EXP. N.° 02426-2013-PHC/TC
LIMA NORTE
ROBERT CORNEJO QUILLA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 20 de enero de 2014
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Robert Cornejo Quilla contra la resolución expedida por la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 379, su fecha 21 de febrero de 2013, que declaró infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que con fecha 13 de septiembre del 2012 don Robert Cornejo Quilla interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra doña Haydee Yazmin Mac Pherson Molina, en su calidad de jueza del Noveno Juzgado Penal de Lima Norte, a fin de se que declare nulos: i) el auto apertorio de instrucción, resolución de fecha 2 de agosto del 2011, en el extremo que ordena la detención del recurrente en el proceso que se le sigue por delito de violación de la libertad sexual en agravio de menor (Expediente N.° 5189-2011-0-0901-JR-PE-09); ii) la resolución de fecha 20 de setiembre del 2011, que confirma la resolución precedente; iii) la resolución N.° 21, de fecha 6 de enero del 2012, que declaró improcedente la solicitud de variación del mandato de detención por el de comparecencia; y, iv) la resolución de fecha 2 de mayo del 2012, que confirma la resolución precedente. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida motivación de resoluciones judiciales, de defensa y de los principios de presunción de inocencia y de proporcionalidad.
2. Que sostiene que el auto de apertura de instrucción contiene una insuficiencia probatoria a efectos de dictar mandato de detención, pues se ha sustentado en la declaración del menor agraviado, quien hace un relato fabuloso inducido por su madre; también en un certificado médico legal donde la firma del sub gerente de criminalística ha sido falsificada y en una pericia sicológica. Agrega que respecto al peligro procesal está probado con un certificado domiciliario que tiene domicilio y trabajo conocidos; empero son pruebas que no han sido merituadas. Añade que solicitó la variación del mandato de detención por el de comparecencia, porque el soporte probatorio indiciario que fundamentó el mandato de detención ha variado sustancialmente, pues se han actuado nuevos actos de investigación que han cuestionado la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida restrictiva, tales como la manifestación preliminar del menor; que las lesiones recientemente halladas no corresponden a una violación conforme al informe médico forense pericial; que en la pericia sicológica practicada al menor no se describe una situación de abuso sexual, que existe una disparidad en las declaraciones del menor respecto a su sindicación; que la declaración inicial de su progenitora se contradice con su testimonial; que en la pericia sicológica practicada al menor se concluye que viene sufriendo de alienación parental y que el certificado médico legal no ha sido ratificado por los peritos médicos. Añade que la resolución que desestima la variación de la detención por comparecencia indica que no se ha variado la suficiencia probatoria que sustentó la medida coercitiva, pero existen pruebas irrefutables que acreditan que la denuncia es falsa; y que no se han merituado debidamente los nuevos medios probatorios y actos de investigación.
3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.
4. Que en el presente caso se pretende que se lleve a cabo un reexamen de los medios probatorios que sustentaron el auto de apertura de instrucción de fecha 2 de agosto de 2011, que ordena la detención del demandante (fojas 92), medida que fue confirmada por resolución de fecha 20 de setiembre del 2011 (fojas 168); arguye el actor que dicho auto contiene una insuficiencia probatoria a efectos de dictar mandato de detención, pues se ha sustentado en la declaración del menor agraviado quien hace un relato fabuloso inducido por su madre; también en un certificado médico legal donde la firma del sub gerente de criminalística ha sido falsificada y en una pericia sicológica. Agrega que respecto al peligro procesal está probado con un certificado domiciliario que tiene domicilio y trabajo conocidos, empero son pruebas que no han sido merituadas. Al respecto este Tribunal considera que dichos cuestionamientos son materia ajena al contenido constitucional protegido de los derechos tutelados por el hábeas corpus, puesto que la revisión de una decisión jurisdiccional final, que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias, de valoración de pruebas y la determinación de la responsabilidad penal, es una facultad propio de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, por lo que la demanda debe ser rechazada.
5. Que asimismo, también se pretende que se lleve a cabo un reexamen de los medios probatorios que sustentaron la resolución N.° 21, de fecha 6 de enero del 2012 (fojas 276), que declaró improcedente la solicitud de variación del mandato de detención por el de comparecencia, la cual fue confirmada por resolución de fecha 2 de mayo del 2012 (fojas 289), pues alega el actor que solicitó la variación de dicha medida porque el soporte probatorio indiciario que fundamentó el mandato de detención ha variado sustancialmente, pues se han actuado nuevos actos de investigación que han cuestionado la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida restrictiva, tales como la manifestación preliminar del menor; que las lesiones recientemente halladas no corresponden a una violación conforme al informe médico forense pericial; que en la pericia sicológica practicada al menor no se describe una situación de abuso sexual, y existe una disparidad en las declaraciones del menor respecto a su sindicación; que la declaración inicial de su progenitora se contradice con su testimonial; que en la pericia sicológica practicada al menor se concluye que viene sufriendo de alienación parental y que el certificado médico legal no ha sido ratificado por los peritos médicos. Añade que la resolución que desestima la variación de la detención por el de comparecencia indica que no se ha variado la suficiencia probatoria que sustentó la medida coercitiva, pero existen pruebas irrefutables que acreditan que la denuncia es falsa; y que no se han merituado debidamente los nuevos medios probatorios y actos de investigación. Al respecto, esta pretensión también es materia ajena al contenido constitucional protegido por el hábeas corpus, puesto que la revisión de una decisión jurisdiccional final, que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias, de valoración de pruebas y la determinación de la responsabilidad penal, son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria, y no de la justicia constitucional.
6. Que en consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ