precisar que mediante el precedente vinculante recaído en el fundamento 14 de la STC 02513-2007-PA/TC, este Tribunal ha establecido que la acreditación de la enfermedad profesional únicamente podrá efectuarse mediante un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990. Así, en el presente caso, debe tenerse por acreditada la enfermedad a partir de la fecha del diagnóstico emitido mediante el certificado médico de fojas 5, esto es, a partir del 1 de setiembre de 2008.
2.3.9. Sin embargo, pese a que en el caso de autos la enfermedad de hipoacusia neurosensorial bilateral que padece el demandante se encuentra debidamente acreditada de conformidad con lo establecido en la STC 2513-2007-PA/TC, de la constancia de trabajo de fojas 163, se advierte que el actor ha laborado como Operario, Ensayador de 2da, Analista 1ra y en la actualidad labora como Laboratorista, situación por la cual no es posible establecer objetivamente la existencia de la relación de causalidad entre el trabajo realizado por el actor y el diagnóstico de dicha enfermedad. Asimismo, tal como se precisó anteriormente, en la historia clínica del demandante consta que el porcentaje de incapacidad producido por la enfermedad de hipoacusia neurosensorial es de 13%, por lo que tampoco cumple el requisito mencionado en el fundamento 2.3.5. supra.
2.3.10. Consecuentemente, aun cuando el recurrente adolece de hipoacusia neurosensorial bilateral, no se ha acreditado que dicha enfermedad sea consecuencia de la exposición a factores de riesgo inherentes a su actividad laboral, debiendo tenerse en cuenta además que su porcentaje de menoscabo no es el mínimo que se requiere para acceder a la pensión de invalidez vitalicia.
2.3.11. Por consiguiente, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales del actor, la demanda debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
Declarar INFUNDADA la demanda, al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión del recurrente.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ
CRF