Notas de prensa

- mayo 20, 2014

TC ESTABLECE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE EN DEFENSA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de amparo correspondiente al Expediente Nº 04058-2012-PA/TC, interpuesta por Silvia Patricia López Falcón contra la Jueza de Familia de la Provincia de Barranca, Patricia Maura De La Cruz, mediante la cual la actora cuestionó la decisión de la aludida jueza de dar por concluido y archivar el proceso sobre alimentos que interpuso a favor de su menor hija S.M.Z.L.

La recurrente sustentó su demanda manifestando que tras fijarse fecha para la realización de la audiencia única, y llegar con dos minutos de retraso por motivos de salud de su hija mayor, solicitó se reprograme la referida audiencia, tanto en dicho momento como luego por escrito. Sin embargo, la jueza no consideró la justificación presentada, dando por concluido el proceso, lo que a su juicio violaba su derecho al debido proceso, y en particular, su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

El TC concluyó que, si bien es cierto, el Código de los Niños y Adolescentes no establece sanción alguna respecto de la situación sobreviniente por la inasistencia de las partes a la audiencia, sin embargo, resultaba irrazonable, y por tanto, violatorio del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil, que sí lo sanciona con la conclusión del proceso, sin tener en cuenta que el principio del interés superior del niño comprende, entre otras cosas, una actuación tuitiva por parte de los operadores jurisdiccionales, a quienes corresponde la adecuación y flexibilización de las normas y la interpretación que de ellas se realice, a fin de lograr la aplicación más favorable que permita dar solución a la controversia reclamada, siendo de especial importancia este principio toda vez que se trata de niños y adolescentes, cuyos intereses tienen especial cuidado y prelación frente al Estado.

De esta manera el Colegiado consideró que, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dicha interpretación debía ser establecida como Doctrina Jurisprudencial Vinculante, aun cuando en el caso concreto se produjo una situación de irreparabilidad que no impidió declarar fundada la demanda –en aplicación del segundo párrafo del artículo 1º del mismo código–, a efectos de exhortar a las autoridades jurisdiccionales a que en el futuro se abstengan de incurrir en igual o similar conducta lesiva.

Lima, 20 de mayo de 2014