EXP. N.° 04535-2011-PA/TC
CAJAMARCA
ARLENE MARITZA
CULQUI BRINGAS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 14 días del mes de diciembre de 2012, la Sala Primera del Tribunal Constitucional pronuncia la siguiente sentencia con el voto en mayoría de los magistrados Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos, y el voto dirimente del magistrado Eto Cruz, llamado a componer la discordia suscitada por el voto del magistrado Álvarez Miranda
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Arlene Maritza Culqui Bingas contra la sentencia de fojas 103, su fecha 7 de diciembre de 2011, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 25 de octubre de 2010, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca, solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario del que fue objeto; y que, consecuentemente, se ordene su reposición en el cargo de obrera de limpieza que venía ocupando. Refiere que prestó servicios de manera ininterrumpida desde el abril de 2009 hasta agosto de 2010, fecha en la que fue despedida sin que se le exprese una causa justa prevista en la ley, pese a que en los hechos se había configurado una relación laboral a plazo indeterminado porque se presentaron todos los elementos de un contrato de trabajo. Sostiene que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y de defensa.
El procurador público de la Municipalidad emplazada propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y contesta la demanda argumentando que debe entenderse que la recurrente estuvo prestando servicios al amparo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1057, norma legal que desde que entró en vigor regula todas aquellas relaciones contractuales irregulares y reemplaza los contratos de locación de servicios.
El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Cajamarca con fecha 13 de enero de 2011, declara infundada la excepción propuesta; y con fecha 8 de marzo de 2011, declara fundada la demanda por estimar que la demandante, al ser una obrera de limpieza, efectuaba una labor permanente, y que al haber superado el periodo de prueba solamente podía ser despedida por una causa justa prevista en la ley. El a quo sostiene que entre las partes se presentaron todos los elementos típicos de un contrato de trabajo a plazo indeterminado.
La Sala revisora revocando la apelada, declara infundada la demanda por considerar que la recurrente no acreditó la continuidad de sus labores y además porque únicamente laboró en obras determinadas.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición de la recurrente en el cargo de obrera que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Alega la demandante que prestó servicios bajo una relación laboral de naturaleza indeterminada porque realizaba una labor de carácter permanente.
2. De acuerdo con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, corresponde evaluar si la demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.
Análisis de la controversia
3. Con la constancia de fecha 8 de julio de 2010 (f. 3), las boletas de pago (f. 4 a 8), el Informe N.º 003-2012-H.M.A.-RR.HH-MPC, de fecha 11 de enero de 2012 (f. 8 del cuaderno del Tribunal), y la constancia de fecha 19 de octubre de 2010 (f. 2), se acredita que la demandante prestó servicios para la Municipalidad emplazada desde abril de 2009 hasta marzo de 2010 y desde mayo hasta agosto de 2010, trabajando como obrera en proyectos para la Municipalidad emplazada.
4. Según el artículo 4.º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita; y el segundo, en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece”.
5. Del artículo transcrito puede señalarse que en el régimen laboral peruano el principio de continuidad opera como un límite a la contratación laboral por tiempo determinado. Por ello, este Tribunal, en la STC 1874-2002-AA/TC, precisó que hay una preferencia de la contratación laboral por tiempo indefinido sobre la de duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando las labores que se van a prestar (objeto del contrato) son de naturaleza temporal o accidental.
6. Y es que como resultado de ese carácter excepcional la ley establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso sanciones cuando a través de estos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la contratación laboral por tiempo indeterminado.
7. En consecuencia, el artículo 4.º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR opera como un límite a la contratación temporal, ya que sólo los empleadores podrán contratar trabajadores con contratos de trabajo sujetos a modalidad “en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece”, pues en caso contrario el contrato de trabajo será considerado de duración indeterminada.
8. En el presente caso, no se advierte de autos que las partes hayan celebrado un contrato de trabajo a plazo fijo sujeto a modalidad ni ningún otro tipo de contrato, por lo que debe concluirse que las partes no suscribieron un contrato por escrito, habiéndose configurado, por tanto, una relación laboral de naturaleza indeterminada, lo cual tampoco ha sido desvirtuado por la Municipalidad emplazada, pese a que este Tribunal, mediante resolución de fecha 21 de noviembre de 2011, le requirió copias de los contratos.
9. Por ello, en virtud de lo expuesto y lo establecido por el artículo 4º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, vale concluir que entre las partes existió un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada y que por tanto, la demandante sólo podía ser despedida por una causa justa prevista en la ley, por lo que la ruptura del vínculo laboral sustentada en el vencimiento del plazo del contrato tiene el carácter de un despido arbitrario, frente a lo cual procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales.
Por tanto, al haberse configurado entre las partes una relación laboral de naturaleza indeterminada durante el periodo comprendido desde mayo hasta agosto de 2010, dicha situación no puede verse enervada por la contratación temporal de la actora, efectuada en los meses de mayo de 2011 y de octubre a diciembre de 2011, a la que se hace referencia en el Informe N.º 003-2012-H.M.A.-RR.HH-MPC, de fecha 11 de enero de 2012 (f. 8 del cuaderno del Tribunal).
10. En la medida en que en este caso, se ha acreditado que la Municipalidad emplazada ha vulnerado los derechos constitucionales alegados por la demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, ordenar el pago de los costos procesales, los cuales deben ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.
11. Teniendo presente que existen reiterados casos en los que se estima la demanda de amparo por haberse comprobado un despido arbitrario, resulta pertinente señalar que cuando se interponga y admita una demanda de amparo contra la Administración Pública que tenga por finalidad la reposición del demandante, ello debe registrarse como una posible contingencia económica que tiene que preverse en el presupuesto, con la finalidad de que la plaza que se ocupaba se mantenga presupuestada para, de ser el caso, poder actuar o ejecutar en forma inmediata la sentencia estimativa.
En estos casos, la Administración Pública para justificar el mantenimiento de la plaza presupuestada tendrá presente que el artículo 7º del C.P.Const. dispone que “El Procurador Público, antes de que el proceso sea resuelto en primer grado, está facultado para poner en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando considere que se afecta el derecho constitucional invocado”.
Con la opinión del procurador público puede evitarse y preverse gastos fiscales, ya que la Administración Pública puede allanarse a la demanda (si es que la pretensión según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional es estimable) o proseguir con el proceso.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la violación de los derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y de defensa; en consecuencia, NULO el despido de que ha sido víctima la demandante.
2. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Cajamarca reponga a doña Arlene Maritza Culqui Bringas como trabajadora a plazo indeterminado, en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.° y 59.° del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del proceso.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ
EXP. N.° 04535-2011-PA/TC
CAJAMARCA
ARLENE MARITZA
CULQUI BRINGAS
Concuerdo con los fundamentos y el fallo contenidos en el voto de los magistrados Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos; por lo que mi voto es por declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la violación de los derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y de defensa; en consecuencia, NULO el despido de que ha sido víctima la demandante; y ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Cajamarca reponga a doña Arlene Maritza Culqui Bringas como trabajadora a plazo indeterminado, en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22º y 59º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del proceso.
SS.
ETO CRUZ
EXP. N.° 04535-2011-PA/TC
CAJAMARCA
ARLENE MARITZA
CULQUI BRINGAS
VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ
Y BEAUMONT CALLIRGOS
Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes:
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición de la recurrente en el cargo de obrera que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Alega la demandante que prestó servicios bajo una relación laboral de naturaleza indeterminada porque realizaba una labor de carácter permanente.
2. De acuerdo con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, corresponde evaluar si la demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.
Análisis de la controversia
3. Con la constancia de fecha 8 de julio de 2010 (f. 3), las boletas de pago (f. 4 a 8), el Informe N.º 003-2012-H.M.A.-RR.HH-MPC de fecha 11 de enero de 2012 (f. 8 del cuaderno del Tribunal), y la constancia de fecha 19 de octubre de 2010 (f. 2), acreditan que la demandante prestó servicios para la Municipalidad emplazada desde abril de 2009 hasta marzo de 2010, y desde mayo hasta agosto de 2010, trabajando como obrera en proyectos para la Municipalidad emplazada.
4. Según el artículo 4.º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece”.
5. Del artículo transcrito puede señalarse que en el régimen laboral peruano el principio de continuidad opera como un límite a la contratación laboral por tiempo determinado. Por ello, este Tribunal, en la STC 1874-2002-AA/TC, precisó que hay una preferencia de la contratación laboral por tiempo indefinido sobre la de duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando las labores que se van a prestar (objeto del contrato) son de naturaleza temporal o accidental.
6. Y es que como resultado de ese carácter excepcional la ley establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso sanciones cuando a través de estos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la contratación laboral por tiempo indeterminado.
7. En este sentido, el artículo 4.º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR opera como un límite a la contratación temporal, ya que sólo los empleadores podrán contratar trabajadores con contratos de trabajo sujetos a modalidad “en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece”, pues en caso contrario el contrato de trabajo será considerado de duración indeterminada.
8. En el presente caso, no se advierte de autos que las partes hayan celebrado un contrato de trabajo a plazo fijo sujeto a modalidad ni ningún otro tipo de contrato, por lo que debe concluirse que las partes no suscribieron un contrato por escrito, habiéndose configurado, por tanto, una relación laboral de naturaleza indeterminada. Lo cual tampoco ha sido desvirtuado por la Municipalidad emplazada, pese a que este Tribunal mediante resolución de fecha 21 de noviembre de 2011 le requirió copias de los contratos.
9. Por ello, en virtud de lo expuesto y lo establecido por el artículo 4º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR vale concluir que entre las partes existió un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada y que por tanto la demandante sólo podía ser despedida por una causa justa prevista en la ley, por lo que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en el vencimiento del plazo del contrato, tiene el carácter de un despido arbitrario, frente a lo cual procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales.
Por tanto, al haberse configurado entre las partes una relación laboral de naturaleza indeterminada durante el periodo comprendido desde mayo hasta agosto de 2010, dicha situación no puede verse enervada por la contratación temporal de la actora, efectuada en los meses de mayo de 2011 y de octubre a diciembre de 2011, a la que se hace referencia el Informe N.º 003-2012-H.M.A.-RR.HH-MPC, de fecha 11 de enero de 2012 (f. 8 del cuaderno del Tribunal).
10. En la medida en que en este caso, se ha acreditado que la Municipalidad emplazada ha vulnerado los derechos constitucionales alegados por la demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, ordenar el pago de los costos procesales, los cuales deben ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.
11. Teniendo presente que existen reiterados casos en los que se estima la demanda de amparo por haberse comprobado un despido arbitrario resulta pertinente señalar que cuando se interponga y admita una demanda de amparo contra la Administración Pública que tenga por finalidad la reposición del demandante, ello debe registrarse como una posible contingencia económica que tiene que preverse en el presupuesto, con la finalidad de que la plaza que se ocupaba se mantenga presupuestada para, de ser el caso, poder actuar o ejecutar en forma inmediata la sentencia estimativa.
En estos casos, la Administración Pública para justificar el mantenimiento de la plaza presupuestada tendrá presente que el artículo 7º del C.P.Const. dispone que “El Procurador Público, antes de que el proceso sea resuelto en primer grado, está facultado para poner en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando considere que se afecta el derecho constitucional invocado”.
Con la opinión del procurador público puede evitarse y preverse gastos fiscales, ya que la Administración Pública puede allanarse a la demanda (si es que la pretensión según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional es estimable) o proseguir con el proceso.
Por estas consideraciones, corresponde:
1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la violación de los derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y de defensa; en consecuencia, NULO el despido de que ha sido víctima la demandante.
2. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Cajamarca reponga a doña Arlene Maritza Culqui Bringas como trabajadora a plazo indeterminado, en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.° y 59.° del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del proceso.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
EXP. N.° 04535-2011-PA/TC
CAJAMARCA
ARLENE MARITZA
CULQUI BRINGAS
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
ÁLVAREZ MIRANDA
Con el debido respeto por la opinión del resto de mis colegas magistrados emito el presente voto singular por las razones que expongo a continuación
1. Según el artículo 5º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.
2. A través de dicho filtro, se persigue, en la medida de lo posible, de dotar a la Administración Pública de los mejores cuadros pues a diferencia de lo que ocurre con los particulares, quienes guiados por el incentivo de ser cada día más eficientes bajo pena de ser expectorados del mercado, procuran captar al mejor personal en base a sus cualificaciones personales y trayectoria; ello no suele presentarse con frecuencia en el sector público, pues carece de tal incentivo.
3. De ahí que, a fin de corregir tal situación, resulta constitucionalmente lógico que el Ordenamiento Jurídico supedite el acceso al empleo público a la aprobación de un concurso en el que se evalúen tanto los méritos como las habilidades de los participantes en el marco de una evaluación transparente. Sólo de esta manera, se garantizaría que el gobierno de turno no utilice el aparato estatal para cubrir tales plazas con personas cercanas al mismo que carezcan de la idoneidad necesaria para ocuparlas.
4. Por ello, en el empleo público no cabe la aplicación mecánica del concepto de “desnaturalización”, pues a diferencia de una empresa particular en la que sus accionistas velan por sus legítimos intereses; el Estado que es la gran empresa de todos los peruanos, muchas veces termina siendo superado por intereses subalternos, perjudicando abiertamente a la sociedad en su conjunto, y en especial, a las personas que a pesar de estar debidamente cualificadas y tener vocación de servicio, no logran ingresar al sector público.
5. No desconozco que, jurisprudencialmente este Colegiado ha venido amparando pretensiones tendientes a reincorporar a extrabajadores públicos que fueron contratados bajo una figura modal so pretexto de una “desnaturalización” del mismo, sin tomar en consideración el citado filtro, pese a que de manera uniforme y reiterada se ha señalado que el proceso de amparo tiene una finalidad restitutiva y no declarativa.
6. En tal escenario, se ha venido incorporando al régimen laboral de la actividad privada regulado en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral a ex - trabajadores contratados bajo figuras modales, pese a no haber pasado por un proceso evaluación previa de méritos, a través de la cual, se determine en primer lugar si existe una plaza disponible, y en segundo término, si el recurrente cumple con los requisitos necesarios para desempeñar dicha labor, pues si bien previamente ha sido evaluado al ser contratado bajo cualquier figura modal, dicha evaluación no tiene el rigor que supondría su ingreso definitivo.
7. Así mismo, tampoco puede soslayarse que todo hace indicar que en el caso de autos existirían indicios que la “desnaturalización” del contrato tiene su origen en una actitud negligente o maliciosa de funcionarios de la emplazada, que podría tener rasgos de mala fe, que en todo caso deberían ser objeto de un debate en la vía ordinaria.
Por tales consideraciones, soy de la opinión que la presente demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE.
S.
ÁLVAREZ MIRANDA