EXP. N.º 00002-2013-PI/TC

LIMA

PODER EJECUTIVO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 21 de enero de 2014

VISTO

El escrito de fecha 13 de diciembre de 2013, presentado por el secretario de la Asociación de Empresa de Transportes M-1, don Óscar Gamarra Sulca, mediante el cual solicita que se admita la intervención de su representada en el presente proceso; y,  

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 8 de mayo de 2013, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda interpuesta por el Presidente de la República contra la Ordenanza Regional 010–2012-GRA/CR, expedida por el Gobierno Regional de Ayacucho, alegando que esta afecta la competencia del Poder Ejecutivo en materia de transporte terrestre interprovincial de personas.

2. Que con fecha 13 de diciembre de 2013, el secretario de la Asociación de Empresa de Transportes M-1 solicitó al Tribunal Constitucional incorporar a su representada en el proceso de autos, en calidad de litisconsorte necesario pasivo, alegando que la tramitación del presente proceso de inconstitucionalidad viene afectando sus derechos al trabajo y a la libertad de empresa, toda vez que el Gobierno Regional de Ayacucho ha dispuesto la suspensión de sus respectivas licencias de concesión de ruta, otorgadas al amparo de la ordenanza impugnada para la prestación del servicio de transporte interprovincial de personas. Fundamenta su pedido en lo dispuesto por el artículo 93º del Código Procesal Civil, por lo que solicita su emplazamiento con la demanda y anexos a fin de ejercer su derecho de defensa.

3. Que, al respecto, cabe indicar que en el proceso de inconstitucionalidad se han reconocido normativamente dos partes procesales. El demandante es quien tiene la legitimidad activa para interponer la demanda de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución y el artículo 99 del Código Procesal Constitucional, mientras que el demandado es el órgano emisor de la norma impugnada, definido por el artículo 107 del Código Procesal Constitucional como el único ente habilitado para defender su constitucionalidad.

4. Que, aparte de los sujetos procesales típicos, se ha reconocido a los llamados “litisconsortes”, institución no regulada expresamente en el Código Procesal Constitucional, pero sí en la jurisprudencia constitucional (fundamento 4 de la RTC 0020-2005-PI/TC), cuya intervención se restringe a una defensa abstracta de la validez constitucional de la norma impugnada y limitada a las personas y entes que pudiesen actuar como demandantes o demandados.

5. Que, sin embargo, el pedido de intervención radica en la presunta afectación a un “interés subjetivo”, cual es la suspensión de las licencias de concesión de ruta de los asociados de la solicitante, que podría derivar de la sentencia a emitirse en el presente proceso. Además, el escrito es presentado por un particular sin que este pueda ostentar la calidad de demandado. 

6. Que, en ese sentido, el Tribunal Constitucional estima que debe rechazarse la solicitud presentada.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de que se incorpore al proceso a la Asociación de Empresa de Transportes M-1.

Publíquese y notifíquese.

SS.

URVIOLA HANI

VERGARA GOTELLI

MESÍA RAMÍREZ

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

ÁLVAREZ MIRANDA