SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los nueve días del mes de noviembre de
2020, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores
magistrados Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia
la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de
agravio constitucional interpuesto por don Isidoro Quispe Echabantez contra la
sentencia de fojas 327, de fecha 27 de mayo de 2019, expedida por la Sala Civil
de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín que declaró improcedente
la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 23 de marzo de 2018, el
recurrente interpone demanda de amparo contra Rímac Seguros y Reaseguros,
mediante la cual solicita que cumpla con otorgarle pensión de invalidez por
enfermedad profesional conforme a la Ley 26790 y su reglamento aprobado por DS
009-98-SA, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los
costos del proceso.
El actor sostiene que ha laborado para la
empresa Compañía Minera Buenaventura SAA en las modalidades de superficie e
interior mina; y que padece de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial
bilateral profunda con 59 % de menoscabo global, de acuerdo al
certificado de evaluación médica de fecha 14 de diciembre de 2017 (f. 25) emitido
por la comisión médica del Hospital Eleazar Guzmán Barrón – Nuevo Chimbote.
La emplazada, con fecha 19 de abril
de 2018, contesta la demanda alegando que el certificado médico fue expedido
por una autoridad no competente, Comisiones Médicas de los Hospitales del
Ministerio de Salud, para pronunciarse sobre la existencia de enfermedades
profesionales.
El Tercer Juzgado Civil de Huancayo
de la Corte Superior de Justicia de Junín, con fecha 18 de enero de 2019,
declaró fundada la demanda, por considerar que el demandante acreditó el
padecimiento de las enfermedades profesionales alegadas, y que no se aportaron
medios de prueba que contradigan el diagnóstico del certificado médico.
La Sala Civil Permanente de Huancayo
de la Corte Superior de Justicia de Junín, con fecha 27 de mayo de 2019, revocó
la apelada y reformándola declaró improcedente la demanda, pues estimó que el
certificado médico no se encuentra sustentado con exámenes e informes de
resultados.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1.
El objeto de la demanda es
que se dilucide si se le debe otorgar o no pensión de invalidez por enfermedad profesional, conforme a la Ley
26790 al recurrente, así como las pensiones
devengadas y los intereses legales.
Procedencia de la demanda
2.
En reiterada jurisprudencia,
este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido constitucionalmente
protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que
establecen los requisitos para su obtención.
3.
En consecuencia, corresponde
analizar si el demandante cumple con los presupuestos legales que permitirán
determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, porque si ello
es así se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la entidad
demandada.
Sobre la vulneración del
derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)
4.
Este Tribunal, en el precedente recaído en la
sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, ha unificado los criterios
respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del régimen de
protección de riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales).
5.
En dicha sentencia ha quedado establecido que en los
procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme
al Decreto Ley 18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la
enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen
médico emitido por una comisión médica evaluadora de incapacidades del
Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26
del Decreto Ley 19990.
6.
Cabe precisar que el régimen de protección fue
inicialmente regulado por el Decreto Ley 18846, y luego sustituido por la Ley
26790, del 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición
Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Satep) serían transferidas al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR) administrado por la ONP.
7.
Posteriormente, por Decreto Supremo 003-98-SA, vigente
desde el 14 de abril de 1998, se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo, cuyo artículo 3 define la enfermedad
profesional como todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al
trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del
medio en que se ha visto obligado a trabajar.
8.
En el caso de autos, a fin de acreditar las labores
desempeñadas, el demandante presentó el certificado de trabajo emitido por Cia de Minas Buenaventura SAA (f. 24), en el que se señala
que ha laborado como: (i)
obrero, desde el 22 de junio de 1974 hasta el 30 de junio de 2006, desempeñando
los cargos de lampero, carrero, ayudante de perforista, ayudante de mina,
motorista, perforista y despachador en interior mina; (ii)
empleado, desde el 1 de julio de 2006 hasta el 30 de abril de 2014,
desempeñando los cargos de capataz mina en interior mina y auxiliar de almacén
en superficie.
9.
En cuanto a la enfermedad profesional que padece, el
actor adjunta copia legalizada del certificado de
evaluación médica de fecha 14 de diciembre de 2017 (f. 25), emitido por la
Comisión Médica Calificadora de Incapacidad del Hospital Eleazar Guzmán Barrón
– Nuevo Chimbote, en el cual se determina que padece de neumoconiosis e
hipoacusia neurosensorial bilateral profunda con 59 % de menoscabo
global.
10.
Sin embargo, la historia clínica del actor (ff. 210 a 219),
que fue remitida por el Hospital
Eleazar Guzmán Barrón – Nuevo Chimbote a solicitud del
juez de primera instancia, contiene exámenes auxiliares que no resultan
congruentes con el diagnóstico del certificado médico. Así, obra en autos: (i) un examen de espirometría (f. 214), que señala
“espirometría normal”; (ii) el informe emitido por el médico neumólogo (f.
211-vuelta) que consigna “Rx Tórax: calidad de placa
aceptable” y “espirometría normal”; (iii) el informe expedido por el referido
médico neumólogo con la jefa del departamento de medicina de fecha 12 de
noviembre de 2017 (f. 219), que consigna “Rx Tórax:
calidad de placa aceptable” y “espirometría normal”.
11.
Por consiguiente,
dado que no existe certeza respecto al estado de salud del demandante, este
Tribunal considera que la presente controversia debe ser dilucidada en un
proceso que cuente con etapa probatoria, en atención a lo establecido en el
artículo 9 del Código Procesal Constitucional, por lo que se deja expedita la
vía para que el accionante acuda a la vía que corresponda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con
la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda al no haberse acreditado la
vulneración del derecho a la pensión.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
RAMOS NÚÑEZ
ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA