EXP. N.° 02912-2013-PA/TC
LIMA
RUMUALDO LLACHO INFA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Romualdo LLacho Infa, contra la resolución de fojas 198, su fecha 9 de abril de 2013, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente con fecha 11 de octubre de 2011, interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que le otorgue pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y a su norma sustitutoria, la Ley 26790.
La emplazada contesta la demanda afirmando que no existe relación de causalidad entre las enfermedades que presenta el demandante con las labores realizadas.
El Tercer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 16 de julio de 2012, declara fundada la demanda estimando que el certificado médico presentado por el demandante ha sido emitido por una entidad acreditada de conformidad con el DS 166-2005-EF, por lo que resulta prueba fehaciente para acreditar las enfermedades profesionales que padece el actor.
La Sala Superior competente revoca la apelada y la reforma declarando infundada la demanda por estimar que no existe una relación causa efecto entre las condiciones de trabajo y las enfermedades que padece el actor.
FUNDAMENTOS
1. Delimitación del petitorio
El recurrente pretende que se le otorgue una pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional dentro de los alcances del Decreto Ley 18846 y su norma sustitutoria, la Ley 26790, más el pago de los devengados e intereses legales.
En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, sobre la base de los alcances del derecho fundamental a la pensión como derecho de configuración legal, este Colegiado delimitó los lineamientos jurídicos que permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial de dicho derecho o estar directamente relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. Por ello, en el literal b) del mismo fundamento, se precisó que “forma parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención”.
En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la entidad demandada.
2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)
2.1. Argumentos del demandante
Refiere padecer de enfermedades profesionales a consecuencia de las labores que realizó en la actividad minera.
2.2. Argumentos de la demandada
Manifiesta que no se ha probado el nexo de causalidad entre las enfermedades que el actor supuestamente padece y las labores que realizó.
2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
2.3.1. Mediante el precedente vinculante recaído en el fundamento 14 de la STC 02513-2007-PA/TC, este Tribunal ha ratificado el precedente relativo a la acreditación de la enfermedad profesional, reiterando que únicamente podrá efectuarse mediante un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.
2.3.2. En el presente caso, deben tenerse por acreditadas las enfermedades de fibrosis del pulmón, gonartrosis e hipoacusia neurosensorial bilateral con 65.68% de incapacidad, a partir de la fecha del diagnóstico emitido mediante el certificado médico de fojas 4, esto es, a partir del 4 de marzo de 2008.
2.3.3. Resulta pertinente recordar que este Colegiado ha puntualizado que, a efectos de determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral, se requiere de la existencia de una relación causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad.
2.3.4. Por ello, en cuanto a la enfermedad de hipoacusia, este Tribunal ha señalado en la sentencia mencionada en el fundamento 2.3.1, supra, que para establecer si la hipoacusia es de origen ocupacional, es necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Para ello se deberá tener en cuenta las funciones que desempeñaba el demandante, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo; ello quiere decir que la relación de causalidad en esta enfermedad no se presume, sino que se tiene que probar, dado que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada al ruido.
2.3.5. De la misma forma, toda enfermedad distinta a la neumoconiosis diagnosticada a los trabajadores de minas subterráneas o tajo abierto, deberá relacionarse con las actividades laborales desarrolladas para establecer si existe relación de causalidad entre éstas y la enfermedad padecida.
2.3.6. En el presente caso, según se aprecia del certificado de trabajo (f. 3), el actor laboró para la empresa Cía. Minera de Caylloma S.A., desde el 2 de diciembre de 1952 al 30 de abril de 1991 como peón, palero, carrilano, tractorista 1ra, volante mina, compresorista mina, todas como obrero en interior de mina; sin embargo, de autos no es posible concluir si durante la relación laboral estuvo expuesto a riesgos para su salud que le pudieran haber ocasionado el padecimiento de las enfermedades que presenta y la consecuente incapacidad laboral que alega lo afecta.
2.3.7. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el recurrente cesó en sus actividades laborales el 30 de abril de 1991 y que las enfermedades le fueron diagnosticadas el 4 de marzo de 2008, es decir, después de más de 16 años de haber cesado, por lo que no es posible determinar objetivamente la relación de causalidad antes referida, sobre todo cuando la hipoacusia es también una enfermedad común.
2.3.8. Respecto a las enfermedades de fibrosis del pulmón y gonartrosis, actualmente, la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, superando el listado de enfermedades profesionales cubiertas por el Seguro, ha ampliado la cobertura a las actividades de riesgo comprendidas en el Anexo 5 del referido decreto supremo; sin embargo, el demandante tampoco ha demostrado el nexo causal, es decir, que el origen de las enfermedades que padece sea ocupacional o derivado de la actividad laboral de riesgo realizada.
2.3.9. En consecuencia, no se ha acreditado la vulneración del derecho a la pensión del recurrente.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda, al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión del recurrente.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA