EXP. N.° 02150-2013-PHD/TC
LIMA
PAULA NEYRA
DE ZEGARRA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2013, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Vergara Gotelli, Calla Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Álvarez Miranda, que se agrega
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Paula Neyra de Zegarra contra la resolución de fojas 68, su fecha 2 de abril de 2013, expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que exoneró del pago de costos procesales a la Oficina de Normalización Previsional.
ANTECEDENTES
Con fecha 29 de noviembre de 2011, la recurrente interpone demanda de hábeas data contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando la entrega de copias certificadas o fedateadas del expediente administrativo N.º 88822350598 DL 19990, más el pago de costas y costos. Manifiesta que mediante solicitud de fecha 30 de marzo de 2011, requirió a la emplazada la entrega de la documentación antes mencionada, sin que haya obtenido respuesta alguna.
Con fecha 4 de julio de 2011, la entidad emplazada se allana a la demanda.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 27 de diciembre de 2011, declaró fundada la demanda en aplicación del segundo párrafo del artículo 1.º del Código Procesal Constitucional por estimar que aun cuando la emplazada entregó la información solicitada al juzgado el 26 de julio de 2011, ello no evitó el inicial incumplimiento de la entrega de dicha información, provocando en la demandante la necesidad de recurrir al proceso judicial. Asimismo, condenó a la emplazada al pago de costos.
La Sala revisora revocó la apelada en el extremo referido al pago de costos y desestimó dicho extremo en aplicación de lo dispuesto por el artículo 413.º del Código Procesal Civil.
El recurrente interpone recurso de agravio constitucional solicitando el pago de costos invocando las SSTC N.os 2776-2011-PHD/TC y 10064-2005-PA/TC y manifestando que el artículo 413.° del Código Procesal Civil solo se refiere al pago de costas y no de costos, por lo que corresponde condenar al Estado al pago de costos en aplicación del artículo 56.° del Código Procesal Constitucional.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El recurrente solicita mediante el presente recurso de agravio constitucional que se condene al pago de costos procesales a la entidad emplazada en atención a lo dispuesto por el artículo 56.º del Código Procesal Constitucional.
Análisis de la controversia
2. En el presente caso, se aprecia que la demanda fue estimada por el a quo, al considerar que pese a que mediante escrito de fecha 4 de julio de 2011, la emplazada presentó copias fedateadas del expediente administrativo solicitado al juzgado, la denunciada afectación se había producido dado el inicial incumplimiento de la emplazada en la entrega de la información solicitada, razón por la cual la condenó al pago de costos (f. 26).
3. Posteriormente, la emplazada interpuso recurso de apelación contra el extremo referido al pago de costos sosteniendo que dado su allanamiento al proceso, no debía ser condenada a dicho pago en atención a lo que dispone el artículo 413.º del Código Procesal Civil.
El referido medio impugnatorio sería estimado por el ad quem al considerar que:
TERCERO: Que de la revisión de autos se observa que la parte demandada, durante todo el proceso, ha mantenido una conducta procesal tendente a lograr la solución de la controversia, habiendo formulado su allanamiento, tal como se verifica del escrito del 4 de julio de 2011, obrante a fojas 14 a 16, habiéndose cumplido con legalizar su firma, y habiéndose emitido la resolución N.º 2 de fecha 20 de diciembre del 2011, obrante a fojas 23, que la tuvo por allanada. Además se advierte que mediante escrito de fecha 26 de julio de 2011, obrante a fojas 22, la Oficina de Normalización Previsional cumplió con adjuntar el expediente administrativo solicitado por el demandante en este proceso. El cual mediante la precitadas resolución N.º 2, se dispuso remitir a la parte demandante dichas copias fedateadas adjuntadas.
CUARTO: Que, de acuerdo al párrafo final del artículo 413º del Código Procesal Civil está exonerado del pago de costas y costos del proceso quien reconoce o se allana a la demanda dentro del plazo para contestarla: en tal sentido, si bien el artículo 56º del Código Procesal Constitucional faculta a condenar al Estado al pago de costos procesales, no corresponde emitirse dicha condena contra la parte demandada por encontrarse favorecida por un supuesto expreso de exoneración, al habérsele tenido por allanada a la demanda incoada en su contra; por lo que el artículo 413º del Código Procesal Civil resulta aplicable al caso de autos en virtud a lo expuesto en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (fj. 69 y 70).
4. En atención a los argumentos del ad quem, este Tribunal considera importante recordar que si bien resulta cierto que el Código Procesal Constitucional –que regula las reglas de tramitación de los procesos constitucionales– establece en el artículo IX de su Título Preliminar la posibilidad de la aplicación supletoria de los Códigos Procesales afines a la materia que se discute en un proceso constitucional, debe tenerse en cuenta que dicha aplicación supletoria se encuentra supeditada, entre otras cosas, a la existencia de un vacío o defecto legal del referido Código y al logro de los fines del proceso, situación que no se presenta en el caso del pago de los costos procesales, cuando el Estado resulta ser el emplazado en este tipo de procesos, pues expresamente el artículo 56.º dispone que
Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada. Si el amparo fuere desestimado por el Juez, éste podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad.
En los procesos constitucionales el Estado solo puede ser condenado al pago de costos.
En aquello que no esté expresamente establecido en la presente Ley, los costos se regulan por los artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil.
5. En consecuencia, el hecho de que la emplazada se haya allanado en los términos que expresa el último párrafo del artículo 413.º del Código Procesal Civil no implica que no se haya vulnerado el derecho invocado por la demandante; todo lo contrario, el allanamiento planteado implica un reconocimiento expreso de la existencia de la conducta lesiva por parte de la entidad emplazada que ha permitido resolver prontamente la pretensión de la accionante; sin embargo, ello no evitó la lesión del derecho invocado ni transformó en innecesaria su petición de tutela judicial efectiva respecto de dicho derecho. En efecto, resulta evidente que la conducta lesiva previa de la emplazada generó en la demandante la necesidad de solicitar tutela judicial para acceder a la restitución del derecho conculcado, es que le generó costos para promover el presente proceso (tales como el asesoramiento de un abogado), los cuales, de acuerdo con el artículo 56.° antes citado, deben ser asumidos por la emplazada, a modo de condena por su actuación.
6. Consecuentemente, este Colegiado estima que la decisión del ad quem contraviene el texto expreso del artículo 56.º del Código Procesal Constitucional, aplicable al proceso de hábeas data de conformidad con el artículo 65.° del mismo cuerpo legal, que establece la obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de costos procesales ante el supuesto de declararse fundada la demanda constitucional, constituyendo uno (el pago de costos) consecuencia legal de lo otro (el carácter fundado de la demanda). Y es que tal dispositivo legal, por regular de manera expresa el pago de costos procesales a cargo del Estado en los procesos constitucionales, resulta aplicable al caso de autos pues no existe un vacío o defecto legal que permita la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en cuanto a dicho pago.
7. Por tal motivo, este Colegiado considera que el recurso de agravio constitucional debe ser estimado, por lo que ha de ordenar que la ONP (Estado) abone los costos procesales.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado; en consecuencia, ORDENA que la ONP abone los costos procesales a favor de doña Paula Neyra de Zegarra, cuya liquidación se hará en ejecución de sentencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
EXP. N.° 02150-2013-PHD/TC
LIMA
PAULA NEYRA
DE ZEGARRA
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA
Emito el presente fundamento de voto pues si bien estimo que la presente demanda debe ser declarada fundada, ello obedece a las siguientes razones.
1. Es objeto de revisión, a través del recurso de agravio constitucional, el extremo de la decisión de segunda instancia que eximió del pago de costos procesales a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a pesar de que se declaró fundada la demanda. Por ende, el asunto litigioso radica en determinar si la interpretación realizada por las instancias precedentes para eximir a la emplazada del pago de costos resulta constitucionalmente adecuado.
2. A juicio de este Colegiado, no puede soslayarse, bajo ningún punto de vista, que si bien el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional permite la posibilidad de aplicar supletoriamente otros códigos procesales, ello se encuentra supeditado a la existencia de algún vacío en la regulación de determinada situación por parte del Código Procesal Constitucional y siempre que ello no desvirtúe la naturaleza de los procesos constitucionales.
3. Sin embargo, el artículo 56º del Código Procesal Constitucional establece expresamente que “si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada” y que “en los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de costos”, por lo que no existe ningún vacío legal que cubrir.
4. Por ello, el extremo de la sentencia cuestionada que, pese a estimar la demanda, eximió del pago de costos procesales a la emplazada, contraviene el texto expreso del artículo 56º del mencionado código, que conforme ha sido expuesto, establece la obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de costos procesales ante el supuesto de declararse fundada la demanda constitucional, constituyendo uno (el pago de costos) consecuencia legal de lo otro (el carácter fundado de la demanda), incluso en los supuestos en que la emplazada se allane.
5. Y es que, en la medida que el Código Procesal Constitucional regula expresamente esta situación (“Principio de Ley Especial prima sobre la Ley General”), no resulta aplicable lo previsto en el artículo 413º del Código Procesal Civil, máxime si se tiene en cuenta que si el actor se vio obligado a recurrir a la justicia constitucional fue justamente por la desidia de la emplazada que, a fin de cuentas, terminó conculcado el derecho a la autodeterminación informativa del recurrente.
6. Es más, la lógica del razonamiento esbozado por las instancias precedentes podría inclusive desincentivar a la ONP la contestación oportuna de este tipo de solicitudes, pues así no cumpla dentro de los plazos establecidos con entregar la documentación requerida (a pesar de que no existe ninguna razón para negar lo peticionado), su desidia e ineficiencia sólo repercutiría negativamente en el demandante quien no sólo tendría que soportar el agravio manifiesto a su derecho fundamental a la autodeterminación informativa sino que también tendría incurrir en una serie de costos de carácter económico pues así el proceso de hábeas data no se encuentre sujeto a tasas judiciales ni requiera necesariamente de la firma de un letrado, acceder a la justicia constitucional importa la irrogación de gastos que si bien son en cierta forma aminorados al eximirse al litigante de tales requisitos (o al menos de la obligatoriedad de contar con el asesoramiento de un abogado), no puede negarse no sólo que existan sino que, en determinados supuestos, la carencia de recursos económicos de los agraviados les imposibilite revertir tales violaciones al citado derecho fundamental.
7. Así mismo, tampoco puede quedar inadvertido que lo resuelto tanto por el a quo como por el ad quem, no toma en cuenta que la presente demanda no es fruto de un hecho aislado sino que por el contrario, obedece a una práctica que debe ser desterrada no sólo porque implica la conculcación de los derechos fundamentales de quienes solicitan sus expedientes administrativos, sino porque la mayor parte de tales causas terminarán judicializándose en el fuero constitucional ralentizando la tramitación de otras que sí requieren de tutela urgente (externalidad negativa), a pesar de que no existe argumento jurídico válido que justifique negar la entrega de tal información.
8. En tal sentido, la interpretación realizada por las instancias judiciales no resulta constitucionalmente adecuada, en especial, cuando ha de interpretársela desde el sentido que le irradia la Constitución y la propia lógica de los procesos constitucionales, que como ha sido desarrollado de manera reiterada por este Colegiado, no pueden ser comprendidos ni analizados exclusivamente desde las perspectivas desarrolladas por la teoría general del proceso, dadas las particularidades del derecho procesal constitucional.
9. Por consiguiente, la imposición de este tipo de medidas no sólo resulta arreglada a derecho conforme ha sido esgrimido infra sino que resulta necesaria para el funcionamiento de una jurisdicción constitucional que pueda salvaguardar efectivamente los derechos fundamentales de los particulares.
10. Por tal motivo, este Colegiado considera que el
recurso de agravio constitucional debe ser estimado, debiendo ordenarse a la
ONP el pago de los costos procesales.
Por tales consideraciones, mi VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado y por tanto FUNDADA la demanda en el extremo impugnado; en consecuencia ORDENA a la ONP el pago de costos procesales a favor del recurrente, cuya liquidación se hará en ejecución de sentencia.
Sr.
ÁLVAREZ MIRANDA