AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de marzo de 2025, en sesión de Pleno Jurisdiccional, los magistrados Pacheco Zerga (presidenta), Domínguez Haro (vicepresidente), Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich han emitido el presente auto. El magistrado Hernández Chávez emitió voto singular, que se adjunta. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

VISTA

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el decano nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) contra el artículo 6.2, literal a); y la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1666, “Decreto Legislativo Marco de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público”; y,

ATENDIENDO A QUE

1. Mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2024, este Tribunal declaró inadmisible la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP), debido a que el Acuerdo del Consejo Nacional Ejecutivo del CTMP, no “aprobó expresamente la interposición de la demanda contra la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1666” (fundamento 6).

2. Al respecto, el último párrafo del artículo 102 del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo) establece que

El Tribunal concederá un plazo no mayor de cinco días si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado. Si vencido el plazo no se subsana el defecto de inadmisibilidad, el Tribunal, en resolución debidamente motivada e inimpugnable, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso.

3. Mediante la constancia de notificación electrónica de fecha 10 de febrero de 2025 (foja 231 del cuadernillo digital), este Tribunal notificó al decano nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) el citado auto de fecha 21 de noviembre de 2024, que declaró inadmisible la demanda en el extremo relacionado con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1666.

4. En ese sentido, este Tribunal advierte que, hasta la fecha, el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) no ha cumplido con subsanar la omisión advertida y, por lo tanto, corresponde hacer efectivo el apercibimiento y declarar improcedente la demanda en dicho extremo.

5. Sin perjuicio de lo dicho, corresponde recordar que la demanda de autos cuestionó la constitucionalidad del artículo 6.2, literal a) del Decreto Legislativo 1666, en el extremo que incluye al Seguro Social de Salud (EsSalud) como entidad pública dentro de la cobertura de evaluación, validación y registro de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público (Cfr. Auto 00018-2024-PI/TC, de fecha 21 de noviembre de 2024, fundamento 9).

6. Conforme se precisó en su momento, mediante el acta de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria, de fecha 21 de octubre de 2024 (Anexo 1-F obrante a fojas 58 a 77 del documento que contiene la demanda en el cuadernillo digital), el Consejo Nacional Ejecutivo del CTMP aprobó la interposición de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 del Decreto Legislativo 1666, y confirió la representación a su decano (Cfr. Auto 00018-2024-PI/TC, de fecha 21 de noviembre de 2024, fundamento 5).

7. Asimismo, en relación con los argumentos de orden constitucional, el colegio profesional sostiene que la disposición impugnada transgrede el artículo 12 de la Constitución; los artículos 7 y 11 de la Ley 27056, Ley de creación del Seguro Social de Salud; el artículo 5 del Decreto Legislativo 1436; así como los Convenios 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales el Estado peruano es parte (Cfr. Auto 00018-2024-PI/TC de fecha 21 de noviembre de 2024, fundamento 9).

8. Habiéndose cumplido los requisitos exigidos por los artículos 98 y siguientes del NCPCo, corresponde admitir a trámite la demanda de autos interpuesta contra el artículo 6.2, literal a), subinciso v) del Decreto Legislativo 1666. En consecuencia, debe correrse traslado de esta al Poder Ejecutivo, conforme lo dispone el artículo 105, inciso 2, del NCPCo, para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los treinta días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

1. ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) contra el artículo 6.2, literal a), subinciso v) del Decreto Legislativo 1666, y correr traslado de la demanda al Poder Ejecutivo para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución.

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) contra la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1666.

Publíquese y notifíquese.

SS.

PACHECO ZERGA

DOMÍNGUEZ HARO

MORALES SARAVIA

GUTIÉRREZ TICSE

MONTEAGUDO VALDEZ

OCHOA CARDICH

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Con el debido respeto por la posición de mis distinguidos colegas, emito el siguiente voto singular, el cual sustento en los siguientes fundamentos:

1. Con fecha 8 de noviembre de 2024, el Decano Nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) presenta demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6.2, literal a); y la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1666, “Decreto Legislativo Marco de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público”.

El proceso de inconstitucionalidad en el modelo peruano y los colegios profesionales como sujetos legitimados para interponer la demanda

2. El artículo 200 de la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce como uno de los procesos o garantías constitucionales al proceso de inconstitucionalidad, el cual procede contra las normas que tienen rango de ley que contravengan el Texto Fundamental en la forma o en el fondo, señalando ‒además‒ una lista taxativa de quienes se encuentran legitimados para interponer demanda inconstitucionalidad.

3. El diseño del control abstracto de leyes y normas de rango legal consagrado en el Perú establece una relación numerus clausus de los sujetos legitimados para actuar, siendo un modelo restrictivo en cuanto a la legitimidad para obrar de estos mecanismos de control, en comparación a otros ordenamientos jurídicos que contemplan una legitimidad amplia o, inclusive, amplísima, como sucede en el caso colombiano (donde cualquier ciudadano puede accionar).

4. El numeral 8 del artículo 203 de la Constitución Política establece los sujetos legitimados para interponer demanda de inconstitucionalidad, el cual señala:

Art. 203. Sujetos legitimados para interponer demanda de inconstitucionalidad

Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:

(...)

8. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.

5. Al respecto, el Tribunal Constitucional en diversa jurisprudencia (¹) ha precisado lo siguiente:

"(...) los colegios profesionales no pueden cuestionar cualquier tipo de disposición con rango de ley, sino tan sólo aquellas circunscritas a su ámbito de especialidad, requisito a ser evaluado al momento de la presentación de la demanda. Por tal razón, cuando una de ellas sea planteada contra normas con rango de ley no vinculada a materias de su especialidad debe ser declarada improcedente".

6. Así las cosas, la legitimidad otorgada constitucionalmente a los Colegios Profesionales para interponer una demanda de inconstitucionalidad tiene un primer límite de tipo material según el cual estas instituciones sólo y exclusivamente pueden demandar aquello que concierne a su especialidad.

7. Según el máximo intérprete de la Constitución Política, el único colegio profesional legitimado para interponer demanda de inconstitucionalidad ante cualquier norma, independientemente de la materia, son los Colegios de Abogados, tal y como se ha señalado en el fundamento 8 de la ATC 00022-2014-PI/TC, de fecha 07 de enero de 2015, que a la letra dice que:

"Sin embargo, en el caso particular de los colegios de abogados, la legitimidad para interponer la demanda de inconstitucionalidad contra leyes y normas con rango de ley es amplia, por cuanto estos colegios profesionales tienen la misión institucional de velar por la vigencia del Estado constitucional de derecho, el cual tiene como uno de sus pilares fundamentales el respeto de la primacía normativa de la Constitución Política, en tanto norma suprema que expresa la voluntad del Poder Constituyente y que es anterior y superior al mismo Estado, y, en tal empeño, los abogados, tanto a nivel individual como a nivel gremial, están calificados para interpretar cualquier norma que integra el ordenamiento jurídico, pues la interpretación jurídica en general resulta inherente a su propia especialidad”.

8. Conforme a nuestra Constitución Política (²), los Colegios Profesionales son instituciones autónomas de Derecho Público Interno, y su creación es mediante ley ―al desarrollar los fines y las atribuciones que éstos tienen en el marco de su competencia― se convierte en un segundo límite a la legitimidad de estas instituciones para demandar la inconstitucionalidad de normas legales.

9. Siguiendo nuestro modelo normativo, en cuanto a la interposición de la demanda, si bien estas instituciones poseen autonomía, ello no supone una autarquía. Por ello, el ejercicio de la legitimidad para interponer demanda de inconstitucionalidad de los Colegios Profesionales será posible solo y en la medida que el ejercicio de ésta se realice dentro del ámbito de su especialidad, tal y como lo indica la Constitución Política, y teniendo en cuenta los fines y las atribuciones que consagre la ley de creación del mismo.

10. En ese sentido, la especialidad está referida al ámbito en que se desarrolla cada Colegio Profesional, así como a sus aspectos gremial, administrativo, ejercicio profesional de los agremiados, etc., lo que quiere decir que cuando dicho artículo los legitima para interponer una demanda de inconstitucionalidad lo hace en razón de que la ley que se cuestiona puede afectar el ámbito en el que se desarrolla como ente social, debiendo especificar con claridad en cada caso el grado de afectación que le causa la vigencia de determinada ley.

11. El Tribunal Constitucional en diversa jurisprudencia (RTC 00005-2005-PI/TC; RTC 00007-2014-PI/TC; RTC 00011-2005-PI/TC, entre otras) ha señalado lo siguiente:

En tal sentido, los colegios profesionales deberán observar, además de las contenidas en el Código Procesal Constitucional, las siguientes reglas:

1. La materia que regulan las leyes o disposiciones con rango de ley que se pretenda cuestionar deberá encontrarse directa y claramente relacionada con la materia o especialidad en la que, dada la profesión que agrupa a los miembros del respectivo colegio, se tenga singulares conocimientos que no poseen otras profesiones, y,

2. En el ejercicio de la facultad de interponer demandas de inconstitucionalidad no deberán imponerse los intereses particulares de cada uno de los miembros del respectivo colegio profesional, sino la voluntad institucional de éste por la defensa del interés general y de los derechos ciudadanos.

12. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta que lo previsto en el Nuevo Código Procesal Constitucional también deberá ser interpretado en dicho sentido, pues los Colegios Profesionales, como ya ha puesto de relieve este Tribunal Constitucional, únicamente podrán presentar demandas de inconstitucionalidad cuando la norma con rango de ley cuestionada se encuentre directa y claramente vinculada con la especialidad del colegio en cuanto a la profesión y los conocimientos que la misma posee en comparación a otras profesiones.

De la especialidad del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú para interponer demanda de inconstitucionalidad

13. En el presente caso, el Decano Nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) interpuso demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6.2, literal a); y la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1666, “Decreto Legislativo Marco de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público”.

14. Ahora bien, la ponencia dispone admitir en parte la demanda de inconstitucionalidad solo respecto del cuestionamiento al artículo 6.2, literal a), subinciso v) del Decreto Legislativo 1666, al haberse subsanado la omisión advertida por este Tribunal en el auto de fecha 21 de noviembre de 2024.

15. Al respecto, respetuosamente, discrepo de tal posición. Y es que, de los actuados no se advierte la argumentación que sustente la legitimidad activa del precitado colegio profesional para interponer la demanda de inconstitucionalidad, esto es, no se mencionan las razones por las cuales las disposiciones impugnadas inciden directamente sobre el ámbito de su especialidad.

16. En esa línea, se tiene que el artículo 4 de la Ley 32004, Ley del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, precisa que:

Son fines del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú:

a) Velar por que el ejercicio de la profesión de Tecnología Médica se cumpla de acuerdo con las normas deontológicas contenidas en el Código de Ética Profesional que el Colegio dicte.

b) Propender a mejorar la salud individual y colectiva de los habitantes del país.

c) Vigilar e impedir el ejercicio ilegal de la profesión.

d) Cooperar con las instituciones públicas, con las instituciones nacionales y extranjeras y con las entidades profesionales en la defensa de la salud, procurando que la asistencia profesional alcance a todo el país.

e) Absolver consultas sobre asuntos científicos, de ética y deontología de Tecnología Médica que le sean formuladas.

f) Promover y mantener vinculación con las entidades científicas, tecnológicas, culturales, profesionales, educativas, instituciones públicas y otras que contribuyan al desarrollo de la profesión.

g) Representar oficialmente a los tecnólogos médicos en los organismos que las leyes señalen y en aquellos que por la naturaleza de sus funciones así lo requieran.

h) Organizar y promover la asistencia social del profesional en todas las formas posibles.

i) Contribuir al desarrollo académico y al fortalecimiento profesional de sus agremiados.

17. Asimismo, de la Ley 28456, Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico, se desprende en su artículo 2 que la profesión como Tecnólogo Médico comprende el desempeño de funciones asistenciales, docencia, investigación, administración, asesoría, consultoría y preventivo promocional. De igual manera, en dicha ley se establece que el ámbito de competencia del Tecnólogo Médico se encuentra vinculada a la defensa de la vida, la promoción y cuidado integral de la salud (artículo 9).

18. Así, del tenor de las disposiciones impugnadas (artículo 6.2, literal a) y la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1666) se puede colegir que tal normativa guarda relación con la gestión fiscal de recursos humanos del Sector Público y de su adecuación por parte del Seguro Social de Salud (ESSALUD), lo cual a todas luces escapa del ámbito de la especialidad del mencionado colegio profesional.

19. En mérito a lo expuesto, y atendiendo a que las disposiciones impugnadas en la presente causa no se encuentran directa y claramente relacionadas con la materia o especialidad del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, dicho colegio profesional carece de la legitimidad para la interposición de la demanda de autos, siendo esa la razón concreta por la cual corresponde declararla improcedente.

Por tales consideraciones, mi voto es por:

Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por el Decano Nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) presenta demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6.2, literal a); y la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1666, “Decreto Legislativo Marco de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público”.

S.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ