EXP. N.° 01824-2013-PA/TC
SANTA
WILFREDO HERRERA
TARAZONA
RAZÓN DE RELATORÍA
La sentencia recaída en el expediente 01824-2013-PA/TC, es aquella que declara FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los derechos constitucionales al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario; en consecuencia, NULA la Resolución de Alcaldía N° 022-2011-MPP-C-A, de fecha 13 de enero del 2011, y NULO el despido arbitrario del demandante y ORDENA a la Municipalidad Provincial de Pallasca que reponga a don Wilfredo Herrera Tarazona como trabajador a plazo indeterminado, en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.° y 59.° del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales. Se compone del voto en mayoría de los exmagistrados Vergara Gotelli y Calle Hayen, y del voto dirimente del magistrado Urviola Hani. Se deja constancia de que los votos en mención concuerdan en el sentido del fallo y alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, como lo prevé el artículo 5° -cuarto párrafo- de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y el artículo 11° -primer párrafo- del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Asimismo se deja constancia del voto singular del exmagistrado Álvarez Miranda, que se agrega.
Lima, 13 de octubre de 2014
EXP. N.° 01824-2013-PA/TC
SANTA
WILFREDO HERRERA
TARAZONA
VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI
Con el debido respeto por la opinión del exmagistrado Álvarez Miranda me adhiero a lo señalado por los exmagistrados Vergara Gotelli y Calle Hayen pues, conforme lo justifican también considero que la demanda debe ser declarada fundada.
Sr.
URVIOLA HANI
EXP. N.° 01824-2013-PA/TC
SANTA
WILFREDO HERRERA
TARAZONA
Y CALLE HAYEN
Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes:
FUNDAMENTOS
1. Delimitación del petitorio
El demandante solicita su reposición en el cargo que venía ocupando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Alega la vulneración de sus derechos al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario.
2. Consideraciones previas
En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, en el presente caso corresponde evaluar si el recurrente fue objeto de un despido arbitrario.
3. Sobre la afectación de los derechos al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario
3.1 Argumentos de la parte demandante
El demandante afirma que ha sido víctima de un despido arbitrario, violatorio de sus derechos al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario, debido a que no obstante mantener con la entidad emplazada un vínculo de naturaleza laboral, fue despedido sin expresión de causa, aduciéndose la cancelación del proyecto en el cual trabajaba.
3.2 Argumentos de la parte demandada
La parte demandada sostiene que si bien es cierto que el demandante era servidor público sujeto al régimen laboral de la actividad privada, también lo es que era obrero eventual porque dependía de la vigencia del Proyecto de Implementación y Seguridad Ciudadana y Serenazgo, el mismo que concluyó el 31 de diciembre del 2010, por lo que el actor no podía continuar trabajando, y que asimismo el ingreso del demandante vulneró disposiciones legales vigentes, pues no se cumplió con el requisito de contar con plaza presupuestada.
3.3 Consideraciones del Tribunal Constitucional
3.3.1 El derecho al trabajo se encuentra reconocido por el artículo 22º de la Constitución. Al respecto este Tribunal estima que el contenido esencial del referido derecho constitucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por la otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa.
Respecto al derecho constitucional a la protección adecuada contra el despido arbitrario reconocido en el artículo 27º de la Constitución, se debe señalar que este Tribunal en la STC N.º 00976-2001-AA/TC delimitó su contenido e interpretó qué debe entenderse por protección adecuada contra el despido arbitrario. Asimismo el Tribunal ha reconocido en reiterada jurisprudencia (por todas, la STC N.º 05650-2009-PA/TC), dos tipos de protección en casos de despido arbitrario de carácter excluyente y a elección del trabajador: a) protección de eficacia resarcitoria cuando el trabajador opta por recurrir a la vía ordinaria solicitando el pago de la indemnización por despido arbitrario; y b) protección de eficacia restitutoria cuando el trabajador opta por recurrir a la vía constitucional a través del proceso de amparo constitucional, siempre y cuando el despido se haya producido, entre otros supuestos, de manera incausada, es decir, ejecutado de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresión de causa alguna relacionada con la conducta o el desempeño laboral del trabajador que la justifique.
3.3.2 Dado que la entidad emplazada reconoce expresamente en su escrito de contestación de la demanda que el actor tuvo la condición de trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada, la controversia se circunscribe entonces a determinar si tuvo la condición de obrero eventual, como sostiene la emplazada, o si por el contrario mantuvo una relación laboral a plazo indeterminado, en atención a las funciones que desempeñaba, caso en el cual solo podía ser despedido por una causa justa prevista en la legislación laboral.
3.3.3 A fojas 2 obra el contrato de trabajo a plazo indefinido suscrito por las partes el 12 de noviembre del 2010, mediante el cual se contrata al demandante para que se desempeñe como personal de seguridad ciudadana, señalándose en la cláusula primera que el actor viene realizando labores de naturaleza permanente desde hace más de un año.
3.3.4 Posteriormente mediante la Resolución de Alcaldía N.º 221-2010-MPP, de fecha 23 de noviembre del 2010 (f. 5), la entidad emplazada reconoció al demandante como trabajador permanente, precisando en la parte considerativa que viene laborando ininterrumpidamente desde el 1 de setiembre de 2009, desempeñando las labores permanentes como personal de seguridad ciudadana, sujeto a un horario de trabajo y bajo dependencia, por lo que tiene la condición de obrero municipal sujeto al régimen laboral de la actividad privada.
3.3.5 A fojas 23 corre la Resolución de Alcaldía N.º 022-2011-MPP-C-A, de fecha 13 de enero del 2011, mediante la cual se declara la nulidad de la resolución de alcaldía que reconoce las labores de naturaleza permanente del demandante y se resuelve su contrato de trabajo a plazo indeterminado, aduciéndose que no se puede continuar manteniendo al personal de seguridad ciudadana porque el proyecto en el que trabajan concluyó el 31 de diciembre del 2010, por no contar con disponibilidad presupuestal, económica y financiera. Asimismo se menciona que no se ha tenido en cuenta que dichos trabajadores tienen la condición de obreros eventuales, por lo que no están comprendido en los instrumentos de gestión institucional, tales como el CAP, el PAP, el MOF y el ROF (f. 23).
3.3.6 Respecto a la naturaleza de las labores que realizó el recurrente estimamos que estas no pueden considerarse eventuales toda vez que como lo ha establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia el Tribunal, la labor del personal de seguridad ciudadana constituye una prestación de naturaleza permanente en el tiempo, por ser una de las funciones principales de las municipalidades, por lo que su contratación era a plazo indeterminado (SSTC N.os 03334-2010-PA/TC, 02237-2008-PA/TC, 06298-2007-PA/TC y 00998-2011-PA/TC, 06235-2007-PA/TC, 4058-2008-PA/TC, entre otras). Siendo ello así, no se justifica que se prescinda de la prestación de sus servicios dado que, como es evidente, no se puede prescindir del servicio de seguridad ciudadana porque, este obedece a una necesidad permanente que debe ser satisfecha por todo gobierno local.
3.3.7 Por otro lado el que no se haya comprendido al personal de seguridad ciudadana en los documentos de gestión institucional pese a que realiza labores de naturaleza permanente, es una omisión que evidentemente es de responsabilidad de la administración municipal y no del trabajador, por lo que tampoco puede servir de justificación para despedirlo.
3.3.8 Se concluye entonces conforme a lo señalado en los fundamentos 3.3.5 y 3.3.6 supra que la Resolución de Alcaldía N.º 022-2011-MPP-C-A fue expedida desconociéndose la condición de obrero permanente del actor.
3.3.9 En consecuencia al haberse acreditado que la relación laboral existente entre las partes era a plazo indeterminado, queda claro que el demandante solo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, lo que no ha sucedido en el presente caso, razón por la cual ha sido objeto de un despido arbitrario.
3.3.10 Por lo expuesto estimamos que en el presente caso se ha configurado un despido incausado, violatorio de los derechos constitucionales al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario del demandante, reconocidos en los artículos 22º y 27º de la Constitución, puesto que el demandante se desempeñaba como obrero cuando fue contratado, encontrándose vigente su contrato de trabajo de duración indeterminada.
4. Efectos de la presente Sentencia
4.1 En la medida en que en este caso se ha acreditado que la entidad demandada ha vulnerado los derechos constitucionales al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario del demandante, corresponde ordenar su reposición como trabajador a plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22º y 59º del Código Procesal Constitucional.
4.2 Asimismo, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, la entidad emplazada debe asumir los costos del proceso, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.
4.3 Teniendo presente que existen reiterados casos en los que se estima la demanda de amparo por haberse comprobado un despido arbitrario, resulta pertinente señalar que cuando se interponga y admita una demanda de amparo contra una entidad del Estado que tenga por finalidad la reposición del demandante, ello debe registrarse como una posible contingencia económica que ha de preverse en el presupuesto, de la entidad con la finalidad de que la plaza que ocupaba se mantenga presupuestada para, de ser el caso, poder actuar o ejecutar en forma inmediata la sentencia estimatoria.
En estos casos la Administración Pública para justificar el mantenimiento de la plaza presupuestada, tendrá presente que el artículo 7º del Código Procesal Constitucional dispone que “El Procurador Público, antes de que el proceso sea resuelto en primer grado, está facultado para poner en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando considere que se afecta el derecho constitucional invocado”.
Con la opinión del procurador público, puede evitarse y preverse gastos fiscales ya que la Administración Pública puede allanarse a la demanda (si es que la pretensión según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional es estimable) o proseguir con el proceso.
Por las consideraciones precedentes, a nuestro juicio, corresponde:
1. Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los derechos constitucionales al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario; en consecuencia NULA la Resolución de Alcaldía N.º 022-2011-MPP-C-A, de fecha 13 de enero del 2011 y NULO el despido arbitrario del demandante.
2. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Pallasca reponga a don Wilfredo Herrera Tarazona como trabajador a plazo indeterminado, en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.º y 59.º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales.
SS.
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
EXP. N.° 01824-2013-PA/TC
SANTA
WILFREDO HERRERA
TARAZONA
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA
Con el debido respeto por la opinión vertida por el resto de mis colegas magistrados, emito el siguiente voto singular por las siguientes consideraciones.
1. Según el artículo 5º de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.
2. A través de dicho filtro, se persigue, en la medida de lo posible, dotar a la Administración Pública de los mejores cuadros, pues a diferencia de lo que ocurre con los particulares, quienes guiados por el incentivo de ser cada día más eficientes bajo pena de ser expectorados del mercado, procuran captar al mejor personal en base a sus cualificaciones personales y trayectoria; ello no suele presentarse con frecuencia en el sector público, pues carece de tal incentivo.
3. De ahí que, a fin de corregir tal situación, resulta constitucionalmente lógico que el ordenamiento jurídico supedite el acceso al empleo público a la aprobación de un concurso en el que se evalúen tanto los méritos como las habilidades de los participantes en el marco de una evaluación transparente. Sólo de esta manera se garantizaría que el gobierno de turno no utilice el aparato estatal para cubrir tales plazas con personas cercanas al mismo, que carezcan de la idoneidad necesaria para ocuparlas.
4. Por ello, en el empleo público no cabe la aplicación mecánica del concepto de “desnaturalización”, pues a diferencia de una empresa particular, en la que sus accionistas velan por sus legítimos intereses; el Estado, que es la gran empresa de todos los peruanos, muchas veces termina siendo superado por intereses subalternos, perjudicando abiertamente a la sociedad en su conjunto, y en especial, a las personas que, a pesar de estar debidamente cualificadas y tener vocación de servicio, no logran ingresar al sector público.
5. No desconozco que, jurisprudencialmente, el Tribunal Constitucional ha venido amparando pretensiones tendientes a reincorporar a ex trabajadores públicos que fueron contratados bajo una figura modal o locación de servicios so pretexto de una “desnaturalización” del mismo, sin tomar en consideración el citado filtro, pese a que de manera uniforme y reiterada se ha señalado que el proceso de amparo tiene una finalidad restitutiva y no declarativa.
6. En tal escenario, se ha venido incorporando a personas al régimen laboral de la actividad privada regulado en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a ex trabajadores contratados bajo figuras modales o locación de servicios, pese a no haber pasado por un proceso de evaluación previa de méritos, a través de la cual, se determine, en primer lugar si existe una plaza disponible y, en segundo término, si el recurrente cumple con los requisitos necesarios para desempeñar dicha labor, pues si bien previamente ha sido evaluado al ser contratado, dicha evaluación no tiene el rigor que supondría su ingreso definitivo.
7. Asimismo, tampoco puede soslayarse que todo hace indicar que en el caso de autos existen indicios que la “desnaturalización” del contrato tiene su origen en una actitud negligente o maliciosa de funcionarios de la emplazada, que podría tener rasgos de mala fe que en todo caso deberían ser objeto de un debate en la vía ordinaria.
Por tales consideraciones, soy de la opinión que la presente demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE.
Sr.
ÁLVAREZ MIRANDA