RAZÓN
DE RELATORÍA
Habiéndose publicado en el diario oficial El
Peruano, con fecha 26 de septiembre del presente año, la Resolución
Administrativa 172-2021-P/TC, que decretó la vacancia del magistrado Ramos
Núñez por causal de muerte, se deja constancia de que se publica la resolución
de fecha 17 de septiembre de 2021, sin su firma, y en la cual votó a favor,
conforme aparece registrado en el archivo electrónico que preserva la
Secretaría de la Sala Primera.
S.
Janet Otárola
Santillana
Secretaria de la Sala Primera
AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Doris Ysabel Benito Campos contra la resolución de fojas 71, de fecha 8 de setiembre de 2020, expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y,
ATENDIENDO A QUE
1.
Con fecha 7 de diciembre de
2018, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Primera Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de
la República, a fin de que se declare nula la Casación 20315-2017 Lima, de
fecha 23 de mayo de 2018 (f. 4), que declaró improcedente su recurso de
casación interpuesto contra la sentencia de vista de fecha 4 de enero de 2017,
que declaró infundada su demanda contencioso-administrativa interpuesta contra
el Ministerio de Salud y otro.
2.
Manifiesta que su recurso fue
desestimado por no reunir los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del
artículo 388 del Código Procesal Civil, aun cuando cumplió con demostrar la
incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que
implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser
aplicada correctamente por parte de la Sala emplazada. Agrega, además, que la
cuestionada resolución contiene una motivación insuficiente, por lo que
considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela procesal
efectiva y a la motivación de las resoluciones judiciales.
3.
El Primer
Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, con fecha
4 de febrero de 2019 (f. 28), declaró improcedente la demanda pues consideró que
se había interpuesto fuera del plazo legal.
4.
La Primera Sala
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 8 de
setiembre de 2020 (f. 71), confirmó la apelada por el mismo fundamento.
5.
Efectivamente, esta Sala del
Tribunal Constitucional advierte que la cuestionada resolución fue notificada a
la demandante el 14 de agosto de 2018 (f. 3), mientras que la presente demanda
fue interpuesta el 7 de diciembre de 2018 (f. 22), es decir, fuera del plazo establecido
en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, disposición aplicable al
caso de autos, y hoy modificada por el artículo 45 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, por lo que es de aplicación al caso el inciso 7 del artículo 7
del referido código.
Por estas
consideraciones, el Tribunal Constitucional, con el fundamento de voto del
magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que se agrega, y con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA
CANALES
RAMOS NÚÑEZ
ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas. Adicionalmente quisiera realizar algunas precisiones:
1. Nuestro ordenamiento constitucional admite, de modo excepcional, la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales. Si bien se trata de una posibilidad inicialmente restringida por la Constitución, que prescribe que el amparo “[n]o procede contra (…) resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular” (artículo 200, inciso 2), se entiende, a contrario sensu, que sí cabe el amparo contra resoluciones judiciales cuando provengan de “procesos irregulares”.
2. El artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional –norma de desarrollo constitucional, que satisface la reserva de ley orgánica prevista a favor de los procesos constitucionales (artículo 200 de la Constitución)– indica, de manera más específica, que procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, enunciando algunos contenidos iusfundamentales que formarían parte de este derecho complejo.
3. Por su parte, este Tribunal ha indicado que a través de los procesos de amparo contra resoluciones judiciales pueden cuestionarse decisiones judiciales que vulneren de forma directa, no solamente los derechos indicados en el referido artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, sino cualquier derecho fundamental, considerando que la “irregularidad” de una resolución judicial, que habilita a presentar un amparo contra resolución judicial conforme a la Constitución, se produciría “cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental” (Cfr. RTC Exp. Nº 3179-2004-AA/TC, f. j. 14).
4. En cualquier caso, atendiendo a la jurisprudencia reiterada de este Tribunal Constitucional, es claro que hay un conjunto de asuntos y materias que son de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria y que no pueden ser invadidas por los jueces constitucionales, así como otro conjunto de infracciones iusfundamentales que sí pueden ser objeto de control por parte de la judicatura constitucional. Al respecto, con la finalidad de distinguir un ámbito del otro a efectos de que se decida correctamente la procedencia de las demandas de amparo contra resoluciones judiciales, es necesario realizar, siguiendo lo prescrito en el Código Procesal Constitucional, un análisis de manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva.
5. Con esta finalidad, y con base en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es posible afirmar que la judicatura constitucional se encuentra habilitada para conocer de eventuales trasgresiones de derechos fundamentales ocurridas en procesos judiciales ordinarios si se han producido (1) vicios de proceso o de procedimiento o (2) vicios de motivación o razonamiento.
6.
Con respecto a los (1) vicios de
proceso y procedimiento, el amparo contra procesos judiciales puede
proceder frente a supuestos de (1.1) vulneración de derechos que conforman la
tutela procesal efectiva (derechos constitucionales procesales tales como plazo
razonable, presunción de inocencia, acceso a la justicia y a los recursos
impugnatorios, juez legal predeterminado, ejecución de resoluciones, etc.); así
como por (1.2) defectos de trámite que inciden en los derechos del debido
proceso (v. gr: problemas de notificación, o de contabilización de plazos, que
incidan en el derecho de defensa, incumplimiento de requisitos formales para
que exista una sentencia válida, etc.). Se trata de supuestos en los que la
vulneración se produce con ocasión de una acción o una omisión proveniente de
un órgano jurisdiccional, y que no necesariamente está contenida en una
resolución judicial, como sí ocurre con los vicios de motivación.
7.
En relación con los (2) vicios de
motivación o razonamiento (cfr. STC Exp. N.º
00728-2008-PHC, f. j. 7, RTC Exp. N.º 03943-2006-PA,
f. j. 4; STC Exp. N.º 06712-2005-PHC, f. j. 10, entre
otras), este órgano colegiado ha señalado que solo le compete controlar vicios
de motivación o de razonamiento, mediante el proceso de amparo contra
resoluciones judiciales, en caso de (2.1) defectos de motivación, (2.2) insuficiencia
en la motivación o (2.3) motivación constitucionalmente deficitaria.
2.1) En relación con los defectos en la motivación, estos pueden ser
problemas de motivación interna, es decir, cuando la solución del caso no se
deduce de las premisas normativas o fácticas contenidas en la resolución, o
cuando la resolución analizada carece de alguna de estas premisas necesarias
para resolver; o de motivación externa, esto es, cuando se han utilizado
indebida o injustificadamente premisas normativas (por ejemplo, si se aplican
disposiciones que ya no se encuentran vigentes o que nunca formaron parte del
ordenamiento jurídico) o fácticas (por ejemplo, la resolución se sustenta en
hechos no probados o en pruebas prohibidas) (vide STC
Exp. N.º 00728-2008-HC, f. j. 7, b y c).
Ahora bien, con respecto a los problemas de motivación externa, vale la
pena precisar que, tal como se afirma en copiosa y uniforme jurisprudencia de
este Alto Tribunal, la judicatura constitucional no puede avocarse, so pretexto
de revisar un asunto relacionado con las premisas normativas o fácticas, a
conocer de asuntos de carácter puramente ordinario o legal (por ejemplo:
esclareciendo cuál es la interpretación legal pertinente o más idónea para el
caso ordinario, en qué sentido deben valorarse las pruebas o cuál es la
calificación jurídica adecuada que correspondería con base en la ley); no
obstante ello, no pierde competencia para pronunciarse respecto de aspectos que
tienen relevancia constitucional. Entre estos supuestos en los que la
judicatura constitucional se encuentra habilitada para pronunciarse respecto de
la motivación externa encontramos, a modo de ejemplo, la existencia de errores
o déficits de derecho fundamental (tal como se explicará en 2.3), así como
frente a infracciones de otros contenidos de carácter constitucional, como es
el caso de, por ejemplo, cuestionamientos a resoluciones por haber infringido
la Constitución en tanto “fuente de fuentes” del ordenamiento jurídico, de
cuestionamientos cuando en el ámbito jurisdiccional ordinario se haya ejercido
el control difuso, o cuando se alegue la aplicación o interpretación indebida
de principios constitucionales o garantías institucionales, entre otras
posibilidades. De este modo, a la vez que, conforme al criterio de corrección
funcional se respetan los fueros propios de la judicatura ordinaria, el
Tribunal no admite la existencia de zonas exentas de control constitucional
dentro de aquello que sí es de su competencia.
2.2) Respecto a la insuficiencia en la motivación (motivación
inexistente, aparente, insuficiente, incongruente o fraudulenta) esta puede
referirse, por ejemplo, a supuestos en los que las resoluciones analizadas
carecen de una fundamentación mínima y solo se pretende cumplir formalmente con
el deber de motivar; cuando se presenta una justificación que tiene apariencia
de correcta o suficiente, pero que incurre en vicios de razonamiento; cuando
esta carece de una argumentación suficiente para justificar lo que resuelve
(que incluye aquellos casos en los que se necesita de una motivación
cualificada y esta no existe en la resolución); cuando lo resuelto no tiene
relación alguna con lo contenido en el expediente o lo señalado por las partes;
o cuando incurre en graves defectos o irregularidades contrarios al Derecho,
entre otros supuestos (cfr. STC Exp. N.º
00728-2008-HC, f. j. 7, a, d, e y f; STC Exp. N.º
0009-2008-PA, entre algunas).
(2.3) Sobre la motivación constitucionalmente deficitaria, esta hace
referencia a trasgresiones al orden jurídico-constitucional contenidas en
sentencias o autos emitidos por la jurisdicción ordinaria, frente a la eventual
trasgresión cualquiera de los derechos fundamentales protegidos por el amparo,
ante supuestos de: (1) errores de exclusión de derecho fundamental, es decir,
si no se tuvo en cuenta un derecho que debió considerarse; (2) errores en la
delimitación del derecho fundamental, pues al derecho se le atribuyó un
contenido mayor o menor al que constitucionalmente le correspondía, y (3)
errores en la aplicación del principio de proporcionalidad, si la judicatura
ordinaria realizó una mala ponderación al evaluar la intervención en un derecho
fundamental o al analizar un conflicto entre derechos (cfr. RTC Exp. N.º 00649-2013-AA, RTC N.º 02126-2013-AA, entre
otras). Supuestos análogos a estos son los casos en los que existan déficits o
errores respecto de otros bienes constitucionales, como pueden ser los
principios o las garantías institucionales, o en relación con el ejercicio del
control difuso, todas estas cuestiones de carácter manifiestamente
constitucional, en las que la judicatura constitucional resulta naturalmente
competente para abocarse a tales materias.
8. En el presente caso, el recurrente cuestiona la Casación 20315-2017 Lima, de fecha 23 de mayo de 2018 (f. 4), que declaró improcedente su recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista de fecha 4 de enero de 2017, que declaró infundada su demanda contencioso-administrativa interpuesta contra el Ministerio de Salud y otro. Al respecto, alega que dicha resolución judicial contiene una motivación insuficiente, en la medida que desestima su recurso indebidamente, aun cuando cumplió con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada.
9. No obstante, se advierte que el plazo para recurrir la resolución judicial de autos (notificada el 14 de agosto de 2018) venció en exceso, ya que interpuso la presente demanda el 7 de diciembre de 2018 (f. 22). En consecuencia, se configura la causal de improcedencia prevista en el inciso 7 del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA