EXP. N.° 04144-2013-PA/TC
LIMA
ÁNGEL PLATÓN
CASTAÑEDA MURILLO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Platón Castañeda Murillo contra la resolución de fojas 198, de fecha 18 de junio de 2013, expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 8920-2011-ONP/DPR/DL 19990, de fecha 27 de mayo de 2011; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación minera proporcional de conformidad con los artículos 1 y 3 de la Ley N.º 25009.
La emplazada contesta la demanda expresando que el demandante no ha cumplido con acreditar los requisitos que se exigen para el otorgamiento de una pensión de jubilación minera conforme a la Ley N.º 25009.
El Décimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 13 de setiembre de 2012, declara infundada la demanda argumentando que el actor no acredita el mínimo de años de aportaciones para acceder a la pensión solicitada.
La Sala Superior competente confirma la apelada por similar fundamento.
FUNDAMENTOS
1. Delimitación del petitorio
En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación minera proporcional conforme a los artículos 1 y 3 de la Ley N.º 25009.
Considera que aun cuando ha cumplido con acreditar las aportaciones necesarias, la emplazada no le ha otorgado una pensión minera proporcional conforme a la Ley N.º 25009, motivo por el cual se ha vulnerado su derecho a la pensión.
En el fundamento 37 de la STC Exp. N.º 1417-2005-PA/TC, sobre la base de los alcances del derecho fundamental a la pensión como derecho de configuración legal, este Colegiado delimitó los lineamientos jurídicos que permiten ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial de dicho derecho o estar directamente relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. Por ello, en el literal b) del mismo fundamento, se precisó que “forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención”.
En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la actuación arbitraria de la entidad demandada.
2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)
2.1. Argumentos del demandante
Manifiesta que le corresponde una pensión de jubilación minera proporcional de conformidad con los artículos 1 y 3 de la Ley N.º 25009.
2.2. Argumentos de la demandada
Alega que el demandante no ha cumplido con acreditar que cumple los requisitos que se exigen para el otorgamiento de una pensión de jubilación.
2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
2.3.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley N.º 25009, los trabajadores que laboren en centros de producción minera, siempre que en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, tienen derecho a percibir una pensión de jubilación completa a los cincuenta y cincuenta y cinco años de edad, siempre que cuenten con treinta años de aportaciones, quince años de los cuales deben corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad.
2.3.2. A su vez, el artículo 3 de la precitada ley establece que en aquellos casos en que los trabajadores que laboran en centros de producción minera expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad no acrediten el número de aportaciones referidas en el numeral precedente, el Instituto Peruano de Seguridad Social deberá abonar “la pensión proporcional en base a los años de aportación establecidos en la presente ley, que en ningún caso será menor de 10 años”. En concordancia con ello, el artículo 15 del Reglamento de la Ley N.º 25009, Decreto Supremo N.º 029-89-TR, señala que “Los trabajadores a que se refiere el artículo 1 de la ley, que cuenten con un mínimo de diez (10) o quince (15) años de aportaciones, pero menos de 20, 25 y 30 años, según se trate de trabajadores de minas subterráneas o a tajo abierto o de trabajadores de centros de producción minera, tienen derecho a percibir una pensión proporcional a razón de tantas avas partes como años de aportaciones acrediten en su respectiva modalidad de trabajo (…)” (énfasis agregado).
2.3.3. De acuerdo con la copia del documento nacional de identidad (f. 2), el demandante nació el 1 de octubre de 1941; por lo tanto, cumplió la edad requerida (cincuenta años) el 1 de octubre de 1991.
2.3.4. Por otro lado, fluye de la resolución cuestionada (f. 3) y del cuadro resumen de aportaciones (f. 6), que la emplazada le denegó al recurrente la pensión solicitada puesto que únicamente había acreditado doce años y un mes de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.
2.3.5. A fojas 5 de autos obra el certificado de trabajo en el que se indica que el demandante laboró en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A., desde el 3 de diciembre de 1964 hasta el 14 de febrero de 1977. Cabe precisar que dichas aportaciones ya fueron reconocidas por la emplazada, como consta en el Cuadro Resumen de Aportaciones.
2.3.6. En ese sentido, no habiéndose acreditado que el demandante reúne los requisitos para acceder a una pensión de jubilación minera proporcional, conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley N.º 25009, no corresponde otorgarle la pensión solicitada.
2.3.7. Conviene precisar que en el fundamento 26.f de la STC Exp. N.º 4762-2007-PA/TC, que constituye precedente vinculante, este Tribunal ha señalado que se está ante una demanda manifiestamente infundada cuando: “se advierta que el demandante solicita el reconocimiento de años de aportaciones y no ha cumplido con presentar prueba alguna que sustente su pretensión, cuando de la valoración conjunta de los medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación, o cuando se presentan certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex empleadores sino por terceras personas”.
2.3.8. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de derecho constitucional alguno, la demanda debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho del demandante a una pensión.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA