EXP. N.° 02626-2013-PA/TC
LIMA
MARÍA CELIA VALDERRAMA LOJA
VDA. DE CALIXTO
(EXP. Nº 5409-2009-PA/TC)
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Celia Valderrama Loja Vda. de Calixto contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 95, su fecha 14 de marzo de 2013, que declaró infundada la observación formulada por la demandante; y,
ATENDIENDO A
Asimismo, se observa del Informe de la Subdirección de Calificaciones de la ONP de fecha 15 de noviembre de 2010 (f. 53), que se acompaña a la citada resolución, que la demandada determinó el monto de los devengados no cobrados por el asegurado causante por el período comprendido desde el 3 de enero de 2000 (fecha de inicio de la regularización de los devengados), en aplicación del artículo 81 del Decreto Ley 19990; esto es, un año antes a la fecha de presentación de la solicitud de prestaciones económicas de fecha 3 de enero de 2001 hasta el 6 de marzo de 2005 (día anterior a la fecha de fallecimiento del pensionista); y respecto a los intereses legales no cobrados se realizó el cálculo teniendo en cuenta el interés efectivo legal por el período comprendido desde el 3 de enero de 2000 hasta el 6 de marzo de 2005, por la suma de S/.1,953.75 nuevos soles.
7. Que, en efecto, “la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro de una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el interés público, dado que el Estado de Derecho no puede existir cuando no es posible alcanzar la justicia a través de los órganos establecidos para tal efecto. Para ello, la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus derechos reaccionando frente a posteriores actuaciones o comportamientos que debiliten el contenido material de sus decisiones, pues sólo así se podrán satisfacer los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos” (STC 042-2002-AA/TC).
8. Que la controversia entonces consiste en determinar si en fase de ejecución de sentencia se desvirtuó lo decidido a favor de la ejecutante en el proceso de amparo al que se ha hecho referencia en el considerando 1, supra; es decir, lo relativo al cumplimiento y liquidación del pago de los intereses legales hasta el día efectivo de su pago, así como efectuar su cálculo sobre el devengado bruto, sin el descuento del 4%.
9. Que la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 13 de julio de 2010 resolvió: “Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia NULAS las Resoluciones 28608-2002-ONP/DL 19990, de fecha 10 de junio de 2002 y 38504-2005-ONP/DC/DL 19990, de fecha de mayo de 2005. Ordenar que la demandada calcule la pensión de jubilación del cónyuge de la recurrente con arreglo al artículo 2b del Decreto Ley 25967 y al Decreto Ley 19990, excluyendo la aportación facultativa realizada en el año 2001, así como la pensión de viudez que percibe la demandante, con el abono de los reintegros generados con sus respectivos intereses legales, más los costos del proceso de acuerdo con los fundamentos de la sentencia”.
10. Que de lo actuado se aprecia que la entidad demandada emitió la Resolución 100257-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 (f. 51) y el Informe de la Subdirección de Calificaciones DPR.SC en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que otorgó al fallecido cónyuge de la actora pensión, habiendo practicado el cálculo conforme al inciso b) del artículo 2 del Decreto Ley 25967, de acuerdo con el reporte de la relación de remuneraciones promediables y la hoja de liquidación, así como los conceptos por devengados conforme el artículo 81 a partir de un año anterior a la presentación de la solicitud (3 de enero de 2001). Se advierte también que mediante la Resolución 100258-2010-ONP/DPR.SC.DL 19990, se le otorgó pensión de viudez a la demandante con el pago tanto del 50% del total de los devengados no cobrados por el causante, ascendente a la suma de S/. 6,897.00, como del 50% del total de los intereses legales no cobrados por el causante, ascendente a la suma de S/. 976.88 nuevos soles. Sin embargo, se aprecia respecto a los intereses legales que estos fueron calculados desde la fecha de inicio de la regularización de los devengados según el artículo 81 del Decreto Ley 19990 (3 de enero de 2000) hasta el 6 de marzo de 2005 (día anterior a la fecha de fallecimiento) (f. 51 y 53).
11. Que, en ese sentido, este Colegiado considera que la ONP en etapa de ejecución emitió las resoluciones cuestionadas de manera defectuosa, omitiendo pronunciarse correctamente sobre el pago de los intereses que le corresponden a la actora, los mismos que deberán ser otorgados desde la fecha de inicio de los devengados hasta la fecha efectiva del pago de los intereses legales, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1246 del Código Civil, dado que estos últimos responden a la falta de pago en su debida oportunidad. Debe agregarse que la ONP debe calcular los intereses legales que se le otorgan a la demandante sin el descuento del 4%. Por tanto, el recurso de agravio constitucional debe ser estimado.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
1. Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado por la demandante.
2. Ordena que la ejecutada efectúe el pago de los intereses desde la fecha de inicio de los devengados hasta la fecha efectiva del pago de los mismos, conforme a lo señalado por el artículo 1246 del Código Civil, sin el descuento del 4%.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ