EXPEDIENTE N.º 3081-2007-PA/TC
LIMA
R.J.S.A. Vda. de R.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 9 días del mes de
noviembre de 2007,
I. ASUNTO
Recurso de agravio constitucional
interpuesto por doña R.J.S.A. Vda. de R., a nombre propio y en su calidad de
curadora representante de su hija G. R. S. contra la sentencia de
II.
ANTECEDENTES
1. Demanda
Con fecha 21 de diciembre de 2005
la recurrente interpone demanda de amparo contra EsSalud, solicitando que se
deje sin efecto la orden de alta de su hija G. R. S. (46 años), la misma que
padece de esquizofrenia paranoide. Alega que dicha orden se sustenta en el
informe médico de alta otorgado por el doctor Jorge E. de
Menciona que con fecha 27 de
octubre de 2004 se le notificó
Sostiene que el informe médico de alta contiene una diversidad de contradicciones que demostrarían que materialmente la paciente G. R. S. no se encuentra totalmente curada, lo que explicaría las medidas y requerimientos fijados en dicho informe para recuperar su estado mental. Dicha contradicción se evidenciaría con la afirmación “(...) No pronosticamos una mejoría mayor con el tiempo (...)”.
De otro lado sostiene que debe tomarse en consideración que la enfermedad que padece su hija puede implicar que reaccione con violencia y que pueda atentar contra la vida o la integridad de personas, entre ellas, sus propios familiares.
2. Contestación de demanda
El Seguro Social de Salud EsSalud contesta la demanda señalando que la condición de alta de G. R. S. ha sido establecida bajo un criterio médico que ha tomado en consideración el comportamiento y evolución de la paciente. Asimismo, manifiesta que el padre de G. R. S., ya fallecido, se comprometió a retirar a G. R. S. cuando se disponga su alta, compromiso que es conocido por la recurrente.
Por otra parte argumenta que no se ha adjuntado documento alguno que pruebe que la demandada ha violado el derecho a la salud de la paciente; que las afirmaciones de la demandante, en el sentido de que carece de familiares en el país que puedan hacerse cargo de G. R. S., no debe ser consideradas como una causal que justifique su hospitalización indefinida, pues ha cumplido satisfactoriamente con el tratamiento, encontrándose apta para continuarlo fuera del centro hospitalario.
Sostiene que la enfermedad psiquiátrica de G. R. S. no es pasible de una recuperación total, pero sí cabe la posibilidad de que se reinserte tanto en la sociedad como en la vida familiar, luego de un tratamiento al interior de una institución de salud mental.
3. Resolución de primer grado
Con fecha 2 de mayo del 2006 el
Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de
4. Resolución de segundo grado
La recurrida confirma la resolución apelada aduciendo que no existen elementos de juicio suficientes para considerar que se ha incumplido con el deber del Estado de otorgar una prestación integral de salud a G. R. S. toda vez que la demandada no ha suspendido el tratamiento a la paciente, sino que considera que ésta se encuentra en condiciones de seguirlo en condición de alta. Asimismo, entiende que si lo que se pretende es cuestionar el informe médico debido a que no se corresponde con el estado real de la paciente, ello requerirá de una pericia médica, lo no puede ser determinado en un proceso de amparo ya que carece de etapa probatoria, conforme a lo dispuesto por el artículo 9.º del Código Procesal Constitucional.
5. Recurso de agravio constitucional
Con fecha 27 de abril del 2007 la demandante interpone recurso de agravio constitucional. Afirma que si en el propio informe médico de alta se sostiene que la paciente no va a presentar una mejoría mayor con el tiempo, entonces lo que realmente está pretendiendo el demandado es desprenderse de ella, lo que constituye una afectación del derecho a la salud. Asimismo discrepa de la necesidad de la existencia de una etapa probatoria, en la medida que la vulneración del derecho a la salud es evidente, ya que el propio informe médico reconoce que no se producirá una mayor mejoría con el tiempo. Además, considera evidente que la entrega de la paciente a R. J. S. A. Vda. de R. pondría en serio riesgo su vida e integridad física y psíquica.
III. FUNDAMENTOS
§1.
Precisión del petitorio de
En el presente caso el objeto de la demanda es que se deje sin efecto la orden de alta de G. R. S. expedida por el Hospital 1 Huariaca EsSalud, y que se le otorgue atención médica permanente e indefinida en dicho centro hospitalario, alegándose que dicha orden de alta es violatoria del derecho a la salud.
§2.
Cuestiones procesales previas
La interpretación del
artículo 9º del Código Procesal Constitucional
- En primer lugar es pertinente señalar que el artículo 9º del Código Procesal Constitucional establece que “(…) En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa”.
- La carencia de la etapa probatoria se debe a que el
proceso de amparo solo tiene por finalidad reestablecer el ejercicio de un
derecho constitucional. Su objetivo es eminentemente restitutorio, es decir, solo analiza si el acto
reclamado es lesivo de un derecho reconocido por
- Si bien el artículo 9º del referido Código limita y establece la ausencia de estación probatoria en los procesos constitucionales, también es cierto que existe una excepción a la regla cuando en la segunda parte del mismo artículo se permite “(…) la realización de actuaciones probatorias que el juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso”.
Desde esta perspectiva, lo que existe en realidad es solo una limitación de la actuación probatoria, pues en la práctica es indispensable la presentación de pruebas que acrediten la violación o amenaza de un derecho constitucional.
- La excepción a la regla tiene como fundamento lo
previsto en el artículo 1º del Código, en el sentido de que la finalidad
de todos los procesos de derechos humanos es “(…) proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al
estado anterior a la violación o amenaza de un derecho constitucional”.
Partiendo de esta premisa, este Tribunal tiene el deber inexcusable de
realizar cualquier actuación probatoria que considere necesario siempre
que con ello no se afecte la duración del proceso. Es en este contexto que se explica la
facultad del Tribunal Constitucional para solicitar, por ejemplo, la
participación de un amicus curiae, tal
como sucedió en
La necesidad de invocación del amicus curiae
en el proceso de amparo
- Partiendo de la facultad especial contenida en el artículo 13º- A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, “el Pleno o las Salas pueden solicitar información de los amicus curiae (amici curiarum), si fuera el caso, a fin de esclarecer aspectos especializados que puedan surgir del estudio de los actuados”. En el caso sub judice este Colegiado considera imprescindible para su dilucidación la opinión de personas con un amplio conocimiento sobre la salud mental, tanto desde el punto de vista médico, como desde la perspectiva de la ejecución de las políticas públicas.
- El
amicus curiae (amigo de
- El
amicus curiae se justifica cuando se trata de la protección de
ciertos derechos que por su propia naturaleza pueden ser objeto de
distintos enfoques científicos, como son la salud mental, la integridad
psíquica y física. De lo contrario, se corre el riesgo que en ciertos
procesos de amparo se concluya con una decisión injusta, contraria al
principio-derecho de dignidad de la persona humana.
- Por
consiguiente la intervención del amicus
curiae en el presente proceso se encuentra legitimada no solo por el reglamento
del Tribunal Constitucional, sino también por la naturaleza del derecho
constitucional invocado. La presencia del amicus curiae, el pedido de información, así como la solicitud
de documentación no deben considerarse a
priori como medios probatorios inadecuados que habrán de dilatar el
desarrollo del proceso, sino más bien como instrumentos procesales al
servicio de una protección eficaz de los derechos constitucionales.
La irreparabilidad del derecho
constitucional invocado, el amicus curiae y la solicitud de información
- La
participación del amicus curiae puede
ser incluso necesaria cuando el derecho se ha convertido en irreparable
luego de presentada la demanda, ya que su presencia puede ayudar a
esclarecer el grado de responsabilidad del autor del acto lesivo. En ese
supuesto, el juez constitucional declarará fundada la demanda precisando
los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la
demanda, y que si fuere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas
previstas en el articulo 22º del Código Procesal Constitucional, sin
perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Tampoco nada impide
que frente a la irreparabilidad el Tribunal Constitucional pueda solicitar
los informes y documentos que considere necesarios, de conformidad con el
artículo 119º del mismo cuerpo de leyes.
Capacidad para ser parte en
función de la legitimidad para obrar de la demandante
- A diferencia de lo que acontece con el proceso de hábeas corpus, en el amparo, de conformidad con el artículo 39º del Código Procesal Constitucional, sólo el afectado en su derecho constitucional es el que puede interponer la acción; es decir, es el único que goza de la llamada legitimidad ad causam.
- En efecto, “ … el principio que se establece es que
corresponde al titular del derecho interponer la acción si es que se
siente o dice sentirse perjudicado por un acto u omisión de autoridad,
funcionario o persona que viola su derecho constitucional. De este modo,
pues, se excluye la posibilidad de que el proceso de amparo pueda ser
promovido por quien no es agraviado, salvo el supuesto de la procuración
oficiosa reconocida por el artículo 41º del Código Procesal
Constitucional. No hay posibilidad de su articulación por parte de
terceros que no sean capaces de demostrar la afectación de un derecho
constitucional propio, con excepción de
- En consecuencia, para emitir un pronunciamiento de fondo, el juez que califica la demanda deberá evaluar si el accionante es, en efecto, el titular del derecho constitucional invocado.
La representación procesal en el presente caso
- Fluye de los actuados que la demandante interpone
la acción como curadora de su hija mayor. Y aun cuando en apariencia la
accionante interpone la demanda para proteger su derecho propio a la vida
e integridad personal, en verdad lo que persigue con su petitorio es
salvaguardar la salud de su hija mayor que adolece de incapacidad absoluta
irreversible por un grave deterioro de su salud mental (art. 43, inc. 2
del Código Civil). Teniendo en cuenta que en los procesos constitucionales
le asiste al juez la obligación de suplir la demanda o queja procesal
deficiente, este Tribunal entiende que el petitorio de la demandante
consiste en la protección de la salud mental de su señora hija y que actúa
como su representante en calidad de curadora (art. 569º, inciso 2 del
Código Civil). Asimismo, el artículo 45º del Código Civil establece que
los representantes legales de los incapaces ejercen sus derechos civiles
de estos según las normas referentes a la patria potestad, tutela y curatela.
Pero nada impide que sean también los llamados a la defensa de sus
derechos constitucionales. La legitimidad ad causan en este caso se halla probada, a tenor del artículo
40º del Código Procesal Constitucional, que a la letra dice en su parte
pertinente: “(…) el afectado puede comparecer por medio de representante
procesal sin que sea necesaria la inscripción de la representación”.
- En efecto,
tal como lo ha declarado el Tribunal Constitucional en otra oportunidad -STC
0518-2004-AA fundamento 10- “(…) toda persona natural puede accionar por sí
misma, o mediante la representación
legal, convencional o judicial. En el caso de la representación legal, los que carecen de la
capacidad de ejercicio son sustituidos en el ejercicio del derecho de
acción (padres representan a sus hijos menores, los tutores respecto de
los menores no sometidos a la patria potestad, o curadores respecto de
los mayores de edad sometidos a interdicción) (…) ”.
- En
conclusión la demandante interpone el presente proceso como curadora de su hija G. R. S., incapaz absoluta,
declarada interdicta civil por padecer de esquizofrenia paranoide de tipo crónico,
siendo una persona dependiente tanto física como mentalmente, tal como se
observa de fojas.
§3. EL derecho fundamental a
- Con relación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa al derecho a la salud, una de las sentencias más relevantes –sino la de mayor importancia hasta el momento- lo constituye la recaída en el caso de Azanca Alhelí Meza García (Expediente N.º 2945-2003-AA/TC).
- En esta sentencia se aborda uno de los temas medulares relativos a los denominados derechos económicos, sociales y culturales: su exigibilidad ante organismos jurisdiccionales. Pero además define lo que puede entenderse por salud. Ciertamente, en el fundamento 30 de la sentencia antes mencionada, el Tribunal Constitucional expresó:
“(…) La salud puede ser entendida como el
funcionamiento armónico del organismo tanto del aspecto físico como psicológico
del ser humano. Es evidente que como tal
constituye una condición indispensable para el desarrollo y medio fundamental
para alcanzar el bienestar individual y colectivo”.
- También en un afán de sistematización del derecho a la salud, el Tribunal Constitucional en sus sentencias 2945-2003-AA/TC, 2016-2003-AA/TC y 1956-2004-AA/TC, puso de relieve sus componentes fisiológicos y orgánicos:
“(…) el derecho a
la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener el estado
de normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de
su ser, lo que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de
restablecimiento; acciones cuyo cumplimiento corresponde al Estado, el cual
debe garantizar una progresiva y cada vez más consolidada calidad de vida,
invirtiendo en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones
encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo, para tal efecto,
adoptar políticas, planes y programas en ese sentido”.
- Visto desde el ámbito del derecho internacional de
los Derechos Humanos, la salud no debe entenderse como un derecho por la
cual se exige que el Estado garantice a todos sus súbditos el
funcionamiento normal de su sistema orgánico, tanto en sus aspectos
físicos, biológicos y psíquicos, sino más bien como uno que garantice el
acceso a prestaciones de salud adecuadas, de calidad, con médicos
competentes y con políticas públicas coherentes. Sin embargo, desde una
perspectiva constitucional, lo expuesto condujo al supremo intérprete de
- En este orden de ideas el Tribunal Constitucional considera que la salud puede ser enfocada desde tres perspectivas: a) individual, b) familiar y c) en un contexto comunitario o colectivo. Este último aspecto –el comunitario o colectivo– trae como consecuencia directa que su exigibilidad se vea condicionada a aspectos presupuestales. En el caso “Azanca Alhelí” el Tribunal lo puso de relieve:
“(…) 32. Como se ha señalado
anteriormente, los derechos sociales, como la salud pública, no pueden ser
exigidos de la misma manera en todos los casos, pues no se trata de
prestaciones específicas, en tanto dependen de la ejecución presupuestal para
el cumplimiento de lo exigido, lo contrario supondría que cada individuo podría
exigir judicialmente al Estado un puesto de trabajo o una prestación específica
de vivienda o salud en cualquier momento.”
- Pero el condicionamiento de la exigibilidad de los
derechos sociales, entre ellos el derecho a la salud, al presupuesto
¿implica que el Estado tenga plena discrecionalidad en la asignación de
recursos públicos? La respuesta es negativa debido a que la undécima
disposición transitoria y final de
“(…) 37. Lo declarado en la undécima
disposición final y transitoria de nuestra Constitución es concordante con el
artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
precisa que los estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de
recursos que se disponga para lograr, progresivamente, la plena efectividad de
los derechos reconocidos en el Pacto, entre ellos la salud. Es evidente que el
Estado peruano no puede eximirse de esta obligación, ni tampoco asumirla como
un ideal de gestión, pues se trata de una obligación perentoria a ser cumplida,
si bien de manera progresiva, siempre en plazos razonables y acompañados de
acciones concretas”.
- Lo expuesto encuentra sustento en la nueva visión
de los derechos sociales acogida por el supremo intérprete de
“(…) 12. Si bien es cierto que la efectividad de
los derechos sociales requiere un mínimo de actuación del Estado a través del
establecimiento de servicios públicos, así como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que
toda política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que
estos derivan en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados
deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente la
plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad de
la población”.
- No obstante el carácter progresivo del derecho a la salud en función de las posibilidades presupuestales, debe tenerse en cuenta, para arribar a un fallo válido, que la exigibilidad de un derecho social siempre depende de tres factores: a) la gravedad y razonabilidad del caso; b) su vinculación con otros derechos fundamentales; y, c) la disponibilidad presupuestal. Pero tanto en el derecho interno como en el derecho internacional de los derechos humanos, se reconoce la estrecha vinculación entre la vida y la salud, a tal punto que las carencias presupuestales no pueden ser un obstáculo ni un argumento válido para negarle a una persona las prestaciones de salud, de tal manera que se ponga en riesgo su derecho a la vida.
- En
esa dirección, el Tribunal estima que en el marco de un Estado social y democrático
de derecho la salud es un derecho constitucional de carácter indiscutible,
lo que descarta la discrecionalidad, por lo que es deber del Estado adoptar
las medidas pertinentes para la satisfacción del derecho. Así lo ha puesto
de relieve en el fundamento 7 de la citada sentencia Nº 2945-2003-AA/TC:
“(...) O la salud
es un derecho constitucional indiscutible y, como tal, generador de acciones
positivas por parte de los poderes públicos, o simplemente se trata de una
opción de actuación discrecional y, como tal, prescindible de acuerdo con la
óptima disponibilidad de recursos. Entre ambas alternativas, y por lo que ya se
ha puntualizado, el Estado social solo puede ser compatible con la primera de
las descritas, pues resulta inobjetable que allí donde se ha reconocido la
condición fundamental del derecho a la salud, deben promoverse, desde el
Estado, condiciones que lo garanticen de modo progresivo, y que se le dispense
protección adecuada a quienes ya gocen del mismo”.
§4. EL DERECHO A
25. El derecho a la salud y particularmente el derecho humano a la salud mental, incluye, por una parte, la interdicción de intromisiones estatales en la esfera individual, y por otra, un elenco de garantías en beneficio de la dignitas personae, lo que implica una enorme variable de factores socio-económicos imprescindibles para el desarrollo sano del ser humano. En otras palabras, el derecho a la salud mental tiene como contenido esencial los elementos que son inherentes al derecho a la salud, pero con la particularidad de que sus titulares constituyen un sector de la población altamente vulnerable, que requiere de una visión de sus derechos fundamentales desde una óptica que no sólo entraña categorías jurídicas, sino también médicas, antropológicas, sociológicas, entre otros aspectos, que han sido considerados por los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
26. De ahí que las obligaciones estatales no se
constriñen, como ya se dijo, a una garantía de respeto, en el sentido de una
libertad negativa de un no hacer, sino que importan, en virtud del artículo 9º
de
27. El artículo
7º de
- En el sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos destacan los siguientes instrumentos internacionales:
1.
(Aprobada por Resolución Legislativa Nº 13282 del 15 de diciembre de 1959).
El artículo 25.1 consagra el derecho a la salud y dice, literalmente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
2. El
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ratificado bajo instrumento de
adhesión de fecha 12 de abril de 1978, depositado el 28 de abril de 1978).
El artículo 12º de este instrumento internacional reconoce no solo el derecho a la salud, a secas, sino que incide especialmente, en la salud física y mental: “(…) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (…) Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para (...) d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
El Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas ha precisado el contenido normativo
del artículo 12º (Observación General N.º 14 (E/C.12/2000/4)):
(…) “30. Si bien el Pacto establece la
aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados
recursos disponibles (…) Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por
lo que respecta al derecho a la salud, como la garantía de que ese derecho será
ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación
de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de la plena realización
del artículo 12.
(…) 33. Al igual que
todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles
de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger
y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de
facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que
los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute
del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los
Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación
de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir
requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo,
administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena
efectividad al derecho a la salud.”
3. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. (AG res. 2856 [XXVI], 26, U.N. GAOR Supp. [No. 29] p. 93, ONU. Doc. A/8429 [1971])
Cuando sea imprescindible el internamiento del
paciente deberá tenerse en cuenta que la institución debe propiciar un ambiente
adecuado con condiciones de vida, semejantes a los de la vida normal en sociedad.
En el fondo, el fin que perseguía
4.
Principios para
Si
bien este Colegiado tiene en cuenta la totalidad de las disposiciones de los
instrumentos de protección de los derechos humanos de los discapacitados mentales,
en lo que interesa al caso de autos, resulta oportuno destacar las
disposiciones comprendidas en el artículo 16º del presente Instrumento, en la
medida que establece las condiciones para la permanencia o el ingreso
voluntario de los pacientes psiquiátricos. En efecto, este dispositivo admite
la posibilidad que una persona sea admitida como paciente involuntaria cuando
existe un riesgo grave de daño inmediato a sí mismo o a terceros o cuando la
libertad de la persona pueda representar un impedimento para la continuación
adecuada del tratamiento o un deterioro mayor de sus facultades mentales.
- En el sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos destacan los siguientes instrumentos internacionales:
1.
(Aprobada en
En el artículo XI establece: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia medica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.
2. Protocolo
Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Ratificado por el Perú el 4 de junio de 1995).
El artículo 10º del denominado Protocolo de San Salvador reconoce el
derecho a la salud, “como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico,
mental y social” y lo consagra como un bien público. El Comité Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha entendido este precepto y, por
ende, el derecho a la salud, como un derecho humano fundamental indispensable
para el ejercicio de los demás derechos, principalmente, el derecho a la vida,
la no discriminación, al trabajo, la alimentación y la vivienda digna, etc.
Para el Comité todos estos derechos constituyen componentes integrales del
derecho a la salud. A tal punto que frente a su ausencia no es viable alcanzar
“el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.
Desde la perspectiva del sistema internacional de los derechos humanos, el Estado no puede garantizar la buena salud ni otorgar protección frente a todas las causas posibles que pueden afectar la salud de un ser humano, como son los factores genéticos, la propensión a enfermedades o la adopción de ciertas formas de vida. El concepto del “disfrute del más alto nivel posible de salud” a que se hace referencia en el artículo 10º del Protocolo de San Salvador, significa que el derecho a la salud debe entenderse como el derecho a disfrutar de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Asimismo, el Protocolo de San Salvador declara en su artículo 18º,
relativo a la protección de los minusválidos, que “toda persona afectada por
una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir
una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su
personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese
propósito y en especial:
a) “ejecutar programas
específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el
ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales
adecuados a sus posibilidades y que deberán a sus posibilidades y que deberán
ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su
caso”
b)
“Proporcionar información especial a los familiares de los minusválidos a fin
de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes
activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos”
c) “Incluir de manera
prioritario en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a
los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo”
d) “Estimular la formación de
organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una vida
plena”.
3. Convención Interamericana para
Por su parte,
La lectura
atenta de los instrumentos internacionales de protección de los derechos de las
discapacitados mentales permite concluir, como lo señala en su parte declarativa
4.
31. En el caso
Ximenes Lopes Vs. Brasil,
Se
considera que todo tratamiento de salud dirigido a personas con discapacidad
mental habrá de tener como finalidad principal el bienestar del paciente y el
respeto a su dignidad como ser humano, que se traduce en el deber de adoptar
como principios orientadores del tratamiento psiquiátrico, el respeto a la
intimidad y a la autonomía de las personas.
Agrega
32. Pero no son solo estos los únicos
instrumentos internacionales en materia de salud mental que sirven de marco y
parámetro para dilucidar la controversia de autos. El Tribunal Constitucional
también ha tenido en cuenta:
1.
Aprobada
por
Asimismo,
exhorta a los Estados a adecuar su legislación y organización prestacional de
salud a los nuevos parámetros de atención a los discapacitados mentales.
2. Los Diez Principios Básicos de las Normas para la atención de
Aprobado
también por
- A estos instrumentos internacionales se suman otros que, si bien son importantes y a los cuales este Colegiado les ha deparado especial reflexión, dada la naturaleza del caso sub judice, no es posible más que su simple enumeración:
·
Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer. (Ratificado con fecha 20
de agosto de 1982, depositado el 13 de setiembre de 1990).
·
Convención sobre los derechos del Niño, de 1989.
(Ratificado con fecha 14 de agosto de 1982, depositado el 13 de setiembre de
1979).
·
Carta Social Europea, del 18 de
octubre de 1961, Consejo de Europa- Estrasburgo, en su forma revisada.
·
- Declaración
de Manila sobre
·
Declaración
de Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para las Personas
con Discapacidad en el Área Iberoamericana. Aprobada en
·
Resolución sobre
·
Declaración
de Managua, suscrita el 3 de diciembre de 1993, Día Internacional de
·
Declaración
de Viena y Programa de Acción aprobados por
·
Resolución sobre la "Situación de los discapacitados en el continente
americano”, AG/RES. 1296 (XXIV-O/94).
·
Resolución
sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano
(AG/RES. 1356 (XXV-O/95)). Resolución aprobada en la novena sesión plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1995.
- Compromiso
de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano
aprobado mediante resolución de Asamblea General AG/RES. 1369
(XXVI-0/96). Resolución aprobada en la sexta sesión plenaria, celebrada
el 5 de junio de 1996.
- Declaración
de Panamá: La discapacidad, un asunto de derechos humanos.
Ciudad de Panamá, 16 al 20 de octubre del 2000. Proclamada en el marco
del “Seminario Regional sobre los niños y las niñas con discapacidad”. En
vísperas de
- Recomendación
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre
- Declaración
del Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad -
Apartado 39 de la “Declaración de Santa Cruz de
- Declaración
de Montreal sobre discapacidad intelectual, aprobado en el
marco de la "Conferencia internacional sobre discapacidad
intelectual" promovida por
- Declaración
del Decenio de las Américas: Por los Derechos y
- Programa
de Acción para el Decenio de las Américas: Por los Derechos y
- Desde una perspectiva panorámica del derecho internacional de los derechos humanos en materia de salud mental, se advierte que los principios que lo inspiran están destinados al logro de la rehabilitación y a un tratamiento que estimule la independencia personal, la autosuficiencia y la integración social del discapacitado con proscripción del método intramural y a ser tratado en igualdad de condiciones, sin discriminación y en estricto respeto de sus derechos fundamentales.
- Este Colegiado, como intérprete supremo de
§.5.
- Como ya se dijo, el artículo 7º de
- Así también
- En el plano de la normatividad reglamentaria, el
Ministerio de Salud ha emitido los “Lineamientos para
- El Tribunal Constitucional deplora que hasta la
fecha el Estado peruano no haya aprobado
El Plan Nacional de Salud Mental:
Resolución Ministerial N.º 0943-2006-MINS.
- El Plan Nacional de Salud Mental ha sido concebido
conforme a los estándares internacionales de protección de los derechos
humanos, ya que promueve la implementación de servicios comunitarios, la
integración de las personas con discapacidad mental en la sociedad y en la
familia, así como la proscripción del método intramural. Pretende
incorporar en los patrones valorativos de la sociedad el tratamiento del
enfermo mental desde una perspectiva dignificadora, dado que, como persona
es portador de derechos humanos irrenunciables. Pero la realidad económica, cultural y
social es uno de los mayores obstáculos a vencer para materializar los
objetivos que el Estado se ha planteado. El presupuesto es reducido, los
profesionales son insuficientes en número y calidad y la capacitación es
limitada para la dimensión del problema. La conciencia sobre la salud
mental como un derecho humano es larval y se trata de una enfermedad que
requiere de tratamientos costosos. Todavía subsisten métodos que han sido
calificados por los organismos internacionales de protección de los
derechos humanos como crueles, inhumanos y degradantes (los manicomios,
las golpizas, la tortura como castigo, las reclusiones en celdas de manera
permanente, el hacinamiento, la insalubridad, etc.).
- En julio del año 2005 el Estado aprobó el “Plan
Nacional de Salud Mental”(en adelante El Plan). El establecimiento de una
política en materia de salud mental tuvo como fuentes de inspiración dos
documentos aprobados en el 2004 por el Ministerio de Salud: los “Lineamientos
para
“En relación a los problemas y trastornos de salud mental
§
Elevadas tasas de
prevalencia de violencia contra mujeres, niños, niñas y personas adultas
mayores.
§
Incremento de la
pobreza y de la desigualdad en la distribución de los recursos, desempleo,
falta de protección social, falta de reconocimiento de los méritos y escasas
oportunidades para el ascenso social que dan lugar a falta de perspectivas para
el futuro.
§
Graves secuelas
psicológicas y económicas en la población que ha sobrevivido a la violencia
política, con dificultad por parte del Estado y de la población no afectada
tanto para reconocer la magnitud de la afectación como para asignar los
recursos para la reparación.
§
Alta tasa de
prevalencia de trastornos ansiosos y depresivos, incluyendo el incremento de la
frecuencia de suicidio e intento de suicidio, habiendo cambiado nuestro
país de ser un país con una tasa baja a
ser un país con tasa moderada de suicidios en los últimos diez años.
§
Elevado número de
personas con trastornos psicóticos crónicos que no reciben atención adecuada.
§
Gravedad del
alcoholismo como problema de salud
pública en el país, con consecuencias negativas sobre la salud física y mental
de la población y repercusiones económicas aún no cuantificadas en su real
magnitud; el consumo de otras sustancias psico-activas se incrementa
continuamente.
En relación a la respuesta del Estado
§
A pesar de las
cada vez más claras vinculaciones entre
problemas socioeconómicos y psicosociales –como la pobreza, anomia,
distribución inequitativa de los ingresos, falta de acceso a la educación y al
empleo, violencia, corrupción, falta de perspectivas futuras- y la presencia de
trastornos mentales y del comportamiento, no hay una respuesta concertada que
permita mejorar significativamente las condiciones de vida de las personas.
§
Falta de
prioridad de la salud mental en los planes del sector.
§
Escaso
presupuesto, centralización del mismo y desconocimiento del gasto real en salud
mental.
§
Modelo de
intervención vigente que tiende a fragmentar el proceso de promoción,
prevención, atención y rehabilitación, optando, muchas veces, por un sólo
aspecto y excluyendo o desvalorizando el otro; cuando a nivel local la atención
debe ocurrir unificadamente.
§
Centralismo y
carácter intramural del modelo de
atención, con poca relación comunitaria.
§
Escasa cobertura
y acceso a la atención y a los medicamentos necesarios, especialmente en los
casos que producen discapacidad; como
las psicosis crónicas, retraso mental y
trastornos orgánicos cerebrales.
§
Inadecuado
diagnóstico y manejo integral de los problemas psicosociales más graves ( como
las violencias) y de los trastornos adictivos (alcoholismo, tabaquismo,
ludopatía)
§
Recursos humanos
poco motivados y capacitados, que laboran en ambientes mal implementados, donde
atienden problemas humanos graves y reciben poco estímulo para su desarrollo
con la consecuencia de manifestaciones de síndrome de agotamiento y desmoralización.
§
Falta de una
cultura de buen trato y de respeto a los
derechos humanos de los usuarios.
En relación a la coordinación intersectorial
§
Escasos planes,
programas y servicios de salud mental. Los existentes no están articulados entre los sectores e
instituciones del Estado, y no cuentan con un enfoque de salud pública,
produciendo una reducida cobertura y duplicación de acciones.
§
Falta de
reconocimiento del Ministerio de Salud (MINSA) como ente rector en salud
mental.
§
Ausencia de
espacios de coordinación permanente de políticas y planes.
§
Baja prioridad de
la estrategia de intervención en redes locales intersectoriales.
§
Falta de
posicionamiento en los sectores de la importancia de la salud mental para el
desarrollo del país.
§
Falta de
reconocimiento en los diversos sectores y en las regiones, de la importancia de
la salud mental para el desarrollo del
país.
En relación a la comunidad
§
Discriminación,
exclusión y estigmatización de las personas, familias y grupos que sufren
problemas de salud mental. Esto favorece la invisibilización de los problemas y
la falta de búsqueda de ayuda.
§
Falta de
información, conocimiento y actitudes que favorezcan las iniciativas de
intervención en salud mental por parte de la sociedad civil en forma
organizada.
§
Desconocimiento
de la importancia de la salud mental como determinante del bienestar y
desarrollo de la comunidad, dando lugar a que las autoridades regionales y
locales no incorporen la salud mental en
sus planes”.
- Como ya se ha tenido oportunidad de expresar, el Tribunal Constitucional es consciente de la problemática. Su posición de garante de los derechos fundamentales le exige evaluar la política estatal en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos y alertar a las autoridades encargadas de la necesidad de ejecutar, con la mayor eficacia e intensidad posible, las acciones que sean necesarias para acabar con un problema de salud pública. De ahí que en este punto, es imprescindible detenerse en el comentario de algunos problemas identificados por El Plan.
A. En relación con las graves secuelas psicológicas
y económicas en la población que ha sobrevivido a la violencia política y la
dificultad para asignar los recursos destinados
a la reparación
Uno de las más acentuadas deficiencias en el terreno de la salud mental es la indiferencia del Estado para tratar los problemas postraumáticos, que se producen a propósito de la violencia política, epidemias o calamidades como la ocurrida en el departamento de Ica, luego del movimiento telúrico acontecido el 15 de agosto de 2007.
Ya
B. Sobre la vinculación entre los problemas
socioeconómicos y psicosociales, la
presencia de trastornos mentales y la falta de una respuesta concertada
La estrecha vinculación entre los problemas socioeconómicos y psicosociales, sólo puede enfrentarse mediante políticas proactivas de salud mental. En efecto, los males que se padecen a consecuencia de un déficit en la salud mental se deben a fenómenos negativos que tienen mucho que ver con el proceso de modernización y con el fenómeno de la globalización y su impacto sobre la población. Ambos factores intensifican el proceso de migración del campo a la ciudad, el desarraigo y la discriminación. Estos males se concentran mayormente en las poblaciones más vulnerables, como son las madres que sufren violencia doméstica, los niños de la calle, los adultos mayores en estado de abandono, las poblaciones indígenas que son marginadas y aquellos sectores sociales que son excluidos por su estatus económico o cultural. A esto se aúna el desempleo que produce baja autoestima, la desconfianza en el otro, la corrupción y la ausencia de una cultura de respeto y de valores como caldo de cultivo de las enfermedades mentales.
Pero una
cultura proactiva solo es posible si el Estado termina por reconocer, conforme
al Plan, que el ente rector de la salud mental es el Ministerio de Salud. De
este modo se evitaría la duplicidad de funciones que este Tribunal ha observado.
Así, por ejemplo,
C. Acerca de la falta de prioridad
de la salud mental en los planes del sector
El Estado
debe tomar consciencia que la salud mental es un problema público. El
Presupuesto ínfimo es el ejemplo más ilustrativo de la indiferencia estatal
ante una enfermedad que afecta casi al tercio de la población nacional. De otro
lado, no se observa una capacitación profunda de funcionarios en el tema de los
derechos fundamentales de los discapacitados mentales ni la generación de una
consciencia social sobre la salud mental como un derecho humano. Es
imprescindible dotar a
D. En torno al escaso presupuesto, a su
carácter centralizado y al desconocimiento del gasto real en salud mental
El escaso presupuesto y su carácter centralizado son un indicativo más de la forma en que el Estado peruano viene incumpliendo sus compromisos internacionales que lo obligan a proteger la salud como un derecho humano.
Cuando se trata de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, el cumplimiento estatal de sus compromisos internacionales no se meritúa en función de si hay o no Presupuesto, sino en el modo y el comportamiento del Estado para dar inicio a un goce progresivo de estos derechos. Este comportamiento, incompatible con los instrumentos de protección de la salud mental, se hace evidente cuando el propio Estado reconoce que no tiene el presupuesto asignado a la salud mental. Es necesaria la existencia de un marco legal adecuado, con autoridades conscientes del problema y con decisión política para ejecutar un plan progresivo, que debe empezar por la atención inmediata de los enfermos. Solo de este modo se alcanzará a mediano plazo el estándar mínimo de protección que exigen los tratados. Como anota Pedro Nikken, “(…) para establecer que un gobierno ha violado tales derechos no basta con demostrar que no ha sido satisfecho, sino que el comportamiento del poder público en orden a alcanzar este fin no se ha adecuado a los estándar técnicos o políticos apropiados”.
E. En referencia al modelo intramural de
atención y la ausencia de participación comunitaria
Si bien es verdad que el modelo intramural está ampliamente superado y se suplanta por una inserción de los enfermos mentales en la comunidad, también lo es que esto último sólo es posible en estados que han alcanzado un cierto grado de desarrollo y concientización de los derechos humanos de los enfermos y de la prohibición de discriminarlos. Dada la situación real en que se encuentra la política estatal, así como la infraestructura para llevarla a cabo, el modelo intramural debe ser superado gradualmente, y para ello este Colegiado considera que el Ministerio de Salud debe iniciar un plan piloto de instauración del nuevo modelo, a fin de propiciar la inserción gradual y progresiva de los enfermos mentales en la comunidad. Es urgente ejecutar programas que involucren a los gobiernos locales y a la comunidad vecinal, que tengan como propósito la toma de consciencia de que es más beneficioso para un enfermo mental su integración en la comunidad, mejor aún en la familia, que su reclusión en centros de tratamiento. Esto implica el desarrollo de una cultura basada en los valores de los derechos humanos, especialmente en la interdicción de la discriminación de los enfermos mentales.
F. En lo concerniente a la escasa cobertura
médica y de acceso a los medicamentos
Es necesario que el Ministerio de Salud dé inicio a una capacitación de los profesionales médicos del Sector, con la finalidad de cubrir el déficit de profesionales especializados y permitir un mínimo de descentralización. El Propio Plan Nacional de Salud recomienda la necesidad de “definir la conformación de los equipos de profesionales especialistas en salud mental, según el nivel de complejidad” (depresión, ansiedad. bipolaridad, esquizofrenia paranoide, trastornos postraumáticos, etc.)
El Ministerio de Salud debe contemplar en el presupuesto de los próximos años una ampliación de la partida presupuestaria destinada a la entrega gratuita de los fármacos, bajo un principio de equidad para garantizar este acceso equitativo y racional de los medicamentos teniendo en cuenta que los recursos son limitados. Para las personas que no cuentan con capacidad económica, el Ministerio de Salud debe definir una política que permita el acceso a los medicamentos a través de precios adecuados y de calidad. Nada de esto es posible sino se cuenta con la normativa adecuada que garantice el acceso eficaz, oportuno y de calidad a esta clase de medicamentos.
§6.
- Con la finalidad de obtener un diagnóstico oficial y una información actualizada sobre los logros, retrocesos y retos que debe enfrentar la política del Estado en materia de salud mental, este Colegiado solicitó la participación en calidad de amicus curiae del Director de Salud Mental, doctor Hugo Lozada Roca. De su exposición el Tribunal Constitucional pudo rescatar las siguientes cifras y arribar a algunas conclusiones. Así el 70% de la población no tiene una noción apropiada de lo que es la salud mental o simplemente la desconoce, pese a que se trata de un problema de orden público, dadas las cifras oficiales entregadas por el funcionario del sector salud. El desconocimiento de la enfermedad tiene como principal secuela el hecho de que la mayoría de enfermos no reconoce su dolencia y es renuente en asistir a los centros especializados. También existe un marcado prejuicio en torno a las enfermedades mentales que se traduce en una susbsecuente discriminación de la que pueden ser víctimas este sector de la población. Más aún si se tiene en cuenta que el diagnóstico afirma que hay una estrecha asociación entre pobreza y trastornos psiquiátricos, sobre todo en Lima y la selva.
- En el Perú los desordenes neuropsiquiátricos constituyen la principal enfermedad, por encima del cáncer, la tuberculosis, la malaria, las deficiencias cardiovasculares y otros males. Es decir, que “los trastornos mentales, en especial la depresión y los trastornos de ansiedad son problemas serios de salud pública” y que “en general más de un tercio de las poblaciones adultas estudiadas ha padecido algún trastorno psiquiátrico alguna vez en su vida, resaltando Ayacucho e Iquitos”. Este cuadro es harto demostrativo:
SITUACIÓN DE SALUD MENTAL
Fuente: Dirección de Salud Mental- Ministerio de Salud
- La problemática que se presenta en este cuadro, a grosso modo, es que la cifra
poblacional de enfermos mentales se concentra mayormente en la selva y la
sierra. No obstante, la atención de los pacientes en centros
especializados se halla en la ciudad de Lima. La centralización
hospitalaria limita la atención de los pacientes, hecho que se agrava con
la asignación irracional del presupuesto y el insuficiente número de
profesionales.
- Mientras que el 75% de los recursos se destina al
pago de los sueldos, el 78% de los psiquiatras del Ministerio de Salud
trabajan en Lima, un aproximado de 504 médicos. La indiferencia estatal es
de tal envergadura que
En cuanto a
los servicios de salud mental, el amicus
curiae señaló que en el Ministerio de Salud solo diez establecimientos
brindan hospitalización por motivos de salud mental, a pesar de que cuenta con
un total de 462 centros hospitalarios. Según el Informe N.º 102 de
- En conclusión el problema de la salud mental es
asaz complejo. Hunde sus raíces en la violencia juvenil originada por
problemas familiares, la falta de oportunidades, de participación y
recreación. También tiene su origen en la exclusión social que se traduce
en un sentimiento de anomia generalizada. Tampoco puede obviarse la
estrecha vinculación entre la enfermedad mental con el suicidio, la
violencia contra la mujer, los problemas de la adolescencia, el número de
embarazos no deseados en este sector de la población, así como el consumo
y abuso de sustancias adictivas. También es necesario tener en cuenta las
graves secuelas que produce en la salud mental de la población infantil el
trabajo forzoso y el de alto riesgo que es contraproducente con su
desarrollo intelectual, psíquico y moral.
§7. Análisis del caso
concreto
- La recurrente interpone demanda de amparo a favor de su hija G.R.S. contra EsSalud, a fin de que se deje sin efecto el Informe Médico de Alta de fecha 7 de noviembre de 2005. Sostiene que dicho informe afecta el derecho fundamental a la salud de su señora hija, pues, a su juicio, ésta requiere tratamiento psiquiátrico permanente porque adolece de esquizofrenia paranoide. Sustenta sus afirmaciones además en el hecho de que, a su entender, el informe es contradictorio y no toma en cuenta que la demandante no está en la posibilidad de hacerse cargo de la paciente.
- En su defensa, el demandado ha argumentado que la decisión de alta de G.R.S. se sustenta en criterios estrictamente médicos. Que la demandante lo que en realidad pretende es desentenderse de su obligación familiar de asumir la curatela de la paciente. Que en ningún momento se ha sustraído de sus obligaciones con respecto a la paciente. Que en todo caso, el criterio médico que ha sustentado la decisión de dar de alta a G. R. S. no es susceptible de cuestionamiento, por cuanto se ha basado en que la paciente no necesita de un tratamiento permanente. Y que no considera que se esté vulnerando el derecho fundamental a la salud de G. R. S.
- El Informe Médico de Alta señala, de manera general, que la paciente G.R.S. ha obtenido una mejora casi total en el área psicopatológica y significativa en el de desempeño laboral, excesos conductuales, actividades de la vida diaria y socialización. Sin embargo, en el mismo Informe se indica que la paciente requiere de un apoyo especial por parte de su familia. Es decir, se condiciona el éxito del tratamiento médico a que éste se complemente con un adecuado apoyo familiar.
- No obstante a folios 9 obra la carta de fecha 23 de junio de 2005, mediante la cual la madre de la señora G. R. S. se dirige al Director de EsSalud de Pasco. En esta correspondencia la madre expresa que es una anciana que vive sola; que su esposo falleció en el año 2004; y que carece de los servicios básicos de agua y luz, por lo que considera imposible hacerse cargo de su hija, sobre todo debido a su avanzada edad.
- Asimismo, a folios 34 se aprecia el Certificado Médico N.º 719519 de fecha 19 de noviembre de 2004, mediante el cual se certifica que la recurrente fue operada de la cadera izquierda (prótesis), y que, por lo tanto, no está en condiciones de cuidar a otra persona, sino que, por el contrario, ella también debe tener cuidados especiales a cargo de personas dedicadas al cuidado de enfermos y ancianos.
- También debe tenerse en consideración que en el Informe de Alta se evidencia las dificultades que en otras oportunidades ha tenido la paciente G. R. S. para su reinserción familiar. Se ha sentido discriminada y ha mostrado una gran agresividad selectiva contra la madre (folio 46).
- De todos estos elementos objetivos puede concluirse que no obstante el Informe de Alta, la paciente G.R.S. no tiene las condiciones familiares necesarias para que su tratamiento médico sea vigilado. Más aún si éste requiere mantener el tratamiento farmacológico por tiempo indefinido con fármaco vigilancia, lo cual, como es evidente, no puede ser realizado por la madre debido a su avanzada edad y a los impedimentos físicos que padece y por no existir otro pariente que la sustituya.
- Finalmente, el Informe Médico de Alta concluye que la paciente G. R. S. requiere de un régimen de Hospital de Día en salud mental; soporte psicoeducativo a familiares; mantener por tiempo indefinido el tratamiento farmacológico con fármaco vigilancia; que las recomendaciones deben ser administradas y coordinadas por su hospital de origen; y, por último, que debe salir de alta y acudir con familiares a consultorio de psiquiatría o en su defecto de medicina general.
La participación del doctor Enrique Galli en su calidad de amicus curiae
- Si bien es verdad que el Tribunal Constitucional
puede resolver el caso de autos teniendo en cuenta los mandatos de
- Dada la complejidad de la incertidumbre jurídica planteada, este Alto Colegiado entiende que no es posible formarse juicio sin la ayuda técnica de un experto en salud mental. De ahí que el Tribunal Constitucional ha creído por conveniente solicitar la participación del reconocido psiquiatra Enrique Galli como amicus curiae de los jueces.
- El doctor Galli expresó que el institucionalismo
crónico produce daño y síntomas. Y que si bien es verdad que en los países
desarrollados hace tiempo que ha sido superado, dando lugar al cierre de
los manicomios, el amicus curiae es
de la opinión que la realidad psiquiátrica de los países desarrollados no
se condice con nuestra realidad. Destacó que
“Si el paciente
deja de tomarlo, como lo va a dejar de tomar, a los pocos días, va a presentar
un síndrome de abstinencia, que es una reagudización de la psicosis
severísima”.
- Asimismo describió sucintamente la situación médica de G. R. S. de acuerdo con lo que se detalla en el Informe Médico de Alta:
“Es una paciente que tiene un severo deterioro en el
desempeño ocupacional, que tiene una disfunción familiar moderada, que tiene
una disfunción social moderada, que tiene la única persona que la va a recibir
es una mamá de ochenta años. Que además de esto toma Closapina, que es un
antipsicótico, que sabemos que puede producir agranulositosis y que necesitamos
hacerle hemogramas mensuales. Que es una paciente que además de eso, por
(…)
Es una paciente que en un momento se le diagnosticó
hipotiroidismo, y después se le dijo que estaba dentro de lo normal. Nosotros
sabemos que la tiroides, problemas hormonales, diabetes, son enfermedades
asociadas a la esquizofrenia y al trastorno bipolar. Es una paciente con
coeficiente mental que no supera los 77. O sea, que es una paciente con retraso
mental. Entonces no es solamente una esquizofrénica, es una esquizofrénica
potencialmente agresiva, crónica incurable, que toma un fármaco que puede
llevarla a la muerte (…)”.
- El amicus curiae concluyó que a pesar de que el sistema intramural está proscrito por el sistema internacional de protección de los derechos humanos, la realidad del país es un obstáculo para alcanzar el mínimo que exigen los estándares internacionales. De ahí que sugirió:
“Si esta paciente tuviera un nivel económico medio o
alto, en el cual tuviera los cuidados necesarios y suficientes, nosotros
podríamos estar de acuerdo con que la paciente regrese a su casa, sería el
mejor sitio a estar. Pero una paciente en la cual no tiene el entorno social
adecuado y tiene esta enfermedad y estas medicinas que tienen riesgo de vida
para ella y para terceros. Yo creo que debemos de tratar de protegerla, no
encerarla para hacerle daño, porque en nuestros países todavía tienen que
existir y seguir existiendo estos manicomios, entre comillas, para estos
pacientes abandonados”.
- Esta situación impide una aplicación mecánica de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, pues ello supondría declarar que la paciente G. R. S. debe abandonar el nosocomio para integrarse a su entorno familiar y social, e implicaría un desconocimiento en el caso concreto, del derecho a la salud, a la vida y a la dignidad de G. R. S.
- Cuando
- A ello hay que agregar que la realidad de la salud en el Perú se traduce en un sistema legal hospitalario y político sumamente fragmentado y desorganizado, que se estructura en función de la capacidad económica de las personas; y que da origen a inequidades en el reparto de los recursos presupuestarios, lo que trae como consecuencia que la atención y los gastos obedezcan a patrones de exclusión de los más pobres. Ello produce ciudadanos con derechos diferenciados, a tal punto que existen dos modelos de atención: uno basado en la atención primaria destinada a los más pobres y, otro, de naturaleza hospitalaria, en el cual se concentra la mayor parte de los recursos públicos pero que está destinado a la poblaciones de las clases medias y altas, principalmente afincadas en las zonas urbanas, con detrimento de los más pobres, especialmente de las personas que habitan en las zonas rurales.
- El Tribunal Constitucional, en el caso, constata la imposibilidad de que la madre de la paciente G.R.S. pueda hacerse cargo de ella debido a su avanzada edad, y advierte también la necesidad de que una persona lleve un control del tratamiento farmacológico que como lo ha expresado el amicus curiae, ha de ser por tiempo indefinido. Es necesario disponer, por tanto, que las autoridades del centro hospitalario donde se encuentra la paciente brinden de por vida las atenciones médicas necesarias para que no haya retrocesos en el nivel de desarrollo de la enfermedad de la cual adolece G. R. S.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
- Declarar FUNDADA la demanda de amparo.
- Dejar sin efecto el informe de alta de fecha 7 de noviembre de 2005, expedido por el Hospital 1 Huariaca-EsSalud – Pasco.
- Ordenar que el Seguro Social de Salud–EsSalud, otorgue a G.R.S., atención médica y hospitalización permanente e indefinida, y la provisión constante de medicamentos necesarios para el tratamiento de su enfermedad mental, así como la realización de exámenes periódicos.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
VERGARA GOTELLI
ÁLVAREZ MIRANDA