EXP. N.° 02207-2013-PA/TC
LAMBAYEQUE
MÁXIMO BENJAMÍN
CASTRO TÁVARA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2014, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Urviola Hani, Mesía Ramírez y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Benjamín Castro Távara contra la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 89, su fecha 18 de marzo de 2013, que declara infundada la demanda de autos.
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 14804-2011-ONP/DC/DL 19990, de fecha 24 de octubre de 2011, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez conforme al artículo 25.b) del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita que se disponga el pago de los devengados e intereses legales correspondientes.
La emplazada contesta la demanda expresando que la documentación presentada por el actor no es la idónea para acreditar las aportaciones que manifiesta haber efectuado, motivo por el cual no le corresponde la pensión de invalidez que reclama.
El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 29 de agosto de 2012, declara infundada la demanda, estimando que si bien el recurrente ha acreditado 5 años de aportes, no ha demostrado haber efectuado 12 meses de aportaciones en los 36 meses anteriores a la fecha en que se produjo la invalidez.
La Sala Superior competente confirma la apelada, por el mismo fundamento.
FUNDAMENTOS
1. Delimitación del petitorio
El recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución 14804-2011-ONP/DC/DL 19990, de fecha 24 de octubre de 2011, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez conforme al artículo 25 del Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita que se disponga el pago de los devengados e intereses legales correspondientes.
Considera que se ha vulnerado su derecho a la pensión al no otorgársele pensión de invalidez, pues está acreditado que padece de incapacidad y que además ha efectuado las aportaciones correspondientes.
En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, sobre la base de los alcances del derecho fundamental a la pensión como derecho de configuración legal, este Colegiado delimitó los lineamientos jurídicos que permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial de dicho derecho o estar directamente relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. Por ello, en el literal b) del mismo fundamento, se precisó que “forma parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención”.
En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues, de ser así, se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la entidad demandada.
2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)
2.1. Argumentos del demandante
Manifiesta que ha efectuado 5 años y 8 meses de aportaciones, de los cuales 12 meses de aportes se han efectuado en los 36 meses anteriores a aquel en que se produjo la invalidez, y que padece 51.8% de incapacidad, por lo que le corresponde percibir una pensión de invalidez conforme al Decreto Ley 19990, motivo por el cual, al denegarle la pensión solicitada, la emplazada está actuando de manera arbitraria y vulnerando su derecho a la pensión.
2.2. Argumentos de la demandada
Señala que, a lo largo del proceso, el demandante no ha cumplido con demostrar que cumple con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez conforme al Decreto Ley 19990.
2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
2.3.1. El artículo 25 del Decreto Ley 19990, dispone que: “Tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya producido después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando; b) Que teniendo más de 3 y menos de 15 años completos de aportación, al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por lo menos con 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; c) Que al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su causa, tenga por lo menos 3 años de aportación, de los cuales por lo menos la mitad corresponda a los últimos 36 meses anteriores a aquél en que se produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; y d) Cuya invalidez se haya producido por accidente común o de trabajo, o enfermedad profesional, siempre que a la fecha de producirse el riesgo haya estado aportando”.
2.3.2. Asimismo, el artículo 26 del Decreto Ley 19990, modificado por el artículo 1 de la Ley 27023, dispone que el asegurado que pretenda obtener una pensión de invalidez deberá presentar “[...] un Certificado Médico de Invalidez emitido por el Instituto Peruano de Seguridad Social, establecimientos de salud pública del Ministerio de Salud o Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley 26790, de acuerdo al contenido que la Oficina de Normalización Previsional apruebe, previo examen de una Comisión Médica nombrada para tal efecto en cada una de dichas entidades [...]”
2.3.3. Sobre el particular, conviene recordar que según el artículo 24, inciso a), “se considera inválido al asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región.”
2.3.4. En el Certificado Médico – DS 166-2005-EF, de fecha 6 de julio de 2006 (f. 10), se indica que el demandante padece de columna inestable y espondilolistesis con 51.8% de menoscabo. Asimismo, de la resolución cuestionada (f. 4), así como del Cuadro Resumen de Aportaciones (f. 6) se advierte que la emplazada le reconoció al actor 5 años y 8 meses de aportaciones, de los cuales 3 meses se efectuaron en el año 2005, y el resto de aportaciones entre 1991 y 1995.
2.3.5. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho a la referida pensión, este Colegiado en el precedente vinculante recaído en el fundamento 40 de la STC 02513-2007-PA/TC, referido al otorgamiento de la pensión vitalicia o de invalidez, ha establecido que “la fecha en que se genera el derecho, es decir, la contingencia debe establecerse desde la fecha del dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, que acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión vitalicia del Decreto Ley N.º 18846 o pensión de invalidez de la Ley N.º 26790 y sus normas complementarias y conexas”, criterio que resulta aplicable mutatis mutandis a los casos de pensión de invalidez del Régimen del Decreto Ley 19990, en razón de establecerse la fecha de inicio del pago de este tipo de prestaciones.
2.3.6. Teniendo en cuenta lo señalado en el fundamento anterior, si bien es cierto que del certificado médico de fojas 10 se advierte que el demandante adolece de 51.8% de incapacidad, también lo es que la contingencia ocurrió el 6 de julio de 2006; es decir, no cuenta con 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que se produjo la invalidez, puesto que laboró entre 1991 y 1995 y efectuó 3 meses de aportaciones en el año 2005. Por tal motivo, no reúne los requisitos para acceder a la pensión solicitada.
2.3.7. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión, la presente demanda debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la afectación del derecho a la pensión del actor.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN