EXP. N.° 01776-2021-PHC/TC
LIMA
HERMELINDA DÁVALOS CÁRDENAS
RAZÓN DE RELATORÍA
Se deja constancia que en sesión extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2021, los magistrados de la Sala Primera votaron la presente causa, ponencia del Magistrado Espinosa-Saldaña, quien se encontraba de vacaciones en la fecha programada para la vista de causa.
Lima,
8 de noviembre de 2021.
S.
Janet
Otárola Santillana
Secretaria de la Sala Primera
AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 28 de octubre de 2021
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana
Calderón Sumarriva, abogada de don Walter Dávalos
Cárdenas, a favor de doña Hermelinda Dávalos Cárdenas, contra la resolución de fojas 269, de fecha 25 de febrero de 2021, expedida por la
Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de
Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos; y,
ATENDIENDO A QUE
1. Con fecha 7 de mayo de 2019, don Walter Dávalos Cárdenas interpone demanda de habeas corpus a favor de doña Hermelinda Dávalos Cárdenas (f. 59). Solicita la nulidad de la Resolución 11, de fecha 2 de febrero de 2018 (f. 175), mediante la cual se condenó a la favorecida a treinta y cinco años de pena privativa de la libertad por incurrir en el delito de homicidio calificado por ferocidad y homicidio calificado por ferocidad en grado de tentativa. Asimismo, solicita la nulidad de la Resolución 18, de fecha 17 de julio de 2018 (f. 210), que confirmó la precitada condena (Expediente 01648-2011-97-1001-JR-PE-01). Alega la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
2. La recurrente refiere que no se realizó una adecuada tipificación de uno de los delitos por los cuales fue sentenciada la favorecida, pues se la condenó por la comisión del delito de homicidio calificado por ferocidad en grado de tentativa, a pesar de que el menor agraviado solo presentó una lesión leve en el cuello conforme a las conclusiones del examen médico legal que se le practicó. Asimismo, refiere que no se valoraron adecuadamente los resultados de la pericia psiquiátrica que se le practicó a su representada, pues este únicamente determinó que tenía problemas vinculados a aspectos disociales y narcisistas, mas no que padecía algún tipo de patología siquiátrica. Del mismo modo, cuestiona que, a través de la geolocalización, se haya establecido que la beneficiaria se encontraba en el lugar en donde ocurrieron los hechos atribuidos en su contra, pues este método, por sí solo, resulta insuficiente para arribar a dicha conclusión.
3. Además, aduce que se le otorgó valor probatorio al testimonio que brindó el menor sobreviviente, a pesar de que no cumple con los presupuestos que establece el Acuerdo Plenario 2-2005-CJ/116 para tal efecto, pues no se cumplía con el requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva, toda vez que existían problemas entre los padres de dicho menor y la favorecida; ni con el de persistencia en la incriminación, por cuanto la sindicación en su contra no fue categórica en la diligencia de reconocimiento físico, ni tampoco debidamente corroborada con ningún otro elemento de prueba. Finalmente, manifiesta que se aplicaron de manera errónea los presupuestos materiales de la prueba indiciaria a fin de sustentar la condena que se le impuso a doña Hermelinda Dávalos Cárdenas.
4. El Cuadragésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, mediante resolución de fecha 1 de julio de 2020, declaró infundada la demanda por considerar, centralmente, que la alegada vulneración del derecho invocado carece de sustento, toda vez que las resoluciones judiciales en cuestión se encuentran debidamente motivadas, en razón de que expresan las razones que sustentan la decisión que contienen. Por lo cual concluye que, en realidad, los argumentos expuestos a fin de sustentar los términos de la demanda tienen como finalidad que se realice un reexamen de las pruebas valoradas para sustentar la condena impuesta contra la favorecida, lo cual excede el objeto de los procesos constitucionales, pues son asuntos que le corresponde dilucidar a la judicatura ordinaria (f. 231). A su turno, la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fojas 269, de fecha 25 de febrero de 2021, confirmó la apelada, en líneas generales, por similares fundamentos.
5.
Nuestro
ordenamiento constitucional admite, de modo excepcional, la procedencia del
amparo o habeas corpus contra resoluciones judiciales. Si bien se trata
de una posibilidad inicialmente restringida por la Constitución, que prescribe
que el amparo “[n]o procede contra (…) resoluciones judiciales emanadas de
procedimiento regular” (artículo 200, inciso 2), se entiende, a contrario
sensu, que sí cabe el amparo o habeas corpus contra resoluciones judiciales
cuando provengan de “procesos irregulares”.
6.
El
artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional –norma de desarrollo
constitucional, que satisface la reserva de ley orgánica prevista a favor de
los procesos constitucionales (artículo 200 de la Constitución)– indica, de
manera más específica, que procede el amparo o habeas corpus contra
resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela
procesal efectiva, enunciando algunos contenidos iusfundamentales que formarían
parte de este derecho complejo.
7.
Por
su parte, este Tribunal ha indicado que a través de los procesos de amparo o
habeas corpus contra resoluciones judiciales pueden cuestionarse decisiones
judiciales que vulneren de forma directa, no solamente los derechos indicados
en el referido artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, sino
cualquier derecho fundamental, considerando que la “irregularidad” de una
resolución judicial, que habilita a presentar un amparo o habeas corpus contra
resolución judicial conforme a la Constitución, se produciría “cada vez que
ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental” (Cfr. resolución
emitida en el Expediente 03179-2004-AA/TC, fundamento 14).
8.
En
cualquier caso, atendiendo a la jurisprudencia reiterada de este Tribunal
Constitucional, es claro que hay un conjunto de asuntos y materias que son de
competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria y que no pueden ser
invadidas por los jueces constitucionales, así como otro conjunto de
infracciones iusfundamentales que sí pueden
ser objeto de control por parte de la judicatura constitucional. Al respecto,
con la finalidad de distinguir un ámbito del otro a efectos de que se decida
correctamente la procedencia de las demandas de amparo o habeas corpus
contra resoluciones judiciales, es necesario realizar, siguiendo lo prescrito
en el Código Procesal Constitucional, un análisis de manifiesto agravio a la
tutela procesal efectiva.
9.
Con esta finalidad, y con
base en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es posible afirmar que la judicatura
constitucional se encuentra habilitada para conocer de eventuales
trasgresiones de derechos fundamentales ocurridas en procesos judiciales
ordinarios si se han producido: (1) vicios de proceso o de procedimiento o
(2) vicios de motivación o razonamiento.
10.
Con respecto a los (1) vicios de
proceso o de procedimiento, el amparo o habeas corpus contra
procesos judiciales puede proceder frente a supuestos de (1.1) vulneración de
derechos que conforman la tutela procesal efectiva (derechos constitucionales
procesales tales como plazo razonable, presunción de inocencia, acceso a la
justicia y a los recursos impugnatorios, juez legal predeterminado, ejecución
de resoluciones, etc.); así como por (1.2) defectos de trámite que inciden en
los derechos del debido proceso (v. gr. problemas de notificación, o de
contabilización de plazos, que incidan en el derecho de defensa, incumplimiento
de requisitos formales para que exista una sentencia válida, etc.). Se trata de
supuestos en los que la vulneración se produce con ocasión de una acción o una
omisión proveniente de un órgano jurisdiccional, y que no necesariamente está
contenida en una resolución judicial, como sí ocurre con los vicios de
motivación.
11.
En relación con los (2) vicios de
motivación o razonamiento (cfr. sentencia emitida en el Expediente
00728-2008-HC/TC, fundamento 7; resolución emitida en el Expediente 03943-2006-AA/TC, fundamento 4; sentencia
emitida en el Expediente 06712-2005-HC, fundamento 10, entre otras, entre
otras), este Tribunal ha precisado que solo le compete controlar vicios de
motivación o de razonamiento, mediante el proceso de amparo o habeas corpus
contra resoluciones judiciales, en caso de (2.1) defectos de motivación,
(2.2) insuficiencia en la motivación o (2.3) motivación
constitucionalmente deficitaria.
2.1) En relación con los
defectos en la motivación, estos pueden ser problemas de motivación interna, es
decir, cuando la solución del caso no se deduce de las premisas normativas o
fácticas contenidas en la resolución, o cuando la resolución analizada carece
de alguna de estas premisas necesarias para resolver; o de motivación externa,
esto es, cuando se han utilizado indebida o injustificadamente premisas
normativas (por ejemplo, si se aplican disposiciones que ya no se encuentran
vigentes o que nunca formaron parte del ordenamiento jurídico) o fácticas (por
ejemplo, la resolución se sustenta en hechos no probados o en pruebas
prohibidas) (vide sentencia emitida en el Expediente
00728-2008-HC/TC, fundamento 7, b y c).
Ahora bien, con respecto a los
problemas de motivación externa, vale la pena precisar que, tal como se afirma
en copiosa y uniforme jurisprudencia de este Tribunal, la judicatura constitucional
no puede avocarse, so pretexto de revisar un asunto relacionado con las
premisas normativas o fácticas, a conocer de asuntos de carácter puramente
ordinario o legal (por ejemplo: esclareciendo cuál es la interpretación legal
pertinente o más idónea para el caso ordinario, en qué sentido deben valorarse
las pruebas o cuál es la calificación jurídica adecuada que correspondería con
base en la ley); no obstante ello, no pierde competencia para pronunciarse
respecto de aspectos que tienen relevancia constitucional. Entre estos
supuestos en los que la judicatura constitucional se encuentra habilitada para
pronunciarse sobre la motivación externa se tiene, a modo de ejemplo, la
existencia de errores o déficits de derecho fundamental (tal como se explicará
en 2.3), así como frente a infracciones de otros contenidos de carácter
constitucional, como es el caso de, por ejemplo, cuestionamientos a
resoluciones por haber infringido la Constitución en tanto “fuente de fuentes”
del ordenamiento jurídico; de cuestionamientos cuando en el ámbito
jurisdiccional ordinario se haya ejercido el control difuso; o cuando se alegue
la aplicación o interpretación indebida de principios constitucionales o
garantías institucionales, entre otras posibilidades. De este modo, a la vez
que, conforme al criterio de corrección funcional se respetan los fueros
propios de la judicatura ordinaria, el Tribunal no admite la existencia de
zonas exentas de control constitucional dentro de aquello que sí es de su
competencia.
2.2) Respecto a la insuficiencia
en la motivación (motivación inexistente, aparente, insuficiente, incongruente
o fraudulenta) esta puede referirse, por ejemplo, a supuestos en los que las
resoluciones analizadas carecen de una fundamentación mínima y solo se pretende
cumplir formalmente con el deber de motivar; cuando se presenta una
justificación que tiene apariencia de correcta o suficiente, pero que incurre
en vicios de razonamiento; cuando esta carece de una argumentación suficiente
para justificar lo que resuelve (que incluye aquellos casos en los que se
necesita de una motivación cualificada y esta no existe en la resolución);
cuando lo resuelto no tiene relación alguna con lo contenido en el expediente o
lo señalado por las partes; o cuando incurre en graves defectos o
irregularidades contrarios al Derecho, entre otros supuestos (cfr. sentencia
emitida en el Expediente00728-2008-HC/TC, fundamento 7, a, d, e y f; sentencia
emitida en el Expediente0009-2008-PA/TC, entre otras).
(2.3) Sobre la motivación
constitucionalmente deficitaria, esta hace referencia a trasgresiones al orden
jurídico-constitucional contenidas en sentencias o autos emitidos por la
jurisdicción ordinaria, frente a la eventual trasgresión cualquiera de los
derechos fundamentales protegidos por el amparo, ante supuestos de: (1) errores
de exclusión de derecho fundamental, es decir, si no se tuvo en cuenta un
derecho que debió considerarse; (2) errores en la delimitación del derecho
fundamental, pues al derecho se le atribuyó un contenido mayor o menor al que
constitucionalmente le correspondía, y (3) errores en la aplicación del
principio de proporcionalidad, si la judicatura ordinaria realizó una mala
ponderación al evaluar la intervención en un derecho fundamental o al analizar
un conflicto entre derechos (cfr. resoluciones emitidas en los expedientes
00649-2013-PA/TC, 02126-2013-AA/TC, entre otras). Supuestos análogos a estos
son los casos en los que existan déficits o errores respecto de otros bienes
constitucionales, como pueden ser los principios o las garantías
institucionales, o en relación con el ejercicio del control difuso, todas estas
cuestiones de carácter manifiestamente constitucional, en las que la judicatura
constitucional resulta naturalmente competente para abocarse a tales materias.
12. En el caso en concreto, se advierte que los argumentos expuestos por el recurrente a fin de sustentar los términos de su demanda contra las resoluciones judiciales cuestionadas en nada aluden a vicios de proceso o de procedimiento, o vicios de motivación o razonamiento, tal como se ha expuesto supra. Por el contrario, tienen como finalidad cuestionar materias que incluyen elementos que compete analizar a la judicatura ordinaria, como la falta de responsabilidad penal, la valoración de pruebas y su suficiencia, y la aplicación de un acuerdo plenario del Poder Judicial al caso en concreto.
13. En tal sentido, se concluye que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, por lo que es de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.
Por estas consideraciones, el Tribunal
Constitucional, integrando esta Sala Primera la magistrada Ledesma Narváez
en atención a la Resolución Administrativa n.° 172-2021-P/TC,
con su fundamento de voto que se agrega, y con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú,
RESUELVE
Declarar
IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ
Emito
el presente voto porque, si bien concuerdo con lo finalmente decidido en este
caso, no comparto lo señalado entre los fundamentos 5 a 12 de la ponencia, los
cuales, estimo, no son relevantes para la resolución de la controversia.
S.
LEDESMA
NARVÁEZ