EXP.
N.° 02413-2011-PA/TC
CALLAO
MARY FELY DÍAZ ROLDÁN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 4 días del mes de agosto de
2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli y Calle Hayen,
pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto, adjunto, del
magistrado Beaumont Callirgos
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mary Fely Díaz Roldán contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 416, su fecha 20 de enero de 2011, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 25 de marzo de 2009 la recurrente interpone demanda de amparo contra el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario del que habría sido objeto, y que en consecuencia sea repuesta en el cargo que venía ocupando. Refiere que prestó servicios a la parte emplazada desde el 1 de febrero de 2008 hasta el 2 de febrero de 2009, suscribiendo inicialmente contratos de locación de servicios y posteriormente contratos administrativos de servicios. Sostiene que ha sido despedida sin expresión de una causa justa prevista en la ley, pese a que en los hechos se había configurado una relación laboral a plazo indeterminado, vulnerándose así sus derechos constitucionales al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al debido proceso.
El Procurador Público del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social propone las excepciones de incompetencia por razón de la materia y del territorio, y contesta la demanda argumentando que entre las partes nunca existió una relación laboral, toda vez que éstas suscribieron contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios, por lo que no ha existido un despedido arbitrario sino la extinción del vínculo contractual de la demandante como consecuencia del vencimiento del plazo establecido en su último contrato.
El Cuarto Juzgado Civil del Callao, con fecha 1 de diciembre de 2009, declara infundadas las excepciones propuestas; y con fecha 21 de abril de 2010, declara fundada la demanda por estimar que desde el inicio del vínculo contractual se configuró entre las partes una relación laboral a plazo indeterminado, ya que sus contratos de locación encubrían la prestación de un trabajo subordinado, motivo por el cual la demandante sólo podía ser despedida por alguna de las causales justas de despido contempladas en la ley.
La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por estimar que la presente controversia debe ser dilucidada en la vía ordinaria laboral en la que se deberá analizar si se desnaturalizaron o no los contratos de locación de servicios que suscribieron las partes antes de celebrarse los contratos administrativos de servicios, por tratarse de periodos independientes.
FUNDAMENTOS
Petitorio y procedencia de la demanda
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición de la demandante en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido arbitrario. Se alega que la demandante, a pesar de haber suscrito contratos de locación de servicios, en los hechos prestó servicios bajo una relación laboral.
2. Por su parte, el emplazado manifiesta que no se ha producido un despido arbitrario pues la relación contractual se encontraba bajo los alcances de las normas que regulan los contratos administrativos de servicios.
3. expuestos los argumentos por las partes y conforme a los criterios
de procedencia establecidos en el precedente vinculante de
Análisis del caso concreto
4. Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en
las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC,
así como en
Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribió la demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, lo que es constitucional.
5. Hecha la precisión que antecede, cabe señalar que con el contrato administrativo de servicios obrante a fojas 89, queda demostrado que la demandante ha mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo de su contrato, esto es, el 31 de enero de 2009. Por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral de la demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h del numeral 13.1 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM.
Siendo ello así, se concluye que la extinción de la relación laboral de la demandante no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que le confiere
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
VERGARA GOTELLI
CALLE HAYEN
EXP.
N.° 02413-2011-PA/TC
CALLAO
MARY FELY DÍAZ ROLDÁN
FUNDAMENTO
DE VOTO DEL
MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS
Teniendo en cuenta que en el presente caso se verifica la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el denominado “Contrato Administrativo de Servicios” (CAS), y sin perjuicio de lo expresado en el Expediente N.º 00002-2010-PI/TC y su respectiva resolución de aclaración, juzgo conveniente manifestar algunos argumentos adicionales:
1.
En general, puede afirmarse que el
“Contrato Administrativo de Servicios” (CAS) ha establecido condiciones más
favorables para un determinado grupo de trabajadores del sector público,
respecto de la afectación de derechos fundamentales producida por los
“contratos por locación de servicios” o mal llamados contratos de servicios no
personales (SNP), que encubrían verdaderas relaciones de trabajo, tal como lo ha
evidenciado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello, aún
cuando desde determinados puntos de vista el régimen CAS es más beneficioso en el contexto actual y por
ello resulta válido desde una perspectiva constitucional, según ha quedado
expresado en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC, estimo que dicho estatus de
«constitucionalidad» es uno que con el tiempo podría devenir en
«inconstitucional» si es que el Estado peruano, dentro de un plazo razonable,
no toma “acciones” dirigidas a mejorar las condiciones ya implementadas y
materializar la respectiva igualdad exigida por la Constitución y, por el
contrario, persista en mantener indefinidamente el régimen laboral CAS tal y como está regulado en el Decreto
Legislativo N.º 1057 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
En efecto, si bien el Tribunal
Constitucional ha establecido que las limitaciones o intervenciones en
determinados derechos laborales por parte del CAS resultan justificadas (por
las razones ya expresadas en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC), ello sólo
resulta legítimo en el contexto actual de tránsito hacia mejores condiciones
laborales, pero si dichos límites se mantienen indefinidamente resulta claro
que se estarían convirtiendo en discriminatorias.
2.
En esta obligación del Estado peruano
para optimizar progresivamente el goce de los derechos fundamentales laborales
de los trabajadores del régimen laboral CAS, deben tomarse en cuenta temas
tales como: i) la fijación de límites
para la contratación de personal bajo esta modalidad de modo tal que el Estado
sólo pueda hacerlo fijando determinados porcentajes respecto del total de
trabajadores; ii) la limitación razonable del plazo de duración en el
que un trabajador puede estar sujeto al CAS; iii) el fortalecimiento de la
estabilidad laboral y la optimización de la protección adecuada contra el
despido arbitrario; iv) la regulación para el ejercicio de los derechos
colectivos de sindicalización, huelga y negociación colectiva, entre otros
derechos laborales que resultaren pertinentes.
3.
Asimismo, es imperativo que en un
periodo razonable que podría ser, por ejemplo, de 7 años, el Estado debe
reconocer derechos equiparables a los regulados en los Decretos Legislativos
N.°s 276 y 728 o, caso contrario, la incorporación paulatina de los
trabajadores del régimen CAS a los referidos regímenes laborales estatuidos
para la respectiva entidad pública, plazo que se justifica en la medida que en
la actualidad nos encontramos en una etapa electoral (abril 2011), de modo que
serán los siguientes representantes del Estado (Poder Legislativo y Poder
Ejecutivo) los encargados de concretizar gradualmente los aludidos derechos. Si
bien este tránsito, que exige nuevos o mayores gastos públicos, debe producirse
de manera progresiva, tal como lo dispone la Undécima Disposición Final y
Transitoria de la Norma Fundamental, no puede desconocerse que es deber del
Estado la materialización de la «igualdad exigida por la Constitución» entre
los derechos de los trabajadores CAS y aquellos derechos de otros regímenes
laborales del sector público.
S.
BEAUMONT
CALLIRGOS