EXP.
N.° 00008-2019-PA/TC
ICA
JULIÁN SEVERINO
HUAMÁN
RAZÓN DE RELATORÍA
Con fecha 4 de marzo de 2022, la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional, integrada
por los magistrados Sardón de Taboada y Ledesma Narváez y con la participación del magistrado
Espinosa-Saldaña Barrera, llamado para dirimir la discordia suscitada por el
voto singular del magistrado Ferrero
Costa, ha dictado
el auto en el Expediente 00008-2019-PA/TC, por el
que resuelve:
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda de amparo.
Se deja constancia de que los magistrados
Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera han emitido
fundamentos de voto, los cuales se agregan.
La secretaria de la Sala Segunda hace constar fehacientemente que la presente
razón encabeza el auto y los
votos antes referidos que los magistrados intervinientes firman digitalmente al pie de ella en
señal de conformidad.
SS.
FERRERO
COSTA
SARDÓN
DE TABOADA
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Rubí Alcántara
Torres
Secretaria de la Sala Segunda
AUTO DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 4 de
marzo de 2022
VISTO
El recurso de agravio
constitucional interpuesto por don Julián Severino Huamán contra la resolución
de fojas 80, de 6 de junio de 2018, expedida por la Segunda Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Ica, que, confirmando la apelada, declaró
improcedente la demanda de autos; y
ATENDIENDO A QUE
1.
Mediante escrito presentado el 20 de octubre de 2017 (f. 32), don Julián Severino Huamán promovió
el presente amparo en contra de los jueces superiores integrantes de la Sala
Mixta y de Apelaciones de Nasca de la Corte Superior de Justicia de Ica,
pretendiendo la nulidad de la Resolución 20, de 19 de setiembre de 2017 (f. 7),
que (i) confirmó la Resolución 9, de 26 de abril de 2017 (f. 16), expedida por
el Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de Palpa, en el extremo que lo condena por
el delito de calumnia, en agravio de don Luis Alfredo Grados Tenorio, y le
impuso la pena de noventa días multa equivalentes a S/1 500.00, que
deberán ser pagados en el plazo de diez días; y (ii)
revocándola y reformándola en el extremo referido a la reparación civil, la
redujo a S/2 500.00, que deberán ser pagados en el plazo de sesenta días
(Expediente 83-2016).
2.
El actor denuncia la violación de su derecho fundamental a la
debida motivación de las resoluciones judiciales. Así, sostiene que no se
habría configurado el delito de calumnia al no existir denuncia policial,
fiscal o judicial que le atribuya falsamente la comisión de un delito a don
Luis Alfredo Grados Tenorio. En efecto, refiere que presentó un documento
denominado «descargo solicitado» ante el director del Hospital de Palpa, es
decir, un documento interno, en el cual, ejerciendo su libertad de expresión,
relató su descontento con el hostigamiento, maltrato y humillaciones recibidos
de parte de don Luis Alfredo Grados Tenorio, quien era su jefe en el área de
contabilidad, a la vez que reveló que don Luis Alfredo Grados Tenorio había
ocultado el libro del sub Cafae y que manejaba sin
autorización la caja chica. Refiere que estas revelaciones condujeron a que don
Luis Alfredo Grados Tenorio fuera removido de su cargo y que, por ello, la
querella subyacente constituye una venganza.
1.
La demanda de amparo fue declarada improcedente por el Juzgado
Civil de Nasca de la Corte Superior de Justicia de Ica, a través de la
Resolución 2, de 11 de diciembre de 2017 (f. 46), tras considerar que el amparo
ha sido promovido con el propósito de reexaminar la controversia penal
subyacente.
2.
A su turno, la improcedencia de la demanda fue confirmada por la
Segunda Sala Civil del mismo distrito judicial, a través de la Resolución 8, de
fecha 6 de junio de 2018 (f. 80), por similares fundamentos.
3.
Este Tribunal ha establecido que uno de los
contenidos del derecho al debido proceso es el derecho a la debida motivación
de las resoluciones judiciales, el cual se revela tanto como un principio que
informa el ejercicio de la función jurisdiccional cuanto como un derecho
constitucional que asiste a todos los justiciables. En este sentido, consiste
en el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada,
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las
partes en cualquier clase de procesos. Dicho de otro modo, en los términos del
artículo 139, inciso 5, de la Constitución, garantiza que los jueces,
cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación
jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el
ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la
Constitución y a la ley (Cfr. Expediente 08125-2005-HC/TC, sentencia de 14 de
noviembre de 2005, fundamento 11). No obstante, cabe precisar que la
Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo
que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que, por sí misma,
exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es
breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco
garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes
puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y
detallado (Cfr. Expediente 01230-2002-HC/TC, sentencia de 20 de junio de 2002,
fundamento 11).
4.
En el presente caso, el petitorio de la demanda se encuentra
referido a la sentencia de vista de 19 de setiembre de 2017. Asimismo, los
hechos que sustentan el petitorio dan cuenta de que el documento denominado
«descargo solicitado» no puede ser asimilado a una denuncia policial, fiscal o
judicial que atribuye falsamente a otro la comisión de un delito, según lo
exigiría —en la interpretación del actor— el tipo penal de calumnia, por lo que
este no se habría configurado. Por otra parte, que la querella subyacente
constituye una venganza.
5.
Ahora bien, para este alto Colegiado, los argumentos vertidos por
el actor están dirigidos a sustentar una supuesta atipicidad de su conducta sin
mayor sustento que una interpretación manifiestamente tendenciosa del tipo
penal de calumnia, recogido en el artículo 131 del Código Penal, y del acervo
probatorio, más específicamente del documento denominado «descargo solicitado».
No obstante, debe dejarse establecido que determinar si la acción típica del
delito de calumnia puede realizarse de manera verbal, por escrito o por
cualquier otro medio idóneo para transmitir la atribución de un delito a otro
en forma inequívoca, es un tópico que no puede trasladarse de la jurisdicción
penal a la constitucional. En efecto, la cuestión de la supuesta atipicidad
debe ser propuesta conforme a las reglas que regulan el proceso por el delito
de ejercicio privado de la acción, esto es, en la contestación de la querella (artículo 462 del Código Procesal Penal) o en la
interposición del correspondiente recurso de apelación (artículo 466 del Código
Procesal Penal), tal como hizo oportunamente el actor. Por lo demás, si bien es
cierto que el juez constitucional es competente para conocer agresiones al
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales derivadas de la
configuración de vicios de justificación, el ejercicio de esta competencia no
puede ser instado con el propósito de reexaminar una decisión por el solo hecho
de que su fallo resulta desfavorable o porque los fundamentos que la sustentan
no coinciden con la interpretación que el supuesto afectado consideraba
correcta.
6.
Este mismo razonamiento resulta aplicable al otro extremo de la
denuncia constitucional del actor, este es, el referido a la supuesta venganza
de su querellante.
7.
De lo precedentemente analizado se desprende que los hechos y el
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la debida motivación de
las resoluciones judiciales. En consecuencia, la demanda de autos incurre en la
causal de improcedencia contemplada en el artículo 5, inciso 1, del pretérito
Código Procesal Constitucional —aplicable al presente amparo por razón de
temporalidad—, ahora recogido en el artículo 7, inciso 1, del nuevo Código
Procesal Constitucional, vigente desde el 24 de julio del presente año.
Por estas
consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú, con la participación del magistrado
Espinosa-Saldaña Barrera, llamado para dirimir la discordia suscitada por el
voto singular del magistrado Ferrero Costa, y con los fundamentos de voto de
los magistrados Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE
la demanda de amparo.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
SARDÓN
DE TABOADA
LEDESMA
NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
PONENTE SARDÓN DE TABOADA
FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ
Si en la
votación de un caso concreto un magistrado del Tribunal Constitucional no se
pronuncia sobre dicho caso, entonces, en sentido estricto, no ha votado, no
administra justicia y no está conociendo el caso en última y definitiva
instancia
El Reglamento
Normativo es vinculante para todos, inclusive para los magistrados del Tribunal
Constitucional
El Nuevo
Código Procesal Constitucional está vigente por el poder de los votos y no de
las razones jurídicas
En el presente caso, por las razones expuestas en la ponencia,
considero que debe declararse IMPROCEDENTE
la demanda. Sin perjuicio de ello, estimo necesario dejar constancia sobre tres
asuntos de la mayor relevancia y que han pasado desapercibidos por los
justiciables, operadores jurídicos, ámbito académico y ciudadanía: el primero,
relacionado con una práctica de algunos magistrados del Tribunal Constitucional
de autodenominar “votos singulares” a decisiones que no lo son, generando un
grave perjuicio para los justiciables al no contar con un pronunciamiento sobre
el caso por parte de tales magistrados; el segundo, vinculado al anterior, de
que los referidos magistrados no acatan determinadas disposiciones del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional; y, el tercero que actualmente
estamos aplicando un Nuevo Código Procesal Constitucional, que pese a contener
vicios formales por contravenir la Constitución y el Reglamento del Congreso,
hoy está vigente por el poder de los votos (de una mayoría parlamentaria y de
tres magistrados del Tribunal Constitucional) pero no de razones jurídicas.
I.
SOBRE LOS “VOTOS
SINGULARES” QUE NO SON VOTOS SINGULARES
- De la revisión de actuados en
el presente caso, dejo constancia, respetuosamente, que el magistrado
Ferrero Costa está denominando “voto singular” a una decisión que no corresponden
tener esa denominación dado que no se pronuncia sobre el respectivo caso
concreto. Esta forma de proceder dificulta el adecuado funcionamiento de
la sala pues impide que los otros dos magistrados que integramos la sala
podamos conocer el punto de vista de dicho magistrado sobre el caso
concreto y así poder resolverlo mejor. Se desnaturaliza así la razón de
ser de un colegiado.
- Si un magistrado o una mayoría
de magistrados se ha pronunciado en el sentido de que la demanda del caso
concreto es improcedente, entonces los votos singulares, de haberlos,
deben contraargumentar sobre esas razones de la improcedencia u otras
razones, pero siempre relacionadas a la pretensión del caso concreto.
- Lo que no corresponde hacer es
que el “voto singular” trate únicamente sobre cuestiones incidentales,
como aquella, sobre si se debe convocar o no a una audiencia pública, pero
sin expresar ninguna razón, ni una sola, sobre el específico caso
concreto. Al actuar de este modo no sólo se está desacatando el Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional o la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, sino también la Constitución.
- Al respecto, cabe precisar que
la Constitución establece en el artículo 139 inciso 8, como un principio
de la función jurisdiccional, el de “no dejar de administrar justicia”
y en el artículo 202 inciso 2 que corresponde al Tribunal Constitucional “2.
Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias
de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento”.
- A su vez, la Ley 28301,
Orgánica del Tribunal Constitucional establece en el artículo 5 que “En
ningún caso el Tribunal Constitucional deja de resolver (…) Los
magistrados tampoco pueden dejar de votar, debiendo hacerlo en favor o en
contra en cada oportunidad (…)”.
- El Reglamento Normativo del
Tribunal Constitucional establece en el artículo 8 que “(…) Los
Magistrados no pueden abstenerse de votar, debiendo hacerlo a favor o en
contra en cada oportunidad (…)”.
- En el presente caso, de
acuerdo a la normatividad antes mencionada y teniendo en consideración la
posición del mencionado magistrado, no estamos propiamente ante un voto
singular. En ningún extremo de su denominado “voto singular” hay algún
pronunciamiento sobre la pretensión contenida en la demanda.
- Tal decisión únicamente tiene
referencias a lo que considera la necesidad de que se realice lo que
llaman una “audiencia de vista” y al ejercicio del derecho de defensa,
afirmando que dicho derecho sólo es efectivo cuando el justiciable y sus
abogados pueden exponer, de manera escrita y también de modo oral los
argumentos pertinentes.
- Puede revisarse minuciosamente
el denominado “voto singular” y en ninguna parte existe alguna referencia
al caso concreto, a los argumentos del demandante o a la pretensión
contenida en la demanda. Si no existe dicho pronunciamiento entonces no se
puede denominar voto singular. En sentido estricto no han votado en el
presente caso, no están administrando justicia y no están conociendo el
caso en última y definitiva instancia. Hay una grave omisión en los
autodenominados “votos singulares”. No se está votando ni a favor ni en
contra en cada oportunidad, como exige la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional y su Reglamento Normativo. Simplemente, un magistrado del
Tribunal Constitucional no está votando en el caso concreto.
- Por lo tanto, entendiendo que
el magistrado mencionado no ha votado en el presente caso, correspondería
devolver el respectivo expediente para que se emita el voto que
corresponda. Sin embargo, procedo a pronunciarme sobre la pretensión de
este caso para no perjudicar los derechos fundamentales de los
justiciables quienes requieren una atención con prontitud y celeridad por
parte del Tribunal Constitucional.
Lo expuesto no es impedimento para dejar expresa
constancia sobre la omisión de pronunciamiento sobre la pretensión concreta,
sino también de su desacato a un acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional,
como lo veremos en seguida.
II. SOBRE
EL DESACATO Al REGLAMENTO NORMATIVO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
- Con dicha forma de proceder se
está desacatando acuerdos del Pleno, que modificaron el Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional, respecto de la tramitación de los
procesos de control concreto dispuesta por el Nuevo Código Procesal Constitucional,
pues se está dejando resolver sobre el caso concreto en la respectiva
vista de la causa.
- No sabemos qué razones tuvo el
Poder Legislativo cuando elaboró el artículo 24 del Nuevo Código Procesal
Constitucional (lo que de por sí es grave, pues, como es de conocimiento
público, no se dio una amplia deliberación pública previa al dictado de
dicho código). Lo cierto es que,
una vez publicada una ley, ésta se independiza de su autor.
- ¿Qué es lo que redactó el
legislador en el artículo 24? Diremos que en
uno de sus extremos redactó la expresión “vista de la causa”. ¿Existe
en el derecho procesal diferentes tipos de “vista de la causa”? por
supuesto que sí. Existe la “vista de la causa con informe oral” y la
“vista de la causa sin informe oral”. ¿Qué establece el Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional sobre el particular? En el artículo 11-C establece que en la
tramitación de los casos siempre debe haber vista de la causa y que en
aquellos casos que requieran pronunciamiento de fondo se realizará la
respectiva audiencia pública. En otras palabras, algunos casos no tendrán
audiencia pública y algunos otros si tendrán audiencia pública, siempre y
cuando lo justifique el caso.
- ¿Qué es lo deben hacer
todos los magistrados del Tribunal Constitucional al respecto? Cumplir el Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional. ¿Qué es lo que está haciendo un magistrado del Tribunal
Constitucional? Está incumpliendo el Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional pues en las vistas de la causa no está votando en el caso
concreto.
- Ampliando lo expuesto, cabe
mencionar que el artículo 19.2 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional establece como uno de los deberes de los Magistrados del
Tribunal Constitucional: “Cumplir y hacer cumplir su Ley Orgánica, el
Nuevo Código Procesal Constitucional, el ordenamiento jurídico de la
Nación y el presente Reglamento”.
- Asimismo, el artículo 11-C del
referido cuerpo normativo establece lo siguiente: “En los procesos de
hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, la vista de la causa es
obligatoria. Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda
es improcedente, se resuelve en ese sentido mediante auto, sin
convocatoria a audiencia pública. También se resuelven sin convocatoria a audiencia
pública los recursos de agravio constitucional a favor de la debida
ejecución de la sentencia, las apelaciones por salto y las quejas. Si en
la vista de la causa la Sala considera que la demanda requiere un
pronunciamiento de fondo por parte suya, se notifica a las partes,
convocando a audiencia pública. Si en la vista de la causa la Sala
considera que la demanda requiere un pronunciamiento de fondo por parte
del Pleno, se notifica a las partes, convocando a audiencia pública. Los
secretarios de Sala están autorizados a suscribir los decretos de
notificación de vistas de la causa y de celebración de audiencias
públicas”.
- El mencionado artículo 11-C
fue incorporado por el Artículo Quinto de la Resolución Administrativa N°
168-2021-P/TC. Si bien el acuerdo de Pleno que aprobó tal incorporación se
produjo con el voto en contra de los magistrados Ferrero Costa y Blume Fortini, ello en ningún modo justifica que tales
magistrados no acaten las disposiciones del Reglamento Normativo.
- Una vez aprobada la reforma
del Reglamento Normativo, es vinculante para todos los magistrados, para
los servidores y servidoras del Tribunal Constitucional, así como los
respectivos justiciables. Eso es lo que ordena nuestro marco normativo y
así se ha procedido con todas las reformas del Reglamento Normativo.
- El citado artículo 11-C del
Reglamento (que no hace sino materializar lo previsto en las citadas
normas de la Constitución y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional),
contiene algunos mandatos normativos, como los siguientes:
1) “(…) Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda
es improcedente, se resuelve en ese sentido mediante auto, sin convocatoria a
audiencia pública (…)”.
De este extremo se desprende que, si los tres magistrados de la sala
consideran que la demanda es improcedente, deben resolverlo así. Ello exige un pronunciamiento
sobre el caso concreto;
2) “También se resuelven sin convocatoria a audiencia pública los recursos
de agravio constitucional a favor de la debida ejecución de la sentencia, las
apelaciones por salto y las quejas”. De este extremo se desprende la
exigencia un pronunciamiento sobre el caso concreto;
3) “Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda
requiere un pronunciamiento de fondo por parte suya, se notifica a las partes,
convocando a audiencia pública”. De este extremo se desprende la exigencia
un pronunciamiento sobre el caso concreto;
4) “Si en la vista de la causa la Sala considera que la demanda
requiere un pronunciamiento de fondo por parte del Pleno, se notifica a las
partes, convocando a audiencia pública”. De este extremo se desprende la
exigencia un pronunciamiento sobre el caso concreto.
- Todos estos supuestos exigen
el pronunciamiento sobre la pretensión del caso concreto. Eso es lo que
dice el reglamento (y otras normas citadas) y lo que debemos cumplir
todos. Si un magistrado estima que debe emitir un voto singular en cada
uno de los 4 supuestos mencionados entonces dicho voto, para ser
considerado como tal, debe expresar las razones que estime pertinente pero
siempre vinculadas al caso concreto.
- A modo de referencia sobre la
adecuada forma de manifestar la discrepancia y respeto de los acuerdos de
Pleno (y otras normas citadas), debo recordar que, en octubre de 2015,
mediante Resolución
Administrativa N° 138-2015-P/TC, se modificó el artículo 10 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional en el sentido de exigir sólo 4 votos
para aprobar un precedente.
- Dicha modificatoria fue
aprobada por 4 votos (magistrados Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera) y 3
votos en contra (magistrados Urviola Hani, Ledesma Narváez y Sardón de Taboada). Pesé a que
voté en contra, en ninguna oportunidad me opuse a la nueva de regla de
votación que puso el Pleno pues era, es y será mi deber respetar y acatar
el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
- No quiero analizar en detalle
la argumentación del magistrado Ferrero, sino tan sólo precisar que,
conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el derecho defensa no sólo se puede
hacer valer mediante argumentos orales sino también mediante argumentos
escritos. La defensa puede ser escrita o puede ser oral.
- Si el legislador que dictó el
Nuevo Código Procesal Constitucional puso en el artículo 24 el texto “vista
de la causa” y no puso “audiencia pública”, sus razones habrá tenido,
pero una vez publicada la ley, ésta se independiza de su autor. Si hoy
dice “vista de la causa”, entonces no se puede forzar la
interpretación y obligarnos a entender que esta expresión es similar a
“audiencia pública”.
- Basta sólo revisar la
normatividad procesal en el Perú para darnos cuenta que pueden darse
vistas de la causa con audiencia pública y sin audiencia pública. Así
pues, el mandato expreso del legislador contenido en el artículo 24 del
Nuevo Código Procesal Constitucional es que los casos que lleguen al
Tribunal Constitucional tengan vista de causa, y eso es lo que se está
cumpliendo.
- Por el contrario, resulta un
exceso que se obligue a que estas causas tengan, en todos los casos,
vistas con audiencias públicas para que los abogados puedan informar
oralmente. Ello no ha sido previsto por el legislador.
- Por esto, resulta preocupante
que se desacate no solo determinadas disposiciones del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional, adoptados mediante Acuerdos de
Pleno, sino también el mandato expreso del propio legislador (entre otras
normas citadas), generando votos que no contienen un expreso
pronunciamiento sobre la pretensión del caso concreto.
III.
UN NUEVO CÓDIGO
PROCESAL CONSTITUCIONAL QUE ESTÁ VIGENTE POR EL PODER DE LOS VOTOS Y NO DE LAS
RAZONES JURÍDICAS
- Teniendo en cuenta que en el
presente caso se aplica el Nuevo Código Procesal Constitucional, Ley
31307, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de julio de
2021, es mi deber de jueza constitucional dejar constancia de que dicha
ley es manifiestamente contraria a la Constitución y que cuando ha sido
sometida a control del Tribunal Constitucional mediante un proceso de
inconstitucionalidad [Expedientes 00025-2021-PI/TC y 00028-2021-PI/TC],
tres magistrados, en una motivación sin ningún sustento y tan sólo de tres
párrafos, han hecho posible que dicha ley, pese a su inconstitucionalidad,
se aplique sin ningún cuestionamiento.
- En otras palabras, el
poder de los votos y no el de las razones jurídicas ha
caracterizado la historia de esta ley: el Poder Legislativo tenía los
votos, así es que sin mayor deliberación e incumpliendo su propio
reglamento, aprobó la ley.
- Luego, el Tribunal
Constitucional, con tres votos que no tenían mayor justificación y
alegando un argumento sin fundamento, convalidó dicho accionar del Poder
Legislativo.
- Serán la ciudadanía, la
opinión pública o la academia, entre otros, los que emitirán su punto de
vista crítico para que estas situaciones no se repitan.
- Un Código Procesal
Constitucional, que se debería constituir en una de las leyes más
importantes del ordenamiento jurídico peruano, dado que regula los
procesos de defensa de los derechos fundamentales y el control del poder,
tiene hoy una versión que está vigente por el poder de los votos y no de
las razones jurídicas. Es claro que ello deslegitima el Estado de
Derecho y en especial la justicia constitucional.
- Este nuevo código es
inconstitucional, irrefutablemente, por vicios formales (más allá de los
vicios materiales). Lo voy a exponer de modo breve: La Ley 31307, Nuevo
Código Procesal Constitucional, por ser una Ley Orgánica (artículo
200 de la Constitución), no de debió ser exonerada del dictamen de
comisión.
- El artículo 73 del Reglamento
del Congreso regula las etapas del procedimiento legislativo así como la
excepción para que la Junta de Portavoces pueda exonerar a algunas etapas
de tal procedimiento, pero además, y esto es lo más relevante, establece
de modo expreso que “Esta excepción no se aplica a iniciativas de
reforma constitucional, de leyes orgánicas ni de iniciativas sobre
materia tributaria o presupuestal”.
- Asimismo, concordante con el
artículo antes citado, el artículo 31-A, inciso 2, del Reglamento del
Congreso de la República, regula, entre otras competencias de la Junta de
Portavoces, “La exoneración, previa presentación de escrito sustentado del
Grupo Parlamentario solicitante y con la aprobación de los tres quintos de
los miembros del Congreso allí representados, de los trámites de envío a
comisiones y prepublicación”, y luego, expresamente, establece que “Esta
regla no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes
orgánicas ni de iniciativas que propongan normas sobre materia
tributaria o presupuestal, de conformidad con lo que establece el artículo
73 del Reglamento del Congreso”.
- Como se aprecia, el Reglamento
del Congreso, en tanto norma que forma parte del bloque de
constitucionalidad, dispone que en los casos de leyes orgánicas, la
Junta de Portavoces no puede exonerar del envío a comisiones en ningún
supuesto.
- En el caso de las
observaciones del Presidente de la República a la autógrafa de una
proposición aprobada, éstas “se tramitan como cualquier proposición”
[de ley] (artículo 79 del Reglamento del Congreso).
- Por tanto, ante las
observaciones del Presidente de la República a una proposición de ley
correspondía tramitarla como cualquier proposición de ley y, como parte de
dicho trámite, enviarla a la respectiva comisión, resultando prohibido que
la Junta de Portavoces exonere del trámite de envío a comisión cuando se
trata de leyes orgánicas.
- En el caso del Nuevo Código
Procesal Constitucional, mediante sesión virtual de la Junta de Portavoces
celebrada el 12 de julio de 2021 se acordó exonerar del dictamen a las
observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la Autógrafa
de Ley, pese a que se trataba de una ley orgánica.
- Esta exoneración resultaba
claramente contraria al propio Reglamento del Congreso y con ello al
respectivo bloque de constitucionalidad, por lo que correspondía declarar
la inconstitucionalidad del Nuevo Código Procesal Constitucional por haber
incurrido en vicios formales. El Congreso de la República no respetó el
procedimiento de formación de la ley que el mismo fijó.
- Carece de fundamento el
argumento de los tres magistrados que salvaron esta ley. Ellos sostienen
que conforme al último párrafo del artículo 79 del Reglamento del
Congreso, el trámite de una autógrafa de ley observada por el Presidente
de la República debe pasar a comisión sólo si fue exonerada
inicialmente de dicho trámite, de modo que en el caso del Nuevo Código
Procesal Constitucional, al haber pasado ya por una comisión dictaminadora
[antes de su primera votación], podía exonerarse a la autógrafa observada
de dicho código.
- Este argumento de los tres
magistrados es incorrecto pues dicho párrafo es aplicable sólo cuando se
trata de leyes distintas a las leyes orgánicas o de reforma
constitucional, entre otras.
- Lo digo una vez más. En el
caso de las leyes orgánicas, la Junta de Portavoces del Congreso de la
República, está prohibida de exonerar el envío a comisiones. Las observaciones del Presidente de la
República a la autógrafa del Nuevo Código Procesal Constitucional debieron
recibir un dictamen de la comisión respectiva y, por tratarse de una ley
orgánica, no podían ser objeto de ninguna exoneración sobre el trámite a
comisión.
- Pese a la manifiesta
inconstitucionalidad del Nuevo Código Procesal Constitucional y atendiendo
a que, formalmente, una sentencia del Tribunal Constitucional, con el voto
de tres magistrados, ha convalidado, en abstracto y por razones
de forma, dicho código, debo proceder a aplicarlo en el caso de autos,
reservándome el pronunciamiento en los casos que por razones de fondo se
pueda realizar el respectivo control de constitucionalidad.
S.
LEDESMA NARVÁEZ
FUNDAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Coincido con el sentido del voto de la magistrada Ledesma Narváez, por
los motivos allí expuestos. Sin embargo, considero
necesario señalar lo siguiente:
- En primer lugar, conviene hacer ciertas anotaciones en lo
concerniente a la noción de “contenido esencial” que aparece en el
fundamento 5.
- En efecto, en la sentencia se utiliza la noción de “contenido
esencial” para hacer referencia a una porción de cada derecho fundamental
que “merece protección a través del proceso de amparo”, a diferencia de
otros ámbitos que, si bien forman parte del derecho, no están incluidos su
“contenido esencial” y, por ende, no merecerían tutela a través del
proceso de amparo, por tratarse de contenidos tienen origen más bien en la
ley (los llamados contenido “no esencial” o “adicional”).
- Al respecto, conviene además tener presente que en la
jurisprudencia de este Tribunal se encuentra que la expresión “contenido
esencial” se ha usado de distinto modo. En especial, ha sido entendida
como límite infranqueable, determinado ab
initio, para el legislador de los derechos fundamentales; como un
contenido iusfundamental que solo puede hallarse
tras realizar un examen de proporcionalidad; o como aquel contenido iusfundamental protegido directamente por la
Constitución que permite la procedencia del amparo, entre otros usos.
- En lo que concierne al uso que se le da en esta sentencia,
dicha comprensión ha requerido que este órgano colegiado establezca
“listas” de contenidos iusfundamentales, a
través de las cuales el Tribunal instituye cuáles ámbitos del derecho
considera como parte del contenido esencial y cuáles quedan fuera. Esta
operación, qué duda cabe, es sumamente discrecional, y por ello, corre el
riesgo de devenir en arbitraria, máxime si nos encontramos ante derechos
de configuración legal como el derecho a la pensión. Además de ello, su
consecuencia es que se presentan casos en lo que algunos contenidos, los
cuales realmente forman parte del derecho, y por ende merecerían protección
a través del amparo, han quedado excluidos de esta posibilidad de tutela
urgente pues no fueron incluidos en la decisión del Tribunal
Constitucional. Esto ha pasado, por ejemplo, con respecto de algunas
personas de edad avanzada, a quienes este Tribunal ha tutelado su derecho
a acceder a una pensión, pese a no encontrarse dentro de los supuestos
considerados como “contenido esencial” del derecho a la pensión. Por el
contrario, sigue excluyendo de tutela aquellos casos en los que se demanda
acceder a pensiones mayores de 415 nuevos soles, a pesar de que el “mínimo
vital” que en su momento justificó establecer la mencionada cifra, ha
variado notoriamente.
- Al respecto, y como hemos explicado en otras oportunidades,
consideramos que esta noción de “contenido esencial” suele generar
confusión y no aporta mucho más que la noción de “contenido de los
derechos”, a secas. Téngase presente que, finalmente, la expresión
utilizada por el Código Procesal Constitucional es la de “contenido
constitucionalmente protegido” de los derechos.
- En este sentido, consideramos que casos como el presente
podrían analizarse a partir del análisis
sobre la relevancia constitucional del caso, fórmula establecida en la
STC 02988-2013-AA, tomando en consideración reiterada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Allí se recordó que tanto el artículo 5, inciso
1, como el artículo 38 del Código Procesal Constitucional entonces vigente
prescribían la improcedencia de la demanda si esta no está dirigida a la
defensa de ámbitos protegidos por derechos constitucionales. Con más
detalle, y en aseveraciones que son concordantes con el actualmente
vigente artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional, se
indicó que su determinación requiere, básicamente[1]:
(1) Verificar que
existe una norma de derecho
constitucional pertinente para el caso (es decir, una interpretación válida
de disposiciones que reconocen derechos constitucionales). Esto exige
encontrar, primero, ¡una disposición (enunciado normativo) que reconozca el
derecho fundamental invocado, que puede ubicarse tanto en la Constitución, como
en los tratados de derechos humanos, en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional o en la jurisprudencia supranacional vinculante para el Estado
peruano. Seguidamente, será necesario establecer las normas (interpretaciones,
significados) que se desprendan válidamente de las disposiciones que reconocen
derechos, de tal forma que pueda reconocerse qué protege realmente el derecho
invocado.
Ahora bien, esto de
ninguna forma descarta la posibilidad de que se tutelen derechos
constitucionales no reconocidos de modo expreso (derechos implícitos o no
enumerados); sin embargo, en tal caso será necesario vincular
interpretativamente el derecho invocado en la demanda con lo dispuesto en la
cláusula constitucional que reconoce los derechos fundamentales no enumerados
(artículo 3 de la Constitución[2]).
Asimismo, de lo
anterior no se desprende que los derechos constitucionales de desarrollo legal
queden desprotegidos; al respecto, debe tenerse en cuenta que, en general, los
derechos constitucionales siempre son desarrollados, concretados o actualizados
por los jueces y el poder político (legislativo y administrativo), sin que ello
contradiga o disminuya su naturaleza iusfundamental.
Solo en caso que la legislación de desarrollo rebalse el ámbito
constitucionalmente protegido de un derecho, que se trate de derechos de origen
legal, o si el contenido del derecho merece protección en otra vía (lo que
corresponderá ser analizado a partir de otra causal de improcedencia) se
declarará improcedente la demanda[3].
(2) Constatar que
el demandante se beneficie de la posición jurídica amparada por la norma iusfundamental encontrada. Es decir, luego de analizado el
ámbito protegido del derecho, debe determinarse si lo alegado en la demanda (en
la pretensión, en los hechos descritos) son subsumibles en el ámbito normativo
del derecho, describiéndose a estos efectos quién es el titular del derecho
(sujeto activo), el obligado (sujeto pasivo) y la concreta obligación iusfundamental. En otras palabras, es necesario acreditar
la titularidad del derecho, más aun, la existencia de
una “relación jurídica de derecho fundamental”[4].
(3) Finalmente,
debe verificarse que la afectación o restricción cuestionada incida en el
ámbito protegido por el derecho invocado, cuando menos de modo preliminar o prima facie, es decir, sin necesidad de
ingresar a analizar el fondo del caso. En efecto, a través de esta causal de
improcedencia no se trata de demostrar la existencia de una intervención
justificada o ilegítima (lo que solo se conocerá con certeza al finalizar el
proceso constitucional), sino de descartar que estemos ante un caso de
“afectación aparente”, en la medida que la lesión o amenaza, si bien perturba
de alguna forma intereses del actor, finalmente no incide en ningún contenido
constitucionalmente relevante.
- Además de aquello, debe tenerse en cuenta que en algunos
casos excepcionales este análisis de relevancia iusfundamental
puede ser insuficiente; por ejemplo: cuando la Constitución prevé
excepciones al ejercicio del referido derecho; cuando la interpretación
que se hace de la disposición que reconoce el derecho es irrazonable o
absurda; cuando la demanda reivindica un contenido manifiestamente ilícito
y tal ilicitud no es puesta en duda; cuando la titularidad del derecho
requiere, de modo necesario, condiciones adicionales de aplicación; cuando
se busca tutelar un ámbito aparentemente protegido, pero que el Tribunal
Constitucional ha excluido expresamente en su jurisprudencia de
observancia obligatoria, entre situaciones que casuísticamente puedan
presentarse. En este supuesto, atendiendo al caso concreto, será necesario
tener en cuenta consideraciones adicionales al examen de tres pasos
señalado supra, para determinar
si lo alegado hace referencia al contenido constitucionalmente protegido
del derecho invocado, y con ello resolver la procedencia de la demanda.
- Consideramos que a partir de este análisis puede
determinarse, de manera ordenada y con coherencia conceptual, si la
afectación o la amenaza alegada en una demanda incide realmente en el
contenido protegido por el derecho fundamental invocado y, en ese sentido,
si prima facie merece tutela a
través de un proceso constitucional; prescindiéndose, pues, de nociones
equívocas como la de “contenido esencial”.
- Esto, desde luego, sin perjuicio de que casos auténticamente
referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos
fundamentales que se invocan finalmente puedan ser declarados
improcedentes, en atención a las otras causales de improcedencia
contenidas también en el Código Procesal Constitucional.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA
Con el debido respeto por la opinión de nuestros colegas
magistrados, emitimos el presente voto singular, pues consideramos que en el
caso de autos se debe convocar a audiencia pública.
Con la emisión de la Ley 31307, que regula el Nuevo Código
Procesal Constitucional publicado el viernes 23 de julio del presente año, se
presentan novedades interesantes e importantes, las cuales, como se expresa en
la parte final del texto de la exposición de motivos, se encuentran en
concordancia con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, específicamente
en lo relacionado con la plena vigencia de la Constitución, los derechos
humanos, el acceso a la justicia y la independencia judicial.
Entre las modificaciones más significativas podríamos mencionar la
prohibición de aplicar el rechazo liminar (artículo 6) y la obligatoriedad de
la vista de la causa en sede del Tribunal Constitucional (segundo párrafo del
artículo 24). Dicho texto señala lo siguiente: «(…) En el Tribunal
Constitucional es obligatoria la vista de la causa. La falta de convocatoria de
la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de
agravio constitucional». Sobre este último punto y su alcance radica nuestro
desacuerdo con la resolución en mayoría.
En ese contexto, y como ya lo hemos reiterado desde que nos
integramos al Tribunal Constitucional en septiembre de 2017, a través de
nuestro primer voto singular emitido en el Expediente 00143-2016-PA/TC
(publicado en la web institucional www.tc.gob.pe con fecha 30 de noviembre de
2017), en relación con el precedente vinculante Vásquez Romero, Expediente
00987-2014-PA/TC, nuestro alejamiento, respecto a la emisión de una resolución
constitucional en procesos de la libertad sin que se realice la audiencia de
vista, se vincula estrechamente al ejercicio del derecho a la defensa, el cual
solo es efectivo cuando el justiciable y sus abogados pueden exponer, de manera
escrita y oral, los argumentos pertinentes, concretándose el principio de
inmediación que debe regir en todo proceso constitucional (fundamento 9 de
nuestro voto), y también conforme lo ordena el artículo III del Título
Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional. Es decir que
copulativamente se deben presentar ambas maneras de exposición de alegatos.
Asimismo, debemos tener en cuenta que la Constitución Política del
Perú, en su artículo 202, inciso 2, prescribe que corresponde al Tribunal
Constitucional «conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones
denegatorias dictadas en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y
acción de cumplimiento». Esta disposición constitucional, desde una posición de
franca tutela de los derechos fundamentales, exige que el Tribunal
Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se estima amenazado o
agraviado en alguno de los derechos fundamentales. Una lectura diversa
contravendría mandatos esenciales de la Constitución, tales como el principio
de defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de
la sociedad y del Estado.
Resulta relevante, en este punto, recordar que, como afirmó Raúl
Ferrero Rebagliati, «la defensa del derecho de uno es, al mismo tiempo, una
defensa total de la Constitución, pues si toda garantía constitucional entraña
el acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual al defender su derecho está
defendiendo el de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o
envilecida sin la protección judicial auténtica». Así pues, lo constitucional
es escuchar a la parte como concretización de su derecho irrenunciable a la
defensa. Al mismo tiempo, el derecho a ser oído se manifiesta como la
democratización de los procesos constitucionales de libertad.
A mayor abundamiento, el Diccionario Panhispánico del Español
Jurídico, en el que participan importantes instituciones como la Real Academia
Española, la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Asociación de Academias de la
Lengua Española, entre otras, define la vista como
Actuación en que se
relaciona ante el tribunal, con citación de las partes, un juicio o incidente,
para dictar el fallo, oyendo a los defensores o interesados que a ella
concurran. Es una actuación oral, sin perjuicio de su documentación
escrita o por grabación de imagen y sonido, y salvo excepciones, de
carácter público (cfr. https://dpej.rae.es/lema/vista ).
Por estos motivos, consideramos que en el caso de autos se debe
convocar la vista de la causa entendida como audiencia pública, lo que
garantiza que el Tribunal Constitucional, en tanto instancia última y
definitiva, escuche a las personas afectadas en sus derechos fundamentales;
especialmente si se tiene en cuenta que, agotada la vía constitucional, al
justiciable solo le queda el camino de la jurisdicción internacional de
protección de derechos humanos.
S.
FERRERO COSTA