SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 6 de julio de 2021
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto
por don Luciano López Flores abogado de don Marcello
Luciano Croci Geiger contra la resolución de fojas 578,
de fecha 11 de abril de 2018, expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente
la demanda de habeas corpus de autos.
FUNDAMENTOS
1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando:
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal Constitucional.
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial urgencia.
3.
Expresado de otro modo, y
teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de la sentencia emitida en
el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste especial trascendencia
constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura resolución del
Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental involucrado
o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía constitucional; o
(2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho
constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que
habiliten a este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo.
4. El recurso de agravio interpuesto no está relacionado con una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional, toda vez que no se encuentra vinculado al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal materia de tutela del habeas corpus. En efecto, el recurrente solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado en la Carpeta Fiscal 501-2012-384-0, incluyendo la acusación fiscal y al interior del proceso penal; que se disponga que un nuevo fiscal vuelva a evaluar todo lo actuado en la investigación preparatoria a fin de que se decida conforme a ley; que se eleven los autos a la Corte Suprema de Justicia de la República a fin de que se disponga la transferencia de competencia del proceso a otro distrito judicial y fiscal distinto al de Pisco-Ica, en el proceso que se le sigue al favorecido por la presunta comisión de los delitos de usurpación agravada y daños agravados (Expediente 00156-2012-48-1411-JR-PE-01).
5. El Tribunal Constitucional ha señalado que las actuaciones realizadas por el Ministerio Público pueden eventualmente comprometer la libertad individual o los derechos conexos a aquella [cfr. Expedientes 04367-2015-PHC/TC, fundamento 5; 03348-2015-PHC/TC, fundamento 3, 0422-2015-PHC/TC, fundamento 4, 04479-2014-PHC/TC, fundamento 8, entre otros]. En el contexto descrito, y aun cuando el Ministerio Público se encuentra vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad y, desde dicha perspectiva, podrían existir casos en los que con sus actuaciones u omisiones se generen incidencias que afecten de algún modo la libertad individual, no basta ni es suficiente la sola invocación de tales circunstancias, sino la demostración objetiva de que lo que dejó de hacer tuvo una consecuencia sobre el citado derecho; situación que, a la luz de los actuados en el presente caso, no ha podido evidenciarse.
6. Por otro lado, en lo relativo al cuestionamiento de la competencia del juez por el territorio, respecto a que si el proceso penal debe ser investigado y tramitado en un distrito judicial distinto al de Pisco-Ica, no corresponde a esta vía constitucional pronunciarse sobre este, pues la referida materia compete a la judicatura ordinaria.
7. Finalmente, respecto a la pretendida conversión del proceso de habeas corpus al proceso de amparo, se debe señalar que la conversión no es una facultad de las partes procesales, sino que es una decisión del juez constitucional atendiendo a las circunstancias del caso concreto [RTC 01782-2012-PHC/TC]. En el caso de autos esta Sala del Tribunal Constitucional considera que la controversia debe resolverse al interior del proceso de habeas corpus, en atención a los hechos descritos y a los derechos presuntamente vulnerados, por lo que no resultaba viable la solicitud de conversión.
8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 supra, se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.
Por estos
fundamentos, el Tribunal Constitucional, con el fundamento de voto del
magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que se agrega, y con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional porque la
cuestión de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia
constitucional.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA
CANALES
RAMOS
NÚÑEZ
ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Coincido en el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero, al respecto, considero necesario señalar lo siguiente:
1. Nuestra responsabilidad como jueces constitucionales del Tribunal Constitucional peruano incluye pronunciarse con resoluciones comprensibles, y a la vez, rigurosas técnicamente. Si no se toma en cuenta ello, el Tribunal Constitucional falta a su responsabilidad institucional de concretización de la Constitución, pues debe hacerse entender a cabalidad en la compresión del ordenamiento jurídico conforme a los principios, valores y demás preceptos de esta misma Constitución.
2. En ese sentido, en la sentencia se utiliza la noción de “contenido esencial” para hacer referencia a una porción de cada derecho fundamental que “merece protección a través del proceso de amparo”, a diferencia de otros ámbitos que, si bien forman parte del derecho, no están incluidos su “contenido esencial” y, por ende, no merecerían tutela a través del proceso de amparo, por tratarse de contenidos tienen origen más bien en la ley (los llamados contenido “no esencial” o “adicional”).
3. Al respecto, conviene además tener presente que en la jurisprudencia de este Tribunal se encuentra que la expresión “contenido esencial” se ha usado de distinto modo. En especial, ha sido entendida como límite infranqueable, determinado ab initio, para el legislador de los derechos fundamentales; como un contenido iusfundamental que solo puede hallarse tras realizar un examen de proporcionalidad; o como aquel contenido iusfundamental protegido directamente por la Constitución que permite la procedencia del amparo, entre otros usos.
4. En lo que concierne al uso que se le da en esta sentencia, dicha comprensión ha requerido que este órgano colegiado establezca “listas” de contenidos iusfundamentales, a través de las cuales el Tribunal instituye cuáles ámbitos del derecho considera como parte del contenido esencial y cuáles quedan fuera. Esta operación, qué duda cabe, es sumamente discrecional, y por ello, corre el riesgo de devenir en arbitraria, máxime si nos encontramos ante derechos de configuración legal como el derecho a la pensión. Además de ello, su consecuencia es que se presentan casos en lo que algunos contenidos, los cuales realmente forman parte del derecho, y por ende merecerían protección a través del amparo, han quedado excluidos de esta posibilidad de tutela urgente pues no fueron incluidos en la decisión del Tribunal Constitucional. Esto ha pasado, por ejemplo, con respecto de algunas personas de edad avanzada, a quienes este Tribunal ha tutelado su derecho a acceder a una pensión, pese a no encontrarse dentro de los supuestos considerados como “contenido esencial” del derecho a la pensión. Por el contrario, sigue excluyendo de tutela aquellos casos en los que se demanda acceder a pensiones mayores de 415 nuevos soles, a pesar de que el “mínimo vital” que en su momento justificó establecer la mencionada cifra, ha variado notoriamente.
5. Al respecto, y como hemos explicado en otras oportunidades, consideramos que esta noción de “contenido esencial” suele generar confusión y no aporta mucho más que la noción de “contenido de los derechos”, a secas. Téngase presente que, finalmente, la expresión utilizada por el Código Procesal Constitucional es la de “contenido constitucionalmente protegido” de los derechos.
6. En este sentido, consideramos que casos como el presente podrían analizarse a partir del análisis sobre la relevancia constitucional del caso, fórmula establecida en la STC 02988-2013-AA, tomando en consideración reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Allí se recordó que tanto el artículo 5, inciso 1, como el artículo 38 del Código Procesal Constitucional prescriben la improcedencia de la demanda si esta no está dirigida a la defensa de ámbitos protegidos por derechos constitucionales. Con más detalle, se indicó que su determinación requiere, básicamente[1]:
(1) Verificar
que existe una norma de
derecho constitucional pertinente para el caso (es decir, una interpretación
válida de disposiciones que reconocen derechos constitucionales). Esto exige
encontrar, primero, una disposición (enunciado normativo) que reconozca el derecho
fundamental invocado, que puede ubicarse tanto en la Constitución, como en los
tratados de derechos humanos, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
o en la jurisprudencia supranacional vinculante para el Estado peruano.
Seguidamente, será necesario establecer las normas (interpretaciones,
significados) que se desprendan válidamente de las disposiciones que reconocen
derechos, de tal forma que pueda reconocerse qué protege realmente el derecho
invocado.
Ahora bien, esto
de ninguna forma descarta la posibilidad de que se tutelen derechos
constitucionales no reconocidos de modo expreso (derechos implícitos o no
enumerados); sin embargo, en tal caso será necesario vincular
interpretativamente el derecho invocado en la demanda con lo dispuesto en la
cláusula constitucional que reconoce los derechos fundamentales no enumerados
(artículo 3 de la Constitución[2]).
Asimismo, de lo
anterior no se desprende que los derechos constitucionales de desarrollo legal
queden desprotegidos; al respecto, debe tenerse en cuenta que, en general, los
derechos constitucionales siempre son desarrollados, concretados o actualizados
por los jueces y el poder político (legislativo y administrativo), sin que ello
contradiga o disminuya su naturaleza iusfundamental.
Solo en caso que la legislación de desarrollo rebalse el ámbito
constitucionalmente protegido de un derecho, que se trate de derechos de origen
legal, o si el contenido del derecho merece protección en otra vía (lo que
corresponderá ser analizado a partir de
otra causal de improcedencia) se declarará improcedente la demanda[3].
(2) Constatar
que el demandante se beneficie de la posición jurídica amparada por la norma iusfundamental encontrada. Es decir, luego de analizado el
ámbito protegido del derecho, debe determinarse si lo alegado en la demanda (en
la pretensión, en los hechos descritos) son subsumibles en el ámbito normativo
del derecho, describiéndose a estos efectos quién es el titular del derecho
(sujeto activo), el obligado (sujeto pasivo) y la concreta obligación iusfundamental. En otras palabras, es necesario acreditar
la titularidad del derecho, más aun, la existencia de una “relación jurídica de
derecho fundamental”[4].
(3) Finalmente,
debe verificarse que la afectación o restricción cuestionada incida en el
ámbito protegido por el derecho invocado, cuando menos de modo preliminar o prima facie,
es decir, sin necesidad de ingresar a analizar el fondo del caso. En efecto, a
través de esta causal de improcedencia no se trata de demostrar la existencia
de una intervención justificada o ilegítima (lo que solo se conocerá con
certeza al finalizar el proceso constitucional), sino de descartar que estemos
ante un caso de “afectación aparente”, en la medida que la lesión o amenaza, si
bien perturba de alguna forma intereses del actor, finalmente no incide en
ningún contenido constitucionalmente relevante.
7.
Además
de ello, debe tenerse en cuenta que en algunos casos excepcionales este
análisis de relevancia iusfundamental puede ser
insuficiente; por ejemplo: cuando la Constitución prevé excepciones al
ejercicio del referido derecho; cuando la interpretación que se hace de la
disposición que reconoce el derecho es irrazonable o absurda; cuando la demanda
reivindica un contenido manifiestamente ilícito y tal ilicitud no es puesta en
duda; cuando la titularidad del derecho requiere, de modo necesario,
condiciones adicionales de aplicación; cuando se busca tutelar un ámbito
aparentemente protegido, pero que el Tribunal Constitucional ha excluido
expresamente en su jurisprudencia de observancia obligatoria, entre situaciones
que casuísticamente puedan presentarse. En este supuesto, atendiendo al caso
concreto, será necesario tener en cuenta consideraciones adicionales al examen
de tres pasos señalado supra, para
determinar si lo alegado hace referencia al contenido constitucionalmente
protegido del derecho invocado, y con ello resolver la procedencia de la
demanda.
8.
Consideramos
que a partir de este análisis puede determinarse, de manera ordenada y con
coherencia conceptual, si la afectación o la amenaza alegada en una demanda
incide realmente en el contenido protegido por el derecho fundamental invocado
y, en ese sentido, si prima facie merece tutela a través de un proceso constitucional;
prescindiéndose, pues, de nociones equívocas como la de “contenido esencial”.
9.
Esto,
desde luego, sin perjuicio de que casos auténticamente referidos al contenido
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales que se invocan
finalmente puedan ser declarados improcedentes, en atención a las otras
causales de improcedencia contenidas también en el Código Procesal Constitucional.
10.
De
otro parte, no comparto el uso que realiza la ponencia del término libertad
individual. Como he hecho alusión en otras ocasiones, esta
mencionada concepción amplísima de libertad puede, con todo respeto, tener como
consecuencia una “amparización” de los procesos de
hábeas corpus. Y es que el diseño urgentísimo y con menos formalidades
procesales previsto para el hábeas corpus responde, sin lugar a dudas, a que,
conforme a la Constitución, este proceso ha sido ideado para tutelar los
derechos fundamentales más básicos y demandantes de rápida tutela, como es la
libertad personal (entendida como libertad corpórea) así como otros ámbitos de
libertad física equivalentes o materialmente conexos (como los formulados en el
artículo 25 del Código Procesal Constitucional). Es pues claro que el objeto
del hábeas corpus deber ser tan solo el de la libertad y seguridad personales
(en su dimensión física o corpórea).
11. Por último, debe quedar claro que el juzgador penal se encuentra premunido de la facultad para poder apartarse de los términos de la acusación fiscal, de allí que no baste solo con verificar un mero apartamiento para declararse fundada una demanda de hábeas corpus. Y es que dicha facultad puede llevarse a cabo en tanto el juzgador penal respete los hechos que son objeto de acusación, sin que cambie el bien jurídico tutelado por el delito acusado, así como que respete el derecho de defensa y el principio contradictorio (Sentencias 02179-2006-PHC/TC, 00402-2006-PHC/TC y 02901-2007-PHC/TC). Ello precisamente no ha sido respetado por el juzgador penal en el presente caso, en tanto y en cuanto ha variado arbitrariamente el bien jurídico tutelado.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA