SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 15 días del mes de diciembre de 2025, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Domínguez Haro, Gutiérrez Ticse y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia,
con el fundamento de voto del magistrado Gutiérrez Ticse. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto Abanto Verástegui, abogado de don Eugenio César Dunezat Urbina, contra la Resolución 13, de fecha 2 de mayo de 2024¹ expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de noviembre de 2022, don Eugenio César Dunezat Urbina interpone demanda de habeas corpus² contra la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrada por los magistrados Loli Bonilla, Montoya Peraldo y Saquicuray Sánchez.
Alega la vulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones, a la libertad personal y de los principios de presunción de inocencia y legalidad.

El recurrente solicita que se declare nula la sentencia de vista de fecha de 5 de noviembre de 2020³, que confirmó la sentencia de fecha 11 de julio de 2019⁴, en el extremo que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-estafa agravada y la revocó en el extremo que le impuso dieciséis años de pena privativa de la libertad, la reformó y le impuso nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad.⁵

El actor aduce que la Primera Sala superior demandada confirmó la condena como autor del delito de estafa agravada, por haber inducido a error mediante engaño a los agraviados para provocar una disposición patrimonial en su perjuicio. Sin embargo, reconoce que no se probó que haya tenido contacto con alguno de los agraviados.

Afirma que, para ostentar la calidad de autor, el sujeto activo debe tener dominio del hecho de modo que pueda manipular el resultado con su accionar, según el primero, y que la autoría comprende la realización de manera personal y directa del injusto penal, como interpreta la segunda [sic].⁶
La premisa menor está compuesta por la declaración fáctica contenida en la sentencia de vista, en la cual el ad quem constata que quien convenció a los presuntos agraviados de efectuar los préstamos fue don Mario Roggero Villena. Sostiene que se confirmó la condena en calidad de autor; esto es,
que había cometido personalmente el delito y de modo directo, lo que sólo podía haber ocurrido si se hubiera acreditado que tuvo contacto directo con cada una de las supuestas víctimas.

Por tanto, fue condenado por el delito de estafa sin prueba alguna que acreditara que, mediando engaño directo de su parte, hubiese provocado que las personas presuntamente agraviadas realizaran un desembolso económico a su favor.

Aduce que, para los magistrados demandados, el engaño se configuró, primero, por la suscripción de los contratos de mutuo, y, segundo, por el convencimiento de cada uno de los agraviados a través de don Mario Roggero Villena, ya que era familiar de todos ellos. En tal sentido, se estableció que los contratos de mutuo eran una mera puesta en escena, ya que en realidad se tenía la intención de incumplir la obligación desde un inicio, acreditándose dicha afirmación con la información contenida en el Asiento B00002, inscrito en el 2012, correspondiente a la Partida Registral NMI807467 de DELFOS REPRESENTACIONES S.A.C., en la que se señalaba que, en mi calidad de representante, no contaba con facultades para la firma de contratos que excedieran los $ 6000 (seis mil dólares americanos). Sin embargo, conforme al Asiento B0003, sí me encontraba premunido de tal atribución. Además, resulta incongruente subsumir su conducta en el tipo penal de estafa,
por cuanto no es posible lógicamente concluir que indujo a error,
mediante engaño, a cada uno de los presuntos afectados, pues don Mario Roggero Villena fue la persona que tuvo contacto con los agraviados.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima por Resolución 1, de fecha 28 de noviembre de 2022⁷, admitió a trámite la demanda.

El procurador público adjunto del Poder Judicial contesta la demanda⁸ y solicita que sea declarada improcedente, porque el proceso de habeas corpus no puede constituir una especie de tercera instancia para controvertir decisiones judiciales, dado que no es atribución del juez constitucional subrogar al juez penal en temas propios de su competencia, tales como la determinación de la responsabilidad penal del acusado, la valoración de las pruebas penales y su suficiencia.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima mediante sentencia, Resolución 6, de fecha 22 de noviembre de 2023⁹,
declaró improcedente la demanda, por considerar que de los medios probatorios glosados en la sentencia de vista se llegó a corroborar la existencia de suficientes elementos probatorios que acreditaron la comisión del delito instruido en el interior del proceso penal ordinario, así como la calificación jurídica del delito de estafa. Además de ello, de la sentencia de vista se aprecia que se consideró que el delito era continuado conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código Penal, debido a la pluralidad de personas agraviadas, por lo que se sanciona con la pena más grave y esta se aumenta hasta en un tercio de la máxima prevista para el delito.

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada, por estimar que no se presentó recurso de casación contra la sentencia de vista y que por ello no se cumple la condición de firmeza como lo establece el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare nula la sentencia de vista de fecha de 5 de noviembre de 2020, que confirmó la sentencia de fecha 11 de julio de 2019, en el extremo que condenó a don Eugenio César Dunezat Urbina como autor del delito contra el patrimonio-estafa agravada y la revocó en el extremo que le impuso dieciséis años de pena privativa de la libertad, la reformó y le impuso nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad.¹⁰

2. Se alega la vulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones, a la libertad personal y de los principios de presunción de inocencia y legalidad.

Análisis de la controversia

3. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso 1,
   que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad personal o de los derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus.

4. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa;
   a la realización de diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez ordinario que escapa a la competencia del juez constitucional.

5. En el presente caso, si bien el recurrente alega, esencialmente, la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, este Tribunal advierte que lo que cuestiona es el criterio jurisdiccional de los magistrados demandados para considerar acreditada la responsabilidad penal del favorecido, así como la valoración y suficiencia de las pruebas. En efecto, sostiene que existe una errónea apreciación de los hechos, pues no se cumplen los presupuestos para que se conducta sea tipificada como delito de estafa, puesto que no tuvo contacto con los agraviados, a diferencia de don Mario Roggero Villena. Por tanto, no podría haber realizado conducta alguna que los indujera a error para que realizaran una disposición patrimonial en su beneficio.
   Sin embargo, el análisis de estos cuestionamientos, vinculados básicamente a la falta de responsabilidad penal, es una facultad propia de la judicatura ordinaria.

6. Por consiguiente, la reclamación del recurrente no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1,
   del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

DOMÍNGUEZ HARO

GUTIÉRREZ TICSE

OCHOA CARDICH

PONENTE DOMÍNGUEZ HARO

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO GUTIÉRREZ TICSE

Sin perjuicio de suscribir la ponencia, considero relevante hacer las siguientes precisiones en cuanto a la posibilidad de ejercer un control constitucional de la prueba y su valoración en sede jurisdiccional.

§ El control constitucional de la prueba

1. Si bien coincido con el sentido del fallo, no estoy de acuerdo con lo manifestado en el fundamento 4, en donde se afirma que la revaloración de los medios probatorios es una tarea exclusiva de la judicatura ordinaria, y que escapa a la competencia del juez constitucional.

2. Disiento por cuanto una improcedencia sustentada exclusivamente en el hecho de una supuesta indemnidad probatoria judicial se contrapone al artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que expresamente señala como objeto de tutela el derecho «a probar».

3. También es opuesto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha delimitado el contenido del derecho a la prueba señalando que:¹¹

Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado.

4. En esa lógica, si la pretensión incide en el contenido esencial del ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la prueba, sí es posible ingresar a controlar la prueba y su valoración, ya que definir el status jurídico de una persona demanda un proceso mental riguroso para definir una decisión jurisdiccional. Así, el alto colegiado ha justificado su ingreso en varias causas para pronunciarse favorablemente.

5. En virtud de lo expresado, los argumentos expuestos por cualquier beneficiario en un Estado Constitucional que invoquen tutela constitucional deben ser analizados para determinar si hay razones, o no, para controlar el aludido derecho «a probar»; y, solo en el caso de que sea evidente la irrelevancia del control constitucional de la prueba, se debe optar por su improcedencia, como ocurre en la presente causa.¹²

§ El caso concreto

6. El recurrente aduce que existe una errónea apreciación de los hechos,
   pues no se cumplen los presupuestos para que su conducta sea tipificada en el delito de estafa, puesto que no tuvo contacto con los agraviados,
   a diferencia de Mario Roggero Villena; por lo que no pudo realizar conducta alguna que los induzca a error y realicen una disposición patrimonial en su beneficio.

7. Estos cuestionamientos no revisten una suficiente relevancia constitucional que permita a este Colegiado emitir una sentencia de fondo respecto a la prueba con relación a dichas alegaciones ya que en delitos como este la conjunción de elementos indiciarios permiten consolidar la prueba; ello ha sido expresado de manera coherente en la sentencia,
   así como los fundamentos de los jueces emplazados para el decisum,
   y esa es la razón concreta por la que se declara improcedente la pretensión del recurrente.

8. En suma, si bien es admisible el control constitucional de la prueba,
   su tutela demanda una afectación intensa y grave – lo que el Nuevo Código Procesal Constitución denomina como el “contenido constitucionalmente protegido” – lo que no ocurre en el presente caso.

S.

GUTIÉRREZ TICSE