SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de julio de 2025, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Domínguez Haro, Gutiérrez Ticse y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Domínguez Haro, el cual se agrega.
Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Laime Antonio contra la Resolución 12, de fecha 1 de julio de 2022¹, expedida por la Sala Mixta de Tarma, que declaró fundada la excepción de cosa juzgada, anuló todo lo actuado y dio por concluido el proceso de amparo.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 28 de junio de 2019, interpone demanda de amparo² contra la aseguradora Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., a fin de que se declare inaplicable la resolución ficta por silencio administrativo negativo por parte de la aseguradora y que, como consecuencia de ello, se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional con arreglo a la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. Alega la vulneración de su derecho fundamental a la pensión.

La emplazada formula la excepción de cosa juzgada y contesta la demanda³ señalando que la materia controvertida ya ha merecido un pronunciamiento firme y vinculante. Expone que el demandante inició un proceso laboral ordinario ante el Tercer Juzgado Laboral de Huancayo, seguido en el Expediente 2169-2017, sobre otorgamiento de pensión de invalidez por enfermedad profesional, sustentando su pretensión con el mismo certificado médico que adjunta en la presente demanda. Aduce que dicho proceso concluyó con sentencia definitiva declarando infundada la demanda y determinándose que el demandante no alcanza un menoscabo que amerite el otorgamiento de una pensión de invalidez por enfermedad profesional; además, la sentencia se encuentra consentida.

El Juzgado Civil, sede La Oroya, mediante la Resolución 8, de fecha 25 de abril de 2022⁴, declaró fundada la excepción de cosa juzgada, nulo todo lo actuado y concluido el proceso de amparo, por considerar que los elementos requeridos para deducir una excepción de cosa juzgada se cumplieron en el presente caso.

La Sala Superior competente confirmó la apelada por similar argumento.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la presente demanda es que se declare inaplicable la resolución ficta, por silencio administrativo negativo, por parte de la aseguradora y que, como consecuencia de ello, se le otorgue pensión de invalidez vitalicia con arreglo a la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago de pensiones devengadas, intereses legales y costos procesales.

2. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple con los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues, si ello es así, se estaría verificando arbitrariedad en el proceder de la entidad demandada.

Análisis de la controversia

3. El artículo 7, inciso 3, del Nuevo Código Procesal Constitucional establece que no proceden los procesos constitucionales cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela de su derecho constitucional.

4. Con fecha 15 de abril de 2019, el Tercer Juzgado de Trabajo, sede central, mediante la Resolución 17, recaída en el Expediente 02169-2017-0-1501-JR-LA-03⁵, declaró infundada la demanda de derechos laborales interpuesta en la vía del proceso laboral ordinario por don Francisco Laime Antonio contra Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros, sobre otorgamiento de pensión de invalidez por enfermedad profesional, conforme a la Ley 26790. Asimismo, dicha resolución fue declarada consentida a través de la Resolución 18, de fecha 9 de mayo de 2019⁶, al haber dejado transcurrir los plazos para impugnar. En dicho proceso se resolvió sobre el fondo la misma pretensión que ahora se plantea en este recurso de amparo.

5. Por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 7, inciso 3), del Nuevo Código Procesal Constitucional, corresponde declarar improcedente la demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

DOMÍNGUEZ HARO

GUTIÉRREZ TICSE

OCHOA CARDICH

PONENTE GUTIÉRREZ TICSE

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

DOMÍNGUEZ HARO

Suscribo el fallo de la sentencia, pero expreso la siguientes razones propias y distintas:

1. El recurrente interpone demanda de amparo a fin de que se declare inaplicable la resolución ficta por silencio administrativo negativo por parte de la aseguradora Rímac Internacional y que, como consecuencia de ello, se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional con arreglo a la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. Alega la vulneración del derecho fundamental a la pensión.

2. Sin embargo, se tiene que el presente amparo debe ser rechazado por existir sentencia judicial con calidad de cosa juzgada. Mediante sentencia de fecha 15 de abril de 2019⁷, recaída en el Expediente 02169-2017-0-1501-JR-LA-03, el Tercer Juzgado de Trabajo Permanente de Huancayo declaró infundada la demanda sobre otorgamiento de pensión de invalidez por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790, interpuesta, en la vía del proceso laboral ordinario, por don Francisco Laime Antonio contra Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros. Asimismo, dicha resolución fue declarada consentida a través de la Resolución 18, de fecha 9 de mayo de 2019⁸, al haber dejado transcurrir los plazos para impugnar. En dicho proceso se resolvió sobre el fondo la misma pretensión que ahora se plantea en este proceso de amparo.

3. En consecuencia, en vista de que el artículo 139, inciso 2, de la Constitución establece que no se puede “dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”, este colegiado se encuentra impedido de ventilar la pretensión de autos.
   Por ello, corresponde que la demanda sea declarada improcedente.

S.

DOMÍNGUEZ HARO