EXP. N.° 01047-2011-PA/TC

LIMA NORTE

EDGAR ANTONIO

PIZARRO CALERO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 19 de mayo de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Antonio Pizarro Calero contra la resolución expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 46, su fecha 14 de enero de 2011, que confirmando la apelada, rechazó in límine la demanda y la declaró improcedente; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 20 de julio de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Asamblea Nacional de Rectores a fin de que la Resolución N.º 0625-2010-ANR sea separada del ordenamiento jurídico (sic), toda vez que viola sus derechos a que se respete, cumpla y defienda la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación; a la primacía de la Constitución; a la autonomía de las universidades; a obtener una resolución fundada en derecho, así como el principio de legalidad (sic).

2. Que el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima Norte, mediante resolución de fecha 26 de julio de 2010 declaró improcedente, in límine, la demanda, en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional.

3. Que por su parte, la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte confirmó dicha decisión por el mismo fundamento.

4. Que de autos fluye que lo que el actor alega es que con la expedición de la cuestionada resolución –que no ha sido adjuntada a los autos–, la entidad emplazada se está tomando atribuciones que no le corresponden al nombrar un Comité Electoral externo, violando la autonomía de la Universidad Nacional Federico Villarreal y negando el derecho de los estudiantes de participar en las decisiones de la universidad.

5. Que tal y como ya ha sido establecido por este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0206-2005-PA/TC, la vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen legal del proceso de amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la procedencia de las demandas de amparo. Con ello se cambia el anterior régimen procesal del amparo que establecía un sistema alternativo. En efecto, conforme al artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado.

6. Que sobre el particular, este Colegiado ha precisado que “(...) tanto lo que estableció en su momento la Ley N.° 23506 y lo que prescribe hoy el Código Procesal Constitucional, respecto al amparo alternativo y al amparo residual, ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario” [Exp. N.° 4196-2004-AA/TC, F. 6].

7. Que en efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales les corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138.º de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138.º.

8. Que consecuentemente, solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad de proteger el derecho constitucional presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin, debe acudir a dicho proceso.

9. Que en el presente caso, el acto presuntamente lesivo se encuentra constituido por la Resolución N.º 0625-2010-ANR, la cual puede ser cuestionada a través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N.º 27854. Dicho procedimiento constituye una “vía procedimental específica” para la remoción del presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en la demanda y, a la vez, resulta también una vía “igualmente satisfactoria” respecto al “mecanismo extraordinario” del amparo, razón por la que la controversia planteada debió ser dilucidada en el referido proceso.

10. Que en consecuencia, la demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN