El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional del Cusco contra la legislación que regula la inversión privada que permite la recuperación, restauración, conservación, puesta en valor y desarrollo sostenible de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación. Así lo señala el Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00003-2008-PI/TC.
El demandante argumentaba una posible discriminación al permitir que esta inversión sólo se realice en hoteles y restaurantes de cuatro y cinco estrellas o tenedores. Esto reflejaba, a su entender, un claro acto de discriminación, vulneratorio del derecho de igualdad, y que además, estaría impidiendo un correcto ejercicio de la libertad de empresa, a juicio del Colegiado, según lo establecido en la sentencia Nº 3330-2004-AA/TC, involucra una participación económica de las empresa.
El TC considera que a partir de la diferenciación realizada por el legislador, según las estrellas o tenedores con que cuente un hotel o restaurante, y en su realización de una intervención de intensidad baja en el mercado, la inversión permitiría alcanzar un fin constitucional como es la recuperación, restauración, conservación, puesta en valor y desarrollo sostenible de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural, generando un flujo de capitales a través de empresas con cierta solvencia económica y con conocimiento de los servicios que va a brindar, sobre todo si está en juego la imagen del Perú como país promotor del turismo.
Sólo a través de una empresa que tenga la capacidad de invertir en el rubro de hospedaje o de alimentos y de respetar e impulsar mejoras de bienes inmateriales históricos, podrá cumplirse tal objetivo; no existe una medida alternativa para cumplir tal finalidad que respete los valores constitucionales, tal como se ha explicado.
Una disposición como la cuestionada no obliga ni impide que cualquier particular participe en la actividad económica legislada, sino que lo único que hace es establecer las condiciones y requisitos que deben reunir todos aquellos que en ejercicio de su libre iniciativa privada desean invertir en esta actividad, consecuentes con el respeto del patrimonio cultural de la Nación. Por la naturaleza de las actividades que realiza debió ser muy escrupuloso el Estado a la hora de establecer las condiciones de ejercicio.
Lima, 3 de febrero de 2010