EXP. N.° 04823-2019-PA/TC
LIMA
PESQUERA DIAMANTE S.
SENTENCIA
INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 11 de enero
de 2021
ASUNTO
Recurso de agravio
constitucional interpuesto por Pesquera Diamante S.
FUNDAMENTOS
1.
En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en
el diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este
Tribunal estableció, en el fundamento 49, con carácter de precedente, que se
expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando
se presente alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están contenidos
en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional:
a)
Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b)
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
c)
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
d)
Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente
iguales.
2.
En el presente caso, la empresa recurrente
solicita la nulidad de la Casación 05476-2016 Lima (Expediente
05476-2016-0-5001-SU-DC-01), de fecha 6 de octubre de 2017 (fojas 4), expedida
por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, que resolvió casar la sentencia de vista
de fecha 19 de enero de 2016, que había declarado fundada la demanda
(Resolución 22, fojas 189) y confirmar la sentencia de primera instancia, de
fecha 4 de marzo de 2014, que la declaró infundada (Resolución 17, fojas 136).
Refiere que inició proceso contencioso-administrativo contra la Sunat y el
Tribunal Fiscal (fojas 53), para que se declare la nulidad parcial de la Resolución
del Tribunal Fiscal 13239-3-2013, de 16 de agosto de 2013, emitida en el Expediente
administrativo 00151-2008, que confirmó la Resolución de Intendencia
0150140007726, que había declarado fundada en parte la reclamación formulada
por Pesquera Diamante S.A. respecto a las resoluciones de determinación y las
resoluciones de multa que le impusieran sobre el impuesto general a las ventas de
enero a diciembre de 2003, el impuesto a la renta del ejercicio 2003 e
infracciones tipificadas en el Código Tributario (f. 123).
3.
Sostiene que la resolución emitida por los vocales supremos en el proceso
contencioso-administrativo subyacente (fojas 4) no ha motivado de manera
coherente su decisión, porque los fundamentos que exponen en ella son
incoherentes y contradictorios entre sí, y evidencian una falta de
entendimiento del cálculo del impuesto a la renta, pues efectuaron un análisis
contrario a la ley y al reglamento que lo regula, realizando así una aplicación
incorrecta de las normas que le resultan aplicables. Sostiene el recurrente que
en la resolución judicial cuestionada (fojas 4) los vocales supremos demandados
no se pronuncian respecto a la pretensión accesoria de su demanda contencioso-administrativa.
Según el recurrente, no son aplicables a su caso los intereses moratorios (fojas
53). Ante ello, denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la debida motivación de las resoluciones y de defensa, entre otros.
4.
Esta Sala del Tribunal Constitucional advierte
que la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, en el momento de analizar los argumentos
jurídicos expuestos por la parte demandada en el recurso de casación que
interpusiera en el proceso subyacente, consideró lo siguiente:
9.7
[…] Se desprende que el Impuesto a la Renta se calcula determinando en primer
término la renta bruta, la cual está constituida por el conjunto de ingresos
afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable, siendo que cuando
los ingresos afectos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta
estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente
de las operaciones de venta, y el costo computable de los bienes enajenados.
[…]
9.12
Por consiguiente, cuando el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta
señala que el momento en que se consideran producidas las rentas de tercera
categoría, se entiende que estas se producen en el caso de una empresa
productora-comercializadora-cuando se tenga derecho al pago sobre el bien, esto
es, con su enajenación; siendo ese momento en el que se podrá considerar el
costo computable, pues recién con su enajenación se conocerá su valor real, no
pudiendo ser posible que en base al criterio de lo devengado, establecido en la
norma antes referida, se deduzca el costo computable de un bien respecto del
cual aún no se ha efectuado su venta.
9.13
En consecuencia, se concluye que del análisis sistemático de los artículos 20.
y 57 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, para efectos
del Impuesto a la Renta de tercera categoría, el costo computable de un bien
podrá ser deducido del ingreso neto, a fin de obtener la renta bruta, siempre
que el bien haya sido enajenado; en su defecto, no existirá costo computable
que deducir, debido a que recién con su enajenación se genera el dicho tributo,
y a la vez, recién se conocerá et valor real del costo computable del bien
enajenado.
[…]
9.19
Debe agregarse que la determinación del costo computable corresponde realizarse
por separado, dado que cada actividad puede tener un desenlace diferente, en
tanto la venta de pescado, atendiendo a la naturaleza del producto, es
automática, y por ende, su costo computable será deducido de la misma manera;
no obstante, en el caso de la venta de harina y conserva de pescado se puede
presentar el supuesto de que no se venda en su totalidad, lo cual implicará un
tratamiento tributario diferente.
9.20
Por lo tanto, la empresa Pesquera Diamante debió determinar et costo de flota
(costo computable para este caso) de cada operación realizada en relación con
los ingresos que cada una le generará, a fin de poder determinar debidamente el
Impuesto a la Renta a pagar al Estado.
[…]
9-22
En consecuencia, la empresa Pesquera Diamante Sociedad Anónima no debió deducir
para efectos del Impuesto a la Renta al costo computable de la harina de
pescado que tenía como existencias al treinta y uno de diciembre de dos mil
tres, por consiguiente, habiendo actuado de esa forma, correspondía que la
Administración Tributaria repare el costo de flota deducido por la empresa; así
también, dado que de los actuados se advierte que se efectuó el reparo antes
referido, en los términos en que se ha determinado en la presente resolución,
se concluye que se encuentra conforme a derecho, y por ende, debe quedar
subsistente.
9.23
De la revisión de la sentencia de vista se advierte que el Colegiado Superior,
dejó sin efecto lo resuelto por la Administración Tributaria en torno al reparo
por “costo de flota"; de la misma forma, se evidencia que para resolver el
cuestionamiento al reparo antes señalado no se aplicaron los artículos 20 y 57
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyas normas tienen
relación directa respecto de la determinación de la renta bruta y sobre el costo
computable, lo cual ha sido materia de análisis en este caso.
9.24
Por lo tanto, corresponde declarar fundada la casación interpuesta por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y por el
Tribunal Fiscal, respecto a la inaplicación de los artículos 20 y 57 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y el inciso a) del artículo 57 del
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, respectivamente.
[…]
10.7
De ello advertimos que las Normas internacionales de Contabilidad no han sido
consideradas como fuentes del derecho tributario según se desprende de la Norma
III del Título Preliminar del Código Tributario, y tampoco constituyen medios a
través de los cuales se inserten normas en el ordenamiento jurídico tributario;
sino que su propósito es el uniformizar la aplicación de normas contables a
nivel mundial, las cuales permiten que la información de los estados
financieros Sea comparable y transparente. Respecto de los informes legales,
debe señalarse que estos tampoco constituyen fuentes del derecho tributario, en
tanto no se encuentran establecidos en la referida normativa, así como tampoco
aportan en la creación normativa, siendo su propósito el emitir opinión legal
sobre una determinada situación.
10.8
Por consiguiente, la sala de Mérito no debía sustentar su decisión tomando a
las Normas Internacionales de Contabilidad como leyes, esto es, como si
constituyeran fuentes del derecho tributario, sino que atendiendo a su
naturaleza contable, podía utilizarlas a fin de comprender determinadas
definiciones y figuras contables; en consecuencia, en tomo a ellas sí se
evidencia vulneración de la Norma III del Título Preliminar del Código
Tributario. […].
10.9 Por lo tanto, se concluye que se ha incurrido
en la infracción de la Norma III del Título preliminar del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, por los argumentos antes expuestos, correspondiendo
declarar fundado el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en este extremo.
[…]
11.9
[…] habiéndose determinado en el presente caso que la empresa utilizó un costo
computable al cual aún no tenía derecho, originando que pagara por concepto de Impuesto
a la Renta una suma menor a la que le correspondía, implicaba que la
Administración Tributaria determinara el interés moratorio aplicable al caso,
de conformidad con el artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario.
11.10
Respecto de los intereses moratorios devengados sobre los reparos distintos al
efectuado al costo de flota registrado en la cuenta 69250 'Costo de ventas de
pescado' determinados por la Sunat, debe señalarse que estos extremos no han
sido materia de demanda contencioso administrativa, por lo que no corresponde
que se emita pronunciamiento en tomo a ello.
11.11
En conclusión, al advertirse que el órgano jurisdiccional que actuó como
primera instancia se pronunció por todos los argumentos de la parte demandante
en tomo a los intereses moratorios, y a Su vez, que el contribuyente omitió
pagar la totalidad del Impuesto a la Renta que le correspondía al Estado, como
consecuencia de deducirse un costo computable al que aún no tenía derecho, corresponde
confirmar lo resuelto por la primera instancia. (sic)
5.
En opinión de
esta Sala del Tribunal Constitucional, desde el punto de vista del derecho a la
motivación de las resoluciones judiciales, ninguna objeción cabe realizar sobre
la resolución cuestionada, porque, al casar la sentencia de vista y confirmar
la sentencia de primera instancia emitida en el proceso subyacente, la Tercera Sala
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República expuso suficientemente las razones de su decisión.
6.
En consecuencia, el presente recurso de agravio ha incurrido en la
causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia
emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde
declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.
Por estos
fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú, y la participación de los magistrados Ramos
Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, convocados para dirimir la discordia
suscitada por los votos singulares de los magistrados Ferrero Costa y Blume Fortini, y con el fundamento de voto del magistrado
Espinosa-Saldaña Barrera, que se agrega,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE el
recurso de agravio constitucional, porque la cuestión de Derecho contenida en
el recurso carece de especial trascendencia constitucional.
Publíquese y notifíquese.
SS.
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
Conviene hacer presente que el
ordenamiento jurídico peruano la tutela procesal efectiva incluye al debido
proceso en sus diversas manifestaciones (y entre ellas, a la motivación de
resoluciones judiciales, a la defensa, etcétera).
S.
ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
VOTO SINGULAR
DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA
Con la potestad que me
otorga la Constitución, y con el mayor respeto por la ponencia de mi colega
magistrado, emito el presente voto singular, para expresar respetuosamente que
disiento del precedente vinculante establecido en la STC 0987-2014-PA/TC,
SENTENCIA INTERLOCUTORIA DENEGATORIA, por los fundamentos que a continuación
expongo:
El Tribunal Constitucional como corte de
revisión o fallo y no de casación
1.
La Constitución de 1979 creó el Tribunal de
Garantías Constitucionales como instancia de casación y la Constitución de 1993
convirtió al Tribunal Constitucional en instancia de fallo. La Constitución del
79, por primera vez en nuestra historia constitucional, dispuso la creación de
un órgano ad hoc, independiente del
Poder Judicial, con la tarea de garantizar la supremacía constitucional y la
vigencia plena de los derechos fundamentales.
2.
La Ley Fundamental de 1979 estableció que el
Tribunal de Garantías Constitucionales era un órgano de control de
la Constitución, que tenía jurisdicción en todo el territorio nacional para
conocer, en vía de casación,
de los habeas
corpus y amparos denegados por el Poder Judicial,
lo que implicó que dicho Tribunal no constituía una instancia habilitada
para fallar en forma definitiva sobre la causa. Es decir, no se pronunciaba
sobre los hechos invocados como amenaza o lesión a los derechos reconocidos en
la Constitución.
3.
En ese sentido, la Ley 23385, Ley Orgánica del Tribunal
de Garantías Constitucionales, vigente en ese momento, estableció, en sus
artículos 42 al 46, que dicho órgano, al encontrar una resolución denegatoria
que ha violado la ley o la ha aplicado en forma errada o ha incurrido en graves
vicios procesales en la tramitación y resolución de la demanda, procederá a
casar la sentencia y, luego de señalar la deficiencia, devolverá los actuados a
la Corte Suprema de Justicia de la República (reenvío) para que emita nuevo
fallo siguiendo sus lineamientos, procedimiento que, a todas luces, dilataba en
exceso los procesos constitucionales mencionados.
4.
El modelo de tutela ante amenazas y vulneración
de derechos fue seriamente modificado en la Constitución de 1993. En primer
lugar, se amplían los mecanismos de tutela de dos a cuatro, a saber, habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. En
segundo lugar, se crea al Tribunal Constitucional como órgano de control de la
constitucionalidad, aun cuando la Constitución lo califica erróneamente como
"órgano de control de la Constitución". No obstante, en
materia de procesos constitucionales de la
libertad, la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es instancia
de revisión o fallo.
5.
Cabe señalar que la Constitución Política del
Perú, en su artículo 202, inciso 2, prescribe que corresponde al Tribunal
Constitucional "conocer, en última y
definitiva instancia, las resoluciones denegatorias dictadas en los procesos de
habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento". Esta
disposición constitucional, desde una posición de franca tutela de los derechos
fundamentales, exige que el Tribunal Constitucional escuche y evalúe los
alegatos de quien se estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental.
Una lectura diversa contravendría mandatos esenciales de la Constitución, como
son el principio de defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad
como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1), y "la observancia del debido proceso y
tutela jurisdiccional. Ninguna
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas
al efecto cualquiera sea su denominación", consagrada en el artículo
139, inciso 3.
6.
Como se advierte, a diferencia de lo que
acontece en otros países, en los cuales el acceso a la última instancia
constitucional tiene lugar por la vía del certiorari (Suprema Corte de los
Estados Unidos), en el Perú el Poder Constituyente optó por un órgano supremo
de interpretación de la Constitución capaz de ingresar al fondo en los llamados
procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una protección de
su derecho en sede del Poder Judicial. En otras palabras, si lo que está en
discusión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho fundamental, se debe
abrir la vía correspondiente para que el Tribunal Constitucional pueda
pronunciarse. Pero la apertura de esta vía solo se produce si se permite al
peticionante colaborar con los jueces constitucionales mediante un
pormenorizado análisis de lo que se pretende, de lo que se invoca.
7.
Lo constitucional es escuchar a la parte como
concretización de su derecho irrenunciable a la defensa; además, un Tribunal
Constitucional constituye el más efectivo medio de defensa de los derechos
fundamentales frente a los poderes públicos y privados, lo cual evidencia el
triunfo de la justicia frente a la arbitrariedad.
El derecho a ser oído como manifestación de
la democratización de los Procesos Constitucionales de la libertad
8.
La administración de justicia constitucional de
la libertad que brinda el Tribunal Constitucional, desde su creación, es
respetuosa, como corresponde, del derecho de defensa inherente a toda persona,
cuya manifestación primaria es el derecho a ser oído con todas las debidas
garantías al interior de cualquier proceso en el cual se determinen sus
derechos, intereses y obligaciones.
9.
Precisamente, mi alejamiento respecto a la
emisión de una resolución constitucional sin realizarse audiencia de vista está
relacionado con la defensa, la cual, sólo es efectiva cuando el justiciable y
sus abogados pueden exponer, de manera escrita y oral, los argumentos
pertinentes, concretándose el principio de inmediación que debe regir en todo
proceso constitucional.
10.
Sobre la intervención de las partes,
corresponde señalar que, en tanto que la potestad de administrar justicia
constituye una manifestación del poder que el Estado ostenta sobre las
personas, su ejercicio resulta constitucional cuando se brinda con estricto
respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo que incluye el derecho
a ser oído con las debidas garantías.
11.
Cabe añadir que la participación directa de las
partes, en defensa de sus intereses, que se concede en la audiencia de vista,
también constituye un elemento que democratiza el proceso. De lo contrario, se
decidiría sobre la esfera de interés de una persona sin permitirle alegar lo
correspondiente a su favor, lo que resultaría excluyente y antidemocrático.
Además, el Tribunal Constitucional tiene el deber ineludible de optimizar, en
cada caso concreto, las razones, los motivos y los argumentos que justifican
sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se legitima no por ser un
tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por expresar de modo
suficiente las razones de derecho y de hecho relevantes en cada caso que
resuelve.
12.
En ese sentido, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha establecido que el derecho de defensa "obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un
verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no
simplemente como objeto del mismo"[1],
y que "para que exista debido
proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y
defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal
con otros justiciables"[2].
Naturaleza Procesal del Recurso de Agravio
Constitucional
13.
El modelo de "instancia de fallo" plasmado
en la Constitución no puede ser desvirtuado por el Tribunal Constitucional si
no es con grave violación de sus disposiciones. Dicho Tribunal es su intérprete
supremo, pero no su reformador, toda vez que como órgano constituido también
está sometido a la Constitución.
14.
Cuando se aplica a un proceso constitucional de
la libertad la denominada
"sentencia interlocutoria", el recurso de agravio
constitucional (RAC) pierde su verdadera esencia jurídica, ya que el Tribunal
Constitucional no tiene competencia para "revisar" ni mucho menos
"recalificar" el recurso de agravio constitucional.
15.
De conformidad con los artículos 18 y 20 del
Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional no
"concede" el recurso. Esta es una competencia de la Sala Superior del
Poder Judicial. Al Tribunal lo que le corresponde es conocer del RAC y
pronunciarse sobre el fondo. Por ende, no le ha sido dada la competencia de
rechazar dicho recurso, sino por el contrario de "conocer" lo que la
parte alega como un agravio que le causa indefensión.
16.
Por otro lado, la "sentencia
interlocutoria" establece como supuestos para su aplicación fórmulas
imprecisas y amplias cuyo contenido, en el mejor de los casos, requiere ser
aclarado, justificado y concretado en supuestos específicos, a saber,
identificar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no definirlo, ni
justificarlo, convierte el empleo de la precitada sentencia en arbitrario, toda
vez que se podría afectar, entre otros, el derecho fundamental de defensa, en
su manifestación de ser oído con las debidas garantías, pues ello daría lugar a
decisiones subjetivas y carentes de predictibilidad, afectando notablemente a
los justiciables, quienes tendrían que adivinar qué resolverá el Tribunal
Constitucional antes de presentar su respectiva demanda.
17.
Por lo demás, mutatis mutandis, el precedente vinculante contenido en la STC
0987-2014-PA/TC repite lo señalado por el Tribunal Constitucional en otros
fallos, como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino
Ramírez (STC 02877-2005-PHC/TC). Del mismo modo, constituye una reafirmación de
la naturaleza procesal de los procesos constitucionales de la libertad
(supletoriedad, vía previa, vías paralelas, litispendencia, invocación del
derecho constitucional líquido y cierto, etc.).
18.
Sin embargo, el hecho de que los procesos
constitucionales de la libertad sean de una naturaleza procesal distinta a la
de los procesos ordinarios no constituye un motivo para que se pueda desvirtuar
la esencia principal del recurso de agravio constitucional.
19.
Por tanto, si se tiene en cuenta que la
justicia en sede constitucional representa la última posibilidad para proteger
y reparar los derechos fundamentales de los agraviados, voto a favor de que en
el presente caso se convoque a audiencia para la vista, lo que garantiza que el
Tribunal Constitucional, en tanto instancia última y definitiva, sea la
adecuada para poder escuchar a las personas afectadas en sus derechos
esenciales cuando no encuentran justicia en el Poder Judicial; especialmente si
se tiene en cuenta que, agotada la vía constitucional, al justiciable solo le
queda el camino de la jurisdicción internacional de protección de derechos
humanos.
20.
Como afirmó Raúl Ferrero Rebagliati, "la
defensa del derecho de uno es, al mismo tiempo, una defensa total de la Constitución,
pues si toda garantía constitucional entraña el acceso a la prestación
jurisdiccional, cada cual al defender su derecho está defendiendo el de los
demás y el de la comunidad que resulta oprimida o envilecida sin la protección
judicial auténtica".
S.
FERRERO COSTA
VOTO SINGULAR
DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI
Discrepo, muy respetuosamente, de la decisión contenida en la resolución
de mayoría. Considero que si se opta por dictar en el presente proceso una
sentencia interlocutoria denegatoria, invocando el precedente vinculante
contenido en la STC Nº 00987-2014-PA/TC (conocido como precedente Vásquez
Romero) y éste fuera aplicable, no corresponde declarar improcedente el recurso
de agravio constitucional, sino entrar al fondo del asunto y evaluar la
pretensión contenida en la demanda, a los efectos de determinar si la misma se
encuentra dentro de los supuestos consagrados en dicho precedente.
Las razones que sustentan mi posición son las siguientes:
Marco constitucional y
legal para acceder al Tribunal Constitucional como última y definitiva
instancia constitucional en la jurisdicción nacional.
1. La
Constitución Política del Perú ha consagrado, en el inciso 2) de su artículo
202º, que el Tribunal Constitucional conoce, en última y definitiva instancia,
las resoluciones denegatorias dictadas por el Poder Judicial en los procesos de
hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento; habilitando de tal forma al
demandante a acceder al máximo órgano de la justicia constitucional, sin más
condición que éste se halle ante una resolución denegatoria de segundo grado.
2. Complementando tal propósito habilitador
de acceso al Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional en su
artículo 18° reguló el recurso de agravio constitucional a favor del
demandante, como el instrumento procedimental idóneo para impugnar la
resolución denegatoria a su pretensión dictada en segundo grado por el Poder
Judicial, sea que éste haya declarado improcedente la demanda o que haya
declarado infundada la demanda, sin más requisito para su concesión y
procedencia que se trate de una resolución denegatoria y que se interponga
dentro del plazo de diez días de notificada.
3. Ratificando esa línea habilitadora
de acceso al Tribunal Constitucional, el mismo código adjetivo constitucional
introdujo en su artículo 19° el recurso de queja por denegatoria de recurso de
agravio constitucional, el cual permite al demandante cuestionar ante el propio
Tribunal Constitucional aquella resolución dictada por el Poder Judicial que
haya denegado o rechazado tal medio impugnatorio, a fin que el Tribunal
Constitucional haga una revisión de la declaración de improcedencia
cuestionada, en la línea de brindar una mayor garantía al justiciable y,
eventualmente, rectificar la decisión a favor del demandante, si se detecta que
la denegatoria careció de fundamento.
4. Por tanto, dentro de la lógica de
la justicia finalista, amparista y antiformalista que
informa el acceso al Tribunal Constitucional, así como las instituciones
procesales reguladas por el Código Procesal Constitucional, no cabe establecer
requisitos de procedencia adicionales a los dos señalados y, menos aún,
sostener que al Tribunal Constitucional le compete determinar la procedencia
del recurso de agravio constitucional, salvo el caso de su intervención
residual vía queja por denegatoria del mismo para procurar su concesión.
5. Es decir, la concesión y, por
tanto la calificación de la procedencia del recurso de agravio constitucional,
es una competencia del Poder Judicial, ejercida a través de las Salas de sus
Cortes Superiores encargadas de conocer en segundo grado los procesos que nos
ocupan, cuando hayan dictado resoluciones denegatorias a la pretensión del
demandante, por ser improcedente o infundada la demanda, según el caso, que
permite acceder al Tribunal Constitucional, a los efectos que, como última y
definitiva instancia (como instancia de grado) defina la controversia.
6. Por
tanto, una vez abierta la puerta de acceso al Tribunal Constitucional vía la
concesión del recurso de agravio constitucional, lo cual significa acceder a
una instancia de grado, que, además, es última y definitiva en la jurisdicción
nacional, no cabe que el Tribunal Constitucional califique la procedencia o
improcedencia del citado recurso, por cuanto aquél viene ya calificado y
concedido por la segunda instancia judicial; el Tribunal Constitucional no
tiene competencia para entrar a dicha calificación y, si lo hiciera, estaría
volviendo a calificar en perjuicio del justiciable demandante un recurso ya
calificado y concedido; a contracorriente de la lógica finalista, amparista y antiformalista antes referida, y
violando su derecho de acceso a la justicia constitucional especializada en
instancia final y definitiva en la jurisdicción interna. Más aún, si la
expedición de la sentencia interlocutoria denegatoria se produce sin vista de
la causa.
Descargar sin desamparar, desguarnecer ni abdicar.
La correcta interpretación del precedente Vásquez Romero.
7. En
armonía con lo dicho hasta aquí, cualquier intento de descarga que asuma el
Tribunal Constitucional si observa que existen causas manifiestamente
improcedentes o infundadas, que debieron merecer una descalificación desde un
inicio, por no darse los supuestos elementales que habilitan la generación de
un proceso constitucional, no pasa por descalificar el recurso de agravio
constitucional ya concedido, sino por emitir un pronunciamiento desestimatorio,
que indique con toda precisión la razón que lleva a tal decisión; máxime si
los supuestos a los que se refiere el fundamento 49º de la STC Nº 0987-2014-PA/TC,
no son, dentro del contexto descrito, instrumentos de rechazo de plano del
recurso de agravio constitucional, que, como tales, justifiquen su
improcedencia, sino situaciones que, de presentarse, originan una sentencia
interlocutoria denegatoria por carecer de sustento la pretensión contenida en
la demanda, lo cual implica necesariamente entrar al examen del fondo del
asunto.
8. Además, cualquier intento
de descarga procesal no debe olvidar que cada caso es peculiar y merece un
análisis propio, prolijo y detenido, para arribar a una decisión debidamente
motivada y justa, ajena a facilismos y apresuramientos. Es una exigencia de
cumplimiento ineludible en la excelsa función de administrar la justicia
constitucional que tiene el Tribunal Constitucional, como garante final de la
vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de la primacía normativa de
la Constitución, y como última y definitiva instancia en los procesos de la
llamada jurisdicción de la libertad. Lo contrario colisiona con el principio de
interdicción de la arbitrariedad.
9. Por lo demás, considero
pertinente precisar que las causales de rechazo que contempla el precedente
contenido en la STC Nº 00987-2014-PA/TC* solo deben ser
entendidas con un criterio eminentemente restrictivo. Esto es, como referidas
única y exclusivamente a los cuatro supuestos que allí se consignan y siempre
que aparezcan en forma indiscutible e indubitable. No así con un criterio de
aplicación extensiva y, menos aún, a otros supuestos de desestimación de la
pretensión.
El exceso incurrido y mi apartamiento de la forma
de aplicación y extensión del precedente Vásquez Romero.
10. En este contexto, resulta
un notable exceso pretender, como ya viene ocurriendo en una buena cantidad de
casos, que la totalidad de causales de improcedencia de los procesos
constitucionales previstas en el Código Procesal Constitucional (Cfr. artículos
4º, 5º y 70º, entre otros), sean subsumidas dentro de los supuestos
establecidos en el citado precedente, pues éste último, lo enfatizo, fue
concebido para casos muy excepcionales
en los que no hubiese duda alguna sobre su encuadramiento en tales supuestos:
para casos de notoria, indudable y grotesca improcedencia, que habilitaban la
desestimación de la pretensión sin más trámite, de manera excepcional. No fue
concebido con una finalidad laxa, amplia y genérica, ni habilitadora de otras
situaciones; máxime si la decisión se emitiría sin más trámite. Se trató de una
figura de aplicación excepcional. No de aplicación general. Y, lo aclaro, ese
fue el motivo por el que acompañé la propuesta, que lamentablemente viene
siendo desnaturalizada, como lo he explicado precedentemente.
11. Las consideraciones
descritas me llevan a sostener que, adicionalmente a mi discrepancia por el uso
equivocado que se viene haciendo de la llamada sentencia interlocutoria
denegatoria, tampoco puedo asumir como razonable y conforme a Derecho su
aplicación indiscriminada, extensiva y generalizada a toda causal de
improcedencia o de rechazo contemplada en el Código Procesal Constitucional,
omitiendo el trámite de vista de la causa y sin oír a las partes. Ello lesiona
el derecho de defensa, el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela procesal
efectiva, entre otros, que están reconocidos en el artículo 139, incisos 14 y 3
de la Constitución, respectivamente, en los artículos 1 y 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y en el artículo 4 del mismo Código Procesal
Constitucional; derechos que el Tribunal Constitucional ha desarrollado con
amplitud en numerosas sentencias dictadas antes del precedente Vásquez Romero,
como el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y sus
parámetros de medición.
12. Frente a estas dos
situaciones, la desnaturalización de la aplicación del precedente Vásquez
Romero y su indebida extensión a todas las causales de improcedencia previstas
en el Código Procesal Constitucional, he llegado a la firme convicción que debo
dejar constancia de mi apartamiento de tales formas de entender y aplicar dicho
precedente.
El sentido de mi voto.
Voto a favor de que el
Tribunal Constitucional dé trámite regular a la causa, convoque a audiencia
para la vista de la misma, oiga a las partes en caso soliciten informar y
admita nuevas pruebas si éstas se presentan, así como conozca y amerite las
argumentaciones que esgriman en defensa de sus derechos, en un marco de respeto
irrestricto a su derecho de defensa, como última y definitiva instancia que agota
la jurisdicción interna, dejando aclarado que al no haberse emitido
pronunciamiento sobre la pretensión, no puedo opinar por ahora sobre el fondo
de la controversia, ya que la resolución de mayoría, lesionando los antes
aludidos derechos de la parte demandante, se limita a declarar improcedente el
recurso de agravio constitucional.
S.
BLUME FORTINI