EXP. N.° 01946-2021-PHC/TC
PUNO
CARLOS JOSÉ CELESTINO
TUFINO, representado por JOSÉ LUIS CELESTINO TUFINO
RAZÓN
DE RELATORÍA
Con fecha 19 de noviembre de
2021, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por el magistrado Sardón de Taboada y con la participación de
los magistrados Espinosa-Saldaña Barrera y Ledesma Narváez, llamados
sucesivamente para dirimir la discordia suscitada por los votos singulares de
los magistrados Ferrero Costa y Blume Fortini, ha
dictado el auto en el Expediente 01946-2021-PHC/TC, por el que resuelve:
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas
corpus de autos.
Se deja constancia de que la magistrada
Ledesma Narváez ha emitido fundamento de voto, el cual se agrega.
La secretaria de la Sala Segunda hace constar
fehacientemente que la presente razón encabeza el auto y que los magistrados
intervinientes firman digitalmente al pie de ella en señal de conformidad.
SS.
LEDESMA NARVÁEZ
FERRERO COSTA
BLUME
FORTINI
SARDÓN
DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
Rubí Alcántara Torres
Secretaria de la Sala Segunda
AUTO DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Celestino Tufino, a favor de
don Carlos José Celestino Tufino, contra la
resolución
de fojas 358, de 10 de mayo de 2021, expedida por la Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora de la
Provincia de Puno de la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró
improcedente la demanda de habeas corpus
de autos; y
ATENDIENDO A QUE
1.
El 15 de marzo de 2021, don José Luis Celestino
Tufino interpone demanda de habeas corpus a favor de don Carlos José Celestino Tufino
(f. 55) contra la juez del
Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno.
Solicita que se declare la nulidad de la Resolución 02-2018 (ff. 178 y 180), sentencia de terminación anticipada de 6 de
agosto de 2018, a través de la cual el órgano judicial demandado declaró
fundado el acuerdo de terminación anticipada y condenó al favorecido como autor
del delito de cohecho pasivo propio; y que, consecuentemente, se declare la
nulidad de todo el proceso judicial y se orden el inicio de un nuevo
juzgamiento por otro órgano judicial (Expediente 02781-2018-0-2101-JR-PE-04).
Invoca el principio de legalidad y los derechos al debido proceso, de defensa y
a la libertad personal.
2.
Alega que no se
realizó una adecuada tipificación del delito, ya que el hecho por el cual fue
condenado el favorecido no contempla el tipo penal de cohecho pasivo propio
previsto en el segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal, sino
circunstancias y documentos recabados que constituiría el delito de cohecho
pasivo impropio previsto en el artículo 394 del citado código. Señala que la pena concreta que correspondería al
beneficiario es de seis años si se valora la naturaleza de los hechos y sus
condiciones personales por ser un servidor público con una hoja de vida
impecable. Precisa que el favorecido en ningún momento realizó u omitió acto en
violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas.
3.
Arguye que un abogado de
oficio aconsejó al favorecido sobre la confesión y consecuente pena por debajo
del mínimo establecido y que como el procesado se encontraba aturdido aceptó
los cargos. Afirma que luego de que se realizaron las acciones procesales ante
la fiscalía se requirió al favorecido un abogado que firme el acuerdo, ya que
el aludido abogado de oficio estaba de licencia, circunstancia en la que se le
acercó la abogada Arias Flores, quien firmó el acuerdo de terminación
anticipada sin leerlo ni asesorar al beneficiario, quien también firmó el
acuerdo. Aduce que la sentencia se dictó sin verificar que el beneficiario
estaba plenamente conforme con los términos de la terminación anticipada según
los lineamientos establecidos por el Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116.
4.
Aduce que el beneficiario no
tuvo una defensa eficaz, pues su abogada no pudo dilucidar que en su caso no
debía atribuírsele el agravante del delito. Asevera que el favorecido no ejecutó ninguna conducta punible mediante
ocultamiento con abuso de condición de superioridad sobre la víctima ni se
aprovechó de las circunstancias, por lo que no debió atribuírsele la agravante
del delito. Refiere que durante la diligencia en la que se
levantaron el acta de registro de intervención y el acta de visualización de
adherencia de reactivo químico no se contó con la presencia de un defensor
público. Manifiesta que toda la intervención y operación realizada por la
fiscalía y la policía el 3 de agosto de 2018 fue grabada en audio y video e
instalada en el cuerpo del denunciante, quien hizo la entrega del dinero al
beneficiario, por lo que tales grabaciones deben ser valoradas en un juicio
donde se compruebe si tal entrega fue en razón de un “cobro” o de un “favor” de
compra de materiales.
5.
El Primer Juzgado Penal
Unipersonal de Puno, mediante la Resolución
1-2021 (f. 81), de 15 de marzo de 2021, admitió a trámite la demanda.
6.
Realizada la investigación sumaria del habeas
corpus, el procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del
Poder Judicial solicita que se declare improcedente la demanda (f. 96). Señala
que los fundamentos de la demanda no denotan afectación alguna susceptible de
ser revisada en sede constitucional. Afirma que el hecho alegado no está
relacionado con el contenido constitucionalmente protegido del derecho
invocado, pues se ha acudido a la instancia constitucional a efectos de
reexaminar la sentencia de terminación anticipada mediante la revaloración de
los elementos de convicción que vinculan al favorecido con el hecho imputado.
Agrega que el 23 de setiembre de 2020 el accionante interpuso una demanda de habeas
corpus cuyo petitorio y fundamentos son idénticos a los formulados en la
presente demanda, lo cual resulta temerario y malicioso.
7.
El Primer Juzgado Penal
Unipersonal de Puno, el 29 de marzo de 2021,
declaró improcedente la demanda (f. 299). Estima que el habeas corpus no
está destinado a revisar si el modo como se han resuelto las controversias de
orden penal es el más adecuado conforme a la legislación ordinaria ni constituye
una instancia que permita valorar lo actuado en un proceso penal. Señala que el requerimiento de proceso inmediato no ha sido oralizado ni resuelto, porque fue acompañado con el
requerimiento de terminación anticipada que fue aprobado. Agrega que la
demandada realizó el control respectivo sobre la existencia del hecho
delictivo, la calificación jurídica adecuada y el sustento de los elementos de
convicción que acreditan el delito y la vinculación del imputado.
8.
La Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora de la
Provincia de Puno de la Corte Superior de Justicia de Puno, el 10 de mayo de
2021 (f. 358), confirmó la resolución apelada. Considera que en el caso no se
observa afectación a derecho constitucional alguno, puesto que el favorecido se
acogió a los beneficios de la terminación anticipada en forma voluntaria y
rodeado de todas las garantías procesales, conforme se aprecia del acta de la
audiencia llevada a cabo el 6 de agosto de 2018. Agrega que la demandada se
limitó a verificar la legalidad del acuerdo establecido entre el representante
del Ministerio Público y el beneficiario, quien dio su aceptación.
9.
La Constitución establece expresamente en su artículo 200,
inciso 1, que el habeas corpus
procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o sus derechos
constitucionales conexos. Ello implica que para que proceda el habeas corpus el hecho inconstitucional
denunciado necesariamente debe producir una afectación negativa, real, directa
y concreta en el derecho a la libertad personal. Es por ello que el artículo 7,
inciso 1, del nuevo Código Procesal
Constitucional establece que “[n]o proceden los procesos constitucionales
cuando: (…) los hechos y el petitorio de la demanda no
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del
derecho invocado”.
10.
En el caso de autos, esta Sala del
Tribunal Constitucional aprecia que lo que en realidad se pretende es que se
lleve a cabo el reexamen de la resolución cuestionada con alegatos que se
encuentran relacionados con asuntos que corresponde determinar a la judicatura
ordinaria, como son los cuestionamientos referidos a la valoración y
suficiencia de las pruebas penales, a la apreciación de los hechos penales, la
aplicación o inaplicación al caso penal concreto de acuerdos
plenarios del Poder Judicial, así como respecto de la subsunción, calificación
y tipificación del delito materia del proceso penal subyacente.
11.
De otro lado, en cuanto al alegato de la
demanda que refiere a la supuesta vulneración del derecho constitucional de
defensa, que se habría concretado con la defensa ineficaz que habría realizado
su defensa técnica en el marco de la terminación anticipada, cabe precisar que
el Tribunal Constitucional tiene establecido en su jurisprudencia que la
designación de un defensor público no puede constituir un acto meramente formal
que no brinde tutela al contenido constitucionalmente protegido del derecho de
defensa (Cfr. Expedientes 04324-2015-PHC/TC, f. 8; 04733-2015-PHC/TC, f. 8; y
01600-2019-PHC/TC, f. 7, entre otros).
12.
Por consiguiente, en la medida en que el
abogado que patrocinó al procesado no sea un abogado particular, sino un
abogado defensor público, se podrá analizar, por excepción, y en relación con hechos
de relevancia constitucional que hayan derivado de manera directa en la
restricción del derecho a la libertad personal, si dicho defensor público
efectuó una defensa tal que haya dejado en manifiesto estado de indefensión al
inculpado. Sin embargo, en el presente caso, este Tribunal aprecia de autos que
el favorecido contó con una abogada particular de libre elección, conforme se
aprecia del acta de acuerdo provisional sobre la pena y la reparación civil (f.
140), del índice de registro de audiencia de determinación del proceso
inmediato (f. 165) y del índice de registro de audiencia de proceso inmediato
con terminación anticipada (f. 176), que consecuentemente dio lugar a la
emisión de la sentencia cuestionada. Por tanto, no se manifiesta el presupuesto
de excepcionalidad al cual el Tribunal Constitucional ha hecho referencia.
13.
Sin perjuicio de lo anterior expuesto, esta
Sala hace notar que los alegatos de que el favorecido aceptó los cargos sin ser
asesorado técnicamente y que no estuvo conforme con los
términos de la terminación anticipada resultan inverosímiles, toda vez que de
las instrumentales citadas en el fundamento precedente (ff.
140 y 176) se advierte que beneficiario reconoció y aceptó los hechos, así como
la pena y que en señal de conformidad consignó su firma, número de DNI y su
huella digital.
14.
Por consiguiente, la presente demanda debe
ser
rechazada en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo
7, inciso 1, del nuevo Código Procesal Constitucional, máxime si la parte demandada no ha
contradicho ni sustentado la afirmación de la emplazada respecto de la
tramitación de otra demanda de habeas corpus idéntica a la presente que
podría estar relacionada con los supuestos de improcedencia de la demanda por litispendencia o cosa juzgada constitucional previstos en los
artículos 7,
inciso 5, y 15 del Código Procesal.
Por estas consideraciones,
el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú, con la participación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera
y la magistrada Ledesma Narváez —conforme a lo dispuesto en la Resolución
Administrativa 172-2021-P/TC—, llamados sucesivamente para dirimir la discordia
suscitada por los votos singulares de los magistrados Ferrero Costa y Blume Fortini, y con el fundamento de voto de la magistrada
Ledesma Narváez, que se agrega,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas
corpus de autos.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
PONENTE SARDÓN DE TABOADA
FUNDAMENTO
DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA
NARVÁEZ
Si en la votación de un
caso concreto un magistrado del Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre
dicho caso, entonces, en sentido estricto, no ha votado, no administra justicia
y no está conociendo el caso en última y definitiva instancia
En
el presente caso, debo manifestar que coincido con el sentido del voto por el
cual se declara IMPROCEDENTE la
demanda, por las mismas consideraciones que ahí se exponen. Sin perjuicio de
ello, debo manifestar que, de la revisión de actuados en el presente caso, dejo
constancia, respetuosamente, que los magistrados Ferrero Costa y Blume Fortini
están denominando “votos singulares” a decisiones que no corresponden tener esa
denominación dado que no se pronuncian sobre el respectivo caso concreto.
Si
un magistrado o una mayoría de magistrados se ha pronunciado en el sentido de
que la demanda del caso concreto es improcedente, entonces los votos
singulares, de haberlos, deben contraargumentar sobre esas razones de la
improcedencia u otras razones, pero siempre relacionadas a la pretensión del caso
concreto.
Lo
que no corresponde hacer es que el “voto singular” trate únicamente sobre
cuestiones incidentales, como aquella, si se debe convocar o no a una audiencia
pública, pero sin ninguna razón, ni una sola, sobre el específico caso
concreto. Al actuar de este modo no sólo se está desacatando el Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional o la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, sino también a la Constitución.
Además,
dejo constancia que con dicha forma de proceder se está desacatando acuerdos
del Pleno, que modificaron el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional,
respecto de la tramitación de los procesos de control concreto dispuesta por el
Nuevo Código Procesal Constitucional, pues se está dejando resolver sobre el
caso concreto en la respectiva vista de la causa.
Si
los magistrados Ferrero y Blume, asumen que la expresión “vista de la causa”
del artículo 24 del nuevo código, sólo puede ser entendida como “audiencia
pública”, su decisión será respetable, pero de ninguna forma pueden incumplir
el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional (artículo 11-C) que hoy
establece que la expresión “vista de la causa” puede realizarse sin audiencia
pública o con una posterior audiencia pública, y menos aún pueden incumplir la
exigencia de pronunciarse sobre el caso concreto.
No
sabemos qué razones tuvo el Poder Legislativo cuando elaboró el artículo 24 del
Nuevo Código Procesal Constitucional (lo que de por sí es grave, pues, como es
de conocimiento público, no se dio una amplia deliberación pública previa al
dictado de dicho código). Lo cierto es
que, una vez publicada una ley, ésta se independiza de su autor.
¿Qué
es lo que redactó el legislador en el artículo 24?
Diremos que en uno de sus extremos redactó la expresión “vista de la causa”. ¿Existe
en el derecho procesal diferentes tipos de “vista de la causa”? por
supuesto que Si. Existe la “vista de la causa con informe oral” y la “vista de
la causa sin informe oral”. ¿Qué establece el Reglamento Normativo del
Tribunal Constitucional sobre el particular? En el artículo 11-C establece que en la
tramitación de los casos siempre debe haber vista de la causa y que en aquellos
casos que requieran pronunciamiento de fondo se realizará la respectiva
audiencia pública.
¿Qué
es lo deben hacer todos los magistrados del Tribunal Constitucional al respecto?
Cumplir el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que
están haciendo los dos magistrados del Tribunal Constitucional antes
mencionados? Están incumpliendo el Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional pues en las vistas de la causa no están votando en el caso
concreto.
Seguidamente,
amplio mis razones:
A.
Sobre el uso
inadecuado de la denominación “voto singular”
1.
La
Constitución establece en el artículo 139 inciso 8, como un principio de la
función jurisdiccional, el de “no dejar de administrar justicia” y en el
artículo 202 inciso 2 que corresponde al Tribunal Constitucional “2.
Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de
hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento”.
A
su vez, la Ley 28301, Orgánica del Tribunal Constitucional establece en el
artículo 5 que “En ningún caso el Tribunal Constitucional deja de resolver
(…) Los magistrados tampoco pueden dejar de votar, debiendo hacerlo en favor o
en contra en cada oportunidad (…)”.
El
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional establece en el artículo 8 que
“(…) Los Magistrados no pueden abstenerse de votar, debiendo hacerlo a favor
o en contra en cada oportunidad (…)”.
2.
En
el presente caso, de acuerdo a la normatividad antes mencionada y teniendo en
consideración las posiciones de ambos magistrados, no estamos propiamente ante
un voto singular. En ningún extremo de los denominados “votos singulares” hay
algún pronunciamiento sobre la pretensión contenida en la demanda.
Tales decisiones únicamente tienen
referencias a lo que consideran la necesidad de que se realice lo que llaman
una “audiencia de vista” y al ejercicio del derecho de defensa, afirmando que
dicho derecho sólo es efectivo cuando el justiciable y sus abogados pueden
exponer, de manera escrita y también de modo oral los argumentos pertinentes.
Sostienen también que la expresión “vista de la causa” debe ser entendida como
“audiencia pública”.
3.
Al
respecto, pueden revisarse minuciosamente los denominados “votos singulares” y
en ninguna parte de estos hay alguna referencia al caso concreto, a los
argumentos del demandante o a la pretensión contenida en la demanda. Si no
existe dicho pronunciamiento entonces no se puede denominar voto singular. En
sentido estricto no han votado en el presente caso, no están administrando
justicia y no están conociendo el caso en última y definitiva instancia. Hay
una grave omisión en sus autodenominados “votos singulares”. No están votando
ni a favor ni en contra en cada oportunidad, como exige la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional y su Reglamento Normativo. Simplemente, no están
votando en el caso concreto.
4.
Por
lo tanto, entendiendo que los magistrados mencionados no han votado en el
presente caso, correspondería devolver el respectivo expediente para que se
emita el voto que corresponda. Sin embargo, dado que este expediente se me ha
remitido, por formar parte de otra sala, para que emita mi voto y así completar
los 3 votos necesarios para hacer sentencia en Sala, procedo a pronunciarme
para no perjudicar los derechos fundamentales de los justiciables quienes
requieren una atención con prontitud y celeridad por parte del Tribunal
Constitucional.
Lo expuesto no es impedimento para dejar
expresa constancia sobre la omisión de pronunciamiento sobre la pretensión
concreta, sino también de su desacato a un acuerdo del Pleno del Tribunal
Constitucional, como lo veremos en seguida.
B.
Sobre el desacato
a los acuerdos de Pleno del Tribunal Constitucional
5.
El
artículo 19.2 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional establece
como uno de los deberes de los Magistrados del Tribunal Constitucional: “Cumplir
y hacer cumplir su Ley Orgánica, el Nuevo Código Procesal Constitucional, el
ordenamiento jurídico de la Nación y el presente Reglamento”.
Asimismo,
el artículo 11-C del referido cuerpo normativo establece lo siguiente: “En
los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, la vista de
la causa es obligatoria. Si en la vista de la causa la Sala considera que la
demanda es improcedente, se resuelve en ese sentido mediante auto, sin
convocatoria a audiencia pública. También se resuelven sin convocatoria a
audiencia pública los recursos de agravio constitucional a favor de la debida
ejecución de la sentencia, las apelaciones por salto y las quejas. Si en la
vista de la causa la Sala considera que la demanda requiere un pronunciamiento
de fondo por parte suya, se notifica a las partes, convocando a audiencia
pública. Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda requiere
un pronunciamiento de fondo por parte del Pleno, se notifica a las partes,
convocando a audiencia pública. Los secretarios de Sala están autorizados a
suscribir los decretos de notificación de vistas de la causa y de celebración
de audiencias públicas”.
6.
El
mencionado artículo 11-C fue incorporado por el Artículo Quinto de la
Resolución Administrativa N° 168-2021-P/TC. Si bien el acuerdo de Pleno que
aprobó tal incorporación se produjo con el voto en contra de los magistrados
Ferrero Costa y Blume Fortini, ello en ningún modo justifica que tales
magistrados no acaten las disposiciones del Reglamento Normativo.
Una
vez aprobada la reforma del Reglamento Normativo, es vinculante para todos los
magistrados, para los servidores y servidoras del Tribunal Constitucional, así
como los respectivos justiciables. Eso es lo que ordena nuestro marco normativo
y así se ha procedido con todas las reformas del Reglamento Normativo.
7.
El
citado artículo 11-C del Reglamento (que no hace sino materializar lo previsto
en las citadas normas de la Constitución y Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional), contiene algunos mandatos normativos, como los siguientes:
1)
“(…) Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda es
improcedente, se resuelve en ese sentido mediante auto, sin convocatoria a
audiencia pública (…)”.
De
este extremo se desprende que, si los tres magistrados de la sala consideran
que la demanda es improcedente, deben resolverlo así. Ello exige un pronunciamiento
sobre el caso concreto;
2)
“También se resuelven sin convocatoria a audiencia pública los recursos de
agravio constitucional a favor de la debida ejecución de la sentencia, las
apelaciones por salto y las quejas”. De este extremo se desprende la
exigencia un pronunciamiento sobre el caso concreto;
3)
“Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda requiere un
pronunciamiento de fondo por parte suya, se notifica a las partes, convocando a
audiencia pública”. De este extremo se desprende la exigencia un pronunciamiento
sobre el caso concreto;
4)
“Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda requiere un
pronunciamiento de fondo por parte del Pleno, se notifica a las partes, convocando
a audiencia pública”. De este extremo se desprende la exigencia un pronunciamiento
sobre el caso concreto.
8.
Todos
estos supuestos exigen el pronunciamiento sobre la pretensión del caso
concreto. Eso es lo que dice el reglamento (y otras normas citadas) y lo que
debemos cumplir todos. Si un magistrado estima que debe emitir un voto singular
en cada uno de los 4 supuestos mencionados entonces dicho voto, para ser
considerado como tal, debe expresar las razones que estime pertinente pero
siempre vinculadas al caso concreto.
9.
A
modo de ejemplo sobre la adecuada forma de manifestar la discrepancia y respeto
de los acuerdos de Pleno (y otras normas citadas), debo recordar que, en
octubre de 2015, mediante Resolución
Administrativa N° 138-2015-P/TC, se modificó el artículo 10 del Reglamento Normativo
del Tribunal Constitucional en el sentido de exigir sólo 4 votos para aprobar
un precedente.
Dicha
modificatoria fue aprobada por 4 votos (magistrados Miranda Canales, Blume
Fortini, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera) y 3 votos en contra
(magistrados Urviola Hani,
Ledesma Narváez y Sardón de Taboada). Pesé a que voté en contra, en ninguna
oportunidad me opuse a la nueva de regla de votación que puso el Pleno pues
era, es y será mi deber respetar y acatar el Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional.
10.
No
quiero analizar en detalle la argumentación de los magistrados Ferrero y Blume,
sino tan sólo precisar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho
defensa no sólo se puede hacer valer mediante argumentos orales sino también
mediante argumentos escritos. La defensa puede ser escrita o puede ser oral.
11.
Si
el legislador que dictó el Nuevo Código Procesal Constitucional puso en el
artículo 24 el texto “vista de la causa” y no puso “audiencia pública”, sus razones habrá tenido, pero una vez publicada la ley,
ésta se independiza de su autor.
Si
hoy dice “vista de la causa”, entonces no se puede forzar la
interpretación y obligarnos a entender que ello es lo mismo que “audiencia
pública”.
Basta
sólo revisar la normatividad procesal en el Perú para darnos cuenta que pueden
haber vistas de la causa con audiencia pública y sin audiencia pública. Así
pues, el mandato expreso del legislador contenido en el artículo 24 del Nuevo
Código Procesal Constitucional es que los casos que lleguen al Tribunal
Constitucional tengan vista de causa, y eso es lo que se está cumpliendo.
Por
el contrario, resulta un exceso que se obligue a que estas causas tengan, en
todos los casos, vistas con audiencias públicas para que los abogados puedan
informar oralmente. Ello no ha sido previsto por el legislador.
12.
Por
ello, resulta preocupante que se desacate no solo los acuerdos adoptados en
mayoría por el Pleno del Tribunal Constitucional, sino también el mandato
expreso del propio legislador (entre otras normas citadas), generando votos que
no contienen un expreso pronunciamiento sobre la pretensión del caso concreto.
S.
LEDESMA
NARVÁEZ
VOTO SINGULAR
DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA
Con
el debido respeto por la opinión de nuestros colegas magistrados, emitimos el
presente voto singular, pues consideramos que en el caso de autos se debe convocar
a audiencia pública.
Con
la emisión de la Ley 31307, que regula el Nuevo Código Procesal Constitucional
publicado el viernes 23 de julio del presente año, se presentan novedades
interesantes e importantes, las cuales, como se expresa en la parte final del
texto de la exposición de motivos, se encuentran en concordancia con las
políticas de Estado del Acuerdo Nacional, específicamente en lo relacionado con
la plena vigencia de la Constitución, los derechos humanos, el acceso a la
justicia y la independencia judicial.
Entre
las modificaciones más significativas podríamos mencionar la prohibición de
aplicar el rechazo liminar (artículo 6) y la obligatoriedad de la vista de la
causa en sede del Tribunal Constitucional (segundo párrafo del artículo 24).
Dicho texto señala lo siguiente: «(…) En el Tribunal Constitucional es
obligatoria la vista de la causa. La falta de convocatoria de la vista y del
ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de agravio
constitucional». Sobre este último punto y su alcance radica nuestro desacuerdo
con la resolución en mayoría.
En
ese contexto, y como ya lo hemos reiterado desde que nos integramos al Tribunal
Constitucional en septiembre de 2017, a través de nuestro primer voto singular
emitido en el Expediente 00143-2016-PA/TC (publicado en la web institucional
www.tc.gob.pe con fecha 30 de noviembre de 2017), en relación con el precedente
vinculante Vásquez Romero, Expediente 00987-2014-PA/TC, nuestro alejamiento,
respecto a la emisión de una resolución constitucional en procesos de la
libertad sin que se realice la audiencia de vista, se vincula estrechamente al
ejercicio del derecho a la defensa, el cual solo es efectivo cuando el
justiciable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y oral, los
argumentos pertinentes, concretándose el principio de inmediación que debe
regir en todo proceso constitucional (fundamento 9 de nuestro voto), y también
conforme lo ordena el artículo III del Título Preliminar del Nuevo Código
Procesal Constitucional. Es decir que copulativamente se deben presentar ambas
maneras de exposición de alegatos.
Asimismo,
debemos tener en cuenta que la Constitución Política del Perú, en su artículo
202, inciso 2, prescribe que corresponde al Tribunal Constitucional «conocer,
en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias dictadas en los
procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento». Esta
disposición constitucional, desde una posición de franca tutela de los derechos
fundamentales, exige que el Tribunal Constitucional escuche y evalúe los
alegatos de quien se estima amenazado o agraviado en alguno de los derechos
fundamentales. Una lectura diversa contravendría mandatos esenciales de la
Constitución, tales como el principio de defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado.
Resulta
relevante, en este punto, recordar que, como afirmó Raúl Ferrero Rebagliati,
«la defensa del derecho de uno es, al mismo tiempo, una defensa total de la
Constitución, pues si toda garantía constitucional entraña el acceso a la
prestación jurisdiccional, cada cual al defender su derecho está defendiendo el
de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o envilecida sin la
protección judicial auténtica». Así pues, lo constitucional es escuchar a la
parte como concretización de su derecho irrenunciable a la defensa. Al mismo
tiempo, el derecho a ser oído se manifiesta como la democratización de los
procesos constitucionales de libertad.
A
mayor abundamiento, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, en el que
participan importantes instituciones como la Real Academia Española, la Cumbre
Judicial Iberoamericana, la Asociación de Academias de la Lengua Española,
entre otras, define la vista como
Actuación en que se relaciona ante el tribunal,
con citación de las partes, un juicio o incidente, para dictar el fallo, oyendo
a los defensores o interesados que a ella concurran. Es una actuación
oral, sin perjuicio de su documentación escrita o por grabación de
imagen y sonido, y salvo excepciones, de carácter público (cfr. https://dpej.rae.es/lema/vista).
Por
estos motivos, consideramos que en el caso de autos se debe convocar la vista
de la causa entendida como audiencia pública, lo que garantiza que el Tribunal
Constitucional, en tanto instancia última y definitiva, escuche a las personas
afectadas en sus derechos fundamentales; especialmente si se tiene en cuenta
que, agotada la vía constitucional, al justiciable solo le queda el camino de
la jurisdicción internacional de protección de derechos humanos.
S.
FERRERO COSTA
VOTO SINGULAR
DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO QUE ANTES DE RESOLVERSE LA CAUSA
DEBE PREVIAMENTE CONVOCARSE A VISTA DE LA MISMA EN AUDIENCIA PÚBLICA CON
INFORME ORAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 24 DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
CONSTITUCIONAL
Discrepo, muy respetuosamente, de lo decidido en la resolución de
mayoría, en la que, sin vista de la causa en audiencia pública dando
oportunidad a las partes de informar, como lo manda el segundo párrafo del
artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado mediante la Ley
31307, se ha decidido declarar IMPROCEDENTE la demanda, contraviniendo el claro
mandato contenido en dicha norma que transcribo a continuación, a pesar de que
se trata de un mandato de orden público y, por lo tanto, de inexcusable
cumplimiento:
“En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa, la
falta de convocatoria de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el
trámite del recurso de agravio constitucional”.
De esta forma, recurriendo a una interpretación restrictiva de la
expresión “vista de la causa” y abandonando el principio de interpretación pro
homine que debe orientar el accionar de todo juez constitucional, lo que en el
fondo se ha hecho es mantener la figura de la sentencia interlocutoria
denegatoria, cuya aplicación extensiva ha sido nefasta para miles de
justiciables, desde que la misma empezó a implementarse en el segundo semestre
de 2014, pero esta vez bajo la forma de una supuesta “vista de la causa” sin
audiencia pública y sin posibilidad de informar para las partes, afectando su
derecho de defensa, pese a que la propia norma antes transcrita sanciona con
invalidación del trámite del recurso de agravio la falta de convocatoria a las
partes a vista de la causa en audiencia pública para que ejerzan su derecho de
defensa.
Desarrollo a continuación las razones de mi radical discrepancia con la
resolución de mayoría:
1. Conforme lo he dejado sentado en los miles de votos
singulares que he emitido desde que asumí el cargo de Magistrado del Tribunal
Constitucional en el año 2014, en los procesos constitucionales en los que he
intervenido y en los que se emitieron sentencias interlocutorias denegatorias,
mediante las cuales se efectuó una indebida aplicación extensiva,
indiscriminada y general del precedente Vásquez Romero, recaído en el
Expediente 00987-2014-PA/TC, para rechazar miles de procesos constitucionales
de tutela de derechos, sin respetar los derechos del justiciable demandante, al
punto de que, inconstitucionalmente y transgrediendo el inciso segundo del
artículo 203 de la Constitución Política del Perú (que establece claramente que
el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las
resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y
cumplimiento), se recalificaron los recursos de agravio constitucional ya
concedidos a los justiciables recurrentes y se los declaró improcedentes,
afectando sus derechos fundamentales, tales como el derecho a ser oído, el
derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho al
debido proceso, el derecho a la tutela procesal efectiva, entre otros.
2. En tales miles de votos singulares dejé clara e
inequívocamente precisado que la decisión contenida en las resoluciones de
mayoría, si se optaba por dictar una sentencia interlocutoria invocando el
precedente Vásquez Romero y este fuera aplicable, no correspondía declarar
improcedente el recurso de agravio constitucional, sino entrar al fondo del
asunto y evaluar la pretensión contenida en la demanda, a los efectos de
determinar si la misma se encontraba dentro de los supuestos consagrados en
dicho precedente.
3. Así mismo, en los referidos votos singulares, al referirme
al marco constitucional y legal para acceder al Tribunal Constitucional como
última y definitiva instancia constitucional en la jurisdicción nacional,
expresé los siguientes fundamentos de mi posición, que ahora reitero:
3.1 Que la Constitución Política del Perú ha
consagrado, en el inciso 2) de su artículo 202, que el Tribunal Constitucional conoce,
en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias dictadas por el
Poder Judicial en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y
cumplimiento; habilitando de tal forma al demandante a acceder al máximo órgano
de la justicia constitucional, sin más condición que este se halle ante una
resolución denegatoria de segundo grado.
3.2 Que, complementando tal propósito
habilitador de acceso al Tribunal Constitucional, el entonces vigente Código
Procesal Constitucional en su artículo 18 reguló el recurso de agravio
constitucional a favor del demandante, como el instrumento procedimental idóneo
para impugnar la resolución denegatoria a su pretensión dictada en segundo
grado por el Poder Judicial, sea que este haya declarado improcedente la
demanda o que haya declarado infundada la demanda, sin más requisito para su
concesión y procedencia que se trate de una resolución denegatoria y que se
interponga dentro del plazo de diez días de notificada.
3.3 Que, ratificando esa línea habilitadora de
acceso al Tribunal Constitucional, el mismo código adjetivo constitucional
había introducido en su artículo 19 el recurso de queja por denegatoria de
recurso de agravio constitucional, el cual permitía al demandante cuestionar
ante el propio Tribunal Constitucional aquella resolución dictada por el Poder
Judicial que hubiese denegado o rechazado tal medio impugnatorio, a fin que el
Tribunal Constitucional haga una revisión de la declaración de improcedencia
cuestionada, en la línea de brindar una mayor garantía al justiciable y,
eventualmente, rectificar la decisión a favor del demandante, si se detectaba
que la denegatoria careció de fundamento.
3.4 Que, por tanto, dentro de la lógica de la
justicia finalista, amparista y antiformalista que
informaba el acceso al Tribunal Constitucional, así como las instituciones
procesales reguladas por el entonces vigente Código Procesal Constitucional, no
cabía establecer requisitos de procedencia adicionales a los dos señalados y,
menos aún, sostener que al Tribunal Constitucional le compete determinar la
procedencia del recurso de agravio constitucional, salvo el caso de su
intervención residual vía queja por denegatoria del mismo para procurar su
concesión.
3.5 Que la concesión del recurso de agravio
constitucional y, por tanto, la calificación de su procedencia era una competencia del Poder
Judicial, ejercida a través de las Salas de sus Cortes Superiores encargadas de
conocer en segundo grado los procesos que nos ocupaban, cuando hubiesen dictado
resoluciones denegatorias a la pretensión del demandante, por ser improcedente
o infundada la demanda, según el caso, que permitía acceder al Tribunal
Constitucional, a los efectos que, como última y definitiva instancia (como
instancia de grado), definiera la controversia.
3.6 Que, por tanto, una vez abierta la puerta
de acceso al Tribunal Constitucional vía la concesión del recurso de agravio
constitucional, lo cual significaba acceder a una instancia de grado, que,
además, es última y definitiva en la jurisdicción nacional, no cabía que el
Tribunal Constitucional calificara la procedencia o improcedencia del citado
recurso, por cuanto aquel venía ya calificado y concedido por la segunda
instancia judicial.
3.7 Que el Tribunal Constitucional no tenía
competencia para entrar a dicha calificación y, si lo hacía, estaría volviendo
a calificar, en perjuicio del justiciable demandante un recurso ya calificado y
concedido; contrariando la lógica finalista, amparista
y antiformalista antes referida, y violentando su derecho de acceso a la
justicia constitucional especializada en instancia final y definitiva en la
jurisdicción interna. Más aún si la expedición de la sentencia interlocutoria
denegatoria se producía sin vista en audiencia pública.
3.8 Hago notar que el Nuevo Código Procesal
Constitucional ha mantenido los artículos 18 y 19 de su predecesor, pero
numerándolos como artículos 24 y 25, respectivamente.
4. De otro lado, en los citados votos singulares dejé aclarado
que, si bien debía procurarse la descarga, aquella debía hacerse sin
desamparar, desguarnecer ni abdicar, e hice hincapié en la correcta
interpretación del precedente Vásquez Romero, para lo cual esgrimí los
siguientes fundamentos:
4.1 Que, en armonía con lo expresado,
cualquier intento de descarga que asumiera el Tribunal Constitucional si
observaba que existían causas manifiestamente improcedentes o infundadas, que
debieron merecer una descalificación desde un inicio, por no darse los
supuestos elementales que habilitaban la generación de un proceso constitucional,
no pasaba por descalificar el recurso de agravio constitucional ya concedido,
sino por emitir un pronunciamiento desestimatorio, que indicara con toda
precisión la razón que llevaba a tal decisión; máxime si los supuestos a los que se refería el fundamento
49 de la sentencia recaída en el Expediente 0987-2014-PA/TC, no eran, dentro
del contexto descrito, instrumentos de rechazo de plano del recurso de agravio
constitucional, que, como tales, justificaran su improcedencia, sino
situaciones que, de presentarse, originaban una sentencia interlocutoria
denegatoria por carecer de sustento la pretensión contenida en la demanda, lo
cual implicaba necesariamente entrar al examen del fondo del asunto.
4.2 Que, además, cualquier intento de
descarga procesal no debía olvidar que cada caso era peculiar y merecía un
análisis propio, prolijo y detenido, para arribar a una decisión debidamente
motivada y justa, ajena a facilismos y apresuramientos, pues ello era una
exigencia de cumplimiento ineludible en la excelsa función de administrar la
justicia constitucional que tenía el Tribunal Constitucional, como garante
final de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de la primacía
normativa de la Constitución, y como última y definitiva instancia en los procesos
de la llamada jurisdicción de la libertad, pues lo contrario colisionaría con
el principio de interdicción de la arbitrariedad.
4.3 Que, por lo demás, consideraba pertinente
precisar que las causales de rechazo que contemplaba el precedente contenido en
la sentencia recaída en el Expediente 00987-2014-PA/TC* solo debían ser entendidas con un criterio eminentemente restrictivo.
Esto es, como referidas única y exclusivamente a los cuatro supuestos que allí
se consignan y siempre que aparezcan en forma indiscutible e indubitable. No
así con un criterio de aplicación extensiva y, menos aún, a otros supuestos de
desestimación de la pretensión.
5. Por lo demás, en los mismos votos singulares dejé constancia
del exceso incurrido y de mi radical apartamiento de la forma de aplicación y
extensión del precedente Vásquez Romero, para cuyo efecto señalé:
5.1. Que, en ese contexto, resultaba un notable
exceso pretender, como ya venía ocurriendo en una buena cantidad de casos, que
la totalidad de causales de improcedencia de los procesos constitucionales
previstas en el entonces vigente Código Procesal Constitucional (Cfr. artículos
4, 5 y 70, entre otros), fuesen subsumidas dentro de los supuestos establecidos
en el citado precedente, pues este último, lo enfatizaba, fue concebido para
casos muy excepcionales en los que no hubiese duda alguna sobre su
encuadramiento en tales supuestos: para casos de notoria, indudable y grotesca
improcedencia, que habilitaban la desestimación de la pretensión sin más
trámite, de manera excepcional. No fue concebido con una finalidad laxa, amplia
y genérica, ni habilitadora de otras situaciones; máxime si la decisión se
emitiría sin más trámite. Se trató de una figura de aplicación excepcional. No
de aplicación general. Y, lo aclaré, ese fue el motivo por el que acompañé la
propuesta, que lamentablemente fue desnaturalizada, como lo he explicado
precedentemente.
5.2 Que las consideraciones descritas me
llevaban a sostener que, adicionalmente a mi discrepancia por el uso equivocado
que se venía haciendo de la llamada sentencia interlocutoria denegatoria,
tampoco podía asumir como razonable y conforme a Derecho su aplicación
indiscriminada, extensiva y generalizada a toda causal de improcedencia o de
rechazo contemplada en el Código Procesal Constitucional, omitiendo el trámite
de vista en audiencia pública y sin oír a las partes.
5.3 Que ello lesionaba el derecho al debido
proceso, el derecho a la tutela procesal efectiva y el derecho de defensa,
entre otros, que estaban reconocidos en el artículo 139, incisos 3 y 14 de la
Constitución, respectivamente, en los artículos 1 y 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y en el artículo 4 del mismo entonces vigente
Código Procesal Constitucional; derechos que el Tribunal Constitucional había
desarrollado con amplitud en numerosas sentencias dictadas antes del precedente
Vásquez Romero, como el derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales y sus parámetros de medición.
5.4 Que frente a esas dos situaciones, la
desnaturalización de la aplicación del precedente Vásquez Romero y su indebida
extensión a todas las causales de improcedencia previstas en el entonces
vigente Código Procesal Constitucional, había llegado a la firme convicción que
debía dejar constancia de mi apartamiento de tales formas de entender y aplicar
dicho precedente, por lo que votaba en el sentido que el Tribunal
Constitucional debía dar trámite regular a la causa, convocar a audiencia para
la vista de la misma, oír a las partes en caso solicitaran informar y admitir
nuevas pruebas si estas se presentaran, así como conocer y ameritar las
argumentaciones que esgrimieran en defensa de sus derechos, en un marco de
respeto irrestricto a su derecho de defensa, como última y definitiva instancia
que agotaba la jurisdicción interna, dejando aclarado que, al no haberse
emitido pronunciamiento sobre la pretensión, no podía opinar sobre el fondo de
la controversia, ya que la resolución de mayoría, lesionando los antes aludidos
derechos de la parte demandante, se limitaba a declarar improcedente el recurso
de agravio constitucional.
6. Como consecuencia de la utilización de la inconstitucional
figura de la sentencia interlocutoria, en forma inédita en la historia del Tribunal
Constitucional, se rechazaron miles de causas que llegaban a él con recursos de
agravio constitucional típicos concedidos a favor de los justiciables
demandantes, sin siquiera darles oportunidad de defenderse y de ser oídos,
violando flagrantemente, entre otros, sus derechos fundamentales a la
pluralidad de instancias, a la tutela procesal efectiva, a ser oído, a tener
una vista de causa en audiencia pública con plena garantía para que las partes
y sus abogados pudieran informar oralmente ante los señores Magistrados y al
debido proceso, entre otros.
7. Tan lesivo, inédito e insólito proceder, provocó un efecto
dominó en las instancias inferiores (Juzgados Especializados y Cortes
Superiores competentes del Poder Judicial), que optaron por el facilismo de
rechazar liminarmente las demandas de habeas corpus,
amparo, habeas data y cumplimiento, desconociendo el derecho de los demandantes
y desguarneciéndolos en una ola abdicante de justicia
constitucional que jamás se había visto en la historia del Tribunal
Constitucional.
8. Frente a la magnitud del fenómeno de lesión de derechos,
promovido y protagonizado por el propio Tribunal Constitucional, en virtud de
decisiones de mayoría, que había abandonado en los casos en mención su rol
constitucional de máximo garante de la vigencia efectiva de los derechos
fundamentales, el Congreso de la República decidió aprobar mediante la Ley
31307, publicada el 23 de julio de 2021, y vigente a partir del día siguiente,
24 de julio, el Nuevo Código Procesal Constitucional, que entre sus normas
prohibió todo rechazo liminar y estableció la obligatoriedad de vista de la
causa en audiencia pública con informe oral ante el Tribunal Constitucional con
expresa convocatoria a las partes y garantía de ejercicio de su derecho de defensa,
bajo apercibimiento de anularse todo el trámite del recurso de agravio
efectuado ante su sede.
9. Es más, en ese nuevo marco normativo procedimental, se
reiteró la prevalencia del principio de inmediación entre los jueces
constitucionales y las partes del proceso. Esto, con la finalidad de procurar
garantizar una justicia constitucional finalista y tuitiva de los derechos
fundamentales, así como la fuerza normativa de la Constitución.
10. En efecto, hoy se aprecia que los
artículos 12, 23, 24, 35, 64, 91 y 117 del Nuevo Código Procesal Constitucional
expresamente disponen la obligatoriedad del desarrollo de vistas de causa en
audiencias públicas en los procesos de amparo, de habeas corpus, de habeas data
y de cumplimiento en todas sus instancias.
11. A ello, lo enfatizo, se suma la
prohibición del rechazo liminar establecida en el artículo 6 del mencionado
código adjetivo, que señala que “De conformidad con los fines de los procesos
constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en los procesos constitucionales
de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento no procede el rechazo
liminar de la demanda”.
12. Ahora bien, es el caso que, pese a todo
lo explicitado y a despecho de lo establecido en el Nuevo Código Procesal
Constitucional, por mayoría, como lo he adelantado en la parte inicial del
presente voto, este Colegiado Constitucional ha decidido interpretar
restrictivamente el mandato contenido en el segundo párrafo de su artículo 24,
para mantener los alcances de la figura de la sentencia interlocutoria pero con
otro ropaje, ahora denominándola “vista de la causa” y diferenciándola de
“audiencia pública”, pese a que se deben entender como sinónimos en el sentido
de “vista de la causa en audiencia pública y con garantía de oportunidad de que
los justiciables y sus abogados puedan participar en ella e informar, en
ejercicio de su derecho de defensa”.
13. Al respecto, lo reitero, con relación al
trámite de los denominados procesos constitucionales de la libertad (habeas
corpus, amparo, habeas data y cumplimiento) se ha desconocido abiertamente el
segundo párrafo del artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que
para mayor ilustración vuelvo a transcribir:
“En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa, la
falta de convocatoria de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el
trámite del recurso de agravio constitucional”.
14. De dicha norma legal se
desprende con toda claridad lo siguiente:
14.1. Que la vista de la causa ante el Tribunal
Constitucional es obligatoria;
14.2. Que la falta de convocatoria a la vista de
la causa invalida el trámite del recurso de agravio constitucional; vale decir,
que anula todo lo actuado ante el Tribunal Constitucional; y
14.3. Que, conjuntamente, la falta del ejercicio
de la defensa invalida el recurso de agravio constitucional; vale decir, que
anula todo lo actuado ante el Tribunal Constitucional.
15. Nótese que el Nuevo Código Procesal
Constitucional señala expresamente en el artículo transcrito que hay una
obligación de “convocatoria” a la vista de la causa, por lo que esta debe
entenderse como vista de la causa en audiencia pública, con posibilidad de que
las partes o sus abogados participen en ella e informen oralmente. Es decir,
equiparando vista de la causa con audiencia pública. Es más, de acuerdo al
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el vocablo “convocatoria”
tiene las siguientes definiciones:
“1. adj. Que convoca.
2. f. Acción de convocar.
Aprobó en la convocatoria de septiembre.
3. f. Anuncio o escrito
con que se convoca.”
16. Al respecto, el mismo
diccionario precisa que “convocar” significa:
“1. tr.
Citar, llamar a una o más personas para que concurran a lugar o acto
determinado.
2. tr.
Anunciar, hacer público un acto, como un concurso, unas oposiciones, una
huelga, etc., para que pueda participar quien esté interesado.
3. tr.
aclamar (‖ dar voces en honor y aplauso de alguien).”
17. Es decir, que una convocatoria implica
hacer un llamado para que las partes
interesadas concurran a un acto determinado. Si se trata de un proceso
constitucional es evidente que las partes interesadas son los justiciables de
tal proceso.
18. El precitado artículo 24 del Nuevo Código
Procesal Constitucional añade que la obligación de convocatoria debe estar
aparejada con la garantía del “ejercicio de la defensa”. Tal obligación es de
máxima importancia, al punto que, como reza el precitado numeral, incluso se
anula el trámite del recurso de agravio constitucional si no es así. Esto
significa que, en la vista de la causa, cuya convocatoria es obligatoria, las
partes deben tener plena garantía para ejercer su derecho de defensa, el que,
evidentemente, se materializa mediante el informe oral ante los magistrados que
van a resolver su causa.
19. Más aún, el Reglamento Normativo del
Tribunal Constitucional, antes de las modificatorias que la mayoría últimamente
ha introducido para justificar su interpretación restrictiva (ver Normas
Legales de El Peruano de fecha 18 de setiembre de 2021), contenía varios artículos
que utilizaban como sinónimos vista de la causa y audiencia pública.
20. Ya finalizando, cabe acotar que, así no
hubiera normativa infraconstitucional definitoria de
lo que debe interpretarse como vista de la causa y aún
admitiendo una interpretación restrictiva (vista solo entre los magistrados sin
convocatoria a las partes) y una interpretación amplia (vista en audiencia
pública con convocatoria a las partes y posibilidad que intervengan), es
evidente que los procesos constitucionales se tramitan con arreglo a sus
propios principios constitucionales, entre los que se encuentra el principio “pro homine”, que se manifiesta de dos
maneras:
1) “Preferencia interpretativa”, en virtud del cual “el
intérprete de los derechos ha de buscar la interpretación que más optimice un
derecho constitucional.”[1]
2) “Preferencia de normas”, en función del cual, ante un caso a
debatir, el juez tendrá que aplicar la norma más favorable a la persona, con
independencia de su nivel jurídico”[2].
21. Es más, esta última modalidad está ahora
regulada en el último párrafo del artículo VIII del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional, que a la letra preceptúa: “En caso de
incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces
preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos.”
22. Este principio ha sido reconocido
múltiples veces por el Tribunal Constitucional, como es el caso de la STC
2061-2013-PA/TC, suscrita por los magistrados Miranda Canales, Sardón de
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, en la que se sostuvo:
“… este Colegiado considera que la
interpretación de la resolución materia de cuestionamiento resulta acorde con
los principios pro homine y pro libertatis, según los cuales, ante
diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquella
que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando
así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de
asumirse la interpretación restrictiva e impedir el derecho a la efectiva
tutela jurisdiccional, se opte por aquella que posibilite a los recurrentes el
ejercicio de dicho derecho.”
23. En ese sentido, frente a la pregunta ¿Qué
favorece más los derechos fundamentales de los litigantes: considerar
que la vista de la causa obligatoria regulada en el artículo 24 se puede hacer
sin informe oral o considerar que es obligatorio conceder el uso de la palabra
a los justiciables y a sus abogados, si así lo requieren? La respuesta
es obvia, pues se deben respetar los principios del Estado Constitucional y
entender que la vista de la causa es con informe oral, porque esa es la
posición que optimiza el respeto, la garantía y la defensa de los derechos
fundamentales.
24. En esa línea, debo reiterar que la
audiencia pública en la que se realizan los informes orales es de vital
importancia en el desarrollo de los procesos constitucionales y garantiza la
plena vigencia del derecho a la defensa, por lo que cualquier impedimento al
uso de la palabra para participar en un informe oral constituye una grave
vulneración de este derecho; ello por cuanto en las audiencias los magistrados
tienen la oportunidad de escuchar a las partes y a sus abogados, llegando
muchas veces a generarse un debate que permite esclarecer dudas y que también
se absuelven preguntas a las partes asistentes, de tal suerte que el juez
constitucional obtiene mayores elementos de juicio para resolver, pues se forma
una mejor y mayor convicción respecto del caso materia de controversia. Además,
también se ha precisado en reiteradas oportunidades que en las audiencias se
materializa, como en pocas ocasiones dentro del proceso, el principio de
inmediación, que es consustancial a todo proceso constitucional, conforme lo
dispone el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional.
25. Además, el derecho fundamental de defensa
se debe aplicar durante todo el desarrollo del proceso, lo cual incluye
evidentemente la etapa que se desarrolla ante el Tribunal Constitucional, más
aún si se considera que este es el garante de la vigencia efectiva de los
derechos fundamentales.
26. Resulta sumamente delicado para la
seguridad jurídica que el actual Pleno, cuya mayoría de sus integrantes está
con mandato vencido, decida, en numerosos de casos, no ver la causa en
audiencia pública, producto de la interpretación restrictiva que ha efectuado
del tantas veces citado artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional,
dando pie a que quienes se consideren afectados con tal decisión planteen
posteriormente su nulidad, apoyándose en la última parte de su segundo párrafo,
que preceptúa que “la falta de convocatoria de la vista y del ejercicio de la
defensa invalidan el trámite del recurso de agravio constitucional.”; lo cual
podría ser amparado por futuros Colegiados y darse un efecto en cadena, con las
consecuencias que aquello conllevaría, al anularse un gran número de decisiones
de este Tribunal.
27. No
hay que olvidar, lo reitero para concluir el presente voto, que, como lo
sostuve en el fundamento de voto que emití en el Expediente 0225-2014-PHC/TC,
la audiencia pública de la vista de la causa es de vital importancia en el
desarrollo de los procesos constitucionales. En esta se escucha a las partes y
a sus abogados; se genera un debate que coadyuva en la sustanciación del
proceso; se absuelven preguntas y se despejan dudas; y así el juez
constitucional obtiene mayores elementos de juicio para resolver, pues se forma
una mejor convicción respecto del caso materia de controversia. En esta
audiencia se materializa, como en pocas ocasiones dentro del proceso, el
principio de inmediación. Además de ello, el acto de la vista de la causa es el
último acto procesal relevante previo a la emisión de la sentencia, ya que,
salvo circunstancias excepcionales, después de su culminación la causa queda al
voto, por lo que resulta de suma importancia que los justiciables participen en
su realización.
Sentido de mi voto
Por las razones y fundamentos expuestos, voto en el sentido que antes de
emitir pronunciamiento sobre la pretensión el Tribunal Constitucional dé
trámite regular a la causa, convoque a audiencia pública para la vista de la
misma, oiga a las partes en caso soliciten informar oralmente y admita nuevas
pruebas si estas se presentan, así como conozca y amerite las argumentaciones
que esgriman en defensa de sus derechos, en un marco de respeto irrestricto a
su derecho de defensa, como última y definitiva instancia que agota la
jurisdicción interna; bajo apercibimiento de anularse el trámite del recurso de
agravio constitucional como lo manda el artículo 24 del Nuevo Código Procesal
Constitucional en la última parte de su segundo párrafo.
S.
BLUME FORTINI
* Carencia de fundamentación en la vulneración que se invoque, ausencia de trascendencia constitucional en la cuestión de derecho planteada, contradicción a un precedente vinculante emanado del Tribunal Constitucional y existencia de casos desestimatorios sustancialmente iguales.
[1] Carpio Marcos, Edgar. La
interpretación de los derechos fundamentales. Derecho PUCP. Pag. 463-530.
[2] Ibidem.