EXP. N.° 03782-2013-PA/TC

AYACUCHO

DIONICIO AGUILAR

CALCINA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de enero de 2014

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dionicio Aguilar Calcina contra la resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada Transitoria de Puquio de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 140, su fecha 3 de junio de 2013 que declaró infundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución ficta denegatoria de pensión (f. 46. Resolución 5120-2010-DPR.SC/18846, de fecha 6 de diciembre de 2010); y que, en consecuencia, se le otorgue  pensión de invalidez vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, por padecer de enfermedad profesional de neumoconiosis con un menoscabo en su salud del 65%. Asimismo, pide el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales.

2. Que en el fundamento 14 de la STC 02513-2007-PA/TC este Tribunal  ha reiterado el precedente vinculante establecido en las Sentencias 6612-2005-PA/TC y 10087-2005-PA/TC, disponiendo que, en la vía del amparo, “la acreditación de la enfermedad profesional únicamente podrá efectuarse mediante un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS”, conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.

3. Que el demandante ha adjuntado el certificado de discapacidad expedido por el Hospital Provincial de Apoyo de Palpa (f. 4), de fecha 23 de enero de 2007, en el que se indica que padece de neumoconiosis II grado, sordera moderada bilateral y reumatismo crónico bilateral, con un menoscabo global de 65%.

4. Que este Colegiado, tal como lo ha manifestado en reiterada jurisprudencia (SSTC 1202-2011-PA/TC y 1455-2011-PA/TC), considera que el informe médico referido no es un documento idóneo para acreditar una enfermedad profesional, toda vez que solo dos de los tres médicos firmantes se identifican como miembros integrantes de una Comisión Médica. Asimismo, se aprecia que dicho medio probatorio no puede ser considerado como dictamen médico, pues no cumple las reglas establecidas en la Directiva Sanitaria 003-MINSA/DGSP-V.01 y en el Decreto Supremo 166-2005-EF; es decir, no cumple los requisitos de forma y de fondo.

5. Que, adicionalmente, es necesario precisar que la regla procesal que señala que el juez deberá requerir la presentación del respectivo dictamen de comisión es aplicable solo a los casos que se encontraban en trámite cuando la mencionada sentencia fue publicada. En el caso de autos, no se presenta dicho supuesto debido a que la demanda se interpuso el 12 de agosto de 2010.

6. Que, en consecuencia, la controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional; por lo que queda expedita la vía para que el demandante acuda al proceso que corresponda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar  IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

URVIOLA HANI

MESÍA RAMÍREZ

ETO CRUZ