EXP. N.° 03992-2010-PA/TC

PIURA

JORGE LUIS PACHERRES

ORDINOLA Y OTRO

 

           

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 17 días del mes de enero de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruyz, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Beaumont Callirgos

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Pacherres Ordinola y otro contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 113, su fecha 16 de setiembre de 2010, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 30 de diciembre de 2009, los recurrentes interponen demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Piura, solicitando que cese la amenaza de despido arbitrario que se configuraría al no renovarles el contrato conforme a los términos expuestos en las Cartas N.os 517-2009-OL/MPP y 519-2009-OL/MPP, de fecha 10 de diciembre de 2009. Manifiestan que inicialmente laboraron como locadodes de servicios, y que posteriormente prescribieron contratos administrativos de servicios por el periodo comprendido desde el 2 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2009, fecha en la cual concluirán sus contratos y, por tanto, serán despedidos arbitrariamente, pese a que en los hechos se ha configurado una relación laboral de naturaleza indeterminada, por lo que se estaría vulnerando su derecho al trabajo.

 

La Municipalidad emplazada contesta la demanda argumentando que los demandantes no fueron despedidos arbitrariamente, sino que sus vínculos contractuales se extinguieron debido al vencimiento del plazo contractual establecido en sus respectivos contratos administrativos de servicios.

 

El Primer Juzgado Civil de Piura, con fecha 14 de junio de 2010, declara fundada la demanda, por estimar que se ha vulnerado el derecho al trabajo de los demandantes pues habían superado el periodo de prueba y, por lo tanto, ya gozaban de protección contra el despido arbitrario.

 

La Sala superior competente revoca la apelada y, reformándola, declara improcedente la demanda, por considerar que existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional vulnerado.

FUNDAMENTOS

 

Procedencia de la demanda

 

1.      Si bien inicialmente los demandantes solicitaron que cese la amenaza de ser despedidos arbitrariamente; conforme se advierte de autos, a la fecha los demandantes ya no tienen vínculo contractual con la Municipalidad emplazada; por lo que el objeto de la demanda es su reposición en los cargos que venían desempeñando, por haber sido despedidos arbitrariamente. Alegan que a pesar de haber suscrito contratos de locación de servicios, y posteriormente contratos administrativos de servicios en los hechos prestaron servicios bajo una relación laboral.

 

2.      La Municipalidad emplazada manifiesta que los demandantes no fueron despedidos arbitrariamente, sino que se extinguieron sus respectivos vínculos contractuales cuando venció el plazo de sus contratos administrativos de servicios.

 

3.      De conformidad con los argumentos expuestos por las partes y los criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC 00206-2005-PA/TC, en el presente caso procede evaluar si los demandantes han sido objeto de un despido arbitrario.

 

Análisis del caso concreto

 

4.   Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27° de la Constitución.

 

Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción de los contratos administrativos de servicios, los contratos civiles que habrían suscritos los demandantes fueron desnaturalizados, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio de los contratos administrativos de servicios, lo que es constitucional.

 

5.      Con la Carta N.º 517-2009-OL/MPP y la Carta N.º 519-2009-OL/MPP, ambas de fecha 10 de diciembre de 2009 (ff. 4 y 5), los reportes de pago (ff. 7 a 12) y la “Liquidación de vacaciones truncas del personal de contratos administrativos de servicios – CAS” (f. 45), queda demostrado que los demandantes han mantenido una relación laboral a plazo determinado, que culminó al vencer el plazo establecido en sus respectivos contratos administrativos de servicios. Por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración de los referidos contratos, la extinción de la relación laboral de los demandantes se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM.

 

Siendo ello así, la extinción de la relación laboral de los demandantes no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no cabe estimar la demanda.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho al trabajo.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 03992-2010-PA/TC

PIURA

JORGE LUIS PACHERRES

ORDINOLA Y OTRO

 

 

 

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL

MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS

 

 

Teniendo en cuenta que en el presente caso se verifica la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el denominado "Contrato Administrativo de Servicios" (CAS), y sin perjuicio de lo expresado en el Expediente N.° 00002-2010-PI/TC y su respectiva resolución de aclaración, juzgo conveniente manifestar algunos argumentos adicionales:

 

1.      En general, puede afirmarse que el "Contrato Administrativo de Servicios" (CAS) ha establecido condiciones más favorables para un determinado grupo de trabajadores del sector público, respecto de la afectación de derechos fundamentales producida por los "contratos por locación de servicios" o mal llamados contratos de servicios no personales (SNP), que encubrían verdaderas relaciones de trabajo, tal como lo ha evidenciado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello, aún cuando desde determinados puntos de vista el régimen CAS es más beneficioso en el contexto actual y por ello resulta válido desde una perspectiva constitucional, según ha quedado expresado en el Expediente N.° 00002-2010-PUTC, estimo que dicho estatus de «constitucionalidad» es uno que con el tiempo podría devenir en «inconstitucional» si es que el Estado peruano, dentro de un plazo razonable, no toma "acciones" dirigidas a mejorar las condiciones ya implementadas y materializar la respectiva igualdad exigida por la Constitución y, por el contrario, persista en mantener indefinidamente el régimen laboral CAS tal y como está regulado en el Decreto Legislativo N.° 1057 y su reglamento, el Decreto Su remo N° 075-2008-PCM.

 

En efecto, si bien el Tribunal Constitucional ha establecido que las limitaciones o intervenciones en determinados derechos laborales por parte del CAS resultan justificadas (por las razones ya expresadas en el Expediente N.° 00002-2010-P1/TC), ello sólo resulta legítimo en el contexto actual de tránsito hacia mejores condiciones laborales, pero si dichos límites se mantienen indefinidamente resulta claro que se estarían convirtiendo en discriminatorias.

 

2.  En esta obligación del Estado peruano para optimizar progresivamente el goce de los

derechos fundamentales laborales de los trabajadores del régimen laboral CAS, deben tomarse en cuenta temas tales como: i) la fijación de límites para la contratación de personal bajo esta modalidad de modo tal que el Estado sólo pueda hacerlo fijando determinados porcentajes respecto del total de trabajadores; ii) la limitación razonable del plazo de duración en el que un trabajador puede estar sujeto al CAS; iii) el fortalecimiento de la estabilidad laboral y la protección adecuada contra el despido arbitrario; iv) la regulación para el ejercicio de los derechos colectivos de sindicalización, huelga y negociación colectiva, entre otros derechos laborales que resultaren pertinentes.

 

3.  Asimismo, es imperativo que en un periodo razonable que podría ser, por ejemplo, de 7 años, el Estado debe reconocer derechos equiparables a los regulados en los Decretos Legislativos N.os 276 y 728 o, caso contrario, la incorporación paulatina de los trabajadores del régimen CAS a los referidos regímenes laborales estatuidos para la respectiva entidad pública, plazo que se justifica en la medida que en la actualidad (finales de año 2010) nos encontramos en una etapa pre electoral (abril 2011), de modo que serán los siguientes representantes del Estado (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo) los encargados de concretizar gradualmente los aludidos derechos. Si bien este tránsito, que exige nuevos o mayores gastos públicos, debe producirse de manera progresiva, tal como lo dispone la Undécima Disposición Final y Transitoria de la Norma Fundamental, no puede desconocerse que es deber del Estado la materialización de la «igualdad exigida por la Constitución» entre los derechos de los trabajadores CAS y aquellos derechos de otros regímenes laborales del sector público.

 

S.

 

BEAUMONT CALLIRGOS