SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 29 días del mes de agosto de 2025, la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Domínguez
Haro, Gutiérrez Ticse y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia,
con el fundamento de voto del magistrado Gutiérrez Ticse. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad
con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto don Mariano Rúa Ramos
contra la sentencia de foja 594, de fecha 11 de marzo de 2025, expedida
por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 8 de abril de 2016, don Mariano Rúa Ramos
interpuso demanda de amparo contra la aseguradora Pacífico Vida Compañía
de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico, en adelante), con la finalidad
de que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional de
conformidad con la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago
de las pensiones devengadas y los intereses legales correspondientes.
Alegó que, como consecuencia de las actividades laborales que desempeñó
padece de neumoconiosis con 60 % de menoscabo.
Pacífico dedujo la excepción de falta de legitimidad para obrar y
contestó la demanda solicitando que sea declarada improcedente o
infundada. Alegó que la vía del amparo no es
la idónea para ventilar la presente controversia; asimismo, adujo que el
empleador del demandante no contaba con una póliza de seguro vigente a
la fecha de su cese y que no se ha acreditado que el demandante padezca
de la enfermedad de neumoconiosis ni el nexo de causalidad entre dicha
enfermedad y las labores que desempeñó.
El Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, mediante la Resolución 27,
de fecha 29 de octubre de 2024, declaró improcedente la
demanda, por estimar que no existe certeza de si don Mariano Rúa Ramos
padecía de la enfermedad de neumoconiosis, por lo que resulta imposible
ordenar que se someta a un nuevo examen médico ante el INR debido a que
falleció el 30 de mayo de 2020. Indica que de la citada Resolución 27 se
advierte que mediante Resolución 19, de fecha 11 de febrero de 2021 (que
no obra en autos) se declaró la sucesión procesal de don Mariano Rúa
Ramos.
La Sala Superior revisora confirmó la apelada por similar
fundamento.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
La parte recurrente solicita que se le otorgue pensión de
invalidez por enfermedad profesional conforme a la Ley 26790 y su
reglamento, el Decreto Supremo 003-98-SA, más el pago de las pensiones
devengadas y los intereses legales correspondientes. Alega que su
causante, don Mariano Rúa Ramos, como consecuencia de las actividades
laborales que desempeñó, padecía de las enfermedades de neumoconiosis
con 60
% de
menoscabo.
En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que forman
parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho
fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los
requisitos para su obtención. Por ello, corresponde analizar si se
cumple con los presupuestos legales que permitirán determinar si se
tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues, de ser ello así,
se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la entidad
demandada.
Análisis de la controversia
El régimen de protección de riesgos profesionales (accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales) fue inicialmente regulado por el
Decreto
Ley 18846 y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de
1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las
reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Satep) serían
transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
administrado por la ONP.
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se
aprobaron las Normas Técnicas del SCTR que establecieron las
prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o a
los beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional.
El Tribunal Constitucional, en la STC 02513-2007-PA, publicada el
8 de enero de 2009 en el portal web institucional, que constituye
precedente, ha precisado los criterios respecto a las situaciones
relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos
Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). En
dicha sentencia se establece que “en los procesos de amparo referidos al
otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o
pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 la enfermedad profesional
únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido
por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de
Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 del
Decreto Ley 19990”.
A su vez, en la Regla Sustancial 2, establecida en el fundamento
35 de la sentencia emitida con carácter de precedente en el Expediente
05134-2022-PA/TC, este Tribunal dejó claro que el contenido de dichos
informes médicos pierde valor probatorio si se demuestra en el caso
concreto que, respecto a estos informes, se presenta alguno de los
siguientes supuestos: 1) no cuentan con historia clínica, salvo
justificación razonable de su ausencia; 2) que la historia clínica no
está debidamente sustentada en exámenes auxiliares con sus respectivos
resultados emitidos por especialistas; y 3) que son falsificados o
fraudulentos.
Asimismo, en la Regla Sustancial 3 del citado fundamento se
establece que, en caso de que se configure uno de los supuestos
previstos en la Regla Sustancial 2, el juez solicitará que el demandante
se someta a una nueva evaluación médica ante el Instituto Nacional de
Rehabilitación, a fin de corroborar la enfermedad diagnosticada y el
grado de incapacidad.
A fin de acreditar el padecimiento de la enfermedad y así acceder
a la pensión de invalidez solicitada, la parte accionante ha presentado
el Informe de Evaluación Médica de fecha 9 de abril de 2005, expedido
por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades del Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati M., en el que se consigna
que don Mariano Rúa Ramos padece de neumoconiosis con 60 % de
menoscabo.
Mediante Oficio 357-RM UAHC-OAyRM-GRAR-ESSALUD-2016, de fecha 11
de agosto de 2016, a solicitud del juez de primera
instancia, la jefa de la Unidad de Archivo de Historias Clínicas de la
Red Asistencial Rebagliati remite la historia clínica que
sustentaría el Informe Médico adjuntado con la demanda; sin embargo, en
ella no obran el examen auxiliar de espirometría ni la prueba de la
caminata de los 6 minutos, y el informe radiológico
indica “patrón intersticial reticular difuso, silueta cardiovascular
normal y no signos pleuroparenquimales agudos”, lo cual no se condice
con lo diagnosticado en el Informe Médico presentado con la demanda, por
lo que dicho certificado médico carece de valor probatorio conforme a lo
establecido en fundamento 35 de la sentencia emitida en el Expediente
05134-2022-PA/TC.
Ahora bien, en aplicación de lo establecido en la Regla
Sustancial 3 del precedente emitido en la STC 05134-2022-PA, referida en
el fundamento 7 supra, correspondería solicitar que el actor se
someta a una nueva evaluación médica ante el Instituto Nacional de
Rehabilitación, a fin de corroborar su estado de salud; sin embargo, por
haber fallecido don Mariano Rúa Ramos el 30 de mayo de 2020, tal como se
advierte de la inscripción de sucesión intestada que obra en autos, dicho requerimiento es inviable;
por tanto, no puede demostrarse en la vía del amparo el padecimiento de
las enfermedades alegadas.
En consecuencia, este Tribunal considera que el presente caso
plantea una controversia que corresponde discernir en la vía ordinaria,
que cuenta con etapa probatoria, dado que en el proceso de amparo no se
realiza probanza, conforme se señala en el artículo 13 del Nuevo Código
Procesal Constitucional, por lo que queda expedita la vía para que la
parte demandante acuda al proceso a que hubiere lugar.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
GUTIÉRREZ TICSE
OCHOA CARDICH
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
GUTIÉRREZ TICSE
Sin perjuicio de suscribir la ponencia, considero relevante hacer las
siguientes precisiones.
Delimitación del petitorio
La parte recurrente solicita que se le otorgue pensión de
invalidez por enfermedad profesional conforme a lo dispuesto por la Ley
26790, su Reglamento y el Decreto Supremo 003-98-SA, más el pago de las
pensiones devengadas, los intereses legales y los costos
procesales.
Cuestión previa
Obra en autos el registro de sucesión intestada de fecha 23 de
octubre de 2020, mediante el cual la señora Maruja
Escalante Corverá, en calidad de cónyuge supérstite (viuda) de quien en
vida fue Mariano Rúa Ramos, pone a conocimiento de este Tribunal, el
fallecimiento del accionante.
La falta de celeridad procesal en casos pensionarios
tratándose de personas adultas mayores
El Tribunal Constitucional en el Expediente 02214-2014-PA/TC
(doctrina Inocente Puluche) ha dispuesto que “todos los órganos
jurisdiccionales tienen la obligación de otorgar mayor celeridad a los
procesos que involucren derechos de personas ancianas”.
La celeridad procesal es un principio fundamental en la
administración de justicia, y su importancia se acrecienta cuando se
trata de personas en situación de vulnerabilidad. Este grupo etario
enfrenta mayores desafíos y limitaciones, lo que justifica la necesidad
de una pronta resolución de sus conflictos legales para evitar
perjuicios irreparables, como ha ocurrido lamentablemente en el presente
caso.
En esta causa, el recurrente presentó su demanda de amparo el 8
de abril de 2016, lo que implica que pasaron más de NUEVE AÑOS sin ser
resuelto.
Análisis del caso
El presente caso evidencia las consecuencias lamentables que
pueden derivar de la falta de celeridad procesal. La dilación
injustificada de un proceso de amparo, que debería ser expedito por la
urgencia de la pretensión y la simplicidad de sus componentes
probatorios.
Desde esta perspectiva, una demora superior a DOS AÑOS no solo
vulnera los derechos fundamentales invocados sino el cuadro de
principios y valores constitucionales, distorsionando con ello el
sentido de la democracia.
Adicionalmente a ello como otros que enfrenta el Colegiado, nos
encontramos ante una irreparabilidad absoluta por la muerte del
beneficiario, lo que expone la grave situación que viene generando, con
la dilación de estas causas.
Por lo expuesto, es imperativo que el Poder Judicial tome las
medidas necesarias para evitar estos escenarios, actuando de manera
diligente y aplicando las facultades que la ley, la Constitución, y los
instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, le concede,
especialmente en casos donde el derecho reclamado es esencial para la
subsistencia y dignidad del demandante, como ocurre con la pensión de
invalidez por enfermedad profesional.
Asimismo, el juez debe valorar las condiciones culturales, el
ambiente social, y los periodos en que ocurren las contingencias, sobre
todo cuando muchos de estos casos acaecidos en los años ochenta y
noventa imperaba una alta informalidad en las empresas y en el propio
estado.
Exhortación
EXHORTO al Poder Judicial a fin de que optimice los procesos
relativos a pensiones para adultos mayores con la finalidad de atender
estas demandas sociales pensionarias en tiempos razonables, por ser
capitales en un sistema que se precie de ser un estado constitucional de
derecho.
EXHORTO a Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, y a
las aseguradoras en general, a incorporar en sus procedimientos internos
para el reconocimiento de los derechos pensionarios, un enfoque social y
de protección de los adultos mayores, tomando en cuenta que la eficacia
horizontal de los derechos fundamentales también le impone deberes a las
empresas privadas.
S.
GUTIERREZ TICSE