VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES
Con el debido respeto por la opinión
vertida por el resto de mis colegas magistrados, en el presente caso, emito el
siguiente voto singular, el mismo que se sustenta en las siguientes
consideraciones:
- La demanda
tiene como fin que se disponga la inmediata libertad de la demandante por
cumplimiento de pena con redención. Por tanto, solicita que se le
reconozca los días redimidos por trabajo conforme a lo establecido en el
Decreto Legislativo 1296. Alega la vulneración del derecho a la libertad
personal.
- Este Tribunal, ha señalado en la
sentencia recaída en el Expediente 2196-2002-HC/TC que “[e]n el caso de
las normas procesales penales rige el principio tempus regis actum,
que establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se
encuentra vigente al momento de resolverse el acto. [No obstante, se
considera asimismo que] la legislación aplicable para resolver un
determinado acto procedimental, como el que atañe a los beneficios
penitenciarios, está representado por la fecha en el cual se inicia el
procedimiento destinado a obtener el beneficio penitenciario, esto es, el
momento de la presentación de la solicitud para acogerse a éste”.
- En esa línea, los beneficios
penitenciarios son “(…) garantías previstas por el Derecho de Ejecución
Penal, a fin de concretizar el principio constitucional de resocialización
y reeducación del interno. (…). Así, a diferencia de los derechos
fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que
puedan ser limitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de
determinadas instituciones jurídicas (Expediente 0842-2003-HC/TC, f.j. 3).
- Ahora bien, el Decreto Legislativo
1296 (vigente a partir del 31 de diciembre de 2016), contemplaba en sus
artículos 44 y 45 lo siguiente:
Artículo
44º.- Redención de pena por el trabajo
El interno ubicado en la etapa de mínima y
mediana seguridad del régimen cerrado ordinario redime la pena mediante el
trabajo a razón de un día de pena por dos días de labor efectiva. [...]
Artículo
45º.- Redención de pena por estudio
El interno ubicado en la etapa de “mínima”
y “mediana” seguridad del régimen cerrado ordinario redime la pena mediante la
educación a razón de un día de pena por dos días de estudio, aprobando
previamente la evaluación periódica de los estudios.
- De la lectura de dichos dispositivos y
en tanto fue condenado por el delito previsto y sancionado en el artículo
297 del Código Penal, es correcto señalar que, efectivamente, sí podía
acceder a la redención de pena por trabajo o estudio a razón de un día de
pena por dos días de labor efectiva.
- No obstante, la temporalidad de la
redención de la pena que legalmente hubiera efectuado, no está comprendida
desde su ingreso al establecimiento penitenciario, sino atiende al período
comprendido desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1296 (31
de diciembre de 2016), hasta la fecha de la presentación de su solicitud (fecha
2 de marzo de 2017), conforme al principio tempus regis actum.
- Por tanto, al no alcanzar a completar
la pena efectivamente cumplida en relación a la totalidad de la pena
impuesta en su contra, corresponde desestimar la demanda.
Por lo expuesto,
mi voto es porque se declare INFUNDADA la
demanda al no haberse acreditado la vulneración alegada.
S.
MIRANDA CANALES
VOTO
SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ
Emito el presente voto porque considero, por las razones
expuestas por el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, que la demanda debe ser
declarada como INFUNDADA.
S.
RAMOS NÚÑEZ
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Con el debido respeto, me aparto de lo resuelto por mis colegas por las
razones que a continuación expongo:
- La presente demanda tiene por objeto que se le reconozca a doña Acencia Chávez
Peñaherrera los días redimidos por trabajo, de acuerdo con las disposiciones
del Decreto Legislativo 1296, y, en consecuencia, se disponga su inmediata
libertad por cumplimiento de pena con redención, respecto a la condena de veinte años de pena privativa de la libertad
que se le impuso por incurrir en el delito de tráfico ilícito de drogas
agravado.
- El
artículo 139°, inciso 22, de la Constitución señala que el régimen
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, a su vez, es congruente
con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que establece que "el régimen penitenciario consistirá en
un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación
social de los penados". Al respecto, este Tribunal ha precisado en la
sentencia recaída en el expediente N.° 010-2002-AI/TC, fundamento 208, que
los propósitos de reeducación y rehabilitación del penado "[...] suponen,
intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que
los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron
impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena
hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la
libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito".
- Ahora bien, respecto a la
constitucionalidad de la aplicación de las normas penitenciarias en el
tiempo este Colegiado se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia (como
en la recaída en el Expediente 02926-2007-PHC/TC, fundamento 5 y 6)
señalando que:
“pese a que existe un nexo entre la ley penal [que
califica la conducta antijurídica y establece la pena] y la penitenciaria [que
regula las condiciones en las que se ejecutará la pena impuesta], esta última
no tiene la naturaleza de una ley penal, cuya duda sobre sus alcances o
eventual colisión con otras leyes imponga al juzgador la aplicación de la ley
más favorable. [...] Desde esa perspectiva, atendiendo a que las normas que
regulan el acceso al beneficio de semilibertad no son normas penales materiales
sino normas de derecho penitenciario, sus disposiciones deben ser consideradas
como normas procedimentales, puesto que ellas establecen los presupuestos que
fijan su ámbito de aplicación, la prohibición de acceder a beneficios penales y
la recepción de beneficios penitenciarios aplicables a los condenados".
- En efecto este Tribunal ha precisado en
la sentencia recaída en el caso Carlos Saldaña Saldaña
(Expediente N.0 2196-2002-HC/TC, fundamentos 8 y 10) que:
“[e]n el caso de las normas
procesales penales rige el principio tempus regit actum, que establece que la
ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento
de resolverse el acto (...). [No obstante, se ha precisado que] la legislación
aplicable para resolver un determinado acto procedimental, como el que atañe a
los beneficios penitenciarios, está representado por la fecha en el cual se
inicia el procedimiento destinado a obtener el beneficio penitenciario, esto
es, el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a éste".
- Ahora bien, en cuanto a los beneficios
penitenciarios de la semilibertad y libertad condicional, beneficios cuya
concesión le corresponde al Juez, es claro que el momento de su petición
se encuentra determinada por la fecha registrada en la cual se presentó
dicha solicitud ante la autoridad judicial. En el mismo sentido, en el
caso de la solicitud de la libertad
por pena cumplida compete a la autoridad penitenciaria evaluar la
temporalidad del tiempo redimido y emitir pronunciamiento de conformidad
con la norma de la materia vigente al momento de la solicitud de la
libertad por cumplimiento de la pena, que a su vez pretende el cómputo del
tiempo que el interno hubiera redimido.
- En este contexto, se tiene que mediante
Resolución Directoral 007-2017-INPE/18-232-D (fojas 140), de fecha 2 de
mayo de 2017, la directora del
Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos deniega el pedido de
libertad por cumplimiento de condena mediante redención de la pena por el
trabajo postulado a favor de la beneficiaria, señalando lo siguiente:
“Que, mediante el Informe Jurídico N°
026-2017-INPE-18/232-AAL, de fecha 28 de Abril del 2017 (…) informa que la
interna solicitante cuenta con reclusión efectiva de 17 años, 10 meses y 06
días, el tiempo redimido por el trabajo es de 10 días, la suma de carcelería
efectiva más el tiempo redimido es 17 años, 10 meses y 16 días, equivalente a
214 meses y 16 días; concluyendo que la interna solicitante NO cumple con el
tiempo y los requisitos establecidos en el Art. 210° del Reglamento del Código
de Ejecución Penal (…), por
consiguiente no cumple con la pena impuesta de VEINTE (20) AÑOS de Pena
Privativa de la Libertad (…)”.
- Al respeto, se tiene que
la recurrente fue sentenciada por el delito de tráfico ilícito de drogas
agravado, previsto en el artículo 297 del Código Penal. Asimismo, se
advierte que hasta antes de la vigencia del Decreto Legislativo 1296 de
fecha 30 de diciembre, el artículo 47 del Código de Ejecución Penal, y sus
modificatorias, prohibían expresamente el beneficio penitenciario de
redención de la pena por trabajo y estudio.
- A partir de lo cual, se
tiene que la resolución administrativa en cuestión no contiene una
decisión arbitraria carente de fundamento al no aplicar de manera
retroactiva las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 1296
–que establece los criterios para el acceso del beneficio de redención de
la pena por trabajo y estudio para los sentenciados por delito de tráfico
ilícito de drogas agravado-, para el
cómputo de los días de labores que
realizó doña Acencia Chávez
Peñaherrera desde su internamiento hasta antes de la entrada
en vigencia de dicho decreto legislativo. Por el contrario, se aprecia que
esta desarrolla una línea argumentativa por la que se expresan razones
objetivas en las que se sustenta válidamente
la desestimación del pedido del actor para acceder al beneficio en
mención.
- En consecuencia, la demanda debe ser
desestimada, al no haberse acreditado la vulneración del derecho al debido
proceso, en su manifestación de la debida motivación y en conexidad con el
derecho a la libertad personal de la favorecida.
Por tales razones, consideró que
la demanda debe ser declarada INFUNDADA.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
VOTO DE LOS MAGISTRADOS FERRERO
COSTA, BLUME FORTINI Y SARDÓN DE TABOADA
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Manuel Aybar Hesse, abogado de doña Acencia Chávez Peñaherrera, contra la resolución de
fojas 347, de fecha 16 de octubre de 2018, expedida por la Tercera Sala Penal
de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente
la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 5 de abril de 2018,
don Manuel
Aybar Hesse interpone
demanda de habeas corpus a
favor de doña Acencia
Chávez Peñaherrera y
la dirige en contra del director de la Oficina Regional
de Lima del Instituto Nacional Penitenciario, señor Edinson Alvarado Ortiz;
y contra el procurador público del Instituto Nacional Penitenciario. Solicita
que se le reconozca a la beneficiaria los días redimidos por trabajo, conforme a
los criterios establecidos en el Decreto Legislativo 1296, y que, en
consecuencia, se disponga su inmediata libertad por cumplimiento de pena con
redención. Alega la vulneración de su derecho a la libertad individual.
El accionante refiere
que solicitó el beneficio penitenciario de pena cumplida con redención a favor
de doña Acencia Chávez
Peñaherrera,
ante la dirección del Establecimiento Penitenciario
Anexo de Mujeres de Chorrillos. Manifiesta que, en su caso, corresponde la
aplicación retroactiva de las disposiciones establecidas en el Decreto
Legislativo 1296, con relación al acceso del beneficio penitenciario de pena
cumplida con redención para los sentenciados por delito de tráfico ilícito de
drogas agravado. Sin embargo, aduce que mediante Resolución Directoral
007-2017-INPE-18-232-D, de fecha 2 de mayo de 2017, se declaró improcedente la
referida solicitud bajo el alegato de que la favorecida no había cumplido con
la temporalidad requerida para los veinte años de pena privativa de la
libertad. En esa línea, el demandante agrega que dicha resolución desconoce el
total de días de trabajo que realizó su representada, lo cual ha traído como
consecuencia que se encuentre privada de su libertad de manera arbitraria, pues
la acumulación de los días redimidos por trabajo a los días efectivos de
reclusión, determinan que, a la fecha de la interposición de la demanda de habeas corpus, ha cumplido con la
referida condena que se le impuso por incurrir en el delito de tráfico ilícito
de drogas agravado.
La procuradora pública adjunta del Instituto Nacional Penitenciario, con fecha 23 de abril de 2018, absolvió el traslado de la demanda interpuesta en su contra. Al respecto, manifiesta que para el caso en concreto es de aplicación la ley 26320, la misma que prohíbe el beneficio penitenciario de redención de la pena para internos sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas, como lo es el caso de la favorecida; por lo cual, sostiene que la decisión contenida en la resolución administrativa en cuestión no vulnera los derechos invocados por el demandante (fojas 88).
El Vigésimo Noveno
Juzgado Penal de Lima, con fecha 11 de julio de 2018, declaró improcedente la
demanda por considerar que el recurrente, antes de acudir a la vía
constitucional, no agotó la vía administrativa correspondiente. Asimismo,
refiere que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma
directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados
(fojas 273).
La Sala superior competente confirmó la
referida sentencia de fecha 11 de julio de 2018, por considerar que el
favorecido no cumple con los requisitos para acceder al referido beneficio
penitenciario, en razón de que, para el caso en concreto, el cómputo del plazo
para la redención de pena debe contabilizarse recién a partir de la vigencia
del Decreto Legislativo 1296 (fojas 347).
FUNDAMENTOS
1.
La Constitución
Política del Perú preceptúa en su artículo 139, inciso 22, que el régimen
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación
del penado a la sociedad. Aquello, a su vez, es congruente con el artículo 10.3
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual estable que:
“el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial
será la reforma y la readaptación social de los penados”. Al respecto, este
Tribunal ha precisado en el fundamento 208 de la sentencia recaída en el
Expediente 010-2002-AI/TC, que los propósitos de reeducación y rehabilitación
del penado “[...] suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador
pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les
fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena
hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la
libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito”.
2.
En cuanto a la naturaleza
de los beneficios penitenciarios, este Tribunal ha dejado sentado en la
sentencia recaída en el Expediente 02700-2006-PHC/TC que, en
estricto, los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el
derecho de ejecución penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional
de resocialización y reeducación del interno. Las garantías persiguen el
aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos
fundamentales a favor de las personas, de ahí que pueden ser limitadas o
restringidas, sin que ello comporte arbitrariedad.
3.
Complementariamente, este
Tribunal ha precisado en su jurisprudencia que, en el caso de las normas
procesales penales, la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se
encuentra vigente al momento de resolverse el acto. No obstante, la legislación aplicable para resolver un determinado acto procedimental, como
el que atañe a los beneficios penitenciarios, está representada por la fecha en
el cual se inicia el procedimiento destinado a obtener el beneficio
penitenciario, esto es, el momento de la presentación de la solicitud para
acogerse a este.
4.
Expuesto lo anterior,
corresponde reflexionar sobre las consecuencias que tiene la condena respecto
al reo y los fines que persiguen los beneficios penitenciarios en los
condenados, esto debido a que, pese a que la jurisprudencia responde a la
diferenciación entre las normas penales sustantivas y normas penales
procesales, ello no termina por responder si, en términos constitucionales, es
o no posible contabilizar, a favor del reo, el tiempo anterior a la existencia
del beneficio penitenciario en el que desarrolló trabajo o estudios.
5. El artículo 103 de la Constitución dispone lo siguiente:
(…) La ley, desde su entrada en vigencia,
se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (…).
La disposición constitucional citada no distingue entre normas penales materiales, procesales o de ejecución.
6.
Es indudable que la condena
en sí misma cumple funciones preventivas, protectoras y resocializadoras. En
efecto “la grave limitación de la libertad que supone la pena privativa de la
libertad [o condena], y su quantum
específico, son el primer efecto reeducador en el delincuente, quien
internaliza la seriedad de su conducta delictiva, e inicia su proceso de
desmotivación hacia la reincidencia (prevención especial de efecto inmediato).
Finalmente, en el plano de la ejecución de la pena, ésta debe orientarse a la
plena rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (prevención
especial de efecto mediato, prevista expresamente en el inciso 22, artículo 139
de la Constitución”. (Cfr. Sentencia 00019-2005-PI/TC, fundamento 40, in fine).
7.
Cuando una persona, luego
de un debido proceso penal en el que se han respetado todas sus garantías y
derechos constitucionales, es encontrada responsable por un ilícito penal,
corresponde al juez penal, en ejercicio de sus competencias, sancionar dicha
conducta de conformidad con los parámetros que la ley penal establece.
8.
Una vez establecida la
condena, de ser esta una pena privativa de la libertad, el reo pasará a ser
internado en un establecimiento penitenciario donde deberá cumplir la condena
impuesta. Es ahí donde el Estado, a través del Instituto Nacional Penitenciario
(INPE), le corresponde promover el proceso de resocialización del condenado,
pues no solo se trata de recluir en un penal a los condenados, sino de tratar
de incentivar su cambio de perspectiva de cara con sus acciones ilícitas y las
consecuencias que dichas acciones han generado en su vida en sociedad. Es por
ello, que el INPE al interior de las cárceles, fomenta la participación de los
reos en actividades diversas (talleres de trabajo o educación) que les permita
una vida útil a pesar de su encierro.
9.
Por ello, pese a que la
jurisprudencia ha precisado que las normas que regulan los beneficios
penitenciarios son normas procedimentales, ello no impide la aplicación del
principio in dubio pro reo, ni
reconocer a la pena privativa de la libertad su fin resocialización. Pues, aun
cuando la regla general frente a una sentencia condenatoria, es el cumplimiento
total de la condena en reclusión; es el propio Estado que decide regular los
beneficios penitenciarios con la finalidad de permitir la salida anticipada del
reo en cárcel que ha logrado interiorizar las consecuencias de su accionar
ilícito y que está listo para reintegrarse a la sociedad, siempre y cuando este
cumpla estrictamente los requisitos que permitan identificar con claridad, que
el encierro ha permitido su reeducación y resocialización.
10.
Por ello, en la medida que
la ley regule beneficios penitenciarios a favor de los reos en cárcel, es
necesario que el Tribunal Constitucional adopte un criterio que sea conforme
con el artículo 103 de la Constitución y que opere en casos de personas
condenadas a penas privativas de la libertad (reos en cárcel).
11.
En tal sentido, dado que el
Decreto Legislativo 1296 regula una condición más beneficiosa a quienes se
encuentran privados de su libertad por una sentencia firme para acceder a los
beneficios de la redención de la pena, corresponde que se tome en cuenta en el
cómputo respectivo, el tiempo de trabajo o estudios que hubieran realizado
previamente a la vigencia de la norma, siempre que estos no se hayan realizado
simultáneamente. Entender dicha norma en este sentido, permite una
interpretación conforme con el artículo 103 de la Constitución, y reconocer la
función de resocialización que cumple la condena privativa de la libertad en el
reo, además que incentiva en el condenado su reeducación y resocialización. Por
ello, es necesario valorar dicho tiempo de trabajo o educación en cárcel a
favor del reo, con la finalidad de promover su resocialización.
12.
En el presente caso, se
aprecia que a la recurrente se le impuso veinte años de pena privativa de libertad efectiva, como autora del
delito de tráfico ilícito de drogas en su forma agravada (artículo 297 de
Código Penal).
13.
Al respecto, es pertinente
recordar que el artículo 46 del Decreto Legislativo 1296 (ley que
modifica el Código de Ejecución Penal en materia de beneficios penitenciarios
de redención de la pena), publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016, precisa que para los reos
que cometieron los delitos previstos en el artículo 297 del Código Penal
(tráfico ilícito de drogas), la redención de pena por el trabajo o la educación se
realiza a razón de un día de pena por seis días de labor o de estudio.
14. La solicitud de libertad de la interna (favorecida)
por cumplimiento de pena con beneficio de redención de la pena fue presentada
con fecha 2 de marzo de 2017, mientras que el Decreto Legislativo 1296 fue
publicado el 30 de diciembre de 2016.
15. En atención a dichos términos de vigencia del Decreto
Legislativo 1296, que permite beneficios penitenciarios a favor de los reos por
tráfico ilícito de drogas, y el entendimiento de que las normas penitenciarias
deben ser consideradas como normas procesales, fue que la Dirección del
Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, con fecha 02 de
mayo de 2017, mediante Resolución Directoral 007-2017-INPE/18-232-D (fojas 140),
denegó la solicitud de la recurrente, pues determinó que solo había cumplido únicamente
10 días de redención de condena, los cuales sumados a los 17 años, 10 meses y 6
días de reclusión cumplidos, sumaba un total de 17 años, 10 meses y 16 días de
pena efectiva por redención, pronunciamiento que fue confirmado por la Resolución
Directoral 287-2017-INPE/18, del 2 de junio de 2017 (fojas 126); es decir, solo
se contabilizó el plazo de trabajo que la beneficiaria cumplió de enero de 2017
en adelante, descartando el cómputo del trabajo realizado y los estudios
efectuados con anterioridad al 2017.
16. Sin embargo, y dado lo expresado en la presente
sentencia, este Tribunal considera que, en atención a los principios in dubio pro reo y resocialización de la
pena, corresponde que no solo se compute a favor de la beneficiaria el tiempo
que esta ha cumplido con trabajar y estudiar después de la vigencia del Decreto
Legislativo 1296, sino todo aquella actividad educativa y laboral que tuvo
lugar durante su reclusión y que ha sido verificado a través del Certificado de
Computo Laboral 017-2016- E.P, del 21 de abril de 2017, así como el tiempo que
se dedicó a estudiar, conforme se ha determinado a través del Certificado de
Computo Educativo 0034-2017 E.P9, del 21 de marzo de 2017.
17. Consecuentemente, corresponde estimar la demanda,
debiéndose declarar la nulidad de la Resolución Directoral
007-2017-INPE/18-232-D y de la Resolución Directoral 287-2017-INPE/18; y
ordenar a la Dirección del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de
Chorrillos que emita nueva resolución conforme con sus competencias.
Por estos fundamentos, nuestro voto es por
lo siguiente,
1.
Declarar FUNDADA la demanda de autos; en
consecuencia, NULA la Resolución Directoral 007-2017-INPE/18-232-D, de
fecha 2 de mayo de 2017, y NULA la
Resolución Directoral 287-2017-INPE/18, de fecha 2 de junio de 2017.
2.
ORDENAR a la Dirección del Establecimiento Penitenciario Anexo de
Mujeres de Chorrillos que compute el plazo desarrollado por Acencia Chávez Peñaherrera por trabajo y educación, anterior al 30 de diciembre de 2016, en el trámite del beneficio
penitenciario de redención de pena, y proceda a resolver conforme a sus
competencias.
SS.
FERRERO
COSTA
BLUME
FORTINI
SARDÓN
DE TABOADA
|
PONENTE
BLUME FORTINI |