Sala Segunda. Sentencia 109/2021
EXP.
N.° 03240-2018-PHD/TC
LIMA
ROGELIO GARCÍA
ESPINOZA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 8 días del mes de febrero de 2021, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narváez, Blume Fortini, y Sardón de Taboada, pronuncian la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de
agravio constitucional interpuesto por don Rogelio García Espinoza contra la
resolución de fojas 98, de fecha 19 de julio de 2018, expedida por la Tercera
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la
demanda de habeas data de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 27 de
junio de 2016, don Rogelio Padilla Espinoza interpone demanda de habeas data contra el comandante general
del Ejército y el Ejército del Perú. Solicita que, en virtud de su derecho
fundamental de acceso a la información pública, los emplazados le entreguen copia
certificada del Informe de Investigación 001/IGE/K-1.b/20.01.02,
de fecha 14 de agosto de 2014.
Manifiesta que
solicitó la referida información por estar relacionada con el proceso administrativo
disciplinario que instauró contra su persona la Inspectoría General del
Ejército y que terminó con su pase a la situación de retiro por medida
disciplinaria; que los emplazados se niegan a proporcionarle la información
solicitada, aduciendo que en el informe de investigación están comprendidas
otras personas, por lo que darle publicidad atentaría contra su intimidad
personal. Por otro lado, alega que la información tiene carácter confidencial y
que aún no ha sido desclasificada.
El procurador público
del Ejército del Perú contesta la demanda y solicita que sea declarada infundada.
Manifiesta que los emplazados en ningún momento fueron renuentes en proporcionar
la información solicitada, puesto que, ciñéndose a la normativa relacionada con
brindar información clasificada, se le proporcionó al actor copia de la parte
del informe que le atañe a él, en 24 fojas, pero no todo el informe porque en
este se encuentran comprendidas otras personas y se podría afectar su derecho a
la intimidad personal. Por otro lado, aduce que dicha información es confidencial
y aún no ha sido desclasificada.
El
Tercer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 20 de octubre de 2017, declaró
fundada la demanda, por estimar que los emplazados están obligados a entregar
la información solicitada, porque esta no contiene deliberaciones previas a una
decisión de gobierno, ni se relaciona con algún asunto jurídico estratégico
dentro de una controversia, pues se trata del informe de una investigación
referida al actor.
La Sala revisora declaró improcedente la demanda, por
considerar que no existe lesión que comprometa el derecho fundamental invocado,
dado que la negativa a entregar la información se sustenta en que la solicitud
implica un requerimiento de datos de terceras personas o se encuentra vinculada
a información clasificada.
FUNDAMENTOS
Delimitación del asunto
litigioso
1.
En el presente caso, el actor solicita que se le entregue
copia certificada del Informe de Investigación 001/IGE/K-1.b/20.01.02,
de 14 de agosto de 2014. De otro lado, los demandados manifiestan que no
procede proporcionarle copia de todo el informe porque en este se encuentran
comprendidas otras personas y se podría afectar su derecho a la intimidad
personal y que, por otro lado, se trata de información confidencial que aún no
ha sido desclasificada.
2.
Así, corresponde determinar si la información solicitada se
encuentra dentro de una de las excepciones establecidas para el acceso a la
información pública; en virtud de ello, si existe o no vulneración del derecho
fundamental de acceso a la información pública y si corresponde o no su entrega
al demandante.
Cuestión procesal previa
3.
De autos se aprecia que el demandante cumplió con el
requisito especial de procedibilidad previsto en el artículo 62 del Código
Procesal Constitucional, (fojas 7 a 9).
Análisis del caso concreto
4.
El artículo 2, inciso 5, de
la Constitución Política del Perú dispone que toda persona tiene derecho «a
solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de
cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el
pedido». La Constitución ha consagrado en estos términos el derecho fundamental
de acceso a la información pública, cuyo contenido esencial reside en el
reconocimiento del derecho que le asiste a toda persona de solicitar y recibir
información de cualquier entidad pública, no existiendo, por tanto, entidad del
Estado o persona de derecho público excluida de la obligación respectiva
(sentencia recaída en el Expediente 00937-2013-PHD/TC, fundamento 5).
5.
El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado mediante Decreto Supremo 021-2019-JUS, publicado el 11 de diciembre de
2019 en el Diario Oficial El Peruano establece que
Las entidades de la Administración Pública
tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la
contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o
digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su
posesión o bajo su control. Se considera información pública cualquier tipo de documentación financiada
por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza
administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.
Dicho texto también se encontraba recogido en el artículo 10 del derogado Decreto Supremo 043-2003-PCM, vigente a la fecha en que solicitó la información requerida.
6. De otro lado, en reiterada jurisprudencia este Tribunal Constitucional ha recordado que
Lo realmente
trascendental, a efectos de que pueda considerarse como “información pública”,
no es su financiación, sino la posesión y el uso que le imponen los órganos
públicos en la adopción de decisiones administrativas, salvo, claro
está, que la información haya sido declarada por ley como sujeta a reserva
(sentencia recaída en el Expediente 02579-2003-HD/TC, fundamento 12).
7. Con relación al primer alegato, en el sentido de que en la información
solicitada por el actor están comprendidos oficiales, suboficiales y empleados
civiles, por lo que en caso de proporcionarle copia de todo el informe se estaría vulnerando el
derecho a la intimidad personal de terceras personas, de la documentación que
obra en autos, en particular de la copia del informe de investigación materia
de la demanda que obra en el cuaderno del Tribunal Constitucional, no se
advierte que la información solicitada contenga información relacionada con la
intimidad personal de las personas involucradas en el procedimiento
administrativo disciplinario, sino con la presunta responsabilidad
disciplinaria del personal militar comprendido en la investigación, por
irregularidades en el trámite de la gestión para el cobro de beneficios
sociales de determinados suboficiales del Ejército del Perú, en la que se
habría cometido el delito de falsificación de documentos para obtener el pago
de pensión y de compensación económica de seguro de vida. Por otra parte, el
actor no solamente estuvo inmerso en el mencionado procedimiento disciplinario,
sino que como consecuencia de dicho procedimiento fue pasado a la situación de
retiro. Por tanto, evidentemente el íntegro de la información contenida en el
informe de investigación solicitado tiene relevancia para él.
8. De otro lado,
los demandados también manifiestan que no corresponde entregar la información
solicitada, porque es información confidencial que aún no ha sido
desclasificada. Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 17,
numeral 3, del TUO de la Ley 27806, aprobado mediante
Decreto Supremo 021-2019-JUS:
El derecho de acceso
a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:
[…]
3. La información
vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad
sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso
termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o
cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento
administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final.
Dicho texto
también se encontraba recogido en el mismo artículo y numeral del derogado
Decreto Supremo 043-2003-PCM, vigente a la fecha en que solicitó la información
requerida.
9. Mediante el
Oficio 316/K-1.b/20.03.02, de fecha 2 de septiembre de
2014 (f. 2), el subinspector general del Ejército le comunica al actor que ha terminado
el proceso de investigación sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento
del pago de pensión y compensación económica de seguro de vida de determinados
suboficiales y que se le ha encontrado responsable de haber cometido infracción
muy grave.
10. Por otro lado,
el rechazo en la entrega de la información requerida en los casos en los que se
alegue que constituye información confidencial debe necesariamente justificar
razonablemente cuál es el fundamento de su confidencialidad; de no ser así, no
podría justificarse una respuesta negativa como ocurrió en el caso de autos. En
efecto, no es suficiente alegar que determinada información es confidencial o
reservada. Dicha alegación ha de estar motivada y su justificación debe ser
razonable y coherente. En el caso de autos, no se advierte que los demandados
hayan justificado la confidencialidad de la información solicitada.
11. Esta Sala del
Tribunal hace notar que la divulgación de la
información requerida no se encuentra protegida en las excepciones que dispone
el artículo 2, numeral 5, de la Constitución Política del Perú ni en las
establecidas en el TUO de la Ley 27806, de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, caso en el cual podría justificarse una respuesta
negativa.
12. Por consiguiente, corresponde estimar la demanda y ordenar a los
demandados que cumplan con entregar la información solicitada, previo pago del
costo de reproducción.
13. Por lo expuesto, corresponde también ordenar que los demandados
asuman el pago de los costos procesales en atención a lo dispuesto por el
artículo 56 del Código Procesal Constitucional. Dichos pagos deberán ser
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1.
Declarar FUNDADA la demanda por acreditarse la vulneración del derecho de
acceso a la información pública del recurrente.
2.
En consecuencia, ORDENA a los demandados entregar a don Rogelio García Espinoza la información solicitada, previo
pago del costo de reproducción.
3.
CONDENAR a los emplazados al pago de
costos procesales.
Publíquese y notifíquese.
SS.
LEDESMA NARVÁEZ
BLUME FORTINI
SARDÓN DE TABOADA
PONENTE LEDESMA NARVÁEZ