EXP. N.° 01486-2011-PA/TC
SANTA
FERNANDO
EUGENIO
LÓPEZ
VIDAL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 30 días del mes de mayo de
2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Álvarez Miranda, Vergara Gotelli y Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto,
adjunto, del Magistrado Beaumont Callirgos
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Eugenio López Vidal contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 1168, su fecha 22 de octubre de 2010, que declaró fundada la excepción de incompetencia por razón de la materia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Mediante demanda de fecha 19 de abril de 2010 y escrito
subsanatorio de fecha 28 de abril de 2010, el recurrente interpone demanda de
amparo contra
El Procurador Público de la Municipalidad emplazada propone la excepción de incompetencia por razón de la materia y contesta la demanda argumentando que entre las partes no existió una relación laboral, por cuanto el demandante estaba sujeto a las normas legales que regulan los contratos administrativos de servicios, por lo que no gozaba de la protección contra el despido arbitrario. Sostiene que el término del vínculo contractual con el demandante se produjo por el vencimiento del plazo establecido en el último contrato administrativo de servicios que suscribieron.
El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote con fecha 16 de junio de 2010 declara infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, por estimar que entre las partes existió un contrato de trabajo a plazo indeterminado al haberse comprobado la existencia de todos los elementos propios de una relación laboral; que el demandante superó el periodo de prueba y que no le resultaba aplicable al demandante lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.º 1057, porque cuando las partes suscribieron los contratos administrativos de servicios, él ya había adquirido la protección contra el despido arbitrario y, por ello sólo podía haber sido despedido por una causa justa prevista en la ley.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la demanda
1.
La presente demanda tiene por
objeto que se ordene la reincorporación del demandante en el cargo que venía
desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Se alega que el
demandante, a pesar de haber suscrito diversos contratos, en los hechos prestó
servicios bajo una relación laboral a plazo indeterminado.
2.
A criterio de la Segunda Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, la excepción de incompetencia
por razón de la materia debe ser estimada porque el proceso
contencioso-administrativo constituye la vía procesal específica, igualmente
satisfactoria, para la protección de los derechos constitucionales
presuntamente vulnerados.
Sobre el particular, debe
recordarse que en el precedente establecido en la sentencia recaída en el Exp.
N.º 0206-2005-PA/TC, este Tribunal determinó, entre otras cosas, que las
pretensiones de reposición del régimen laboral público (Decreto Legislativo N.º
276) debían ser tramitadas y dilucidadas en el proceso
contencioso-administrativo. Por lo tanto, la pretensión en el presente caso, al
no estar relacionada con el régimen laboral establecido por el Decreto
Legislativo N.º 276, merece ser evaluada en el presente proceso por ser
conforme a las reglas de procedencia del precedente mencionado.
3.
Por tal motivo debe concluirse que el criterio mencionado ha sido
aplicado de forma incorrecta, por lo que la excepción de incompetencia por
razón de la materia debe ser desestimada, correspondiendo a este Tribunal
analizar el fondo de la cuestión controvertida.
Análisis
del caso concreto
4. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27° de la Constitución.
Consecuentemente en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción de los contratos administrativos de servicios, los contratos civiles que habría suscrito el demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio de los contratos administrativos de servicios, lo que es constitucional.
5. Cabe señalar que con los Informes Nos. 172-2010-ADP-ORH-MPS (f. 1081) y 58-2010-CAS-MPS (f. 1082), de fecha 20 de mayo de 2010, y el contrato administrativo de servicios (f. 1106), queda demostrado que el demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo establecido en su último contrato administrativo de servicios. Por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral del demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM.
Siendo ello así la extinción de la relación laboral del demandante no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la excepción de incompetencia e INFUNDADA
la demanda, por no haberse acreditado la vulneración de los derechos
constitucionales alegados.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
EXP. N.° 01486-2011-PA/TC
SANTA
FERNANDO
EUGENIO
LÓPEZ
VIDAL
FUNDAMENTO
DE VOTO DEL
MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS
Teniendo en cuenta que en el presente caso se verifica la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el denominado “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS), y sin perjuicio de lo expresado en el Expediente N.º 00002-2010-PI/TC y su respectiva resolución de aclaración, juzgo conveniente manifestar algunos argumentos adicionales:
1. En general, puede afirmarse que el “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS) ha establecido condiciones más favorables para un determinado grupo de trabajadores del sector público, respecto de la afectación de derechos fundamentales producida por los “contratos por locación de servicios” o mal llamados contratos de servicios no personales (SNP), que encubrían verdaderas relaciones de trabajo, tal como lo ha evidenciado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello, aún cuando desde determinados puntos de vista el régimen CAS es más beneficioso en el contexto actual y por ello resulta válido desde una perspectiva constitucional, según ha quedado expresado en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC, estimo que dicho estatus de «constitucionalidad» es uno que con el tiempo podría devenir en «inconstitucional» si es que el Estado peruano, dentro de un plazo razonable, no toma “acciones” dirigidas a mejorar las condiciones ya implementadas y materializar la respectiva igualdad exigida por la Constitución y, por el contrario, persista en mantener indefinidamente el régimen laboral CAS tal y como está regulado en el Decreto Legislativo N.º 1057 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
En efecto, si bien el Tribunal Constitucional ha establecido que las limitaciones o intervenciones en determinados derechos laborales por parte del CAS resultan justificadas (por las razones ya expresadas en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC), ello sólo resulta legítimo en el contexto actual de tránsito hacia mejores condiciones laborales, pero si dichos límites se mantienen indefinidamente resulta claro que se estarían convirtiendo en discriminatorias.
2. En esta obligación del Estado peruano para optimizar progresivamente el goce de los derechos fundamentales laborales de los trabajadores del régimen laboral CAS, deben tomarse en cuenta temas tales como: i) la fijación de límites para la contratación de personal bajo esta modalidad de modo tal que el Estado sólo pueda hacerlo fijando determinados porcentajes respecto del total de trabajadores; ii) la limitación razonable del plazo de duración en el que un trabajador puede estar sujeto al CAS; iii) el fortalecimiento de la estabilidad laboral y la optimización de la protección adecuada contra el despido arbitrario; iv) la regulación para el ejercicio de los derechos colectivos de sindicalización, huelga y negociación colectiva, entre otros derechos laborales que resultaren pertinentes.
3. Asimismo, es imperativo que en un periodo razonable que podría ser, por ejemplo, de 7 años, el Estado debe reconocer derechos equiparables a los regulados en los Decretos Legislativos N.°s 276 y 728 o, caso contrario, la incorporación paulatina de los trabajadores del régimen CAS a los referidos regímenes laborales estatuidos para la respectiva entidad pública, plazo que se justifica en la medida que en la actualidad nos encontramos en una etapa electoral (abril 2011), de modo que serán los siguientes representantes del Estado (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo) los encargados de concretizar gradualmente los aludidos derechos. Si bien este tránsito, que exige nuevos o mayores gastos públicos, debe producirse de manera progresiva, tal como lo dispone la Undécima Disposición Final y Transitoria de la Norma Fundamental, no puede desconocerse que es deber del Estado la materialización de la «igualdad exigida por la Constitución» entre los derechos de los trabajadores CAS y aquellos derechos de otros regímenes laborales del sector público.
S.
BEAUMONT CALLIRGOS