EXP. N.° 04402-2013-PA/TC

JUNÍN

FLOR CHARITO

YAURI CAMARENA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 30 de enero de 2014

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor Charito Yauri Camarena contra la resolución de fojas 72, su fecha de 18 de junio de 2013, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarma, de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 19 de marzo de 2013, doña Flor Charito Yauri Camarena interpone demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Junín, solicitando que se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 1 de marzo de 2013, emitido por la entidad emplazada, a través del cual se ha dejado en suspenso la custodia establecida en el acta de entrega y recepción de la I.E. Secundaria Ricardo Palma, Mz. 9, Lote 3, Morococha; y que, en consecuencia, se abstenga de realizar cualquier acto destinado a impedir el dictado de clases en la citada escuela, su reubicación total en la nueva Morococha, así como la reubicación de las poblaciones cercanas al área de influencia del proyecto minero Toromocho.

Manifiesta que el proyecto minero Toromocho se encuentra a cargo de la minera Chinalco Perú S.A. (CHINALCO) y que para su ejecución requiere la reubicación de la ciudad de Morococha, ubicada en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín; que por este motivo CHINALCO construyó una ciudad en la localidad de Carhuacoto (Nueva Ciudad de Morococha), también ubicada en la provincia de Yauli, Junín. Refiere la demandante que vive en la nueva Morococha, ciudad que ha sido acondicionada con nuevas viviendas y centros educativos; que a las nuevas escuelas asisten los menores hijos de todos los pobladores reubicados en Carhuacoto y que para los alumnos que aún viven en la antigua Morococha, CHINALCO brinda servicio de transporte gratuito tanto por las mañanas como por las tardes a fin de que puedan regresar a sus casas. Expresa que la entidad emplazada, en una decisión ilegal y arbitraria, ha suspendido el funcionamiento de todos los centros educativos en la nueva Morococha, entre ellos la I.E. Secundaria Ricardo Palma, ordenando que dichas escuelas funcionen nuevamente en la antigua Morococha, pese a que dicha ciudad no reúne las condiciones mínimas para dicho funcionamiento, lesionando con ello los derechos a la educación y al debido proceso, y el principio de interés superior del niño.

2. Que con resolución de fecha 21 de marzo de 2013, el Primer Juzgado Mixto de La Oroya declaró liminarmente improcedente la demanda al considerar que el amparo no es el cauce procesal adecuado para tutelar un derecho de origen administrativo. A su turno, la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó la apelada sosteniendo que la pretensión traída a sede constitucional podría ser ventilada en una vía procesal igualmente satisfactoria, debiendo aplicarse el artículo 5.º, inciso 2, del Código Procesal Constitucional.

3. Que el Tribunal Constitucional discrepa del pronunciamiento de los juzgadores de las instancias precedentes, los cuales sustentan su decisión en la aplicación del numeral 5, incisos 1 y 2, del Código Procesal Constitucional, que los habilita para rechazar liminarmente la demanda, y en que las pretensiones de nulidad de actos administrativos relacionadas con impugnaciones de decisiones de los gobiernos locales se tramitan y dilucidan en el proceso contencioso-administrativo. Tales instancias no han advertido, no obstante, que en este se presenta un asunto de especial relevancia constitucional, como lo son las impugnaciones de actos administrativos directamente vinculados a los derechos a la educación y al debido proceso, para lo cual el Juez Constitucional es competente para determinar si la Administración lesiona o no los derechos cuya tutela se reclama, lo que denota que la controversia aquí planteada sí puede ser dilucidada mediante el proceso de amparo.

4. Que al respecto, el Tribunal Constitucional estima pertinente recordar que el rechazo liminar únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre la improcedencia de la demanda, lo que, sin embargo, no ocurre en el caso de autos.

5. Que en consecuencia, a criterio del Tribunal, se ha producido un indebido rechazo liminar de la demanda por parte de los jueces de las instancias precedentes, toda vez que no se presentan los supuestos habilitantes para ello previstos en el artículo 5.º, incisos 1) y 2), del Código Procesal Constitucional, conforme lo establece, además, el numeral 47.º del Código adjetivo acotado; por consiguiente, con arreglo al artículo 20.º del mismo cuerpo legal, debe reponerse la causa al estado respectivo a efectos de que el juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de este a los emplazados, así como a aquellos terceros que pudieran contar con legítimo interés.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

1. Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 49 de los autos.

2. DISPONER que se admita a trámite la demanda de amparo, integrándose a la relación a todas las partes del proceso y a los terceros que cuentan con legítimo interés.

Publíquese y notifíquese.

SS.

URVIOLA HANI

ETO CRUZ

ÁLVAREZ MIRANDA