EXP. N.° 04709-2013-PA/TC
HUAURA
GREGORIA VICTORIA
HUERTAS ROJAS
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 6 de marzo de 2014
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gregoria Victoria Huertas Rojas contra la resolución de fojas 390, su fecha 18 de junio de 2013, expedida por Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró infundada la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 269-2008-ONP/DP/DL 19990, de fecha 22 de enero de 2008, mediante la cual se suspendió el pago de la pensión de invalidez definitiva, y que, en consecuencia, se le restituya su pensión de invalidez de conformidad con el Decreto Ley 19990. Asimismo solicita el pago de las pensiones devengadas, intereses legales y costos del proceso.
2. Que de acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 01417-2005-PA/TC.
3. Que dado que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para su goce; debe concluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio han de estar debidamente sustentadas a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.
4. Que considerando que la pretensión demandada se encuentra dirigida a cuestionar la suspensión del derecho a la pensión de la recurrente, corresponde efectuar la evaluación del caso concreto en atención a lo antes precitado, teniendo presente que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.
5. Que conforme al artículo 33.a) del Decreto Ley 19990, las pensiones de invalidez caducan "Por haber recuperado el pensionista la capacidad física o mental o por haber alcanzado una capacidad, en ambos casos, en grado tal que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión que recibe".
6. Que el artículo 24.a) del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido: "Al asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región".
7. Que el segundo párrafo del artículo 26 del Decreto Ley 19990 señala que en caso de enfermedad terminal o irreversible no se exigirá la comprobación periódica del estado de invalidez. Cabe precisar que solo está excluida la comprobación periódica –que en esencia está regulada para la incapacidad de carácter temporal– mas no la comprobación o fiscalización posterior que la ONP realice en cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en el artículo 3.14 de la Ley 28532, y en mérito a la facultad de fiscalización posterior otorgada por el artículo 32.1 de la Ley 27444.
8. Que de la Resolución 16159-2004-ONP/DC/DL 19990, de fecha 5 de marzo de 2004 (f. 2), se evidencia que a la demandante se le otorgó pensión de invalidez definitiva porque, según el Certificado de Discapacidad, de fecha 20 de agosto de 2003 (f. 245), expedido por la Posta de Salud Palpa - Huaral del Ministerio de Salud, se determinó que padece de amaurosis bilateral y diabetes mellitus, con menoscabo de 80%.
9. Que mediante la Resolución 269-2008-ONP/DP/DL 19990 (f. 3) se suspendió la pensión de invalidez porque “se ha determinado que a la fecha no tiene enfermedad alguna o que tiene una enfermedad diferente a la que motivó el otorgamiento de la pensión de invalidez, conforme queda acreditado con los certificados médicos que obran en cada expediente administrativo […]”.
10. Que a fojas 211 (vuelta) obra el Certificado Médico – DL - 19990, de fecha 1 de diciembre de 2007, expedido por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad de la Red Asistencial Rebagliatti de EsSalud, que determinó que la demandante padece de asma bronquial controlado con menoscabo de 10%.
11. Que por consiguiente, es necesario determinar fehacientemente el estado actual de salud de la actora y su grado de incapacidad, ya que existe contradicción en lo argumentado por ambas partes. En ese sentido, estos hechos controvertidos deberán dilucidarse en un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, por lo que queda expedita la vía para acudir al proceso a que hubiere lugar.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
URVIOLA HANI
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA