Pleno. Sentencia 598/2021
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
RAZÓN DE RELATORÍA
En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de
fecha
13 de mayo de 2021, los magistrados Ledesma Narváez (con fundamento de
voto), Ferrero Costa,
Miranda Canales,
Blume Fortini y Sardón de Taboada,
han emitido la sentencia que
resuelve:
Declarar INFUNDADA
la demanda
Asimismo, el magistrado Ramos Núñez, con voto en fecha posterior, coincidió
con el sentido de la
sentencia.
Por su parte, el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, con voto en fecha posterior, votó por declarar improcedente
la demanda de amparo.
La Secretaría del
Pleno deja constancia
de que la presente razón encabeza la sentencia y los votos antes referidos, y que los
magistrados intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de esta razón en señal
de conformidad.
Flavio
Reátegui Apaza
Secretario
Relator
SS.
LEDESMA NARVÁEZ
FERRERO COSTA
MIRANDA CANALES
BLUME FORTINI
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE
TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
SENTENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En
Lima, a los 13 días del mes de mayo de 2021, el Pleno
del
Tribunal Constitucional,
integrado por los magistrados
Ledesma Narváez,
Ferrero Costa, Miranda
Canales, Blume
Fortini y Sardón de Taboada, pronuncia
la siguiente sentencia; con el
abocamiento del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera conforme al artículo 30-A del
Reglamento Normativo
del Tribunal
Constitucional.
Asimismo, se agrega el fundamento
de voto de la magistrada Ledesma Narváez. Se deja
constancia que los magistrados
Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera votarán
en fecha posterior.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Creditex SAA contra la resolución de
9 de noviembre de 2016, de fojas 166, expedida por la Sala Mixta de Pisco de la Corte
Superior de Justicia de Ica que declaró infundada la demanda
de autos.
ANTECEDENTES
El 9 de
diciembre de 2015, Creditex
S.A.A., representada
por su apoderado Michel
Valdez Quiroga, interpone demanda de amparo contra el juez Armando Coaguila
Chávez del Colegiado Unipersonal en materia laboral de la Sala Mixta de Pisco y
en
contra del juez Luís Gutiérrez Fajardo del Juzgado Laboral de Pisco. La demanda cuestiona la resolución de vista 6, de
15 de octubre de 2015, así como la sentencia 3, de 27 de mayo de
2015, expedidas en el Expediente 2014-259, por la presunta afectación de los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, al derecho de defensa así como al debido proceso; por ello, solicita que se
inaplique la sentencia emitida en el Expediente
01148-2010-PA/TC
que es específica para la aplicación de la norma en controversia, esto es, el Decreto Ley
22342.
Refiere
que
Daniel Coaquira Basaldua los demandó por un supuesto despido arbitrario,
proceso en el que en primera instancia se declaró fundada la demanda, por cuando la
empresa ahora
demandante no había cumplido con lo dispuesto por el artículo 32 del
Decreto Ley 22342, esto es, señalar
el
programa de producción de exportación para
efectos del contrato, ni respecto de
las sucesivas renovaciones del mismo —pese a que los mismos fueron aprobados por la autoridad administrativa
de trabajo—; y que la sentencia laboral de segunda instancia, expuso que
el
entonces demandante
trabajó para Creditex
S.A.A. durante más de 12 años, por lo que su contrato de
trabajo se
desnaturalizó.
Sostiene
que su representada es una empresa exportadora de productos no tradicionales, por
lo que es legítimo
que sus trabajadores estén sujetos
al régimen laboral especial
establecido en el Decreto Ley 22342; así como que
los contratos de trabajo sujetos a modalidad bajo el citado régimen, se desnaturalizan cuando no consignan expresamente
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
la causa
objetiva determinante de la contratación, las mismas que
aparecen detalladas en el
artículo 32 de la citada norma.
En ese sentido, cita la
sentencia emitida en el Expediente
01148-2010-PA/TC, conforme a la
cual, las demandas de trabajadores sujeto a dicho régimen especial, no pueden
amparar la desnaturalización del contrato de exportación no tradicional, en el solo
transcurso del tiempo o en la falta de alguna formalidad
distinta a la de consignar
en
el último contrato de
trabajo, los contratos de exportación no tradicional que originaron la
contratación, toda vez que con el cumplimiento de
ambos requisitos procede la contratación
bajo
los alcances
del Decreto
Ley 22342.
El Procurador Público Adjunto a
cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial
contesta la demanda solicitando que ella sea declarada improcedente o infundada, alternativamente
(f. 101), pues primero refiere que Daniel Coaquira Basaldua
trabajó por más de un lustro para Creditex S.A.A., por lo que no podía
ser despedido sin que exista causa
justa; y, segundo,
porque la posición expuesta por la recurrente solo
acredita una disconformidad con lo resuelto en
el proceso ordinario.
Daniel Basaldua Coaquira
también contestó la demanda (f. 123), solicitando que la
demanda sea declarada
infundada, pues en el proceso laboral que
siguió contra la ahora demandante Creditex
S.A.A., se ordenó el pago de una indemnización porque su contrato de trabajo del régimen de
exportaciones no tradicionales se
había desnaturalizado,
convirtiéndose en uno de plazo indeterminado, pues al suscribirlo y
de renovarlo sucesivamente, no
se cumplieron con las
exigencias establecidas en el artículo 32 del
Decreto Ley 22342, al no consignar el programa de exportación lo que constituía un requisito para su validez; además, expresa que su empleador no cumplió con el procedimiento preestablecido para poner fin a su vínculo de trabajo, por lo que su despido
fue calificado como
arbitrario.
El Juzgado Civil de la Sede Central de Pisco, el 23 de mayo de 2016 declaró infundada la demanda
(f.
130), pues los hechos del proceso laboral estuvieron relacionados con el
despido arbitrario imputado
a la ahora demandante, cuando de acuerdo con
el
artículo 27 de la Constitución, se otorga protección al trabajador contra el despido arbitrario. En este
caso, las sentencias emitidas en el proceso laboral ordinario acreditaron la desnaturalización de los contratos laborales, razón por la
que se declaró fundada la demanda conforme a lo
dispuesto en el
artículo 32
del Decreto Ley
22342.
La Sala Superior Mixta de la Provincia de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica (f.
166), el 9 de noviembre de
2016 confirmó la apelada, pues la sentencia cuya nulidad se pretende, ha sido expedida bajo el principio de legalidad, pretendiéndose con este proceso
constitucional una indebida revisión sobre el fondo de lo ya resuelto, donde lo pretendido
carece de sustento al no acreditarse la afectación de
los derechos constitucionales de
Creditex
S.A.A.
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
FUNDAMENTOS
1. Creditex
S.A.A. cuestiona la sentencia 3, de 27 de mayo de 2015, emitida por el
Juzgado Laboral de Pisco, así como su confirmatoria, la resolución de vista 6, de
15 de octubre de 2015 expedida por el Colegiado Unipersonal en materia laboral de
la Sala Mixta de Pisco, en el Expediente
2014-259, seguido en su contra por Daniel
Basaldua Coaquira, sobre indemnización por despido arbitrario.
2. Alega la presunta afectación de los derechos a la tutela jurisdiccional
efectiva, al derecho de defensa así como al debido proceso; por ello, solicita que se inaplique
la sentencia emitida en
el
Expediente 01148-2010-PA/TC que es
específica para la
aplicación de la norma en controversia, esto es, el Decreto Ley 22342, en relación a las causales de desnaturalización del contrato laboral especial regulado por
la citada norma.
Análisis del caso
3. En relación con la debida motivación de resoluciones judiciales, este Tribunal tiene
establecido en reiterada jurisprudencia que uno
de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener
de los órganos judiciales una
respuesta razonada,
motivada y congruente con
las pretensiones
oportunamente deducidas por
las partes en cualquier
clase de procesos.
4. La necesidad de que las
resoluciones judiciales
sean
motivadas es un principio
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables.
Mediante la motivación, por un lado, se garantiza
que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución
y las leyes (artículos
45 y 138 de la Constitución
Política del
Perú) y, por
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva
su derecho de defensa.
Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones, este
Tribunal
ha precisado
que "la Constitución
no garantiza una determinada extensión
de la motivación, por lo que su contenido
esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y
lo resuelto, y que,
por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o
concisa [...]” (Expediente 1291-2000-AA/TC,
fundamento 2).
5. En
este caso,
las
resoluciones judiciales cuestionadas fueron
emitidas en
el proceso de indemnización por despido arbitrario, donde los
jueces interpretaron el artículo 32 del Decreto Ley 22342 que regula las condiciones
para la contratación por parte de las empresas que requieran someterse a dicho régimen.
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
6. Por ello, el debate en autos, se centra en determinar si los contratos que suscribió la
demandante con Daniel Basaldua
Coaquira, así como sus ampliaciones, reunían los
requisitos establecidos en dicha disposición.
7. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el Expediente 06552-2013-PA/TC, ha señalado
12. Al respecto, cabe indicar que la sola suscripción de un contrato
de trabajo sujeto
a modalidad bajo el régimen laboral especial del Decreto Ley N.° 22342 no puede ser considerada como un supuesto de desnaturalización, salvo que se demuestre que la empleadora no es
una
empresa industrial de exportación no tradicional, supuesto que no sucede en el presente caso.
13. De otro lado, un contrato
de trabajo sujeto a modalidad suscrito bajo el régimen laboral especial del Decreto Ley N.° 22342 se considera desnaturalizado cuando en él no se consigna en forma expresa la causa objetiva determinante
de
la contratación
(…).
8. Sin
embargo, no es posible que el Tribunal Constitucional pueda determinar ello,
pues en autos no obran
los contratos y
las
ampliaciones que habrían suscrito la demandante
y Daniel Basaldua Coaquira, a efectos de determinar si los mismos cumplen con los requisitos
o condiciones establecidas
en
la ley de la materia. Por estas razones, la
demanda de autos debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA
RESUELTO
Declarar
INFUNDADA la demanda
Publíquese y notifíquese.
SS.
LEDESMA NARVÁEZ
FERRERO COSTA
MIRANDA CANALES
BLUME FORTINI
SARDÓN DE
TABOADA
PONENTE SARDÓN DE TABOADA
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA
NARVÁEZ
En el presente caso, coincido con el sentido de la sentencia que declare infundada la
demanda. No obstante, a considero
necesario precisar
lo siguiente:
1. La demandante pide que se declare inaplicable la sentencia emitida en el proceso
de indemnización por despido arbitrario seguido
en su contra
por Daniel Basaldua Coaquira, en el que se estableció que
se había desnaturalizado el contrato de trabajo que los vinculó porque la empleadora
no había acreditó que hubiera
pertenecido al régimen
de
exportación no tradicional
2. Alega la incorrecta aplicación de normas laborales y la inaplicación de la STC
1148-2010-PA, en la que el TC estableció las causas objetivas
determinantes de la contratación del régimen
laboral especial del Decreto Ley N.° 22342.
3. Ahora bien,
de la revisión
de la sentencia de
segunda
instancia materia de cuestionamiento, se aprecia que
ella
fundó su decisión de
confirmar la sentencia
estimatoria fundándose
en que
Independientemente y más allá
de la exigencia de consignar en los
contratos de trabajo el programa
de producción de exportación, lo que estima este Tribunal Unipersonal, es que del análisis de los medios
de prueba presentados en autos, se advierte que los contratos y las prórrogas de los contratos modales sujeto al régimen de exportación de
productos no tradicionales, suscritos entre la empresa
Creditex
y el actor, cumple los requisitos formales de validez […]; sin embargo,
dicha situación no ocurre con las denominadas renovación de contratos de
trabajo a plazo fijo de fojas […], pues en dichos
documentos, si bien
se estipuló expresamente el plazo de vigencia y las labores para las que fuera contratado el accionante, en ellos no se consignó
la causa objetiva que justificó la contratación temporal del actor, pues no se especifica el
o los contratos de
exportación que
originó la contratación del demandante, y tampoco se consignó
los contratos de exportación que la
emplazada
debía cumplir,
más aún si conforme a
lo resuelto por el
Tribunal Constitucional, se exige que la causa objetiva de contratación debe ser específica más
no genérica o insuficiente.
4. Así pues, se puede advertir que la sentencia de segunda instancia que confirmó la sentencia de
primera instancia del
proceso
subyacente, se
encuentra debidamente
motivada pues cumplió con precisar
las razones fácticas y jurídicas por
las que consideró desnaturalizado el contrato de trabajo suscrito entre la recurrente y su
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
empleado, pudiéndose colegir, entonces, que en realidad lo que se pretende es que, bajo argumentos de
defectos en la motivación de
las resoluciones materia del amparo, la justicia constitucional efectúe un reexamen de lo resuelto por la justicia ordinaria.
S.
LEDESMA NARVÁEZ
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
VOTO
DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ
Emito el presente voto
con
fecha posterior, a fin de precisar el sentido de mi voto y expresar
que coincido con el sentido de
la ponencia presentada. Considero que corresponde declarar
INFUNDADA la demanda.
Lima, 24 de mayo de
2021
S.
RAMOS NÚÑEZ
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
VOTO
DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Considero que el presente caso resulta IMPROCEDENTE en mérito a las razones que a continuación
expongo:
1. El objeto de la demanda es que se declare nula la sentencia 3, de 27 de mayo de
2015, emitida por el Juzgado Laboral de Pisco, así como su confirmatoria, la
resolución de vista 6, de 15 de octubre de
2015 expedida por el Colegiado
Unipersonal en materia laboral de la
Sala Mixta de Pisco, en
el Expediente 2014-
259, seguido en su contra
por Daniel Basaldua Coaquira,
sobre indemnización por despido arbitrario. Alega la presunta vulneración del derecho a
la tutela jurisdiccional efectiva que incluye al debido proceso en sus diversas manifestaciones,
y entre ellas, a la defensa; por ello, solicita que se inaplique
la sentencia emitida en el Expediente
01148-2010-PA/TC que es específica para la
aplicación
de la norma en controversia, esto es, el Decreto Ley 22342,
en relación a las causales de
desnaturalización del contrato laboral especial regulado por
la citada norma.
2.
En el presente caso, y en relación con los supuestos en los que la judicatura
constitucional puede
pronunciarse sobre amparo contra
resoluciones judiciales,
tenemos que, conforme con la jurisprudencia dominante de este órgano colegiado,
si bien es cierto que “la resolución de controversias surgidas de la interpretación
y aplicación de la ley es de competencia del
Poder
Judicial”, también lo es que la
judicatura constitucional excepcionalmente puede controlar “que esa
interpretación y aplicación de
la ley se realice conforme a la Constitución y no
vulnere manifiestamente el contenido
constitucionalmente protegido de
un derecho fundamental”
(Sentencia
3179-2004-AA, fundamento 21).
3. Dicho control constitucional debe contar con algunas pautas que hagan racional y previsible el análisis. Con esta finalidad, y con base en reiterada
jurisprudencia del Tribunal
Constitucional,
es posible afirmar que la judicatura constitucional se encuentra habilitada para conocer de eventuales trasgresiones
de derechos fundamentales ocurridas en procesos judiciales ordinarios si se han producido, por una parte, vicios de proceso o de
procedimiento, o por otra, vicios de
motivación o razonamiento.
4. Con respecto a los vicios de proceso y procedimiento, el amparo contra procesos
judiciales
puede proceder frente a supuestos de:
a)
Afectación de
derechos que
conforman la tutela procesal efectiva (derechos constitucionales procesales tales
como plazo razonable, presunción de inocencia, acceso a
la justicia y a
los recursos impugnatorios, juez
legal predeterminado,
ejecución de resoluciones, etc.); así
como por
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
b)
Defectos de trámite que inciden en los derechos del debido proceso (v. gr:
problemas de notificación, o de contabilización de
plazos, que incidan en el derecho de defensa, incumplimiento de requisitos formales para que exista una
sentencia válida, etc.).
5. Se trata de supuestos en los que la afectación se produce con ocasión de una acción
o una omisión proveniente de un órgano jurisdiccional,
y que no necesariamente está contenida en una resolución judicial, como sí ocurre
con
los vicios de motivación.
6. En relación con los vicios de motivación o razonamiento (cfr. Sentencia 00728-
2008-HC, fundamento 7, Resolución 03943-2006-AA, fundamento 4; Sentencia
6712-2005-HC, fundamento 10, entre otras), este órgano colegiado ha
señalado que solo le compete controlar vicios de motivación o de
razonamiento, mediante
el
proceso de amparo contra resoluciones judiciales, en caso de defectos de
motivación, de insuficiencia en la motivación, por una parte, o de motivación constitucionalmente
deficitaria, por
otra.
7. En relación con los defectos en la motivación, estos pueden ser problemas de motivación interna, es decir, cuando la solución
del caso no se deduce de las premisas normativas o fácticas contenidas en la resolución,
o cuando la resolución
analizada carece de alguna de estas premisas necesarias para resolver; o de
motivación externa, esto es, cuando se han utilizado indebida
o injustificadamente
premisas normativas (por ejemplo, si se
aplican disposiciones que ya no se
encuentran vigentes o que
nunca formaron parte del ordenamiento jurídico)
o fácticas (por
ejemplo, la resolución
se sustenta en hechos no probados o en pruebas prohibidas) (vide Sentencia
00728-2008-HC, fundamento 7, b y c).
8. Ahora bien, con respecto a los problemas de motivación externa, vale la pena
precisar que, tal como se afirma en copiosa
y uniforme jurisprudencia de este Alto Tribunal, la judicatura constitucional no puede avocarse, so pretexto de revisar un asunto relacionado con las premisas normativas o fácticas, a
conocer de asuntos de carácter
puramente ordinario o legal (por
ejemplo: esclareciendo cuál es la
interpretación legal pertinente o más idónea para el caso ordinario, en qué sentido
deben valorarse
las pruebas o cuál es la calificación jurídica adecuada
que correspondería con base en la
ley); no obstante ello, no pierde
competencia para
pronunciarse respecto de aspectos que tienen relevancia constitucional. Entre estos supuestos en los que la judicatura
constitucional se encuentra habilitada para pronunciarse respecto de la motivación externa encontramos, a modo de ejemplo, la existencia de errores o déficits de derecho fundamental (tal como se explicará
en
2.3), así como frente a infracciones de otros contenidos de carácter constitucional, como es el caso de, por ejemplo, cuestionamientos a
resoluciones por
haber infringido la Constitución en tanto “fuente de fuentes” del ordenamiento
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
jurídico, de cuestionamientos cuando en el ámbito jurisdiccional ordinario se haya
ejercido el control difuso, o cuando se
alegue la aplicación o interpretación indebida de principios constitucionales o garantías institucionales, entre otras
posibilidades. De este modo, a la vez que, conforme al criterio de corrección funcional se respetan los fueros propios
de la judicatura ordinaria, el Tribunal no
admite
la existencia de zonas exentas
de control constitucional dentro de aquello
que sí es de su competencia.
9. Respecto a la insuficiencia en la motivación (motivación inexistente, aparente,
insuficiente, incongruente o fraudulenta) esta puede
referirse, por ejemplo, a
supuestos en los que las resoluciones analizadas carecen de
una fundamentación mínima y solo se pretende
cumplir formalmente con el deber
de motivar; cuando
se presenta una justificación que
tiene
apariencia de correcta
o suficiente, pero
que incurre en vicios de razonamiento; cuando esta carece de una argumentación suficiente para justificar lo que resuelve (que incluye aquellos casos en los que
se necesita de una motivación cualificada
y esta
no existe en la resolución); cuando lo
resuelto no tiene relación alguna con lo contenido en el expediente o lo señalado por las partes; o cuando incurre
en graves defectos o irregularidades contrarios al Derecho, entre otros supuestos (cfr. Sentencia 00728-2008-HC, fundamento 7, a, d, e
y f; Sentencia
0009-2008-PA, entre algunas).
10. Sobre la motivación
constitucionalmente
deficitaria, esta
hace referencia a trasgresiones al orden jurídico-constitucional
contenidas en
sentencias
o autos
emitidos por la jurisdicción ordinaria, frente a
la eventual trasgresión cualquiera de los derechos fundamentales protegidos por el amparo, ante supuestos de: (1)
errores de exclusión de derecho fundamental, es decir,
si no se tuvo en cuenta
un derecho que debió considerarse; (2) errores en la delimitación
del
derecho fundamental, pues al derecho se
le atribuyó un contenido
mayor o menor al que
constitucionalmente le correspondía, y (3) errores en la aplicación del principio de proporcionalidad, si la judicatura ordinaria realizó una
mala ponderación al
evaluar la intervención en un derecho fundamental o al analizar un conflicto entre
derechos (cfr.
Auto 00649-2013-AA, Auto 02126-2013-AA, entre otros).
11. Supuestos análogos a estos son los casos en los que existan déficits o errores respecto de otros bienes constitucionales, como pueden ser
los principios o las
garantías
institucionales, o en
relación
con el ejercicio
del control difuso, todas estas cuestiones de carácter manifiestamente constitucional, en las que la judicatura constitucional resulta
naturalmente competente
para
abocarse a tales
materias.
12.
En el presente caso, los cuestionamientos propuestos por el demandante no aluden a los criterios recientemente
señalados.
En efecto, las alegaciones
en torno a la correcta interpretación del Decreto Ley 22342 no son amparables en esta sede
EXP. N.° 02668-2017-PA/TC
ICA
CREDITEX SAA
constitucional,
pues no se refieren
a vicios de motivación o razonamiento (2)
ni a errores de interpretación iusfundamental (3), Por el contrario, se
evidencia que lo
que se pretende en el fondo es que se reabra la discusión que ya fue resuelta en
sede ordinaria, a través de resoluciones judiciales con un contenido mínima y
suficientemente motivado.
13.
Por
las razones indicadas la demanda de debe ser declarada improcedente, ello con
base en lo dispuesto en los artículos 4 y
5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.
Lima, 14 de mayo de
2021
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA