El Tribunal Constitucional (TC), mediante resolución recaída en el Expediente Nº 03270-2012-PA, dispuso que el Poder Judicial admita a trámite la demanda de amparo interpuesta por el consorcio Gildemeister y Manasa contra los jueces que anularon el laudo arbitral que legitimaba la compra de 469 vehículos patrulleros por el Ministerio del Interior de aquel entonces.
El TC resalta que la decisión impugnada, esto es la emitida por el Poder Judicial que anuló el laudo arbitral, vulneraría el principio de seguridad jurídica, toda vez que basó la referida anulación en la falta de participación del Procurador Público del Ministerio del Interior en el proceso arbitral, lo que en nada habría perjudicado a dicho Ministerio que ejerció su defensa a través de un abogado ad hoc designado por Resolución Ministerial.
Asimismo, el Colegiado destaca que la decisión impugnada vulneraría el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por haber emitido pronunciamiento omitiéndose el análisis integral de todas las alegaciones denunciadas.
Por las razones expuestas, el TC consideró que la demanda sí contiene asuntos de relevancia constitucional, disponiendo que se admita a trámite el amparo interpuesto por el citado consorcio.
Lima, 30 de octubre de 2013