Remarca que expropiaciones solo proceden por razones de seguridad nacional o necesidad pública, a través de una ley, previo pago de una indemnización

El Tribunal Constitucional resolvió por mayoría declarar fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por la señora Victoria Gildred (Exp. Nº 00588-2013-PA/TC) contra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y la Sunarp, solicitando la inaplicación de diversas normas que cancelaron su titularidad como propietaria del predio Las Salinas, Lurín.

El colegiado indica que se ha lesionado el derecho de propiedad de la demandante desde que fue expropiado por el Estado en 1973 sin pago de compensación económica alguna.  Por este motivo, la sentencia sostiene que el Decreto Supremo y la Ley que autorizaron la expropiación carecen de sustento constitucional.

Consecuentemente, los actos registrales realizados bajo su amparo deben dejarse sin efecto.

La señora Gildred ha acreditado ser la legítima propietaria del inmueble.  Por tanto, tiene derecho a que su dominio no sea perturbado, salvo que, por causas de seguridad nacional o necesidad pública, se decida expropiarla a través de una ley y previo pago en efectivo de una indemnización justipreciada, como lo establece la Constitución.

Lima, 13 de enero de 2017