RAZÓN DE RELATORÍA

 

Habiéndose publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 26 de septiembre del presente año, la Resolución Administrativa 172-2021-P/TC, que decretó la vacancia del magistrado Ramos Núñez por causal de muerte, se deja constancia de que se publica la resolución de fecha 17 de septiembre de 2021, sin su firma, y en la cual votó a favor, conforme aparece registrado en el archivo electrónico que preserva la Secretaría de la Sala Primera.

 

Lima, 15 de octubre de 2021.

S.

 

  Janet Otárola Santillana

Secretaria de la Sala Primera

 

 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lima, 17 de setiembre de 2021

 

VISTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Robles Rojas contra la resolución de fojas 87, de fecha 6 de abril de 2021, expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y,

 

ATENDIENDO A QUE

 

1.             Con fecha 2 de diciembre de 2013 (f. 32), el recurrente interpone demanda de amparo contra el Segundo Juzgado Civil de Huamanga, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de que se declaren nulas las siguientes resoluciones judiciales: i) la Resolución 70, de fecha 5 de abril de 2010 (f. 6), que declaró improcedente su demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio interpuesta contra la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga; ii) la Resolución 81, de fecha 20 de enero de 2011 (f. 10), que confirmó la apelada (Expediente 870-2006); y iii) el Auto Calificatorio del Recurso de Casación 3290-2011 Ayacucho, de fecha 11 de junio de 2012 (f. 16), que declaró improcedente su recurso de casación.  

 

2.             Manifiesta que el inmueble materia de litis es de dominio privado y no público como refieren las emplazadas, por lo que al expedirse las cuestionadas resoluciones se han transgredido normas de rango constitucional y legal, por lo que considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la propiedad.

 

3.             El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 21 de enero de 2014 (f. 43), declaró improcedente la demanda al considerar que lo que en realidad pretende el demandante es discutir el razonamiento empleado por los jueces emplazados.

 

4.             La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 6 de abril de 2021 (f. 87), confirmó la apelada y estimó que la resolución casatoria cuestionada se encuentra debidamente motivada. Agrega que el amparo no constituye una instancia de revisión de los asuntos que son competencia de la jurisdicción ordinaria. 

 

5.             No obstante lo alegado, esta Sala del Tribunal Constitucional constata que el demandante no ha adjuntado el cargo de notificación de la aludida resolución casatoria. Por consiguiente, no corresponde emitir un pronunciamiento de fondo, en la medida en que no es posible determinar si la demanda interpuesta el 2 de diciembre de 2013 (f. 32) se ha efectuado dentro del plazo establecido en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, hoy modificado por el artículo 45 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

 

6.             Esta Sala del Tribunal Constitucional recuerda que en el auto emitido en el Expediente 05590-2015-PA/TC se indicó que “los abogados litigantes se encuentran obligados, bajo sanción, a adjuntar la cédula de notificación de la resolución firme; caso contrario, se inferirá que el amparo ha sido promovido fuera del plazo de los treinta días hábiles que el Código establece, y tendrá que ser desestimado”.

 

7.             Por último, cabe señalar que en el presente caso el cómputo del referido plazo no se inicia desde el día hábil siguiente de la notificación de la resolución que dispuso el “cúmplase lo ejecutoriado” (f. 4), en la medida en que las cuestionadas resoluciones no contienen un mandato que cumplir o ejecutar.

 

     Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

 

RESUELVE

 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA