02031-2012-AA

EXP. N.° 02031-2012-PA/TC

LIMA NORTE

PAOLA GIOVANNA

HUACACOLQUE CABRAL

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2013, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, inicialmente integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Mesía Ramírez y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los magistrados Mesía Ramírez y Eto Cruz; el voto en discordia del magistrado Beaumont Callirgos y el voto dirimente del magistrado Álvarez Miranda, que se agregan

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Paola Giovanna Huacacolque Cabral contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 281, su fecha 25 de enero de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de mayo del 2011, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Comas solicitando su inmediata reposición a su plaza de obrera, el pago de devengados, intereses y costos del proceso, y que se declare inaplicable la Resolución de Alcaldía N.º 706-2011-MDC, de fecha 28 de marzo de 2011. Refiere que prestó servicios desde el 15 de enero del 2008 hasta el 30 marzo del 2011, fecha en que sin motivación alguna fue despedida a pesar de que venía trabajando en labores de naturaleza permanente y de manera ininterrumpida.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de Comas propone las excepciones de incompetencia y de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y contesta la demanda expresando que en el presente caso el vínculo laboral con la demandante feneció, toda vez que mediante Resolución N.º 0706-2011-MDC, de fecha 28 de marzo de 2011, se declaró la nulidad de la Resolución Nº 1957-2010-A/MC, de fecha 30 de noviembre de 2010; consecuentemente, el cese es producto de un acto administrativo. Afirma que es irrelevante o improcedente que se pretenda dilucidar si con anterioridad a la suscripción de contrato administrativo de servicios la demandante prestó servicios bajo subordinación, encubiertos en contratos civiles. Asimismo, refiere que el cese se produjo por el vencimiento del contrato administrativo de servicio suscrito por las partes.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, con fecha 11 de julio de 2011, declara infundadas las excepciones propuestas, y con fecha 18 de julio de 2011 declara improcedente la demanda, por considerar que es de aplicación el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, y que corresponde ventilarse la presente controversia en una vía procedimental igualmente satisfactoria.

La Sala revisora, por similares fundamentos que la apelada, declara improcedente la demanda.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1. De la demanda y de lo actuado se advierte que en concreto la demandante pretende que se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando, porque habría sido objeto de despido arbitrario.

2. Considerando los argumentos expuestos por las partes y los criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC N.º 00206-2005-PA/TC, en el presente caso corresponde evaluar si la demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.

Análisis del caso concreto

3. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC N.º 00002-2010-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido que el régimen de protección sustantivo – reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27º de la Constitución.

Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribió la demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un periodo independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, lo que es constitucional.

4. Hecha la precisión que antecede, cabe señalar que con los contratos administrativos de servicios obrantes de foja 143 a 162, queda demostrado que la demandante mantuvo una relación laboral a plazo determinado, que debió culminar al vencer el plazo del contrato, es decir, el 31 de diciembre de 2010.

Sin embargo, de autos se advierte que ello no habría sucedido, por cuanto, conforme al propio dicho de ambas partes, la demandante continuó laborando para la emplazada hasta el 31 de marzo de 2011, fecha en que se extinguió la relación laboral en mérito de la de la Resolución de Alcaldía N.º 0706-2011-MDC, de fecha 28 de marzo de 2011. Al respecto, cabe reconocer que, a la fecha de interposición de la demanda, las consecuencias de este hecho (trabajar después de a fecha de vencimiento del plazo del contrato administrativo de servicios), no se encontraban previstas en el Decreto Legislativo N.º 1057 ni en el Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM; es decir, que se estaba ante una laguna normativa; sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, dicho supuesto se encuentra regulado en el artículo 5.2º del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, que fue incorporado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.

5. Destacada esta precisión, este Tribunal considera que el contrato administrativo de servicios se prorroga en forma automática si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo. Este hecho no genera que el contrato administrativo de servicios se convierta en un contrato de duración indeterminada, debido a que el artículo 5º del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, prescribe que la “duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación”. En la actualidad, este parecer se encuentra reconocido –como ya se ha señalado supra–, en el artículo 5.2º del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, que fue incorporado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.

6. De otro lado, es pertinente puntualizar que en el supuesto que termine la relación laboral de forma unilateral y sin que medie incumplimiento del contrato, se genera el derecho a percibir la indemnización prevista en el artículo 13.3º del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por el artículo 1º del Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.

7. Asimismo, se debe precisar que si bien la Resolución de Alcaldía N.º 1957-2010-A/MC, de fecha 30 de noviembre de 2010, reconoció a la actora la condición de trabajadora con contrato a plazo indeterminado, dicha resolución fue declara nula mediante la Resolución de Alcaldía N.º 0706-2011-MDC, por lo que carece de eficacia jurídica.

8. Finalmente, es menester destacar que el hecho de que un trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en el contrato administrativo de servicios constituye una falta administrativa que debe ser objeto de un procedimiento disciplinario, a fin de que se determine las responsabilidades previstas en el artículo 7º del Decreto Legislativo N.º 1057, pues tal hecho contraviene el procedimiento de contratación previsto en el artículo 3º del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM. Asimismo, debe rechazarse también las alegaciones en el sentido que el cese habría tenido como causa su afiliación sindical.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración del derecho alegado.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

ETO CRUZ

ÁLVAREZ MIRANDA

EXP. N.° 02031-2012-PA/TC

LIMA NORTE

PAOLA GIOVANNA

HUACACOLQUE CABRAL

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ Y ETO CRUZ

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Paola Giovanna Huacacolque Cabral contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 281, su fecha 25 de enero de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto:

ANTECEDENTES

La Sala revisora, por similares fundamentos que la apelada, declara improcedente la demanda.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

Análisis del caso concreto

5. Destacada esta precisión, consideramos que el contrato administrativo de servicios se prorroga en forma automática si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo. Este hecho no genera que el contrato administrativo de servicios se convierta en un contrato de duración indeterminada, debido a que el artículo 5º del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, prescribe que la “duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación”. En la actualidad, este parecer se encuentra reconocido –como ya se ha señalado supra–, en el artículo 5.2º del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, que fue incorporado por el Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM.

Por estos fundamentos, nuestro voto es por declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración del derecho alegado.

Sres.

MESÍA RAMÍREZ

ETO CRUZ

EXP. N.° 02031-2012-PA/TC

LIMA NORTE

PAOLA GIOVANNA

HUACACOLQUE CABRAL

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA

Llamado por ley a dirimir la discordia surgida en autos, me adhiero al voto de los magistrados Mesía Ramírez y Eto Cruz, pues, conforme lo justifica, también considero que la demanda de amparo debe ser declarada INFUNDADA.

Sr.

ÁLVAREZ MIRANDA

EXP. N.° 02031-2012-PA/TC

LIMA NORTE

PAOLA GIOVANNA

HUACACOLQUE CABRAL

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS

Con el debido respeto por la opinión expresada por mis colegas magistrados, en el presente caso mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de amparo, por las siguientes consideraciones:

1. La demandante solicita se declare la nulidad de su despido y se disponga la reposición en su puesto de trabajo, así como el pago de las remuneraciones devengadas, los intereses legales y el pago de los costos procesales, por haberse vulnerado sus derechos al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al debido proceso. Refiere que laboró para la emplazada como obrera jardinera hasta el 1 de abril del 2011 y que en mérito a la Resolución de Alcaldía N.º 1957-2010-A/MC, de fecha 30 de noviembre de 2010, se le reconoció como trabajadora permanente de la demandada.

2. En la STC N.° 1944-2002-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha precisado que, conforme al principio de primacía de la realidad, “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (fundamento jurídico 3). En igual sentido, el artículo 4º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo N.º 728, prescribe que “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”.

3. Mediante Resolución de Alcaldía N.º 1957-2010-A/MC (fojas 58), la municipalidad emplazada declara que la demandante ha prestado servicios desde el 15 de enero del 2008 en el cargo de operario de la Sub Gerencia de Parques y Jardines, percibiendo una remuneración mensual de S/. 650.00 y que, en virtud de los Informes N.º 0276-2010-CAMR-SGL-GAF/MC y Nº 1207-2010-SGL-GAF/MC, se ha acreditado la existencia de una relación laboral; por lo que, resuelve:

“Declarar […] a partir del 15 de enero del 2008 a doña PAOLA GIOVANNA HUACACOLQUE CABRAL como trabajador obrero contratado a plazo indeterminado, en el puesto de trabajo de Operario en la Municipalidad Distrital de Comas, debiéndole registrarse en las planillas de trabajadores de la Municipalidad Distrital de Comas, correspondiéndole los derechos y beneficios del régimen laboral de la actividad privada” (sic).

4. Adicionalmente, obran los siguientes documentos que corroboran lo anterior:

§ La Resolución de Alcaldía N.º 485-2008-A/MC, de fecha 23 de junio del 2008 (fojas 71), que acredita que la demandante era contratada como servicios no personales en la Sub Gerencia de Parques y Jardines en el año 2008.

§ La Resolución de Alcaldía N.º 2147-2010-A/MC de fecha 17 de diciembre del 2010 (foja 221) que establece que “se respetará la última remuneración bruta percibida”, consignándose a la demandante en el cuadro de obreros permanentes.

§ Las boletas de pago de los meses de diciembre del 2010 a marzo del año 2011 (fojas 3 a 6), que indican como fecha de ingreso el 15 de enero de 2008 como “obrero contratado permanente”.

§ Las papeletas de salida por motivos de “comisión” debidamente autorizadas correspondientes a los meses de enero y marzo del 2011 (fojas 8 a 28).

§ Informes N.º 01-2011-PGHC-UTD-SG/MC; N.º 02-2011-PGHC-UTDYA-SG/MC y N.º 03-2011-PGHC-UTD-SG/MC, de fechas 3, 4 y 5 de enero del 2011 (fojas 29 a 31), respectivamente, sobre las labores realizadas por la demandante y recibidos por la demandada.

5. Consecuentemente, se desprende fehacientemente que la relación contractual entre la demandante y la emplazada era de naturaleza laboral, la misma que se desarrolló en forma ininterrumpida desde el 15 de enero del 2008 hasta el 1 de abril del 2011 como obrera de la Subgerencia de Parques y Jardines de la emplazada; por lo que únicamente era posible el cese de la actora en los supuestos de una falta grave relacionada con su conducta o su capacidad, situación que no ha sucedido en el presente caso de autos. Por lo tanto, debe concluirse que se ha vulnerado los derechos constitucionales al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario y, en ese sentido, debe estimarse la demanda de amparo.

Sobre la nulidad de la Resolución de Alcaldía N.º 1957-2010-A/MC

6. La demandada ha referido que la Resolución de Alcaldía N.º 1957-2010-A/MC, citada precedentemente, ha sido declarada de oficio nula el 28 de marzo del 2011, mediante Resolución de Alcaldía N.º 0706-2011-MDC, por haberse celebrado supuestamente sin los requisitos de validez y eficacia establecidos en la ley, por lo que considera que no correspondería a la demandante que se le reconozca la condición de trabajadora permanente.

Al respecto, si bien la Resolución de Alcaldía N.º 1957-2010-A/MC ha sido declarada nula en virtud de la potestad de invalidación de la Administración Pública, cabe resaltar que en el presente caso ésta, sin embargo, no ha perdido su valor probatorio material (contenido). En efecto, dicha resolución de alcaldía ha sido anulada, pero únicamente por razones de naturaleza formal. No se desprende que se haya negado su contenido original sobre la relación laboral entre la demandante y la emplazada. Por consecuencia, soy de la opinión que las declaraciones realizadas en la anulada Resolución de Alcaldía N.º 1957-2010-A/MC igualmente ofrecen al juzgador suficiente información para esclarecer los hechos en controversia, lo cual además se han visto corroborado con las demás instrumentales expuestas en el fundamento 4.

Sobre los contratos administrativos de servicios (CAS)

7. Sobre los CAS vigentes en el periodo de los años del 2008 – 2010, debe señalarse que los mismos se extinguieron con la expedición de la Resolución de Alcaldía N.º 1957-2010-A/MC (que incorpora a la demandante en el régimen laboral de la actividad privada), por lo que no es verdad la afirmación de la mayoría acerca de que, luego del 31 de diciembre de 2010 (fecha de conclusión del último CAS), la recurrente haya prestado servicios sin contrato, dado que su actividad se encontraba legalmente cubierta por la mencionada resolución. En ese sentido, considero que no es aplicable la regla de la prórroga automática del CAS que invoca el voto de mayoría.

Por lo expuesto, mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración de derecho constitucional al trabajo; consecuentemente, nulo el despido, debiéndose ordenar a la emplazada que cumpla con reponer en el régimen laboral de la actividad privada a doña Paola Giovanna Huacacolque Cabral como trabajadora a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, más el pago de costos procesales; e IMPROCEDENTE en los extremos referidos al pago de las remuneraciones dejadas de percibir y el abono de los intereses legales.

Sr.

BEAUMONT CALLIRGOS