EXP. N.° 02675-2013-PA/TC
ICA
APARICIO MEDINA JARA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2014, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Aparicio Medina Jara contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 76, su fecha 27 de marzo de 2013, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 10 de mayo de 2012 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la resolución denegatoria ficta de su solicitud pensionaria del 27 de octubre de 2008, y que, consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y a su norma sustitutoria, la Ley 26790.
La ONP contesta la demanda señalando que el actor solicitó renta vitalicia por enfermedad profesional en el 2008, que le fue denegada mediante Resolución 3417-2010-DPR.SC/DL 18846, quedando firme administrativamente; mientras que, a su vez, no existe relación de causalidad entre las enfermedades que presenta el demandante con el ambiente en que realizó sus labores.
El Tercer Juzgado Civil de Ica, con fecha 15 de noviembre de 2012, declara fundada la demanda, por considerar que el certificado de trabajo y el certificado médico presentados por el demandante son pruebas fehacientes para acreditar la enfermedad profesional que padece.
La Sala Superior revisora revoca la apelada y, reformándola, declara infundada la demanda, por estimar que no se existe una relación causa efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad.
FUNDAMENTOS
1. Delimitación del petitorio
El objeto de la demanda es que se otorgue al actor una pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional dentro de los alcances del Decreto Ley 18846 y su norma sustitutoria, la Ley 26790.
En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, sobre la base de los alcances del derecho fundamental a la pensión como derecho de configuración legal, este Colegiado delimitó los lineamientos jurídicos que permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial de dicho derecho o estar directamente relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. Por ello, en el literal b) del mismo fundamento, se precisó que “forma parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención”.
En consecuencia corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la entidad demandada.
2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)
2.1. Argumentos del demandante
Refiere padecer las enfermedades profesionales de neumoconiosis e hipoacusia a consecuencia de las labores que realizó en un centro minero en minas a tajo abierto, habiendo estado expuesto a la contaminación ambiental.
2.2. Argumentos de la demandada
Manifiesta que no se ha probado el nexo de causalidad entre las enfermedades que el actor supuestamente padece y las labores que realizó como oficial encargado de la limpieza del Campamento San Juan (sanidad y limpieza), ayudante y electricista, labores que no importan un trabajo directo en las labores propias de la mina.
2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
2.3.1. Mediante el precedente vinculante recaído en el fundamento 14 de la STC 02513-2007-PA/TC, este Tribunal ha ratificado el precedente relativo a la acreditación de la enfermedad profesional, reiterando que únicamente podrá efectuarse mediante un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.
2.3.2. Se advierte de los actuados que la solicitud pensionaria el 27 de octubre de 2008 (fs. 4 y 5) fue resuelta por la Administración mediante la Resolución 3417-2010-ONP/DPR.SC/DL 18846, del 6 de setiembre de 2010 (folios 41 del expediente administrativo 01800013408), desestimando el pedido por considerar que el certificado médico que se presentó con la mencionada solicitud fue emitido el 27 de abril 2009 (folios 17 del expediente administrativo), concluyendo que la norma aplicable no era el Decreto Ley 18846 sino la Ley 26790.
2.3.3. Con el escrito de demanda el actor adjunta el Certificado de Evaluación Médica de Incapacidad – DS 166-2005-EF, presentado en copia legalizada, de fecha 4 de mayo de 2011, emitido por la Comisión Médica de Incapacidades del Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza – Arequipa de EsSalud, que dictamina el padecimiento de hipoacusia neurosensorial moderada bilateral y silicosis con 68 % de menoscabo global (f. 3), documento médico con el cual se pretende acreditar su incapacidad laboral en el presente proceso de amparo dado que el pronunciamiento administrativo que denegó el pedido del actor solo evaluó la normatividad aplicable.
2.3.4. Resulta pertinente precisar que a efectos de determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral, se requiere de la existencia de una relación causa – efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Por ello este Tribunal ha señalado en la sentencia mencionada (fundamento 26), que en el caso de las “enfermedades profesionales originadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos, ha de precisarse su ámbito de aplicación y reiterarse como precedente vinculante que: en el caso de la neumoconiosis (silicosis), la antracosis y la asbestosis, el nexo o relación de causalidad en el caso de los trabajadores mineros que se laboran en minas subterráneas o de tajo abierto, se presume siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo N.º 009-97-SA, ya que son enfermedades irreversibles y degenerativas causadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos”.
2.3.5. Asimismo, en la sentencia mencionada precedentemente este Tribunal ha precisado que para establecer si la hipoacusia es de origen ocupacional, es necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Para ello se deberá tener en cuenta las funciones que desempeñaba el demandante, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo; ello quiere decir que la relación de causalidad en esta enfermedad no se presume sino que se tiene que probar, dado que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada al ruido.
2.3.6. De la misma forma toda enfermedad distinta a la neumoconiosis, diagnosticada a los trabajadores de minas subterráneas o tajo abierto, deberá relacionarse con las actividades laborales desarrolladas para establecer si existe relación de causalidad entre estas y la enfermedad padecida.
2.3.7. Según se aprecia del certificado de trabajo de fecha 14 de febrero de 2011 (f. 7), el actor laboró para la empresa Marcona Mining Company desde el 1 de febrero de 1966 hasta el 24 de julio de 1975; para la Empresa de Hierro del Perú desde el 25 de julio de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1992; y para Shougang Hierro Perú S.A.A. desde 1 de enero de 1993 hasta el 10 de febrero de 2011, desempeñándose como electricista A, en mantenimiento eléctrico.
2.3.8. Sin embargo, aun cuando en el Certificado de Evaluación Médica de Incapacidad – DS 166-2005-EF, presentado en copia legalizada, de fecha 4 de mayo de 2011, emitido por la Comisión Médica de Incapacidades del Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza – Arequipa de EsSalud, se dictamine que el actor padece de las enfermedades de silicosis e hipoacusia neurosensorial moderada bilateral con menoscabo de 68%, no es posible determinar objetivamente el nexo causal, debido a que está acreditado con el certificado de trabajo que el demandante laboró como electricista I en el área de mantenimiento eléctrico, no apareciendo de este documento, ni en la constancia de modalidad de trabajo expedida por su ex empleadora (f. 8), que haya laborado en minas subterráneas o tajo abierto, para que pueda aplicarse la presunción prevista en el precedente vinculante recaído en el fundamento 26 de la STC 02513-2007-PA/TC.
2.3.9. Consecuentemente el demandante no ha acreditado que las enfermedades que padece sean consecuencia de la exposición a factores de riesgo inherentes a su actividad laboral, motivo por el cual la demanda debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la afectación del derecho a la pensión.
Publíquese y notifíquese.
SS.
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN