SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 5 días del mes de febrero de 2025, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Hernández Chávez,
Morales Saravia y Monteagudo Valdez, pronuncia la siguiente sentencia.
Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de
conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Romero
Fernández contra la sentencia de foja 682, de fecha 9 de enero de 2023,
expedida por la Sala Civil Permanente de Huancayo de la Corte Superior
de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de amparo de
autos.
ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 11 de octubre de 2019,
interpuso demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), con la finalidad de que se le otorgue pensión de
invalidez por enfermedad profesional bajo los alcances de la Ley 26790 y
su reglamento el Decreto Supremo 003-98-SA; asimismo, solicita el pago
de las pensiones devengadas, los intereses legales correspondientes y
los costos procesales. Sostiene que, como consecuencia de haber laborado
en la actividad minera para la Compañía Minera Santo Toribio SAC, desde
el 23 de agosto de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1987, adolece de
neumoconiosis con un grado de incapacidad de 50 %.
Mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2019, la
emplazada dedujo la excepción de falta de legitimidad para obrar y
contestó la demanda. Alegó que el actor no cesó en el año 1987 como lo
sostiene en su escrito de demanda, y pese a que padecería de una
enfermedad incurable y degenerativa ha continuado laborando hasta el año
2016, lo cual demuestra que no presenta enfermedad profesional
alguna.
El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, mediante
resolución de fecha 5 de enero de 2022,
declaró infundada la excepción planteada y, con resolución de fecha 31
de agosto de 2022, declaró improcedente la demanda por
considerar que no se ha acreditado fehacientemente en la vía del amparo
el padecimiento de la enfermedad alegada, pues el certificado médico
presentado por el accionante carece de valor probatorio; además, no se
ha demostrado el respectivo nexo de causalidad.
La Sala Superior competente confirmó la apelada por similar
fundamento.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
El demandante pretende que se le otorgue una pensión de invalidez
conforme a la Ley 26790 y su reglamento el Decreto Supremo 003-98-SA,
por padecer de neumoconiosis con un grado de menoscabo de 50
% a consecuencia
de la actividad minera que desempeñó. Asimismo, solicita el pago de los
devengados, los intereses legales y los costos procesales.
Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal
Constitucional, son susceptibles de protección mediante el amparo los
supuestos en que se deniegue una pensión de invalidez por enfermedad
profesional, a pesar de cumplirse con los requisitos legales.
En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple con
los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a
percibir la pensión que reclama; pues, de ser así, se estaría
verificando la arbitrariedad en el proceder de la entidad
demandada.
Análisis de la controversia
El Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales) fue inicialmente regulado por el
Decreto Ley 18846 y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de
1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las
reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Satep) serían
transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
administrado por la ONP.
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se
aprobaron las Normas Técnicas del SCTR que establecieron las
prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o
beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional. Según el artículo 3 de la referida norma, enfermedad
profesional es todo estado patológico permanente o temporal que
sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de
trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a
trabajar.
Este Tribunal, en la sentencia emitida en el Expediente
02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de febrero de 2009, ha precisado los
criterios a seguir en la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos
Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales).
Resulta pertinente recordar que este Tribunal ha puntualizado
que, a efectos de determinar si una enfermedad es producto de la
actividad laboral, se requiere de la existencia de una relación
causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad.
En el fundamento 26 de la sentencia emitida en el Expediente
02513-2007-PA/TC, se ha considerado que el nexo de causalidad entre las
condiciones de trabajo y dicha enfermedad es implícito para quienes han
realizado actividades mineras en minas subterráneas o de tajo abierto,
siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de
trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo 009-97-SA,
ya que la neumoconiosis es una enfermedad irreversible y degenerativa
causada por la exposición a polvos minerales esclerógenos.
A su vez, este Tribunal Constitucional mediante sentencia emitida
en el Expediente 01301-2023-PA/TC, publicada el 25 de junio de 2024, ha
establecido con carácter de precedente, en su fundamento 36, diez (10)
reglas relativas para el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad
profesional con arreglo al Decreto Ley 18846, y pensión de invalidez de
conformidad con la Ley 26790. En otras palabras, dicho precedente, ha
ampliado los criterios para la presunción del nexo de causalidad
señalado en el fundamento supra, para aquellos trabajadores que
alegan padecer de la enfermedad de neumoconiosis.
Así, en la Regla Sustancial 1, del mencionado fundamento 36, este
Tribunal, señaló que:
Regla sustancial 1: Precisando el alcance del
precedente establecido en el fundamento 26 de la sentencia emitida en el
Expediente 02513-2007-PA/TC, se establece que la presunción del nexo de
causalidad entre la enfermedad profesional de neumoconiosis-silicosis y
la labor del asegurado demandante no solo comprende a los trabajadores
que realizaron labor extractiva de minerales y otros materiales en el
interior de mina o en mina de tajo abierto, sino también a todo
trabajador minero que realizó diversas labores de apoyo a la actividad
extractiva en interior de mina o mina de tajo abierto, por un tiempo
prolongado […]
Con la finalidad de acreditar la enfermedad profesional que alega
padecer, el demandante adjuntó en su demanda el dictamen médico de fecha
25 de setiembre de 1997, expedido por la comisión médica del Hospital
Pasco II – IPSS, en el que se señala que padece de
neumoconiosis con 50 % de menoscabo.
El actor aduce que la enfermedad de neumoconiosis que alega
padecer ha sido adquirida como consecuencia de las actividades mineras
que desempeñó. Así, en su escrito de demanda, manifiesta que laboró solo
hasta el 31 de diciembre de 1987 y que trabajó en la actividad minera
desde el 23 de agosto de 1977 hasta el 31 de diciembre de
1987 como perforista en interior mina, en la Compañía
Minera Santo Toribio SAC, y adjunta la constancia de trabajo de fecha 15
de abril de 2006, en la que se señala que trabajó en
dicho periodo como perforista.
No obstante, de la revisión de autos se advierte, de un lado, que
el actor ha laborado desde el año 1999 hasta el año 2017 en la empresa
minera Barrick Misquichilca SA, desempeñando el cargo de operador
multifuncional, de acuerdo con el examen médico de retiro, de fecha
8 de noviembre de 2017, y a las fichas médicas
ocupacionales, documentos que han sido firmados
por el actor en señal de conformidad; sin embargo, durante el presente
proceso no ha declarado su relación laboral con esta última empresa,
sosteniendo que laboró solo hasta diciembre de 1987.
De otro lado, obra el documento “historia ocupacional” de fecha 2
de diciembre de 2016, con la firma y huella digital del
accionante, en la que se señala que ha laborado en la Compañía Minera
Santo Toribio desde el 1 de enero de 1977, desempeñando el cargo de
ayudante de enmaderado, y desde el 1 de enero de 1987 en la
empresa constructora Vera Gutiérrez, ocupación “cabina de
equipo”; y, del mismo modo, figura la “historia ocupacional”, de
fecha 18 de julio de 2017, firmada por el actor,
en la que se señala que laboró desde abril de 1977 a mayo de 1987 en la
Compañía Minera Santo Toribio como operador de equipo
pesado.
De lo señalado en los fundamentos supra, se advierte que
el actor no declaró en su demanda el vínculo laboral que sostuvo a
partir del año 1999 con la empresa minera Barrick Misquichilca SA. Por
otra parte, durante el periodo comprendido entre el año 1977 y el año
1987, de un lado, el actor manifiesta que laboró como perforista, pero
de otro lado, se advierte que habría laborado en el mismo periodo como
ayudante de enmaderado y como operador de equipo
pesado.
Todo ello, contradice lo afirmado por el actor en su escrito de
demanda y en la constancia de trabajo que adjunta a ella, lo que
constituye un hecho controvertido que no genera certeza respecto a la
actividad laboral realizada por el recurrente.
De lo expuesto, se concluye que no puede comprobarse la
existencia del nexo de causalidad, conforme se establece en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre la enfermedad
profesional de neumoconiosis que dice padecer el actor y las labores que
asegura realizó, por lo que la presente demanda debe ser
desestimada.
En consecuencia, este Tribunal considera que el presente caso
plantea una controversia que corresponde discernir en la vía ordinaria,
que cuenta con etapa probatoria, de la cual carece el proceso de amparo,
conforme se señala en el artículo 13 del Nuevo Código Procesal
Constitucional; por lo tanto, queda expedita la vía para que el actor
acuda al proceso a que hubiere lugar.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
MORALES SARAVIA
MONTEAGUDO VALDEZ