Sala Segunda. Sentencia 694/2024
EXP. N.° 04243-2023-PC/TC
LA LIBERTAD
LUCRECIA AMÉRICA BRICEÑO CORONEL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 18 días del mes de marzo
de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los
magistrados Gutiérrez Ticse, y Ochoa Cardich, con la participación del magistrado Hernández Chávez,
convocado para dirimir la discordia suscitada en autos, ha emitido la presente
sentencia. El magistrado Domínguez Haro emitió voto singular, el cual se agrega.
Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con
lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lucrecia América Briceño Coronel contra la sentencia de fojas 54, de fecha 23 de junio de 2023, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 22 de abril de 2021, la recurrente interpone demanda de cumplimiento contra la Unidad de Gestión Educativa Local 3 TNO, a fin de que se ejecute el crédito devengado reconocido mediante la Resolución Directoral 00001203-2016- GRLL-GGR/GRSE/UGEL 03 TN, de fecha 8 de abril de 2016, en virtud de la cual se reconoce otorgarle, desde el 2 de mayo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, la bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de la remuneración total mensual o íntegra, ascendente a la suma de S/. 38,010.96, más los intereses legales por la suma de S/. 6,355.70[1].
El Séptimo Juzgado Civil de Trujillo, mediante Resolución 1, de fecha 20 de mayo de 2021, admite a trámite la demanda[2].
El a quo, mediante Resolución 4, de fecha 3 de noviembre de 2022, declaró improcedente la demanda, por considerar no es objeto del proceso de cumplimiento el acto administrativo que contenga el reconocimiento o pago de devengados conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del Nuevo Código Procesal Constitucional, por lo que corresponde declarar improcedente la demanda[3].
La Sala Superior revisora confirmó la apelada, por estimar que, de acuerdo al precedente administrativo de observancia obligatoria-Resolución de Sala Plena 001-2011-SERVIR/TSC, es aplicable para el cálculo de la bonificación solicitada la remuneración total permanente y no la íntegra; y que, en consecuencia, la demanda es improcedente conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional emitida en los Expedientes 02147-2021-PC/TC, 05285-2016-PC/TC, 02023-2012-PC/TC, entre otros[4].
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. La demanda tiene como objeto que se dé cumplimiento al acto administrativo contenido en la Resolución Directoral 00001203-2016-GRLL-GGR/GRSE/UGEL 03 TN, de fecha 8 de abril de 2016, que reconoce a favor de la actora el otorgamiento de la bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total mensual o íntegra por la suma de S/. 38,010.96, más los intereses legales por la suma de S/. 6,355.70.
Requisito especial de la demanda
2.
Con el documento de fecha cierta
que obra en autos[5] se
acredita que la parte demandante ha cumplido el requisito especial de la demanda de cumplimiento previsto en
el artículo 69 del Código Procesal Constitucional (vigente a la fecha de
interposición de la demanda) actualmente regulado en el artículo 69 del Nuevo
Código Procesal Constitucional.
La tutela de los Derechos sociales en un Estado
Constitucional
3.
Afirmar un Estado Constitucional en donde
prime la posición preferente de los derechos fundamentales es un imperativo
para los operadores jurídicos. El Tribunal Constitucional así lo ha reconocido
en su propia jurisprudencia, cuando enfatiza en que “los derechos sociales
deben interpretarse como verdaderas garantías del ciudadano frente al Estado
dentro de una visión que busca revalorar la eficacia jurídica de los mandatos
constitucionales y, por ende, la vigencia de la Constitución” (STC
02945-2003-AA/TC, f.j. 13).
4.
En
efecto, un Estado Constitucional no solo ampara las libertades, sino también -y
de igual manera- los derechos sociales, además de estar intrínsecamente
ligados. Como aseveran Viciano y Gonzales, “los
derechos de libertad son únicamente efectivos en la medida en que son
sostenidos por la garantía de los derechos sociales a prestaciones positivas.
El incumplimiento de los derechos sociales conlleva que tanto los derechos
políticos como los de la libertad estén destinados a quedarse en el papel
(FERRAJOLI, 2011). No podemos entender los derechos como compartimentos
estancos. La efectividad de un derecho está coaligada a la efectividad del
resto; que se incumpla un derecho tiene repercusiones directas sobre las
condiciones de ejercicio del resto. (APARICIO, 2011)”[6].
5.
Es, en
ese orden de ideas, que el sistema constitucional no puede ser adverso a estas
demandas sobre los derechos sociales, eludir el rol de pacificación del orden
jurídico y deslindar la tutela por ausencia de normativa o por disposiciones
lesivas de los derechos. Todo lo contrario, al órgano de control de la
Constitución le corresponde establecer disposiciones jurisdiccionales que, en
perspectiva tuitiva materialicen la plena vigencia de los derechos sociales y
de su núcleo esencial, prisma de todo el modelo constitucional, la dignidad
humana.
El derecho a la remuneración de los
profesores, personal administrativo en el sector educación y las denominadas “Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación” y
“Bonificación Especial adicional
por Desempeño de Cargo y elaboración de documentos”
6.
El
derecho a una remuneración que, además sea equitativa y suficiente, no
solamente es un derecho constitucional de carácter social reconocido por la
Constitución de 1993 (Artículo 24), sino también por la de 1979 (Artículo 43).
7.
Sin
embargo, profesores y personal administrativo del sector educación; durante la
vigencia de la Constitución de 1979, percibieron sueldos paupérrimos que los
condenó a ubicarse en los grupos de pobreza, careciendo de ingresos equitativos
y suficientes, pese a que son de vital importancia para la
sociedad.
8.
Es así
como no solo soportaron el oprobio de los bajos sueldos, sino inclusive sus
derechos y compensaciones, reconocidas por la Ley, fueron burladas bajo la
aprobación de normas extraordinarias orientadas únicamente a cubrir al Estado
de un manto de impunidad con sus deberes presupuestales, legalizando el
incumplimiento de los pagos de los derechos remunerativos que por ley les
correspondía, generando una deuda interna que ha venido creciendo precisamente
por la falta de compromiso de los poderes públicos con saldar estas
obligaciones entre otros, precisamente, con los profesores y administrativos
del sector educación.
9.
Es lo que
ha ocurrido con la denominada Bonificación Especial Mensual por Preparación
de Clases y Evaluación, y
Bonificación Especial adicional
por Desempeño de Cargo y elaboración de documentos; la cual
reconocida desde los inicios de los años noventa no ha sido pagada oportunamente,
y hoy forma parte del pago de la deuda
social del Estado a la que hemos hecho referencia, con respecto de los
profesores y personal administrativo, cuya función resulta de vital importancia
para el desarrollo de todo nivel educativo, al sentar las bases y los
principios del desarrollo humano, social y económico de nuestra nación[7].
10.
Cabe indicar además que, durante todos estos años
los profesores y personal administrativo en el sector educación han venido
reclamando legítimamente el cumplimiento de sus derechos remunerativos,
habiendo obtenido sendos reconocimientos de las propias entidades del Estado,
pero únicamente en el papel.
11. Debido a
esa renuencia, los beneficiaros han recurrido a la justicia constitucional para
demandar su ejecución. Sin embargo, el sistema judicial ahora deniega dicha
tutela cuestionando los actos administrativos por supuestamente estar sujeto a
controversia compleja y condicionalidad presupuestal.
12.
Desnaturaliza
además el sentido del proceso de cumplimiento, sobre todo, al no observar los
criterios que el nuevo Código Procesal Constitucional para la estimación de las
pretensiones en estos procesos.
Sobre la falta de disponibilidad económica
14.
Asimismo,
el Tribunal Constitucional ha expresado que las falencias económicas del estado
no pueden ser justificativos de una omisión de pago tan evidente y que no es
indiferente a la situación que puede generarse tras la exigibilidad de una
resolución administrativa que implica el otorgamiento de un monto dinerario.
Tampoco es razonable que las entidades administrativas pretendan hacer de sus
obligaciones económicas una opción de cumplimiento absolutamente discrecional,
entendiendo que una entidad administrativa no puede ampararse en sus propias
deficiencias para oponerlas como pretexto frente a lo que representa el mandato
imperativo derivado de sus obligaciones (STC 02435-2005-PC/TC, f.2).
15.
En ese
sentido, si bien es verdad que la ejecución de estas demandas que contienen un mandamus presupuestal no pueden cumplirse en lo
inmediato de forma absoluta, no es menos cierto que se deben procurar fórmulas
adecuadas que, por un lado, generen un pago razonable y, de otro, no generen
una negación sistemática del cumplimiento de estos pagos condenando a los
beneficiarios a litigar hasta la vejez, afectando así no solo el núcleo
esencial de la Constitución sino además los tratados internacionales en materia
de derechos humanos suscritos por nuestro país.
La Ley Nº 31495 “Ley que
reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación
de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por
preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial y
menos en calidad de cosa juzgada”
16. Precisamente, en atención a este deber
estatal, con fecha 16 de junio de 2022, fue publicada la Ley que reconoce el
derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clase
y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación
de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial y menos en
calidad de cosa juzgada, reconociendo el derecho de los profesores, activos,
cesantes y contratados, en sede administrativa
a percibir las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la ley del
profesorado, modificada por la Ley 25212, tomando como base su Remuneración
Total.
17. En ese sentido, en su artículo 2 se establece que
Artículo 2. Pago de
bonificación
Los docentes, activos,
cesantes y contratados, beneficiarios de las bonificaciones dispuestas en el artículo
48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 25212, reciben
el pago de dicho beneficio en base a su Remuneración Total.
La Remuneración Total es
aquella que está constituida por la Remuneración Total Permanente y los
conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de
cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común [resaltado agregado].
18. Asimismo, según la mencionada ley, el reconocimiento y pago debe realizarse
al margen de que exista una sentencia judicial que así lo disponga, aplica
incluso para los procesos judiciales en trámite y, como corresponde, tan solo
alcanza al periodo en que estuvo vigente dicha bonificación (desde el 21 de
mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012). Así lo dispone los artículos 1
y 4 de la Ley 31495 que señalan lo siguiente:
Artículo 1. Objeto de la
Ley
La presente ley tiene por
objeto reconocer el derecho de los docentes, activos, cesantes y contratados,
en sede administrativa, a percibir las bonificaciones dispuestas en el artículo
48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 25212, tomando
como base su Remuneración Total, sin la exigencia de sentencia judicial y
menos en calidad de cosa juzgada.”
Artículo 4. Sobre los
procesos judiciales en trámite.
En los procesos judiciales
en trámite iniciados por los docentes, activos, cesantes y contratados, cuya
pretensión se base en el reconocimiento de bonificaciones tomando como base su
Remuneración Total, dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del
Profesorado, modificado por la Ley 25212, la administración, en cumplimiento
de la presente ley, se allana a la pretensión, en el extremo referido a tomar
como base la Remuneración Total para el cálculo de la bonificación, bajo
responsabilidad […]” [resaltado agregado]
19. Por tanto, se observa que la Ley 31495, que reconoce y dispone el pago
de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación,
bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos
de gestión, se encuentra actualmente vigente y es de aplicación inmediata a los
procesos en trámite, como lo indica de modo expreso la mencionada legislación,
y ello comprende a los procesos de cumplimiento, inclusive los que se encuentran
en sede del Tribunal Constitucional. Siendo así, su eficacia no se limita para
las solicitudes a futuro a partir de la publicación de dicha ley, sino que
también se aplica a los casos ya en trámite. Esto es así, aunque no se haya
emitido aun la reglamentación que dispone la ley, pues se trata de un ámbito autoejecutivo o autoaplicativo de la indicada legislación,
cuya entrada en vigor y efectos no dependen de su desarrollo ulterior.
20. La ley precisa además que la administración pública debe allanarse en los
procesos que se encuentren en trámite (bajo responsabilidad) e incluso dispone
que la administración debe emitir las resoluciones administrativas que
correspondan reconociendo estos derechos. Esto último, desde luego, debe
entenderse como referido a los casos en los que aún no se ha emitido una
resolución en tal sentido.
21. Finalmente, lo antes expuesto también resulta aplicable a los supuestos
en los que las resoluciones administrativas (que contengan mandatos claros y
determinados) cuyo cumplimiento se solicita fueron emitidas como consecuencia
de mandatos judiciales, precisándose que lo que estaría planteando acatar es un
mandato distinto a la sentencia.
Análisis del caso concreto
22. El artículo 200, inciso 6, de
la Constitución Política establece que la acción de cumplimiento procede contra
cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un
acto administrativo. Por su parte, el artículo 65, inciso 1, del Nuevo
Código Procesal Constitucional señala que el proceso de cumplimiento tiene por
objeto que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma
legal o ejecute un acto administrativo firme.
23. La Resolución
Directoral 00001203-2016-GRLL-GGR/GRSE/ UGEL 03 TN, de fecha 8 de abril de 2016[8],
establece lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO:
OTORGAR, en aplicación al Decreto Regional 005-2014-GRLL-PRE, - desde el 22/05/2002 a 25/11/2012,
la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al
30% de su remuneración total mensual o íntegra, así como el pago de intereses
legales, a favor BRICEÑO CORONEL LUCRECIA AMERICA, profesor de
asignatura de la I.E. LICEO TRUJILLO, nivel secundario de conformidad a lo
establecido en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER, CREDITO DEVENGADO a favor de BRICEÑO CORONEL LUCRECIA
AMÉRICA, por concepto de bonificación por preparación de clases y
evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total, pago de devengados
desde la fecha a quien se le reconoció el derecho a percibir, según Hoja de Liquidación
961-2016.GRLL-GGR/GRSE-UGEL 03-TNO/A- PLA Bonificación por Preparación de Clases
de acuerdo al siguiente detalle:
VIGENCIA : 02/05/2002 – 25/11/2012
MONTO : TREINTA Y OCHO MIL DIEZ CON 96/100 SOLES
(S/.38,010.96)
ARTICULO TERCERO: OTORGAR desde el 02/05/2002 – 25/11/2012,
intereses legales a BRICEÑO CORONEL LUCRECIA AMÉRICA, según Hoja de Liquidación
952-2016-GRLL-GGR/GRSE-UGEL 03- TNO/A- PL, ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 70/100 SOLES (S/ 6, 355.70).
24. De lo expuesto se
aprecia que el mandato contenido en la resolución precitada está vigente, es un
mandato cierto y claro, que consiste en dar una suma de dinero por concepto de
“bonificación especial por preparación de clases y evaluación” ascendente a S/.38,010.96 (treinta y ocho mil diez con 96/100 soles) así como el pago
de devengados por la suma de S/ 6, 355.70 (seis mil trescientos cincuenta y
cinco con 70/100 soles).
25. En consecuencia, en la medida en
que se ha verificado que la Resolución Directoral 00001203-2016-GRLL-GGR/GRSE/
UGEL 03 TN, de fecha 8 de abril de 2016, que reconoce
a favor del actor el pago por concepto bonificación por preparación de clases y
evaluación por monto ascendente a la suma de S/.38,010.96 (treinta y ocho
mil diez con 96/100 soles), así como el pago de devengados por la suma de S/ 6,
355.70 (seis mil trescientos cincuenta y cinco con 70/100 soles, reúne los requisitos mínimos para ordenar su
cumplimiento, corresponde estimar la demanda.
26. Así, la
pretensión -con el mínimo de actuación interpretativa y probatoria de acuerdo
con la nueva norma procesal constitucional y al movimiento jurisprudencial-
deviene en tutelable; más aún, si de lo que hemos podido advertir, ya se viene
implementando el Fondo de Bonificaciones Magisteriales, orientado al pago de
estas deudas, correspondiendo a la Dirección Nacional del Tesoro Público
asignar el monto que determine al citado fondo.
27. Finalmente,
habiéndose acreditado que la parte emplazada ha sido renuente al cumplimiento
del acto administrativo reclamado en autos, de conformidad con el artículo 28
del Nuevo Código Procesal Constitucional, debe asumir los costos procesales,
los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente
sentencia.
Por estos
fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1.
Declarar
FUNDADA la demanda de cumplimiento al haberse acreditado la renuencia de la
Unidad de Gestión Educativa Local 3 TNO de dar cumplimiento al mandato contenido
en la Resolución Directoral 00001203-2016-GRLL-GGR/GRSE/ UGEL 03 TN, de fecha 8
de abril de 2016.
2.
ORDENAR a la Unidad de Gestión Educativa Local 3 TNO de cumplimiento al
mandato contenido en la que Resolución Directoral 01164-2019, de fecha 8 de
abril de 2016, que dispone que se pague a la recurrente la suma de S/.38,010.96 (treinta y ocho mil diez con 96/100 soles), así como el
pago de devengados por la suma de S/ 6, 355.70 (seis mil trescientos cincuenta
y cinco con 70/100 soles), bajo apercibimiento de aplicarse las medidas
coercitivas previstas en el artículo 27 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, más el pago de los costos procesales conforme al artículo 28
del citado Código.
Publíquese y notifíquese.
SS.
OCHOA CARDICH
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE
VOTO DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Habiendo sido
llamado a dirimir la presente discordia, me adhiero al sentido de la ponencia
que resuelve declarar FUNDADA la demanda interpuesta; no obstante, discrepo de la fundamentación que allí
aparece. Las razones que sustentan mi posición se resumen en lo siguiente:
1.
La recurrente, con fecha 22 de abril de 2021, interpone
demanda de cumplimiento contra la Unidad de Gestión Educativa Local 3 TNO, a
fin de que se ejecute el crédito devengado reconocido mediante la Resolución
Directoral 00001203-2016-GRLL-GGR/GRSE/UGEL 03 TN, de fecha 8 de abril de 2016,
en virtud de la cual se reconoce otorgarle, desde el 2 de mayo de 2002 hasta el
25 de noviembre de 2012, la bonificación por preparación de clases y evaluación
equivalente al 30% de la remuneración total mensual o íntegra, ascendente a la
suma de S/. 38,010.96, más los intereses legales por la suma de S/. 6,355.70.
2.
Con base en los artículos 8
y 9 del Decreto Supremo
051-91-PCM, publicado el 4 de marzo de 1991, y la Resolución de Sala Plena
001-2011-SERVIR/TSC emitida por el Tribunal del Servicio Civil con fecha 14 de
junio de 2011 (precedente administrativo de observancia obligatoria) este
Tribunal Constitucional venía resolviendo que a las bonificaciones “especial
por preparación de clases y evaluación” y “adicional por desempeño del cargo y
por preparación de documentos de gestión” les resultaba de aplicación la
“remuneración total permanente” (y no la llamada “remuneración total”). En
estos casos, se advierte que los demandantes suelen invocar el artículo 48 de
la Ley 24029, “Ley del Profesorado”, modificado por la Ley 25212, publicada el
20 de mayo de 1990, e interpretan que el monto de la bonificación que les
corresponde equivale al 30 % de la “remuneración total”. Este último,
precisamente, ha sido el criterio adoptado en las resoluciones directorales
cuyo cumplimiento se reclama en este tipo de procesos.
3.
Dicho criterio sigue en la línea jurisprudencial según el
cual a las bonificaciones “especial por preparación
de clases y evaluación” y “adicional por desempeño del cargo y por preparación
de documentos de gestión” les resultaba de aplicación la “remuneración total
permanente”. El sustento de la aplicación del concepto de “remuneración total
permanente” en lugar del concepto de “remuneración total” es en base a la
interpretación conjunta del Decreto Supremo 051-91-PC, y la Resolución de Sala
Plena 001-2011-SERVIR/TSC.
4.
Toda duda interpretativa ha quedado resuelta con la entrada
en vigencia de la Ley 31495 – “Ley que reconoce el derecho y dispone el pago de
la bonificación especial por preparación de clases y
evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de
documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial y menos en
calidad de cosa juzgada” tras su publicación el 16 de junio del 2022.
Esta norma culminó con el debate respecto a qué concepto utilizar para el pago de las bonificaciones,
precisando que esto debe hacerse en base a la “remuneración total”, así
como también precisó que la bonificación sólo alcanza al periodo en que estuvo
vigente la misma, es decir, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de
noviembre de 2012.
5.
Finalmente, en cuanto a la
aplicación de esta regulación en el tiempo, debemos de precisar que la
Ley 31495 es una “Ley interpretativa”. La entrada en vigencia de esta norma no
pretende desconocer la disyuntiva respecto a qué
concepto utilizar como base para el cálculo de
la bonificación, sino que pretende esclarecer respecto a qué concepto ha debido
emplearse y se debe emplear en casos futuros. He ahí porqué la norma incluye a
aquellos procesos que aún se encuentran en
estado de trámite.
Por
las razones expuestas aquí, mi voto es por declarar FUNDADA la presente demanda de cumplimiento.
S.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO DOMÍNGUEZ HARO
Con el debido respeto por la posición de
mis honorables colegas, emito el presente voto singular, pues, a mi juicio, la
demanda resulta improcedente.
Sustento mi
posición en las siguientes consideraciones:
1. La presente demanda tiene por objeto que se ejecute el crédito devengado reconocido mediante la Resolución Directoral 00001203-2016-GRLL-GGR/GRSE/UGEL 03 TN, de fecha 8 de abril de 2016, en virtud de la cual se reconoce otorgarle, desde el 2 de mayo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, la bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de la remuneración total mensual o íntegra, ascendente a la suma de S/ 38,010.96 soles. Y, además, se le pague los intereses legales por la suma de S/ 6,355.70 soles.
2. Al respecto, advierto que dicha cifra ha sido calculada tomando en cuenta la remuneración total y no la remuneración total permanente. Precisamente por ello, no considero que se le esté reconociendo un derecho incuestionable.
En consecuencia,
mi VOTO es porque se declara IMPROCEDENTE la demanda.
S.
DOMÍNGUEZ HARO
[1] Fojas 8.
[2] Fojas 14.
[3] Fojas 32.
[4] Fojas 54.
[5] Fojas 4.
[6] Viciano, Roberto y Gonzales, Diego. Estado social y derechos sociales en América Latina. En AAVV: Lecciones sobre el estado social y derechos sociales, Valencia: Tirant lo blanch, 2014, p. 109.
[7] Jiménez, E. P. (2008). El papel del profesorado en la actualidad. Su función docente y social. Foro de educación, (10), 325-345. (p.326).
[8] Fojas 2.