EXP. N.° 02748-2010-PHC/TC
LIMA
ALEXANDER
MOSQUERA
IZQUIERDO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 11 días del mes de agosto
de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión de
Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Presidente; Beaumont Callirgos,
Vicepresidente; Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Macjhoner Lezama Gutarra, a favor de don Alexander Mosquera Izquierdo,
contra la sentencia expedida por
ANTECEDENTES
Con fecha 3 de mayo de 2010, don Alexander Mosquera Izquierdo interpone demanda de hábeas corpus contra el juez del Quincuagésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, don Omar Abraham Ahomed Chávez, a fin que se ordene su inmediata libertad, por considerar que se ha vulnerado su derecho a la libertad individual más concretamente, el derecho a que la prisión preventiva no exceda el plazo legal.
Refiere el actor que a la fecha ha cumplido 18 meses de prisión preventiva en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. N.° 51019-2008), habiendo cumplido el plazo legal que señala el artículo 137º, primer párrafo, del Código Procesal Penal de 1991; no obstante ello, señala que el juez emplazado no ha ordenado su inmediata libertad, lo cual, vulnera el derecho invocado.
El Trigésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 12 de mayo de 2010, declaró infundada la demanda, por considerar que no se ha vulnerado el derecho invocado, toda vez que tratándose de delitos de tráfico ilícito de drogas el plazo inicial se duplica de manera automática (36 meses), encontrándose dentro de dicho plazo.
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del actor, toda vez que, según refiere, viene cumpliendo mandato de prisión preventiva, por un plazo superior a los 18 meses, sin que exista sentencia condenatoria en primera instancia (plazo que para los procesos penales ordinarios establece el artículo 137º, primer párrafo, del Código Procesal Penal), lo cual, vulnera su derecho a la libertad personal, más concretamente, el derecho a que la prisión preventiva no exceda el plazo legal.
Cuestión
previa
2. Previo a evaluar la pretensión que se postula en la demanda de autos, este Tribunal, consciente de la problemática del país y de la política de interés nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la criminalidad organizada, considera pertinente, en el presente caso, efectuar algunas precisiones sobre el control constitucional de la duración de la investigación preliminar en este tipo de delitos a cargo del Ministerio Público.
El control
constitucional de las actuaciones del Ministerio Público
3.
El artículo 159º de
4.
En ese sentido, la
posibilidad que la justicia constitucional realice un control de las
actuaciones del Ministerio Público tiene su sustento, entre otros supuestos, en
la garantía y el pleno respeto del derecho fundamental al debido proceso y sus
diversas manifestaciones. Y es que, hoy por hoy, no existe duda que este
derecho despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales; es decir, ahí en
la fase del proceso penal en la que al Ministerio Público le corresponde
concretizar el mandato previsto en el artículo 159º de
El derecho
constitucional al plazo razonable de la investigación preliminar
5. El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación del derecho al debido proceso alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que ello ocurra, debe existir la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal. Sobre el particular, este Tribunal en la sentencia del Exp. Nº 5228-2006-PHC/TC, Gleiser Katz, ha precisado con carácter de doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar del CPConst) que para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, se debe acudir cuando menos a dos criterios: Uno subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del fiscal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación.
6. Dentro del criterio subjetivo, en cuanto se refiere a la actuación del investigado, es de señalar que la actitud obstruccionista de este puede manifestarse en: 1) la no concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo de la investigación, 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a determinados procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la investigación prejurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la formalización de la denuncia penal.
7.
En cuanto a la actividad
del fiscal, los criterios a considerar son la capacidad de dirección de la
investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que
8. Dentro del criterio objetivo, a juicio del Tribunal Constitucional, cabe comprender la naturaleza de los hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del objeto a investigar. Al respecto, es del caso señalar que la complejidad puede venir determinada no sólo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados más aún si se trata de organizaciones criminales nacionales y/o internacionales, la particular dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales que se requieran, así como la complejidad de las actuaciones que se requieran para investigar los tipos de delitos que se imputan al investigado, como por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, etc. También debe considerarse el grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público.
9. Sobre lo anterior, cabe precisar que, la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar no puede ser advertida por el simple transcurso cronológico del tiempo, como si se tratase de una actividad mecánica, sino que más bien se trata de una actividad compleja que requiere del uso de un baremo de análisis especial que permita verificar las específicas circunstancias presentes en cada investigación (actuación del investigado, actuación del fiscal y la naturaleza de los hechos objeto de la investigación). Asimismo, este Tribunal considera que el plazo razonable de la investigación preliminar no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo para todos los casos, traducido en un número fijo de días, semanas, meses o años, sino que tal razonabilidad, inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas de cada caso. En ese sentido, esta especial evaluación debe ser realizada en principio por el propio Fiscal a cargo de la investigación (de oficio o a pedido de parte), mediante una decisión debidamente motivada o, por el juez constitucional cuando conozca de procesos constitucionales en que se alegue la afectación de este derecho constitucional.
10. Por otro lado, si bien el Nuevo Código Procesal Penal de 2004 aún
no está vigente en todo el país no cabe duda que este cuerpo legal contiene
diversos dispositivos que contribuyen al perfeccionamiento del derecho procesal
peruano que se erige como el programa procesal penal de
11. No obstante ello, se advierte que el plazo de investigación preparatoria previsto en el artículo 342.2 del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, no se condice con la realidad social, ni con la capacidad de actuación del Ministerio Público, pues es de conocimiento público que existen investigaciones preliminares o preparatorias sobre tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos que por la complejidad del asunto exceden los ocho meses, que pueden ser prorrogados por igual plazo.
Por esta razón, este Tribunal estima que el plazo previsto en el
artículo referido debe ser modificado con la finalidad de que no queden impunes
los delitos de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, pues vencido el
plazo (8 o 16 meses) se puede ordenar la conclusión de la investigación
preparatoria. De ahí que, se le exhorte al Congreso de
La tutela del derecho al plazo razonable de la
investigación preliminar
12. Llegado hasta aquí, este Tribunal considera que la tutela del derecho al plazo razonable de la investigación preliminar no supone la exclusión del demandante de la investigación, sino que actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal en su fase preliminar, lo que, corresponde es la reparación in natura por parte del Ministerio Público que consiste en emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento sobre el fondo del asunto que suponga la conclusión de la investigación prejurisdiccional, bajo responsabilidad. Ahora bien, como es obvio, dicho pronunciamiento atendiendo a las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público puede materializarse sea en la formalización de la denuncia o, sea en el archivo definitivo de la investigación, etc.
13. No obstante lo anterior, este Tribunal precisa que el plazo para el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, debe ser fijado por el juez constitucional, en cada caso concreto, teniendo en cuenta el estado actual de la investigación, la importancia de los bienes jurídicos tutelados, la incidencia en los valores e instituciones básicas de todo Estado Constitucional de Derecho y el cumplimiento de los deberes y obligaciones constitucionales, así como procurando que dicho plazo no sea un imposible para unos casos y/o un exceso para otros.
14. De otro lado, surge la interrogante sobre la consecuencia jurídica
aplicable en los casos en que ya se ha formalizado la denuncia penal. Sobre el
particular, este Tribunal considera que al encontrarse ya judicializado
los hechos materia de la persecución penal, corresponde al juez de la causa,
efectuar el respectivo examen constitucional, a fin de verificar la violación o
no del derecho al plazo razonable de la investigación preliminar. En este orden
de cosas, la eventual determinación y/o verificación de la vulneración del
derecho no supone como es obvio, el archivo o la conclusión de la investigación
judicial, sino que el juez de la causa deberá poner en conocimiento de esta
circunstancia a las instancias correspondientes para las responsabilidades a
que hubiere lugar (Oficina de Control de
15. Finalmente, cabe recordar que los delitos de tráfico ilícito de
drogas y lavado de activos, constituyen ilícitos de carácter pluriofensivo, en la medida que ponen en estado de alarma y
peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado. Es por
ello, que la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en el
artículo 8º de
16. La presente postura jurisprudencial se sustenta no solamente en la
obligación constitucional impuesta por el artículo 8º de
De manera similar, en virtud
del Convenio sobre Sustancias
Psicotrópicas de 1971, el Estado se comprometió a realizar acciones
preventivas y represivas contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas
contenidas en las listas anexas a dicho convenio. Asimismo, por imperio de
Por último, se encuentra
Como puede apreciarse, el tráfico ilícito de drogas es un flagelo social que entraña un peligro para la vida digna y pacífica de la humanidad, pues no sólo afecta la salud física, psicológica y moral de las personas, sino que también afecta a la sociedad y al Estado en su conjunto, ya que incrementa los niveles de violencia y delincuencia, implantando una cultura de miedo, inseguridad y zozobra; así como fomentando la corrupción, el debilitamiento de las instituciones y generando desaliento en la inversión privada. Por estas razones, este Tribunal estima que es adecuado y racional habilitar excepcionalmente el recurso de agravio constitucional contra sentencias estimatorias de segundo grado, pues no puede permitirse ni avalarse que los delitos de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos queden impunes.
Análisis
del caso materia de controversia constitucional
17. Sobre el plazo de la prisión preventiva, el artículo 137º, primer
párrafo, del Código Procesal Penal de 1991 establece que su duración para los
procesos ordinarios es de 18 meses. A su vez, prescribe que “Tratándose de
procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje
y otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en
agravio de igual número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención
se duplicará”. Asimismo, este Tribunal en la sentencia del Exp. N.°
0330-2002-HC/TC, Ben Okoli
y otro ha precisado que vencido el plazo límite de detención sin haberse
dictado sentencia en primer grado, la dúplica procede
automáticamente, es decir, se extiende hasta 36 meses.
18. En el caso de autos, a fojas 55 obra la resolución de fecha
30 de abril de 2010, que señala que dado que los inculpados vienen siendo procesados
por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, el plazo
máximo inicial de la prisión preventiva de 18 meses se duplica de manera
automática por el plazo máximo de 36 meses, el mismo que a la fecha no ha
vencido; por lo que este Tribunal entiende
que la detención judicial que cumple el actor, a la fecha, no ha
excedido plazo legal, pues, conforme al criterio jurisprudencial precisado por
este Tribunal para este tipo de delitos, la dúplica
procede de manera automática. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada
al no haberse acreditado la vulneración del derecho a que la prisión preventiva
no exceda el plazo legal.
Por estos
fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
1.
Declarar INFUNDADA la
demanda de hábeas corpus al no haberse producido la violación del derecho a la
libertad personal, más concretamente, el derecho a que la prisión preventiva no
exceda el plazo legal.
2.
Establecer que los fundamentos
3.
Disponer que de conformidad
con lo establecido en los artículo 8º de
4.
Exhortar al Congreso de
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
ETO
CRUZ
ÁLVAREZ
MIRANDA
URVIOLA
HANI