SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2024, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Hernández Chávez con su fundamento de voto que se agrega, Morales Saravia y Monteagudo Valdez pronuncia la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Aldana Ríos abogado de doña Esther Milagros García Cumpen a favor de don Juan Carlos Mendoza Gonzales contra la resolución¹, de fecha 3 de febrero de 2023, expedida por la Sala Constitucional de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de junio de 2022, doña Esther Milagros García Cumpen interpuso demanda de habeas corpus a favor de don Juan Carlos Mendoza Gonzales contra los jueces de la Segunda Sala Superior en lo Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, integrada por los magistrados Hinostroza Pariachi, León Montenegro y Rojas Sierra; los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada por los magistrados Lecaros Cornejo, Barrios Alvarado, Santa María Morillo, Villa Bonilla y Tello Giraldi². Alega la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, la presunción de inocencia, a la debida motivación de resoluciones judiciales, a la defensa y la libertad personal.

Solicita que se declare nulo lo siguiente: (i) la sentencia condenatoria de fecha 3 de febrero de 2012³, que condenó al favorecido a quince años de pena privativa de la libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada⁴; (ii) la ejecutoria suprema de fecha 7 de setiembre de 2012⁵, que declaró no haber nulidad de la sentencia condenatoria⁶; y que, como consecuencia, se deje sin efecto la condena, se ordene un nuevo juicio oral y se disponga la excarcelación del favorecido.

Alega que el favorecido fue comprendido en el proceso por tráfico ilícito de drogas en su forma agravada en circunstancias que se encontraba como loader (ayudante de comidas) de la empresa Gate Gourmet, por hechos acontecidos el 16 de junio de 2008 “donde se halló a bordo del camión WG-5795 conducido por la persona de Ricardo Lino Yaco Chauca, el Trolley F-1758 contaminado con droga dentro de su estructura de fabricación”. Precisa que se imputó al favorecido en el auto apertorio de instrucción del 7 de octubre de 2008 que “la finalidad atribuida al beneficiado Mendoza Gonzales era que el Trolley F-1758 encontrado en el camión WG-5795 iba ser embarcado en el vuelo de Aeroméxico que salía a las 00.00 horas de la noche; para ello el citado trolley debía ser insertado en el circuito del proceso general de aprovisionamiento en alimentos que se sigue al interior de la empresa Gate Gourmet, para su posterior abordaje en el vuelo regular de Aeroméxico que partía a las 00:00 hrs con destino a México”; no obstante, en el Dictamen Supremo 1040-2011-MP-FN-1°FSP, esto se habría variado pues se señala que “ambos se habrían concertado para acondicionar en el interior del trolley, la sustancia ilícita referida, con la finalidad de transportarlo en el vuelo proveniente de México”, imputación que habría sido reiterada en el Dictamen Superior 331-2011.

Precisa que posteriormente “en el Plenario de fecha 11.01.2012, Fiscalía Superior ante los jueces superiores demandados, formula acusación, siendo condenado el 3 de febrero de 2012”. Indica que, en la ejecutoria suprema del 7 de setiembre de 2012, se imputa al favorecido ‘haber acondicionado doce kilos de clorhidrato de cocaína’, entre otros puntos.

Señala que “los jueces demandados han violado el principio de imputación necesaria”, pues “en todas ellas existen generalidades, se varió constantemente los hechos que se pretendían dar por probados, vulnerándose así también el principio de congruencia procesal, por no saberse de cuál de todos los hechos expuestos debía defenderse Mendoza Gonzales -imputaciones fácticas que por cierto resultan opuestas entre sí- surgiendo a partir de dichas variaciones diversas interrogantes, que no es posible hallar en las sentencias materia de nulidad constitucional, como por ejemplo: El Trolley F-1758: (I) ¿se embarcó en las instalaciones de la Empresa Gate Gourmet?, (II) ¿Se embarcó en la vía pública camino al aeropuerto?, (III) ¿Se embarcó en el Aeropuerto previamente a llegar al avión del vuelo 1028?, (IV) ¿Provino de México en el interior de la aeronave B-737-800 del vuelo 1028 que hizo escala técnica en Lima?, (V) ¿Se pudo haber embarcado en la rampa del aeropuerto para ser posteriormente trasladado hacia la empresa Gate Gourmet?, y (VI) ¿se embarcó en la vía pública camino hacia Gate Gourmet?”.

Afirma que “las preguntas formuladas a los testigos que asistieron al proceso judicial, fueron asumiendo que el Trolley contaminado vino del vuelo 1028 procedente de la ciudad de México, sin embargo, ningún testigo pudo confirmar tal hipótesis” “en este asunto Fiscalía y Sala reconocieron que las declaraciones de los testigos -sin precisar nombres- eran ambiguas e incompletas y debían ser esclarecidas en juicio oral.” “Finalmente en el decurso del plenario no se llegó a establecer si el Trolley F-1758 (contaminado) provino del vuelo 1028 procedente de México, ni tampoco se realizó la prueba de homologación a fin de establecer si el Trolley F-1758 era de propiedad de Aeroméxico o no, por lo que el deber de esclarecimiento de los hechos en el específico extremo de la vinculación del beneficiario Juan Carlos Mendoza Gonzales con los actos acreditados de tráfico de drogas, se ha visto afectado.”

Alega que fue condenado con material probatorio, como ocurre con la declaración de Gladys María Alfaro Grados que “no cumple con el Acuerdo Plenario 01-2006/ESV-22” ni con otro acuerdo “incumpliéndose la coherencia y solidez respecto a la participación” del favorecido. Lo mismo ocurre con la declaración de Flor de María Najar Andía, pues tampoco sindica al favorecido “alguna actuación irregular o algo sospechoso el día de los hechos”. Pasa lo mismo con las declaraciones de los testigos Jorge Raúl Liendo, Fabiola Baroni, Héctor Caleb Quispe y otros testigos.

Concluye señalando que “los jueces superiores demandados para establecer responsabilidad penal del sentenciado (…) basan sus fundamentos en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico, utilizan conjeturas porque los testigos glosados en la sentencia no aportan indicios respecto a una presunta participación irregular” del favorecido, pues “han realizado un copia y pega de los fundamentos de la Resolución de fecha 16.05.2001 que obra a folios 1260/1264 del Exp. 5479-2008, que dispone se eleven los autos al Fiscal Supremo”. Asimismo, esta “no contiene línea argumentativa suficiente que cumpla con la exigencia impuesta por la jurisprudencia constitucional para el uso de la prueba indiciaria”. Así, “no se advierte cómo es que en base a dicha premisa -embarque del quinto trolley-, se puede llegar a establecer que el beneficiario Mendoza Gonzales en efecto fue quien lo introdujo”, “pues el conductor del camión Sr Yaco Chauca en su declaración preliminar dijo que dejó cuatro trolleys en la rampa Gate Gourmet”. Respecto a la conclusión de la participación del favorecido indica que “no se indica qué medio probatorio permite corroborar que efectivamente ello fue así, quedándose en la mera especulación”.

Finaliza, al señalar que “se ha violado el derecho de defensa en su manifestación de prueba actuada y no valorada”, pues fueron 4 y no 5 trolleys los utilizados ese día “versión que fue confirmada” por otras declaraciones testimoniales; por lo que “las declaraciones contradicen mayoritariamente la declaración del testigo Juan Espinoza Melendres”.

Respecto a la ejecutoria suprema refiere que “introduce en forma sorpresiva una nueva imputación: haber acondicionado doce kilos de clorhidrato de cocaína en el interior del trolley (carrito de comida y bebida) (…) que correspondía al vuelo número mil veintiocho de la aerolínea Aeroméxico con destino a las ciudades de México-Lima-Buenos Aires, hechos ocurridos el 16 de junio de 2008, ¿cuándo ocurrió ello? ¿en qué parte de la imputación contenida en el considerando primero de la sentencia condenatoria del 03.02.2012 se afirmó como tesis fiscal que” el favorecido “realizó tal labor de acondicionamiento de droga?”

Asimismo, indica que la corte suprema “no contiene línea de argumentación suficiente que cumpla con la exigencia impuesta por la jurisprudencia constitucional para el uso de la prueba indiciaria”. Asimismo, en esta sentencia “no están expuestos los argumentos por los que se considera que se ha acreditado que el beneficiado Mendoza Gonzales (i) participó en el embarque del Troley F-1758” y otros elementos, pues “no se sostiene en grado de certeza suficiente a partir de las premisas que inicia”; además que los testigos Texeira y Castro Castro no proporcionan “mayores datos periféricos”. Finaliza señalando que “no existe conexión auténtica entre el fundamento esgrimido y la apócrifa conclusión”, pues, entre otros, cuando se afirma que el favorecido “se encuentra vinculado con el hecho porque fue la persona que revisó y trasladó los trolleys; sin embargo, en el uso de esta premisa le imputa también responsabilidad penal por el resultado -droga hallada en el trolley”.

El Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima con Resolución 1, de fecha 9 de junio de 2022, admitió a trámite la demanda⁷.

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contestó la demanda⁸ y alegó que los fundamentos que se alegan no denotan afectación alguna susceptible de ser revisada en sede constitucional, por lo que corresponde desestimar la demanda de conformidad con el artículo 7.1 del Nuevo Código Procesal Constitucional, puesto que lo que en realidad se persigue es un nuevo análisis de lo resuelto en la vía ordinaria.

El a quo, con sentencia, Resolución 6, de fecha 5 de enero de 2023, declaró improcedente la demanda⁹, por considerar que no se advierte la vulneración de los derechos alegados, pues las resoluciones cuestionadas reúnen los estándares requeridos en la Constitución; además las aclaraciones hechas por el Ministerio Público no significan una modificación sustancial que desnaturalice la acusación formulada, por lo que corresponde aplicar el artículo 7.1 del Nuevo Código procesal Constitucional.

La Sala Constitucional de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución apelada por similares fundamentos¹⁰.

Don Luis Aldana Ríos abogado de doña Esther Milagros García Cumpen en representación de don Juan Carlos Mendoza Gonzales interpuso recurso de agravio constitucional¹¹, pues considera que el favorecido fue sentenciado con base en un razonamiento abstracto lógico deductivo que no parte de los hechos, sino únicamente una construcción mental puramente punitiva; por lo demás, reitera en esencia los argumentos vertidos en la demanda.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de lo siguiente: (i) la sentencia condenatoria de fecha 3 de febrero de 2012, que condenó a don Juan Carlos Mendoza Gonzales a quince años de pena privativa de la libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada¹²; (ii) la ejecutoria suprema de fecha 7 de setiembre de 2012, que declaró no haber nulidad de la sentencia condenatoria¹³; y que, como consecuencia, se deje sin efecto la condena, se ordene un nuevo juicio oral y se disponga la excarcelación del favorecido.

2. Se alega la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, la presunción de inocencia, a la debida motivación de resoluciones judiciales, a la defensa y la libertad personal.

Análisis de la controversia

3. La Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori la afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.

4. Asimismo, este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la competencia del juez constitucional.

5. En el caso concreto, en un extremo de la demanda, como se describió en los antecedentes, si bien la parte demandante alega la vulneración del derecho a la motivación de resoluciones judiciales y otros derechos, en puridad, pretende el reexamen de lo resuelto en sede judicial.

6. Así, la recurrente al impugnar la resolución cuestionada alude a argumentos tales como que “las preguntas formuladas a los testigos que asistieron al proceso judicial, fueron asumiendo que el Trolley contaminado vino del vuelo 1028 procedente de la ciudad de México, sin embargo, ningún testigo pudo confirmar tal hipótesis” “en este asunto Fiscalía y Sala reconocieron que las declaraciones de los testigos -sin precisar nombres- eran ambiguas e incompletas y debían ser esclarecidas en juicio oral”; que “en el decurso del plenario no se llegó a establecer si el Trolley F-1758 (contaminado) provino del vuelo 1028 procedente de México, ni tampoco se realizó la prueba de homologación a fin de establecer si el Trolley F-1758 era de propiedad de Aeroméxico o no, por lo que el deber de esclarecimiento de los hechos en el específico extremo de la vinculación del beneficiario Juan Carlos Mendoza Gonzales con los actos acreditados de tráfico de drogas, se ha visto afectado.”

7. Asimismo, que la declaración de Gladys María Alfaro Grados “no cumple con el Acuerdo Plenario 01-2006/ESV-22” ni con otro acuerdo “incumpliéndose la coherencia y solidez respecto a la participación” del favorecido. Lo mismo ocurre con la declaración de Flor de María Najar Andía, pues tampoco sindica al favorecido “alguna actuación irregular o algo sospechoso el día de los hechos”. Pasa lo mismo con las declaraciones de los testigos Jorge Raúl Liendo, Fabiola Baroni, Héctor Caleb Quispe y otros testigos; que “los jueces superiores demandados para establecer responsabilidad penal del sentenciado (…) basan sus fundamentos en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico, utilizan conjeturas porque los testigos glosados en la sentencia no aportan indicios respecto a una presunta participación irregular” del favorecido”; que la sentencia “no contiene línea argumentativa suficiente que cumpla con la exigencia impuesta por la jurisprudencia constitucional para el uso de la prueba indiciaria”; que “no se advierte cómo es que en base a dicha premisa -embarque del quinto trolley-, se puede llegar a establecer que el beneficiario Mendoza Gonzales en efecto fue quien lo introdujo”, “pues el conductor del camión Sr Yaco Chauca en su declaración preliminar dijo que dejó cuatro trolleys en la rampa Gate Gourmet”; que “no se indica qué medio probatorio permite corroborar que efectivamente ello fue así, quedándose en la mera especulación”; que “se ha violado el derecho de defensa en su manifestación de prueba actuada y no valorada”, pues fueron 4 y no 5 trolleys los utilizados ese día “versión que fue confirmada” por otras declaraciones testimoniales; por lo que “las declaraciones contradicen mayoritariamente la declaración del testigo Juan Espinoza Melendres”.

8. Asimismo, respecto a la ejecutoria suprema indica que “no contiene línea de argumentación suficiente que cumpla con la exigencia impuesta por la jurisprudencia constitucional para el uso de la prueba indiciaria”. Asimismo, en esta sentencia “no están expuestos los argumentos por los que se considera que se ha acreditado que el beneficiado Mendoza Gonzales (i) participó en el embarque del Troley F-1758” y otros elementos, pues “no se sostiene en grado de certeza suficiente a partir de las premisas que inicia”; además que los testigos Texeira y Castro Castro no proporcionan “mayores datos periféricos”; que “no existe conexión auténtica entre el fundamento esgrimido y la apócrifa conclusión”, pues, entre otros, cuando se afirma que el favorecido “se encuentra vinculado con el hecho porque fue la persona que revisó y trasladó los trolleys; sin embargo, en el uso de esta premisa le imputa también responsabilidad penal por el resultado -droga hallada en el trolley”; entre otros argumentos análogos.

9. De lo expuesto en los fundamentos precedentes, en este extremo se cuestionan elementos tales como la valoración de las pruebas y su suficiencia, así como el criterio de los juzgadores aplicados al caso concreto. Estos cuestionamientos resultan incompatibles con la naturaleza del proceso constitucional de habeas corpus, pues recaen sobre asuntos que le corresponde dilucidar a la justicia ordinaria tal y como ha sido realizado a través de las resoluciones cuestionadas.

10. Por consiguiente, al tener presente que los argumentos de la recurrente no están referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, la demanda debe declararse improcedente de conformidad con el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

11. Por otro lado, se ha señalado expresamente que “los jueces demandados han violado el principio de imputación necesaria”, pues “en todas ellas existen generalidades, se varió constantemente los hechos que se pretendían dar por probados, vulnerándose así también el principio de congruencia procesal, por no saberse de cuál de todos los hechos expuestos debía defenderse Mendoza Gonzales -imputaciones fácticas que por cierto resultan opuestas entre sí- surgiendo a partir de dichas variaciones diversas interrogantes, que no es posible hallar en las sentencias materia de nulidad constitucional, como por ejemplo: El Trolley F-1758: (I) ¿se embarcó en las instalaciones de la Empresa Gate Gourmet?, (II) ¿Se embarcó en la vía pública camino al aeropuerto?, (III) ¿Se embarcó en el Aeropuerto previamente a llegar al avión del vuelo 1028?, (IV) ¿Provino de México en el interior de la aeronave B-737-800 del vuelo 1028 que hizo escala técnica en Lima?, (V) ¿Se pudo haber embarcado en la rampa del aeropuerto para ser posteriormente trasladado hacia la empresa Gate Gourmet?, y (VI) ¿se embarcó en la vía pública camino hacia Gate Gourmet?”.

12. En este sentido, es necesario señalar que en los hechos materia de incriminación fiscal de la sentencia de la Segunda Sala Penal del Callao, de fecha 3 de febrero de 2012, se señaló¹⁴:

II. PARTE CONSIDERATIVA

Delimitación de hechos materia de incriminación fiscal

PRIMERO. Que, el día dieciséis de junio de 2008 (…) al constituirse a las instalaciones de la EMPRESA Gate Gourmet SRL, con participación del representante del Ministerio Público se procedió a la apertura de dos placas de latón de un metro de largo por cero punto noventa metros de ancho y una placa de latón de cero punto sesenta y cinco metros de largo por cero punto veinticinco metros de ancho, correspondientes a la estructura del Trolley antes mencionado, hallándose debidamente acondicionado nueve paquetes conteniendo una sustancia que resultó ser clorhidrato de cocaína con un peso neto total de doce kilogramos (…), se ha llegado a establecer la presunta participación en los actos de tráfico ilícito de drogas que son materia de la presente investigación, de las personas de JUAN CARLOS MENDOZA GONZALES, quien se desempeña corno ''Loader", encargado de verificar el equipo de alimentos y bebidas aprovisionados en los trolleys para la compañía Aeroméxico, así como su manejo interno, traslado, abordaje (…); y, RICARDO LINO YACO CHAUCA, encargado de transportar los trolleys de la clase "Premier" de Aeroméxico a Gate Gourmet y viceversa, habiendo ambos desarrollado sus labores en el turno del dieciséis de junio de dos mil ocho (..) y ambos investigados, pese a tener pleno conocimiento que el vuelo (…) requería solo cuatro trolleys de servicio, presumiblemente durante el trayecto del traslado de los trolleys a bordo del camión (…) desde la empresa Gate Gourmet hasta la rampa del aeropuerto entre las cinco horas con cincuenta minutos y las cinco horas con cincuenta y nueve minutos habrían embarcado subrepticiamente el trolley F uno siete cinco ocho acondicionándolo con droga en complicidad de terceros no identificados con la finalidad de insertarlo en el circuito del procesp general de aprovisionamiento de alimentos (…) y de existir algún problema posterior como el suscitado, aparentar según los registros como un ingreso proveniente del vuelo de Aeroméxico (…) Se llega a esta conclusión teniendo en consideración que los mencionados procesados son los únicos responsables y conocedores del manejo de los trolleys (…)

13. Asimismo, en la sentencia condenatoria de la Segunda Sala Penal del Callao, de fecha 3 de febrero de 2012, se señaló en el acápite de Evaluación y Análisis, de Medios Probatorios y Hechos Probados¹⁵que:

CUARTO:

(…)

b.- (…) Coligiéndose entonces que el acusado JUAN CARLOS MENDOZA GONZALES trasladó subrepticiamente el trolley donde se halló debidamente acondicionado y camuflado la droga objeto material del presente proceso, con la finalidad de insertarlo en el circuito del proceso general de aprovisionamiento de alimentos que se sigue al interior de la empresa; y luego así, embarcarlo en el vuelo regular de Aeroméxico (…)

c.- Concluyéndose fehacientemente por la responsabilidad punible del acusado (…) en el hecho concreto y verídico de que el aduce que transportó cuatro trolleys de ida y retorno, para abastecer dentro del avión de Aero-México, pero sin embargo, en el área de pesado se halló un quinto trolley en el que se encontró la droga camuflada, que había sido regresado al no haber sido posible enviarlo en el vuelo referido, el que ha sido ubicado en el mismo grupo de trolleys conducido por el acusado aludido, pese a no corresponderle su turno de trabajo; lo que evidencia también un accionar delictivo con otras personas (…)

CALIFICACIÓN JURÍDICA Y SUBSUNCIÓN

QUINTO: Que, siendo así, la conducta típica, antijurídica y culpable desarrollada por el procesado (…), se adecúa al tipo penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo doscientos noventa y seis del Código Penal, que reprime la conducta del agente que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas (…) mediante actos de tráfico, conducta que resulta agravada al haber favorecido el transporte de doce kilogramos de clorhidrato de cocaína, acorde con el numeral siete del artículo doscientos noventa y siete del Código Penal.

14. Por su parte, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 7 de setiembre de 2012 estableció no haber nulidad, por considerar que¹⁶:

CONSIDERANDO

(…)

Cuarto: (…) en efecto, de la revisión del expediente se advierte lo siguiente: [1] INDICIO DE OPORTUNIDAD FÍSICA PARA DELINQUIR, dentro de ese contexto, el testigo FERNANDO TEXEIRA LOSTAUNAU, Gerente de Operaciones de la empresa "Gate Gourmet" Sociedad de Responsabilidad Limitada, en sede preliminar a fojas ciento cuarenta y seis —en presencia del Fiscal Provincial—, indicó que el vuelo número mil veintiocho de la aerolínea de "Aeroméxico" fue despachado por el inculpado Juan Carlos Mendoza Gonzales; que esa versión coincide con lo declaración testimonial de ALEXANDER JESÚS HUGO CASTRO CASTRO, Supervisor de operaciones y encargado de la cuenta de Aeroméxico (…)

(ii) INDICIO DE ACTITUD SOSPECHOSA, pues el testigo ALEXANDER JESÚS HIDALGO CASTRO CASTRO, Supervisor de operaciones y encargado de la cuenta de Aeroméxico, en el juicio oral a fojas mil cuatro cientos veintiuno y mil quinientos veinticuatro, expresó que el vuelo de lo empresa aérea "Aeroméxico" sólo tenía que ser abastecido con CUATRO "TROLLEYS"

(…)

esa instrumental se corrobora con la declaración testimonial de JUAN ESPINOZA MELENDRES, Agente de Seguridad de la empresa "Gate Gourmet" Sociedad de Responsabilidad Limitada, quien en sede preliminar a fojas doscientos veintiséis -en presencia del representante del Ministerio Público— afirmó que el día de los hechos registró en la rampa de aterrizaje el camión trasladado por los acusados Juan Carlos Mendoza Gonzales y Ricardo Lino Yaco Chauca y halló cinco "TROLLEYS” sujetos a una cinta de seguridad (…)

Quinto: Que de las pruebas anotadas es evidente que el acusado Juan Carlos Mendoza Gonzales fue uno de los autores del delito, pues la pluralidad de indicios plenamente probados y dirigidos hacia el imputado -no se trata de meras sospechas- demuestren lo siguiente: (i) que se estableció por medio de les pruebas que el inculpado fue el encargado de trasladar el troyller el día de los hechos: (ii) que se estableció por medio de los pruebas que solo tenía que transportar cuatro "troyllers", pero traslado cinco carritos y uno de ellos contenía la droga; (iii) que se estableció por medio de lo prueba que el clorhidrato de cocaína se encontró escondido en uno placo de latón (…) de un troyller": que según las reglas de lo experiencia ese acondicionamiento requiere de una preparación especial con el uso de instrumentos especiales y un tiempo razonable; que en ese sentido, no es razonable que la preparación de ese equipo haya ocurrido en las instalaciones de Gate Gourmet, por la afluencia de personas, lo que fortalece uno relación probable de autoría del encausado (…) es de acotar que esto adquiere especial entidad si se vincula la relación directa del inculpado con los objetos donde se halló la droga y la incorporación de un "troyller" adicional, a pesar de que no estaba permitido: que, en consecuencia, todos los indicios probados concuerdan en forma natural sobre el mismo hecho, confluyen racionalmente, tienen esencia incriminatoria —no están desconectados del supuesto delito— y muestra palmariamente de forma inequívoca y natural al acusado Juan Carlos Mendoza Gonzales como el autor con certeza objetiva (…)

15. De lo expuesto, los hechos materia de imputación son suficientemente claros y precisos y congruentes con la incriminación fiscal; razón por la cual corresponde desestimar estos argumentos y declarar infundada la presente demanda, pues no se han afectado los derechos alegados.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda conforme a los fundamentos 3 al 10 supra.

2. Declarar INFUNDADA la demanda conforme a los fundamentos 11 a 15 supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

MORALES SARAVIA

MONTEAGUDO VALDEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Si bien estoy de acuerdo con lo resuelto en la ponencia, estimo necesario agregar las siguientes consideraciones:

1. En el presente caso, el recurrente solicita que se declare la nulidad de lo siguiente: (i) la sentencia condenatoria de fecha 3 de febrero de 2012, que condenó a don Juan Carlos Mendoza Gonzales a quince años de pena privativa de la libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada; (ii) la ejecutoria suprema de fecha 7 de setiembre de 2012, que declaró no haber nulidad de la sentencia condenatoria; y que, como consecuencia, se deje sin efecto la condena, se ordene un nuevo juicio oral y se disponga la excarcelación del favorecido. Alega la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, la presunción de inocencia, a la debida motivación de resoluciones judiciales, a la defensa y la libertad personal.

2. Ahora bien, tal como se menciona en la ponencia, en la demanda de autos se invocan extremos que se vinculan con asuntos que atañen a la judicatura penal ordinaria tales como la valoración probatoria y su suficiencia, lo cual resulta improcedente.

3. De otro lado, en cuanto al extremo de la demanda referido al cuestionamiento sobre la vulneración del principio de congruencia procesal, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional ha establecido que la vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características: (a) que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada esta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si el fiscal no formula acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; (b) que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; y (c) que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad (STC 02005-2006-PHC/TC). Conforme con el segundo aspecto del principio acusatorio, sería indebido que se inicie el proceso penal por hechos distintos de los que fueron materia de denuncia fiscal.

4. De ahí que el principio de congruencia o correlación entre lo acusado y lo condenado constituye un límite a la potestad de resolver por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que garantiza que la calificación jurídica realizada en el marco de un proceso penal (tomando en cuenta lo señalado por el Ministerio Público, en virtud de su competencia postulatoria) sea respetada al momento de emitirse sentencia. Asimismo, cabe precisar que el juez se encuentra premunido de la facultad de apartarse de los términos de la acusación fiscal, en tanto respete los hechos que son objeto de acusación, sin que cambie el bien jurídico tutelado por el delito acusado, así como que respete el derecho de defensa y el principio contradictorio (Cfr. STC 02179-2006-PHC/TC y 00402-2006-PHC/TC).

5. En la presente causa, se advierte de los actuados, que el hecho penalmente atribuible al beneficiario consistió en haber favorecido el transporte de droga con destino a México, conducta que fue tipificada según lo previsto en el artículo 296 del Código Penal, que reprime el accionar del agente que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico.

6. Al respecto, cabe indicar que, conforme al contenido de la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal del Calla, de fecha 3 de febrero de 2012, en el numeral c) del cuarto considerando (f. 48) dicho órgano jurisdiccional esgrime la justificación respectiva en torno a la acreditación del hecho penal imputado al favorecido, lo cual se condice con los términos de la acusación fiscal, pues se estableció la configuración del tipo penal antes referido, debido al transporte de la droga a través de los trolley del aeropuerto.

7. Asimismo, en el considerando quinto (f. 55) de la ejecutoria suprema, de fecha 7 de setiembre de 2012, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se aprecia que dicho órgano jurisdiccional declaró no haber nulidad en la sentencia condenatoria, al expresar que se acreditó la participación delictiva del beneficiario, por haber trasladado droga, hecho que fue materia de la acusación fiscal. En tal sentido, no se advierte la vulneración del principio de congruencia procesal y, por consiguiente, corresponde desestimar dicho extremo de la demanda.

S.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ