Notas de prensa

Lima - abril 5, 2007

TC RECHAZA HABEAS CORPUS DE EX MINISTRO FEDERICO SALAS

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por don Luis Federico Salas Guevara Schultz, ex presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alberto Fujimori, al estimar que no se ha vulnerado su derecho fundamental a la prueba, en el proceso penal en el cual fue sentenciado por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, asociación ilícita para delinquir y por el delito de peculado, a tres años de pena privativa de libertad suspendida, al pago de una reparación civil de tres millones de nuevos soles y se le inhabilitó por el plazo de dos años.

En el proceso penal que se siguió contra el demandante, se determinó que Salas Guevara firmó el Decreto de Urgencia N.º 081-2000, el cual amplió el pliego N.° 26 del Sector Defensa por la suma de S/. 69’597,810.00 nuevos soles para implementar, supuestamente, un plan militar contra las FARC que nunca se llevó a cabo.

En la sentencia recaída en el expediente N.º 1014-2006-PHC/TC, el Tribunal Constitucional precisa que el derecho fundamental a la prueba comprende la facultad del procesado de presentar y controvertir los medios de pruebas dentro del proceso penal, lo cual lleva aparejada también la exigencia de que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el valor jurídico de las pruebas controvertidas. Además, aclara que la prueba capaz de producir certeza jurídica debe reunir las características de veracidad objetiva, constitucionalidad, utilidad y pertinencia.

En ese sentido, el supremo intérprete de la Constitución concluye que no se ha vulnerado el derecho fundamental a la prueba de Salas Guevara, en la medida que ejerció libremente su derecho a controvertir los medios de prueba, lo cual se materializó en la tacha que interpuso contra la fotocopia del Decreto de Urgencia N.º 081-2000 –cuyo documento original fue aportado al proceso por el coacusado Carlos Boloña Behr–; obteniendo, a su vez, una resolución objetiva y razonada de parte del órgano jurisdiccional que lo juzgó.

De otro lado, el TC considera que tampoco se ha afectado el principio de prohibición de reforma en peor de la pena (reformatio in peius), por cuanto que el grado de responsabilidad de un procesado lo determinan los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 138º de la Constitución.

Lima, 5 de abril de 2007