En Lima, a los 2 días del mes de octubre de 2025, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Pacheco Zerga (presidenta), Domínguez Haro (vicepresidente), Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y Hernández Chávez pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia y Gutiérrez Ticse, y los votos singulares de los magistrados Pacheco Zerga y Monteagudo Valdez, que se agregan.

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Giulliana Loza Avalos, abogada de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi, contra la resolución de fecha 16 de mayo de 2024¹, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

Con fecha 21 de febrero de 2024, doña Giulliana Loza Avalos interpone demanda de habeas corpus a favor de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi², dirigiéndola contra don Víctor Raúl Zúñiga Urday, juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y contra el procurador público del Poder Judicial.

Solicita la recurrente que se declaren nulas: (1) la Resolución 35 (Incidente 186), de fecha 12 de setiembre de 2022, que declaró infundada la excepción de naturaleza de acción deducida por la defensa de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi en el proceso que se le sigue por el delito de lavado de activos; (2) la Resolución 46 (Incidente 186), de fecha 6 de octubre de 2022, por la que se declaró infundada la excepción de naturaleza de acción deducida por la defensa de la favorecida en el proceso que se le sigue por el delito de organización criminal; (3) la Resolución 110 (Incidente 186), de fecha 30 de noviembre de 2023, por la que se dictó el auto de enjuiciamiento por el delito de lavado de activos³; y, (4) todos los actos precedentes del proceso seguido desde el inicio de las investigaciones preliminares tramitados en la Carpeta Fiscal 55-2017 (acumulada Carpeta Fiscal 80-2017 y 12-2016)⁴, tras considerar que mediante los citados pronunciamientos y demás actuaciones señaladas han sido vulnerados en perjuicio de la favorecida los derechos fundamentales a la libertad personal, a la debida motivación de resoluciones judiciales, a la tutela procesal efectiva y al principio de legalidad penal. En tal sentido y como consecuencia de declararse fundada su pretensión deberá archivarse el proceso seguido en su contra.

Sostiene la actora que las actuaciones y decisiones concretizadas en el proceso penal seguido contra la favorecida, afectan sus derechos, pese a que los hechos que se le atribuyen no constituyen los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo que se le imputan.

En efecto, se imputa a la beneficiaria haber incurrido en los delitos de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial, por haber recibido aportes de dinero a sabiendas de su origen ilegal durante el curso de las campañas electorales de los años 2011 y 2016, así como de organización criminal, por haber intentado ganar las elecciones en las que participo como candidata.

Tales alegaciones son sin embargo erróneas e inconstitucionales, habida cuenta que el delito de lavado de activos en su modalidad de receptación patrimonial, es una figura introducida al ordenamiento jurídico peruano con fecha posterior a la presunta comisión de los hechos imputados, ya que su tipificación como tal se materializo a partir de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1249 vigente desde el 26 de noviembre del año 2016. En tales circunstancias asumir que antes de dicho momento hubo un delito como el imputado, implicaría realizar una aplicación retroactiva y desfavorable de la ley penal, afectando gravemente al principio de legalidad penal.

En igual sentido tampoco cabe alegar el delito de organización criminal ya que dicha modalidad implica la existencia de fines delictivos y/o beneficios económicos ilícitos, lo que sin embargo nada tiene que ver con una finalidad política plenamente legítima como es el ganar elecciones.

Precisa la recurrente que durante le etapa de investigación preliminar, la favorecida fue detenida al interior de la sede del Ministerio Público en mérito del Auto de Detención Preliminar de fecha 9 de octubre de 2018, en circunstancias en que había acudido a dicha sede tras haber sido citada, por lo que se le privó de su libertad por ocho días. Sin embargo, el referido auto sería luego declarado nulo.

Alega que posteriormente y en el marco del primer pedido de prisión preventiva dictado contra la favorecida, se realizaron diversas audiencias en la que se advirtió la incorporación de elementos sin haberse respetado su derecho de defensa. Luego se le restituyó su libertad por decisión del Tribunal Constitucional. No obstante, el Ministerio Público formuló requerimiento acusatorio en el que se apreciaron deficiencias. Pese a ello, el juzgado demandado desconoció lo decidido por el Tribunal Constitucional y emitió el auto de enjuiciamiento rechazando la excepción de naturaleza de acción que dedujo la favorecida. Además, dictó en su contra un segundo mandato de prisión preventiva, que fue revocado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.

En este contexto, precisa que en fase preventiva y a parte de la detención preliminar de la que ya había sido objeto, la favorecida estuvo privada de su libertad hasta en dos ocasiones, la primera por trece meses (desde el 31 de octubre de 2018 al 29 de noviembre de 2019), y la segunda por tres meses y trece días (desde el 20 de enero de 2020 al 3 de mayo de 2020). Por tanto, su libertad personal fue vulnerada por el plazo de dieciséis meses y dieciséis días. Además, las afectaciones de sus derechos continuaron durante el desarrollo de la investigación preparatoria, pues se trasladaron documentos de otras carpetas fiscales en las que no participó su defensa, y se formuló una apresurada acusación en su contra, pese a que otros actos de investigación se encontraban pendientes de realización en plena contienda electoral el año 2021.

Afirma también que durante la etapa intermedia hubo una irregular prolongación en el tiempo como consecuencia de las deficiencias del requerimiento fiscal acusatorio, el cual fue saneado de forma indebida por el juzgado. Habiendo sido durante la referida etapa que fueron desestimadas las excepciones de naturaleza de acción que dedujo, tras considerar como válido un hecho atípico sin haberse realizado un análisis de la imputación, siendo que las cuestionadas resoluciones permitieron la emisión del auto de enjuiciamiento y su posterior citación a juicio.

Precisa por último que las resoluciones judiciales objetadas en la demanda tienen la calidad de firmes, porque la favorecida no las ha dejado consentir, puesto que interpuso en su contra recursos de apelación para que la Sala de Apelaciones corrija las inconstitucionales decisiones que contienen. Sin embargo, la Sala incumplió su responsabilidad al haber emitido un pronunciamiento de fondo sin revisar las citadas resoluciones.

Finalmente señala que en la acusación formulada contra a la favorecida, se solicitó que se le imponga treinta años y diez meses de pena privativa de la libertad, pese a que como antes se ha señalado, los hechos imputados no constituyen delito, no revisten matices propios de un tipo penal; y no son subsumibles a las normas vigentes por los delitos imputados.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 21 de febrero de 2024⁵, admitió a trámite la demanda.

La procuradora pública adjunta del Poder Judicial, Patricia Giselle Oversluijs Razzeto, se apersona al proceso solicitando que la demanda sea declarada improcedente⁶. Argumenta al respecto que, las resoluciones cuestionadas no contienen decisiones que amenacen o restrinjan, limiten o priven del derecho a la libertad personal de la favorecida, por lo que no existe algún acto vigente que incida sobre el citado derecho fundamental que amerite un pronunciamiento de fondo.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante sentencia, Resolución 4, de fecha 1 de abril de 2024⁷, declara infundada la demanda tras considerar que no es labor de la judicatura constitucional dilucidar la responsabilidad penal, la tipicidad, la valoración de las pruebas y su suficiencia, así como la interpretación de la ley sobre la base de criterios de mera legalidad, porque ello es de competencia exclusiva de la judicatura penal ordinaria. Además, no se advierte vulneración del derecho a la libertad personal de la favorecida.

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, revoca la apelada, la reforma y declara improcedente la demanda por considerar que no se ha afectado el derecho a la libertad personal de la favorecida, en tanto no se ha demostrado que las resoluciones cuestionadas se sustenten en normas derogadas o ajenas a la materia controvertida, ni que la interpretación judicial se haya basado en normas inválidas o impertinentes al tema discutido. Por lo demás y bajo la alegada vulneración del principio de legalidad, se pretende que la judicatura constitucional se subrogue en la labor y en las competencias propias de la judicatura ordinaria realizando un examen de los hechos, una calificación jurídica y un nuevo juico de subsunción de las conductas atribuidas a la favorecida, sustentado en una nueva y diferente valoración a la realizada por el juez penal ordinario, a fin de que se dejen sin efecto las citadas resoluciones, lo cual no corresponde realizar al juez constitucional, en tanto su labor solo se circunscribe a verificar la vulneración de los derechos fundamentales.

Posteriormente y tras interponerse recurso de agravio constitucional se lleva a cabo la audiencia pública ante el Tribunal Constitucional con fecha 27 de mayo del 2025. En la misma participaron informando oralmente la abogada y demandante Giulliana Loza Avalos y la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, abogada Mayra Mercedes Choque Acuña.

Este Colegiado, en atención a que se ha evidenciado -al revisar el recurso de agravio constitucional y los actuados- entre las pretensiones planteadas, una consistente en que se declaren nulos todos los actos precedentes del proceso desde el inicio de las investigaciones preliminares, tramitados en la Carpeta Fiscal 55-2017 (acumulada a la Carpeta Fiscal 80-2017 y 12-2016), dispuso mediante auto de fecha 30 de mayo del 2025 que también se emplace con la demanda, al Ministerio Público.

A su turno y de conformidad con lo dispuesto por este Colegiado, el Fiscal emplazado, José Domingo Pérez Gómez, Titular de la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios se apersona al proceso, solicitando que la demanda interpuesta sea declarada improcedente en atención a que tres de las cuatro pretensiones que contiene se encontrarían en sustracción de materia habida cuenta que el Décimo Juzgado de Investigación preparatoria emitió la resolución 02 de fecha de fecha 03 de julio del 2025, mediante la cual se declaró nula la resolución 110 del 30 de noviembre del 2023 por lo que al haberse dejado sin efecto el auto de enjuiciamiento y el respectivo requerimiento acusatorio, es de aplicación lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 154.d del Código Procesal Penal ya que la nulidad decretada se proyecta también a la de sus resoluciones dependientes como lo son la 35 y la 46. Por otra parte y en lo que respecta a la pretensión en la que se pide la nulidad de las actuaciones fiscales, alega el haberse acreditado que la beneficiaria recibió aportes de origen ilícito y que los hechos que se le atribuyen son típicos y se subsumen en actos de conversión del delito de lavado de activos.

Paralelamente se apersona también al proceso el Procurador Público Adjunto del Ministerio Público, Alfredo José Choquecota Cueva, quien alega que la demanda interpuesta deviene en improcedente en aplicación del inciso 1 del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional ya que las resoluciones judiciales cuestionadas no tienen incidencia en el derecho a la libertad individual púes se limitan a resolver incidentes procesales y el inicio de la etapa de juzgamiento, no siendo la acusación fiscal amenaza cierta e inminente sobre la libertad individual.

Finalmente y con la finalidad de salvaguardar el derecho de defensa de todas las partes involucradas se lleva a efecto, con fecha 27 de agosto del 2025 una audiencia pública complementaria en la que participan informando oralmente los abogados Giulliana Loza Avalos y Percy García Cavero, por la parte demandante así como el Fiscal Provincial Titular especializado en delitos de corrupción de Funcionarios, abogado José Domingo Pérez Gómez, el Procurador Público del Ministerio Público, abogado Reynaldo Miranda Wong y la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, abogada Mayra Mercedes Choque Acuña como partes demandadas. Culminada dicha diligencia la causa queda pendiente de resolverse.

La no exigibilidad de firmeza en el caso de las resoluciones 35 y 46 objeto de cuestionamiento

La intervención del juez constitucional frente al desconocimiento de principio de legalidad penal y sus elementos

Incidencia del plazo razonable en proceso penal seguido contra la beneficiaria

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

Con el respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el presente fundamento de voto, puesto que, aunque coincido con lo resuelto por ellos, sustento mi posición en las siguientes consideraciones.

III. La aplicación del Derecho penal a la luz del Derecho constitucional y el rol de la judicatura constitucional en la corrección de transgresiones a la Constitución y a los derechos fundamentales

En ese orden de ideas, me adhiero a lo determinado por mis colegas, ya que suscribo la parte resolutiva en su integridad.

Comparto lo resuelto en la presente sentencia, pero considero necesario añadir, sobre los estándares desarrollados por Corte IDH, que su jurisprudencia resulta vinculante para el Estado peruano, conforme a lo previsto en la Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Esta postura, aunque no lo digan, es confirmada por los colegas que firman esta sentencia donde se cita abundante jurisprudencia de la Corte IDH para resolver el presente proceso.

En consecuencia, considero que el contenido y alcance de los derechos deben interpretarse de conformidad con las sentencias adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, haya sido o no parte el Estado peruano.

Si bien coincido con lo resuelto en el presente caso, considero relevante expresar algunos fundamentos jurídicos adicionales, necesarios para sustentar la decisión del colegiado:

§2. En el presente caso, la ruptura del principio de legalidad en su variante “nulla poena sine lege”, es absoluta

§3. En el presente caso, la ruptura del principio de legalidad en su variante “prohibición de la aplicación por analogía de la ley penal’

§7. Las campañas electorales y su financiamiento: una problemática de las democracias contemporáneas

§8. El financiamiento político como infracción administrativa y como delito

Veo necesario apartarme de la decisión de la mayoría, con el mayor respeto hacia mis colegas magistrados, por las siguientes razones:

Sobre la sustracción de la materia respecto del cuestionamiento de la Resolución 110

Sobre la modalidad de habeas corpus en el presente caso: ¿restringido o preventivo?

Sobre la falta de incidencia en la libertad personal de las resoluciones judiciales que desestiman excepciones de improcedencia de la acción

Sobre la sustracción de la materia respecto del cuestionamiento de las resoluciones 35 y 46 y la nueva acusación fiscal de fecha 2 de julio de 2025

La favorecida cuenta a la fecha con medida de comparecencia simple, por lo que no presenta una restricción a la libertad personal

Emito el presente voto porque no comparto ni las razones ni lo finalmente decidido por la mayoría de mis colegas. En ese sentido, expresaré las razones por las cuales estimo que la demanda debe ser declarada como IMPROCEDENTE.

De este modo, me referiré a los siguientes puntos: síntesis de la demanda (i); inexistencia de alguna medida que incida en la libertad individual de la beneficiaria (ii); consideraciones sobre el principio de legalidad penal y estándares probatorios (iii); y, por último, efectuaré algunas precisiones sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (iv).

Con fecha 21 de febrero de 2024, doña Giulliana Loza Avalos interpone demanda de habeas corpus a favor de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y la dirige contra don Víctor Raúl Zúñiga Urday, juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y del procurador púbico del Poder Judicial. Se denuncia la vulneración del derecho a la libertad personal, a la debida motivación de resoluciones judiciales y la tutela procesal efectiva y del principio de legalidad penal.

La recurrente solicita que se declaren nulos: (i) la Resolución 35 (Incidente 186), de fecha 12 de setiembre de 2022, que declaró infundada la excepción de naturaleza de acción deducida por la defensa de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi en el proceso que se le sigue por el delito de lavado de activos; (ii) la Resolución 46 (Incidente 186), de fecha 6 de octubre de 2022, por la que se declaró infundada la excepción de naturaleza de acción deducida por la defensa de la favorecida en el proceso que se le sigue por el delito de organización criminal; (iii) la Resolución 110 (Incidente 186), de fecha 30 de noviembre de 2023, por la que se dictó auto de enjuiciamiento por el delito de lavado de activos; y, (iv) todos los actos precedentes del proceso seguido desde el inicio de las investigaciones preliminares tramitados en la Carpeta Fiscal 55-2017 (acumulada Carpeta Fiscal 80-2017 y 12-2016). En consecuencia, se deberá archivar el proceso seguido en su contra.

Sostiene la actora que las cuestionadas resoluciones fueron emitidas en un proceso penal seguido en contra de la favorecida, y que, en la actualidad, afectan su derecho a la libertad, pese a que los hechos que se le atribuyen no constituyen delito. Agrega que en el citado procesal penal se emitió el auto de enjuiciamiento en su contra por los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, y se le citó a juicio para el 1 de julio de 2024.

Asevera que, durante le etapa de investigación preliminar, la favorecida fue detenida al interior de la sede del Ministerio Público en mérito del Auto de Detención Preliminar de fecha 9 de octubre de 2018, cuando acudió por haber sido citada en dicha sede, por lo que se le privó de su libertad por ocho días. Sin embargo, el referido auto fue declarado nulo.

Alega que, en el marco del primer pedido de prisión preventiva dictado contra la favorecida, se realizaron diversas audiencias en la que se advirtió la incorporación de elementos sin haberse respetado su derecho de defensa. Con posterioridad se le restituyó su libertad por una decisión del Tribunal Constitucional. No obstante, el Ministerio formuló requerimiento acusatorio en el que se apreciaron deficiencias. Asimismo, el juzgado demandado desconoció lo decidido por el Tribunal Constitucional y emitió el auto de enjuiciamiento y rechazó la excepción de naturaleza de acción que dedujo la favorecida. Además, dictó en su contra un segundo mandato de prisión preventiva, que fue revocado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Aduce que la favorecida estuvo con detención preliminar, trece meses (desde el 31 de octubre de 2018 al 29 de noviembre de 2019), en mérito de la primera prisión preventiva dictada en su contra, y se le privó de su libertad tres meses y trece días (desde el 20 de enero de 2020 al 3 de mayo de 2020) en virtud de la segunda prisión también dictada en su contra. Por tanto, se le privó de su libertad personal por el plazo de dieciséis meses y dieciséis días, en contravención de lo decidido por el Tribunal Constitucional. Además, las afectaciones de sus derechos continuaron durante el desarrollo de la investigación preparatoria, pues se trasladaron documentos de otras carpetas fiscales en las que no participó su defensa, o la apresurada formulación de acusación en su contra, pese a que otros actos de investigación se encontraban pendientes de realización en plena contienda electoral el año 2021.

Afirma que la etapa intermedia fue prolongada por las deficiencias del requerimiento fiscal acusatorio, el cual fue saneado de forma indebida por el juzgado. Precisa que, durante la referida etapa, fueron desestimadas las citadas excepciones de naturaleza de acción que dedujo. Por tanto, se consideró como válido un hecho atípico, sin haberse realizado un análisis de la imputación, y que las cuestionadas resoluciones permitieron la emisión del cuestionado auto de enjuiciamiento y su posterior citación a juicio. Refiere que en la acusación formulada contra a la favorecida, se solicitó que se le imponga treinta años y diez meses de pena privativa de la libertad, por hechos que no constituyen delito, que no revisten matices propios de un tipo penal; y que no son subsumibles a las normas vigentes por los delitos imputados.

Señala que las cuestionadas resoluciones judiciales tienen la calidad de firmes, porque la favorecida no las ha dejado consentir, puesto que interpuso en su contra recursos de apelación para que la Sala de Apelaciones corrija las inconstitucionales decisiones que contienen. Sin embargo, la Sala incumplió su responsabilidad al haber emitido un pronunciamiento de fondo y no revisó las citadas resoluciones.

Por lo señalado, es posible concluir que, en síntesis, la recurrente cuestiona las sucesivas detenciones efectuadas en contra de la beneficiaria, la desestimación de las excepciones que formuló al interior del proceso penal, la formulación de la acusación fiscal pese a que, según señala, los hechos imputados no constituyen delito, y, finalmente, que se hayan expedido resoluciones judiciales tales como el auto de enjuiciamiento y el de citación a juicio.

En el siguiente apartado precisaré las razones por las cuales considero que los referidos cuestionamientos no se vinculan con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual de la beneficiaria.

En su demanda, la parte recurrente ha cuestionado que, como consecuencia del proceso penal iniciado en contra de la beneficiaria, se le ha impuesto una comparecencia con restricciones. De este modo, solicita, a través de un habeas corpus reparador, que esta medida sea revocada y se restituya su derecho a la libertad personal.

Al respecto, es importante señalar, en primer lugar, que en la actualidad no existe alguna medida que incida en la libertad individual de la beneficiaria, presupuesto que, a lo largo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha sido indispensable para evaluar un eventual pronunciamiento de fondo. En efecto, en la sesión de audiencia pública del 12 de septiembre del presente año, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima declaró la caducidad de las reglas de conducta impuestas, y ello en aplicación de las disposiciones previstas en la Ley 32130, la cual modificó el Código Procesal Penal e impuso un plazo para el dictado de la comparecencia con restricciones, el cual habría vencido en el presente caso. Esto supone que, en la actualidad, la beneficiaria sigue el proceso penal con un régimen de comparecencia simple, por lo que ha operado la sustracción de la materia.

Del mismo modo, en constantes pronunciamientos la actual composición del máximo intérprete de la Constitución se ha encargado de precisar que no es posible analizar, en el marco de un proceso de habeas corpus, los diversos cuestionamientos de actos procesales si es que la persona se encuentra con comparecencia simple. De hecho, el Tribunal Constitucional ha señalado, en diversas oportunidades, que la comparecencia simple no incide en la libertad individual. Esto supone que los cuestionamientos a los diversos actos procesales ulteriores formulados en este proceso no puedan, por este motivo, ser analizados en este proceso constitucional, sin perjuicio de las posteriores reflexiones que efectuaré respecto de cada uno de ellos. Así, nuestra jurisprudencia ha señalado, por ejemplo, que

Del mismo modo, recordando jurisprudencia consolidada del colegiado, se sostuvo lo siguiente:

El Tribunal, en ese orden de ideas, ha señalado que el dictado de una medida de comparecencia simple ya genera que no sea posible analizar, en el marco de un proceso de habeas corpus, si es que los actos procesales cuestionados resultan válidos o no, y ello en la medida que no se advierte alguna incidencia en la libertad personal⁹⁷. Así, ha señalado que

Ciertamente, en diversos apartados de la demanda, la parte recurrente se refiere a las detenciones dictadas en contra de la beneficiaria; sin embargo, al no encontrarse estas medidas vigentes, no resultan relevantes para analizar lo invocado en el presente proceso, más aún cuando estas ya fueron evaluadas en el marco de la justicia constitucional en una anterior oportunidad.

Ahora bien, en este apartado, y sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, me referiré a la inexistencia de medidas que incidan en la libertad personal de la beneficiaria. Para ello, analizaré los actos procesales cuestionados en el presente proceso constitucional, esto es: a) la Resolución 35 (Incidente 186), de fecha 12 de setiembre de 2022, que declaró infundada la excepción de naturaleza de acción deducida por la defensa de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi en el proceso que se le sigue por el delito de lavado de activos; b) la Resolución 46 (Incidente 186), de fecha 6 de octubre de 2022, por la que se declaró infundada la excepción de naturaleza de acción deducida por la defensa de la favorecida en el proceso que se le sigue por el delito de organización criminal; la Resolución 110 (Incidente 186), de fecha 30 de noviembre de 2023, por la que se dictó auto de enjuiciamiento por el delito de lavado de activos; c) todos los actos precedentes del proceso seguido desde el inicio de las investigaciones preliminares tramitados en la Carpeta Fiscal 55-2017 (acumulada Carpeta Fiscal 80-2017 y 12-2016); y, finalmente, d) la existencia de una supuesta amenaza a la libertad personal de la beneficiaria.

En ese sentido, explicaré en qué medida los actos procesales cuestionados no inciden en la libertad individual de la beneficiaria.

La recurrente cuestiona que la Resolución 35 y la Resolución 46 afectan su derecho a la libertad individual en conexión con el principio de legalidad penal, en la medida en que, según aduce, los hechos que se le atribuyen no constituían delito en la fecha en que se cometieron, ni ha sido posible aportar elementos probatorios para acreditar su comisión. Al respecto, es importante recordar que la excepción de naturaleza de acción, como lo sostuvo el Tribunal Constitucional en el expediente 06794-2015-HC, es un medio de defensa técnico que tiene por finalidad discutir la relevancia penal del hecho que se imputa, de manera previa a cualquier actividad probatoria⁹⁹.

Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado, en forma reiterada, que el proceso de habeas corpus no constituye la vía adecuada para cuestionar el contenido de un auto que resuelva una excepción de naturaleza de acción. Este criterio obedece, en esencia, a dos cuestiones elementales. En primer lugar, a que esta clase de decisiones judiciales no generan, directamente, una afectación a la libertad individual. Así, por ejemplo, en una sentencia del año 2024 se sostuvo que “la Resolución 9, de fecha 8 de setiembre de 2022, no tiene incidencia concreta, negativa y directa en el derecho a la libertad personal del recurrente tutelado por el habeas corpus, en tanto versa sobre la desestimación de una excepción de naturaleza de acción”¹⁰⁰.

Este criterio fue reafirmado en un pronunciamiento del presente año, en el que se sostuvo que “las cuestionadas resoluciones, no tienen incidencia concreta, negativa y directa en el derecho a la libertad personal de don Jorge Luis Arrelucea Fernández tutelado por el habeas corpus, en tanto versa sobre la desestimación de una excepción de naturaleza de acción”¹⁰¹.

Por otro lado, se ha considerado, como segundo elemento, que esta clase de cuestionamientos pretenden, en realidad, un reexamen del análisis efectuado por la judicatura ordinaria, por lo que se emplearía el proceso constitucional para subrogar el rol del juez de analizar la subsunción de una conducta de naturaleza penal, cuestión que corresponde ser examinada a la justicia ordinaria. Así, se ha precisado

Es posible agregar una tercera razón por la que esta clase de demandas suelen ser desestimadas en un proceso constitucional de esta naturaleza, y esto obedece a que la jurisprudencia constitucional también ha sostenido que el habeas corpus no debe ser empleado para cuestionar la resolución de los medios técnicos de defensa, como ocurre, ciertamente, con el caso de las excepciones. Así, se ha señalado que

Este criterio también ha sido ratificado de manera reciente. De esta manera, se ha recordado que el Tribunal a través de su jurisprudencia ha dejado establecido que “no son funciones del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal, la calificación específica del tipo penal imputado, la resolución de los medios técnicos de defensa, la realización de diligencias o actos de investigación, efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios”¹⁰⁴.

Por lo expuesto, no se puede emplear el proceso constitucional de habeas corpus para cuestionar lo resuelto en una excepción de naturaleza de acción, lo cual se fundamenta en que la jurisprudencia del Tribunal ha precisado que, en principio, no se puede emplear esta vía para cuestionar la resolución judicial que se pronuncia sobre medios técnicos de defensa, ya que los mismos no inciden en la libertad individual y porque no corresponde a la justicia constitucional sustituir el análisis que pueda tener, sobre estos aspectos, la justicia ordinaria.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, estimo importante señalar que la Resolución 35, de fecha 12 de setiembre de 2022, que declaró infundada la excepción de naturaleza de acción en el delito de lavado de activos, no fue incorporada como anexo en la demanda. Lo mismo ocurrió con la Resolución 46, de fecha 6 de octubre de 2022, que declaró infundada la excepción de naturaleza de acción en el delito de organización criminal. Este hecho solo abona más a la tesis de la inviabilidad de identificar posibles vicios en la argumentación de la autoridad judicial emplazada.

En todo caso, ello no impide concluir que, al tratarse de resoluciones judiciales que se pronuncian respecto de un mecanismo técnico de defensa que no incide en la libertad individual de la beneficiaria, la demanda debe ser declarada como improcedente en este punto.

La defensa técnica de la beneficiaria ha cuestionado el auto de enjuiciamiento por el delito de lavado de activos. En relación con este punto, existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se ha precisado que el habeas corpus no puede ser empleado para cuestionar esta clase de actos procesales. Como se conoce, en el marco del proceso penal, el auto de enjuiciamiento constituye una resolución judicial por la que se dispone que el caso pase a la etapa de enjuiciamiento.

El intérprete final de la Constitución ha señalado, de manera reciente y a propósito de impugnaciones dirigidas a esta clase de actos procesales, lo siguiente:

En esta misma línea, se ha sostenido que “el acta de registro de audiencia de control de acusación de fecha 25 de abril de 2022, así como el auto de enjuiciamiento de fecha 25 de abril de 2022 (f. 10), en sí mismos, no determinan ni inciden en un agravio concreto y directo en el derecho a la libertad personal materia de tutela del proceso de habeas corpus”¹⁰⁶.

De hecho, al igual que lo que ocurre en el presente caso, un factor adicional que ha considerado el Tribunal en su jurisprudencia ha sido que, en el proceso penal, no se haya dictado alguna medida de coerción en contra del beneficiario, lo que determinó que se considere que no existía alguna medida específica que incida en la libertad individual. Por ejemplo, en una sentencia de este año, ha señalado que

El Tribunal también ha precisado que inclusive una actuación procesal posterior, que es el auto de citación a juicio oral, tampoco supone una intervención en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, y ello pese a que se trata de la resolución judicial que señala el lugar y la fecha para el inicio de esta fase del proceso, la cual, como se sabe, es la última etapa del proceso penal. Así, ha sostenido que “el requerimiento fiscal de acusación, la audiencia de control de acusación, el acta judicial que dicha diligencia genera, la resolución que declara saneada la acusación fiscal y somete a juzgamiento al investigado (auto de enjuiciamiento) y la resolución que cita a juicio oral, no determinan la restricción ni manifiestan un agravio concreto del derecho a la libertad personal materia de tutela del proceso de habeas corpus”¹⁰⁸.

En ese sentido, y en la medida en que el auto de enjuiciamiento no genera una incidencia en el derecho a la libertad personal conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, considero que corresponde desestimar la demanda en este punto. En todo caso, estimo importante recordar que, al igual que lo que ocurre con las resoluciones que desestiman la excepción de naturaleza de acción, esta resolución tampoco fue adjuntada a la demanda.

En este punto, la recurrente solicita la nulidad de las actuaciones del Ministerio Público desde el inicio de las investigaciones preliminares. Evidentemente, bajo la lógica de la parte actora, ello obedece a que, según ha señalado, la conducta atribuida a la beneficiaria no constituye delito. Ahora bien, respecto de las diligencias preliminares se ha señalado que

Esto supone que el habeas corpus no pueda ser empleado para solicitar la nulidad de las referidas actuaciones fiscales, ya que las mismas tienen el propósito de encontrar y asegurar las fuentes de prueba con las cuales se decidirá, en un momento posterior, si se archiva la investigación o se formaliza la investigación preparatoria¹¹⁰. En ese sentido, emplear la justicia constitucional en una fase notoriamente inicial del proceso penal puede generar que se obstruya la adecuada indagación de un posible hecho delictivo.

Al respecto, es importante señalar que el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que el proceso de habeas corpus no puede ser utilizado para cuestionar la decisión fiscal de dictar la disposición de formalización de la investigación preparatoria, y, en ese mismo sentido, tampoco se podría emplear dicha vía para impugnar el desarrollo de las investigaciones preliminares. De hecho, se ha destacado que, en principio, las disposiciones fiscales que suponen la formalización de la investigación preparatoria o la acusación fiscal no generan alguna afectación particular a la libertad personal. Así, se ha mencionado que

En ese sentido, resulta evidente que el proceso de habeas corpus no puede ser empleado para privar al Ministerio Público del ejercicio de sus atributos propios de su rol de defensor de la legalidad. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de este año, ha recordado que

Lo anterior supone que no se puede emplear la justicia constitucional para impugnar el desarrollo de las investigaciones que el Ministerio Público estime pertinentes, más aún cuando de ellas no se extraen mandatos que incidan en la libertad individual. En el presente caso, la beneficiaria no solamente no cuenta con alguna medida restrictiva de la libertad dictada en su contra -al encontrarse bajo el régimen de la comparecencia simple-, sino que su situación jurídica está pendiente de ser resuelta en el marco de la etapa intermedia del proceso penal, y es en esta vía en la que podrá invocar los argumentos que estimen pertinentes para demostrar la supuesta atipicidad de la conducta o su eventual irresponsabilidad penal, aspectos que, por el principio de corrección funcional, corresponderán ser evaluados por la justicia ordinaria.

Ahora bien, e independientemente de lo hasta aquí expuesto, no puedo dejar de advertir que, en la ponencia, una importante parte de los fundamentos está direccionada a cuestionar el contenido de la acusación fiscal, aunque, ciertamente, no se cita su contenido ni se precisa en qué medida los elementos aportados por la fiscalía serían inconducentes para acreditar los hechos que se le atribuyen a la beneficiaria. En todo caso, desarrollaré con mayor detenimiento este punto en el siguiente apartado.

En lo que respecta a la falta de incidencia en el derecho a la libertad personal solo deseo recordar que la jurisprudencia del Tribunal ha precisado que el proceso de habeas corpus no puede ser utilizado para cuestionar el contenido de acusaciones fiscales. Así, se ha señalado que “el recurrente cuestiona el requerimiento de acusación mixto formulado por el fiscal provincial emplazado, lo cual no tiene incidencia negativa, directa y concreta en la libertad personal del beneficiario, y esa es la razón concreta por la que resulta improcedente la demanda de autos”¹¹³.

Por lo expuesto, también corresponde declarar la improcedencia de la demanda por este motivo.

Finalmente, considero pertinente efectuar algunas consideraciones en relación a la inexistencia de alguna amenaza cierta e inminente en relación con el derecho a la libertad personal. En el escrito de demanda, la recurrente sostiene que existe una “seria amenaza a que finalmente se le prive completamente de su libertad [a la beneficiaria] por medio de la imposición de una pena privativa de la libertad”.

El Tribunal Constitucional ha establecido, en jurisprudencia constante, que la procedencia de un proceso constitucional en relación con alguna amenaza se encuentra supeditada a que esta sea seria e inminente. En ese sentido, ha señalado que para determinar si “la amenaza de un derecho es inminente hay que establecer, en primer lugar, la diferencia entre actos futuros remotos y actos futuros inminentes. Los primeros son aquellos actos inciertos que pueden o no suceder, mientras que los segundos son los que están próximos a realizarse, es decir, que su comisión es casi segura y en un tiempo breve”¹¹⁴.

En el presente caso, la recurrente afirma que la amenaza consiste en la imposición de alguna medida restrictiva de la libertad, la cual, según se desprende del momento actual del proceso penal en contra de la beneficiaria, consistiría en una sentencia condenatoria. Al respecto, en julio del presente año, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional sostuvo, a través de la Resolución 2, de fecha 2 de julio de 2025, lo siguiente:

En virtud de lo ordenado por la autoridad judicial, se formuló una nueva acusación fiscal en contra de la beneficiaria y otros imputados, por lo que se ha dado inicio a la fase del control de la acusación. Esto supone que, en la actualidad, el proceso penal se encuentra en la etapa intermedia. Ahora bien, para determinar la existencia de una amenaza inminente corresponde analizar qué actuaciones procesales restan antes del dictado de una eventual sentencia condenatoria, y ello con el fin de determinar si es que nos encontramos ante una posible especulación de un resultado desfavorable, o si es que, por el contrario, la posible restricción a la libertad personal es próxima en el tiempo.

Al respecto, la Corte Suprema ha sostenido que “[d]entro de la estructura del proceso común, la etapa intermedia es imprescindible. Una de las funciones más importantes que debe cumplir es el control de los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral, el procedimiento principal”¹¹⁵. Se advierte, de lo expuesto, que en esta etapa del proceso penal se revisan y valoran los resultados de la investigación, por lo que se debe emitir un pronunciamiento sobre el reconocimiento de la acción penal, con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral¹¹⁶. Esto implica, como resulta evidente, un control de la acusación fiscal, lo cual puede conducir, eventualmente, a que se expida un auto de enjuiciamiento o se dicte el sobreseimiento de la causa.

De este modo, de manera contraria a lo expuesto en el escrito de demanda, no existe una amenaza inminente, ya que no nos encontramos frente a una restricción de la libertad próxima a realizarse. En efecto, dentro de la terminología empleada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos encontramos, en realidad, frente a un acto remoto, ya que la posible privación de la libertad de la beneficiaria es un acto incierto que depende de ulteriores decisiones judiciales. En efecto, en la etapa en la que se encuentra el proceso penal cuestionado en este habeas corpus, aún resta que finalice la etapa intermedia (a través de un auto de enjuiciamiento o de sobreseimiento, dependiendo esta decisión de la valoración de la autoridad judicial) y que, con posterioridad, se desarrolle el juicio oral y se evalúe, de ser el caso, si es que la beneficiaria ha cometido o no el delito que se le atribuye. Es evidente que un pronóstico personal de lo que, eventualmente, ocurra en un proceso penal no es algo que pueda ser controlado judicialmente en el marco de un proceso constitucional de la libertad.

Por otro lado, en relación con la certeza, se ha señalado que debe existir un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones¹¹⁷. En el presente caso, el argumento de la recurrente, relativo a la posible privación de la libertad de la beneficiaria, se deduce de una hipótesis que deberá ser contrastada en el marco del proceso penal seguido en su contra, y que depende de la culminación de sus diversas etapas. Estimar un habeas corpus en ese escenario implicaría que la justicia constitucional pueda suplir a la justicia penal ordinaria en su rol de determinar el derecho aplicable, cuestión que no puede ser dilucidada en un proceso de esta naturaleza.

Por lo expuesto, y en la medida en que aún no culmina ni la etapa intermedia ni el juicio oral, la supuesta amenaza no se configura en el presente caso, ya que depende de posteriores valoraciones y decisiones a ser adoptadas por la justicia penal ordinaria. En ese sentido, también se debe declarar como improcedente la demanda por lo expuesto en este punto.

De manera adicional a las consideraciones expuestas en este primer bloque, y que, según considero, son suficientes para desestimar la demanda, también me referiré a las impugnaciones específicas planteadas por la recurrente en relación con el principio de legalidad penal.

La parte demandante alega que la imputación fiscal avalada en las decisiones judiciales cuestionadas en este proceso no versa sobre un delito de lavado de activos conforme a la legislación penal vigente al momento de los hechos. Señala que, en todo caso, lo que atribuye la fiscalía a la beneficiaria sería supuestamente un caso de financiamiento ilegal de partidos políticos, figura que no estaba sancionada penalmente en nuestro país sino hasta el año 2019. Lo anterior, según considera, supone una vulneración del principio de legalidad penal, y la aplicación retroactiva in malam partem de la ley.

Por otro lado, en relación con los delitos de asociación ilícita y organización criminal, señala que los hechos atribuidos carecen del elemento típico constituido por la finalidad lucrativa. Por lo tanto, según sostiene, resulta evidente que se busca privar a la señora Fujimori Higuchi de su libertad por hechos que no reúnen las propiedades necesarias para el delito de organización criminal.

Ahora bien, para abordar los argumentos expuestos en la demanda, me referiré a los siguientes puntos: a) la falta de competencia de la justicia constitucional para analizar argumentos vinculados con la tipicidad penal; b) la existencia de mecanismos, al interior del proceso penal, para corregir alguna eventual vulneración del principio de legalidad; c) los estándares probatorios exigibles en la etapa intermedia del proceso penal; y, d) la viabilidad de la tesis fiscal.

La parte recurrente ha alegado que la conducta atribuida a la beneficiaria es atípica, y que, de hecho, se le pretende aplicar un tipo penal que entró en vigencia con posterioridad a los hechos, lo cual supone, desde su perspectiva, una vulneración del principio de legalidad penal.

Ahora bien, resulta evidente que la consideración actual del principio de legalidad penal se vincula con el hecho en que se constituye como un “instrumento que protege a los ciudadanos del propio derecho penal a fin de evitar una punición arbitraria y no calculable, sin ley o con una ley imprecisa o retroactiva. De allí que aparezca como un postulado del estado de derecho y garantía respecto del poder sancionador […]”¹¹⁸.

Al respecto, estimo que evaluar si es que la conducta de la beneficiaria encaja o no dentro de los verbos rectores del tipo penal de lavado de activos constituye una función propia del Ministerio Público y del Poder Judicial, más aún si, como se expuso en el apartado anterior, el proceso penal se encuentra en etapa de calificación de la acusación fiscal. De este modo, es el juez penal el que, luego de valorada la acusación fiscal, determinará si el proceso pasa a la fase del juicio oral o si se dispone el sobreseimiento. Acudir, en este contexto, a la justicia constitucional, no solo resulta prematuro, sino que además supone una subrogación en relación con las competencias de la justicia ordinaria para examinar y valorar los posibles hechos delictivos que son puestos en su conocimiento.

De hecho, esta ha sido la postura que, en jurisprudencia constante, ha desarrollado el Tribunal Constitucional. De manera reciente, en una decisión suscrita por la actual conformación del Pleno, y a propósito de un cuestionamiento de la tipicidad en un proceso penal iniciado por el delito de lavado de activos, tuvo la oportunidad de señalar lo siguiente:

Como es posible de advertir, en dicho caso, al igual que lo que ocurre en el presente, existe una discusión sobre el supuesto origen ilícito de los bienes. El Tribunal, en aquella oportunidad, estimó que ello es una función de la justicia ordinaria. Se podría argumentar que, a diferencia de otros casos, en la presente controversia nos encontraríamos, según la posición de la mayoría, frente a supuestos “hechos atípicos”, lo que, eventualmente, justificaría la intervención de la justicia constitucional al tratarse de una posible vulneración del principio de legalidad penal. Sin embargo, frente a alegatos, nuevamente en un proceso de lavado de activos, de una supuesta atipicidad de la conducta atribuida al beneficiario, la actual conformación del Pleno tuvo la oportunidad de indicar lo siguiente:

En efecto, suele ocurrir, en el ámbito de la justicia constitucional, que bajo el argumento de una posible vulneración del principio de legalidad penal se pretenda cuestionar la teoría del caso del Ministerio Público o la subsunción efectuada por las autoridades jurisdiccionales, cuestiones que no corresponden ser evaluadas en un proceso constitucional Esto también se ha confirmado, de manera enfática, en jurisprudencia reciente del Tribunal, en la que la actual conformación del Pleno precisó lo siguiente:

En el presente caso, en el escrito de demanda se cuestiona una posible vulneración del principio de legalidad en relación con los delitos de lavado de activos y la pertenencia a una organización criminal.

Respecto del primer delito, en el fundamento 80 del escrito de demanda se señala lo siguiente:

Esto implica que, para la parte recurrente, le corresponde a la justicia constitucional analizar el presunto origen delictivo del dinero recibido, así como evaluar si es que operó algún acto de conversión del dinero y alguna posible integración, cuestiones que, evidentemente, corresponden ser analizadas en el marco del proceso penal iniciado en contra de la beneficiaria.

Por otro lado, en relación con el delito de organización criminal, en el fundamento 129 del escrito de demanda, se sostiene lo siguiente:

De conformidad con señalado por la parte recurrente, el Tribunal Constitucional, al analizar la viabilidad de la demanda de habeas corpus, tendría que analizar la narración fáctica planteada por el Ministerio Público y dilucidar si las finalidades del tipo penal concurren o no en ella. Esto supone efectuar un juicio de tipicidad de la conducta que no corresponde a la justicia constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada como improcedente en relación con este punto.

Constituye un presupuesto de acceso a la justicia constitucional el que se hayan denunciado los presuntos vicios al interior del proceso ordinario respectivo. En este caso, ante la denuncia de vulneración del principio de legalidad penal, la recurrente interpuso, en su momento, una excepción de naturaleza de acción, la cual se presenta como un mecanismo técnico de defensa para denunciar que la conducta atribuida no es típica.

De este modo, es posible advertir que, al interior del propio proceso penal, existían mecanismos para cuestionar el supuesto carácter atípico de las conductas atribuidas a la beneficiaria. En todo caso, llama la atención que, en la sentencia suscrita por la mayoría de mis colegas, no se hayan expuesto los principales argumentos por los que la autoridad judicial desestimó la referida excepción, ya que ello hubiese sido relevante para examinar en qué medida la justicia penal no cumplió con los estándares del derecho a la debida motivación de las resoluciones desarrollados en la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional.

En efecto, uno de los mecanismos empleados ha sido el de la excepción de naturaleza de acción, cuya finalidad ya se precisó en el apartado anterior. En este caso, la defensa de la beneficiaria considera que su denegación supone una vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales en conexión a la libertad personal, aunque, ciertamente, no ha adjuntado el contenido de este pronunciamiento ni ha precisado cuáles serían los fundamentos específicos en los que se advertiría algún tipo de vicio.

Por otro lado, los derechos invocados en la demanda también pueden ser tutelados, en caso se advierta alguna vulneración del principio de legalidad, a través del control de la acusación fiscal y el eventual dictado del sobreseimiento del proceso. En efecto, si es que, a criterio de la autoridad jurisdiccional, el hecho atribuido a la beneficiaria no constituye delito, esta se encuentra facultada de disponer que el proceso penal no avance a la fase del juicio oral. De hecho, incluso existe la posibilidad de que si el juez del juicio no comparte la teoría del caso del Ministerio Público, pueda eventualmente absolver a la beneficiaria, lo cual demuestra que en el proceso penal aún se pueden analizar los argumentos desarrollados por la parte recurrente, por lo que la presente demanda deviene en improcedente también por este motivo.

Es importante precisar que las exigencias propias del deber de motivación dependen de la etapa en la que se encuentre el proceso penal. Se ha señalado, sobre ello, que

Esto supone que los estándares probatorios serán diferentes en función de la etapa en la que se encuentre el proceso penal. Al respecto, estimo que el uso de la justicia constitucional para controlar tanto la actuación fiscal como judicial debe tomar en cuenta este factor, ya que, debido a que no nos encontramos frente a una decisión final, resulta natural que exista mayor flexibilidad en cuanto a las exigencias propias de la motivación. De esta manera, mientras el proceso penal se encuentre en una etapa más primigenia, menor debería ser la intervención del juez constitucional, y mayor, a su vez, el margen de apertura que pueda existir respecto de la imputación. Esto obedece tanto al respeto de los niveles de estándares exigibles en cada etapa del proceso penal, como a que, como ya se señaló, el proceso aun brinda diversos mecanismos y recursos para reparar alguna posible vulneración de los derechos del imputado.

Del mismo modo, resulta evidente que la justicia constitucional debe guardar un especial grado de deferencia respecto de lo valorado en sede penal, particularmente en aquellos casos que, dada su complejidad, ameritan un detenido análisis sobre aspectos jurídicos y probatorios. De hecho, en la estructura propia del proceso penal, suele ocurrir que, cuando una hipótesis es compleja -porque versa sobre diversas circunstancias-, no suele ser extraño que los elementos de prueba disponibles atribuyan grados de confirmación diferentes¹²³. En el desarrollo de esta labor, la justicia constitucional no debería involucrarse en determinaciones que corresponden ser analizadas por la justicia ordinaria.

En efecto, la valoración de una posible vulneración del principio de legalidad puede efectuarse, como ya se mencionó, en los siguientes momentos procesales: i) a través de la interposición de una excepción de naturaleza de acción; ii) en el control de la acusación fiscal en la etapa intermedia, o, eventualmente, iii) en el desarrollo del juicio oral. Como ya se precisó, es natural que, durante el desarrollo de estas etapas procesales, existan precisiones en relación con la imputación. Se ha señalado, sobre ello, que “[e]l carácter progresivo de la imputación permite que se precise, detalle o modifique en la dinámica de la investigación, el proceso, e incluso, en el juicio oral. Todo procedimiento y, en general, todo proceso es un iter que siempre tiene un inicio y un cierre en cuyo tránsito se dan ciertas etapas y periodos muy marcado, tendientes a cumplir un determinado fin al que fueron diseñados”¹²⁴.

Ahora bien, en el presente caso, la recurrente afirma que, con el propósito de impugnar la supuesta atipicidad de la conducta atribuida a la beneficiaria, presentó una excepción de naturaleza de acción, la cual fue desestimada. En su escrito de demanda¹²⁵, y a fin de cuestionar la decisión judicial en la que se desestima la excepción, la recurrente ha señalado que

Como ya se ha señalado, pese a que la sentencia en mayoría anula la resolución judicial que desestimó la excepción formulada, esta no fue adjuntada al escrito de demanda, lo que implica que no se conozcan los argumentos de la autoridad jurisdiccional emplazada. En todo caso, es importante precisar que el uso de estos medios de defensa, como lo ha hecho recordar la Corte Suprema, debe partir de los hechos descritos por la disposición de formalización de la investigación preparatoria, y supone que la autoridad jurisdiccional efectúe un juicio de subsunción normativo del hecho atribuido a un injusto penal. También se ha precisado que es un momento procesal inoportuno para efectuar inferencias probatorias¹²⁶. En efecto, analizar los argumentos de la recurrente en relación con el principio de legalidad implicaría que se efectúe un juicio de subsunción para examinar si es que la conducta atribuida a la beneficiaria se vincula con alguna de las modalidades del delito de lavados de activos. Del mismo modo, tendría que evaluar si es que los problemas planteados en la excepción se vinculan a cuestiones probatorias o normativas, una valoración que, ciertamente, no corresponde ser efectuada en el marco de un proceso constitucional de la libertad.

En todo caso, la Corte Suprema de Justicia de la República ha examinado solicitudes similares en relación con el delito de lavado de activos en contextos de campaña electoral, los cuales pueden ser pertinentes para analizar los argumentos expuestos por la justicia ordinaria. Así, al resolver la excepción de naturaleza de acción planteada por la defensa técnica de Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, se sostuvo que

De este modo, la Corte Suprema de Justicia de la República estimó que no era procedente la excepción de naturaleza de acción, y ello en la medida en que se cuestionaban alegatos que están vinculados con problemas de probanza, mas no de legalidad. En el caso específico de la beneficiaria, los argumentos se han vinculado con diversos asuntos que, en realidad, podrían eventualmente ser probados en el desarrollo del juicio oral, en el escenario que la teoría del caso sea admitida en el control de acusación fiscal.

Esto implica que el habeas corpus no podría ser empleado, en principio, para cuestionar una excepción de naturaleza de acción. Y ello no solamente, como se refirió en el apartado anterior, porque no es una medida que incida en la libertad individual, sino también porque supone que la justicia constitucional deba avocarse a labores propias del juez penal.

En segundo lugar, en el contexto específico del control de la acusación fiscal, que es precisamente la situación actual en la que se encuentra la beneficiaria, la doctrina suele exigir que los elementos probatorios que se aporten tienen que ser de suficiente cargo para desvirtuar la presunción de inocencia, y que, en realidad, hay una suerte de comunis opinio en que debe haber una prueba mínima para dicha finalidad¹²⁸. En el ámbito jurisprudencial, se ha requerido, entre otros aspectos, que

De este modo, en la etapa intermedia lo que se requiere es que exista una “imputación concreta, precisa y circunstanciada, que superando un control formal y material pueda ser pasible de discutir en un eventual juicio oral”¹³⁰. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se podría agregar que la imputación efectuada debería contener lo siguiente: i) la existencia de un hecho concreto y específico o la apariencia verosímil del mismo (STC 8125-2005-PHC/TC); ii) la calificación jurídica (STC 06079-2008-PHC/TC); y, iii) la existencia de evidencia o de medios de convicción (STC 5325-2006-PHC/TC; 9544-2006-PHC/TC).

En lo que respecta al presente caso, la autoridad jurisdiccional deberá determinar si es que: i) la acusación fiscal supera el control efectuado, y, consecuentemente, el proceso penal pasa a la fase de juicio; ii) si es que se presentan observaciones, devolver la acusación a fin que estas puedan ser levantadas, o, eventualmente, iii) dictar un auto de sobreseimiento, si es que considera innecesario que el proceso penal continúe a la siguiente etapa.

Puedo advertir que los cuestionamientos formulados al principio de legalidad también podrían ser advertidos por el juez de investigación preparatoria, ya que, de estimar que la conducta de la beneficiaria no constituye delito, puede dictar, si así lo considera, el auto de sobreseimiento respectivo. En efecto, el sobreseimiento puede ser dictado si es que se considera que el hecho atribuido no es típico, entre otras causales adicionales¹³¹. La intervención de la justicia constitucional, en esta etapa procesal, supondría una interferencia en labores propias de la justicia penal. Del mismo modo, si es que estima que el contenido de la acusación fiscal debe ser enmendado, también está facultado a requerir las precisiones pertinentes, y ello con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa en el marco del juicio oral.

Finalmente, los argumentos vinculados al principio de igualdad también pueden ser planteados y examinados en el marco del juicio oral, en el cual la autoridad jurisdiccional puede, de ser el caso, expedir una sentencia absolutoria, si es que estima que el hecho atribuido no es típico o si considera que no se ha acreditado la responsabilidad penal de la beneficiaria.

Se advierte, de lo expuesto, que los cuestionamientos al principio de legalidad pueden aun analizarse en el desarrollo del proceso penal.

Ciertamente, como lo he expresado en este voto, no corresponde a la justicia constitucional efectuar un juicio de tipicidad para analizar si los hechos delictivos atribuidos a la beneficiaria constituyen, o no, el delito de lavado de activos. Sin embargo, estimo pertinente exponer los principales argumentos de la reciente acusación fiscal, a fin de determinar si es que, como se postula en la demanda, nos encontramos frente a una vulneración del principio de legalidad penal, la cual facultaría la intervención de la justicia constitucional.

En primer lugar, estimo que una manifiesta vulneración del principio de legalidad o de irretroactividad de las leyes penales puede ser analizada en el seno de un proceso constitucional. Por el contrario, de existir un margen de penumbra que suponga una discusión de carácter dogmático en relación con los alcances de un tipo penal, la justicia constitucional no debería ser competente para analizar el caso.

Precisado lo anterior, debo mencionar, en primer lugar, que la acusación fiscal formulada en contra de la beneficiaria, y cuyo contenido considera lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el expediente 02803-2023-HC, no ha sido expresamente citada en la sentencia suscrita por la mayoría de mis colegas, lo que implica que no se ha efectuado un debido contraste entre los términos de la acusación fiscal actual y lo argumentado por la parte recurrente, más aún cuando se trata de una actuación procesal posterior a la demanda.

En segundo lugar, el Poder Judicial ha estimado que los casos penales en los que se discute si es que los aportes en campaña pueden constituir lavado de activos deben pasar a la fase del juicio oral. En el caso de Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, al que ya se hizo referencia, se precisó, al momento de desestimar la excepción de naturaleza de acción, lo siguiente:

En dicho proceso, en el que se había formulado acusación fiscal en contra de diversos imputados por el delito de lavado de activos por los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011 y por la pertenencia a una organización criminal, se superó el filtro de la etapa intermedia y se pasó a la etapa del juicio oral. De hecho, como es de público conocimiento, se condenó a diversos acusados de la comisión de ambos delitos, pronunciamiento que fue objeto de impugnación y que se encuentra pendiente de resolución.

La tesis asumida por el Ministerio Público en este caso consistía en que, “producto del dinero de origen ilícito que vino para la campaña electoral del 2006, y que también llegó a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para la campaña del 2011, quedó dinero ilícito y con ello han realizado actos de conversión y ocultamiento”. En la sentencia condenatoria de primera instancia, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de Lima, destacó que a los imputados

Al analizar los alegatos expuestos por las partes procesales, el órgano jurisdiccional hizo referencia a la postura asumida por la Corte Suprema en la Sentencia Plena Casatoria 1-2017, en la que se precisó, respecto del delito de lavado de activos, que:

En relación con el caso de la beneficiaria del presente proceso constitucional de habeas corpus, la acusación fiscal vigente sostiene esta teoría del caso:

Ahora bien, en la ponencia suscrita por la mayoría de mis colegas, como ya he referido, no se hace una referencia a la teoría del caso planteada por el Ministerio Público. Se asume, de hecho, conforme se refiere en el fundamento 56, que

Esto implica que, la supuesta modalidad delictiva del lavado de activos habría sido, de conformidad con esta postura, la sola recepción del dinero, aspecto que, para la mayoría de mis colegas, recién se criminalizó en el año 2016. Ahora bien, de la revisión detenida de la acusación fiscal, se puede apreciar que el Ministerio Público estima lo siguiente:

Ciertamente, acreditar todo lo afirmado por el Ministerio Público implica hacer una referencia respecto del nivel de conocimiento del origen de los bienes. Del mismo modo, supone acreditar una posible ventaja. En el escrito de acusación fiscal, se hace referencia a diversas conductas atribuidas a la beneficiaria en las que correspondería demostrar que se otorgó alguna suerte de favor como correspondencia de los montos otorgados. Considero que esta clase de actuaciones corresponden ser probadas al interior del proceso penal, y no asumir, como lo han hecho la mayoría de mis colegas, que nos encontremos ante un asunto de pleno derecho. En ese sentido, la justicia constitucional no puede, en principio, ser empleada para cuestionar la teoría del caso diseñada por el Ministerio Público.

Por otro lado, la ponencia afirma que, a pesar de alegarse procedencia delictiva de los activos entregados, no se haya realizado el mayor esfuerzo por individualizar o delimitar el delito fuente, o precedente a título del cual pueda demostrarse la supuesta ilicitud en el origen de los fondos. Al respecto, en el folio 1766 de la acusación fiscal se señala lo siguiente:

Es importante recordar que, de conformidad con el Ministerio Público, el dinero que ingresó al Partido Político Fuerza Popular para las campañas políticas de los años 2011 y 2016 no solo habría tenido como fuente a Odebrecht (se alude al presunto ingreso de 1 millón de dólares americanos), sino que también involucraría a otros grupos económicos e incluso también se alude, en dicho documento, a otra fuente a dinero proveniente del presunto delito de tráfico ilícito de drogas. En estos casos, se suele referir, en la acusación fiscal, que este dinero tenía como destino las respectivas campañas presidenciales, y cuyo origen ilícito se podía eventualmente presumir, ya que se dificultó la identificación de su origen al ser de dinero no registrado, por lo que podría ser clandestino al tratarse de montos no contabilizados o bancarizados.

En ese sentido, en la acusación constitucional, al hacerse alusión del ilícito de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, se sostiene que

De este modo, de manera contraria a lo señalado en la ponencia, la acusación fiscal sí se refiere al posible delito fuente que justificaría, de comprobarse, la eventual comisión del delito de lavado de activos. Se precisa, del mismo modo, que el ingreso de dinero se hacía al margen de operaciones contables. Así, la acusación fiscal también refiere que este dinero podía presumirse como ilícito para los que lo recibieron en la medida en que, en algunos casos, la entrega de dinero era física y en maletines, lo que volvía esta operación como clandestina y no contabilizada. De hecho, para la fecha de los aportes a la campaña electoral, ya se encontraba en vigencia la Ley 28194, Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, publicada el 26 de marzo de 2004, y que disponía los medios válidos de pago para montos como los referidos en la acusación fiscal, y que, sin embargo, no habría sido observado de conformidad con la teoría del caso planteada.

Al respecto, la ponencia señala que “lo que corresponde evaluar no es el tipo de variantes del delito de lavado de activos para en función a ello escoger discrecionalmente cual es el que se utiliza como elemento de imputación, sino la conductas o hechos atribuido, a fin de verificar si estos últimos se corresponden o no con el tipo penal vigente al momento de materializadas tales conductas o hechos”¹³⁶. Estimo que, en la medida en que la acusación fiscal alude a una modalidad delictiva vigente al momento en que posiblemente se hayan cometido los posibles delitos -esto es, la conversión-, la sentencia suscrita por la mayoría pretende, ahora, ingresar a analizar argumentos y cuestiones probatorias que, en todo caso, deberían dilucidarse por la justicia penal ordinaria.

Por lo expuesto, la demanda, en relación con la supuesta vulneración del principio de legalidad penal, debe ser declarada como improcedente.

Finalmente, en el recurso de agravio constitucional y en el desarrollo de la audiencia pública se ha alegado una vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Al respecto, es importante recordar, como lo ha hecho la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que la evaluación de una vulneración de este derecho requiere examinar los siguientes aspectos: i) complejidad del caso; ii) actividad procesal de las partes; iii) conducta y diligencia de la autoridad judicial, y, finalmente, iv) la incidencia en la esfera jurídica de la persona afectada.

Antes de analizar la posible vulneración de este derecho, estimo importante señalar que comparto las referencias jurisprudenciales que se han mencionado en la sentencia suscrita por la mayoría. Sin embargo, me veo en la obligación de precisar que, en el marco de un proceso constitucional de la libertad, la evaluación de una posible vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable requiere, como requisito fundamental, la revisión de las principales piezas procesales del respectivo expediente penal.

Así, por ejemplo, analizar la eventual complejidad del asunto demanda una referencia expresa a la cantidad de personas investigadas, y al tipo de delitos que se le atribuyen, ya que ello resulta elemental para analizar la cantidad de tiempo transcurrido y si este fue empleado para desarrollar diligencias que permitan esclarecer los hechos al interior del proceso. Esa información también permitiría examinar la cantidad y calidad de elementos de convicción involucrados en el análisis del caso. Sin embargo, tanto en la demanda como en los escritos posteriores, esa información no se ha consignado. En todo caso, la sola referencia a un presunto delito de lavado de activos en el contexto de una organización criminal ya nos brinda importantes factores para estimar que el presente caso reviste complejidad.

Por otro lado, sin la información relativa a las principales piezas procesales tampoco se puede analizar la conducta procesal de las partes. En efecto, esto implicaría la revisión de los escritos presentados con la finalidad de examinar si es que una posible dilación puede ser atribuida a un eventual mal uso de recursos o remedios por parte de la defensa. También supone examinar la conducta desplegada a lo largo del proceso penal, lo cual, evidentemente, no es posible de efectuarse sin la información de la tramitación del caso. Lo anterior también se relaciona con la conducta o diligencia de las autoridades encargadas de la tramitación del proceso penal. Se desconoce, en el trámite de este proceso, cuáles fueron las razones que generaron las devoluciones de las acusaciones fiscales. Estimo que emitir un juicio genérico de las actuaciones del proceso penal sin la revisión de esta información supone presumir negligencia que, por lo menos en este proceso constitucional, no se ha acreditado. De hecho, gran parte de información del proceso penal ha sido aportada por las entidades emplazadas, las cuales han aportado datos que permiten que el Tribunal Constitucional conozca la situación procesal actual de la beneficiaria, la cual se encuentra, como se indicó con anterioridad, con comparecencia simple.

En todo caso, y sin perjuicio de lo expuesto, deseo referirme a la forma cómo la mayoría de mis colegas analizó la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

En relación con el primer elemento, la ponencia señala que, en efecto, el caso es complejo, pero que ello no justifica per se la necesidad de su excesiva prolongación en el caso específico de la beneficiaria puesto que la imputación se circunscribe a dos delitos que, según estima, se relacionan con hechos que serían atípicos. Se sostiene que “a diferencia de un proceso que pueda resultar complejo por la cantidad de procesados, por la variedad de diligencias a realizar o por la dificultad de los medios probatorios que involucre, el actual proceso no justifica una extensión como la producida, cuando la determinación de la situación jurídica de la beneficiaria es en esencia un asunto de puro derecho”¹³⁷.

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, estimo que esa valoración es propia de un análisis penal de una conducta cuyos contornos específicos están siendo objeto de investigación en la justicia ordinaria, y que, por lo demás requieren un análisis dogmático que no es propio de la justicia constitucional. Además, según advierto de la revisión de la acusación fiscal (fojas 1806 de la acusación), se han aportado, como elementos de convicción en general, 1377 (mil trescientas setenta y siete) pruebas documentales, entre las que obran oficios, declaraciones testimoniales, contratos, cartas, actas, informes periciales, partidas registrales y facturas; en el caso de la Carpeta Fiscal 12-2016, se han presentado 328 pruebas documentales; en la Carpeta Fiscal 80-2017, se presentaron 145 pruebas documentales. A ello sería importante añadir la información aportada sobre los incidentes judiciales. En la acusación fiscal, específicamente a partir del folio 2013, se presentaron, a propósito de una incautación, como medida de aseguramiento, de diversos libros contables, y de allanamientos y registros, un total de 94 elementos de convicción. Por otro lado, también existen incidentes de visualizaciones y de levantamiento de secreto de las comunicaciones y secreto bancario, incautaciones, detenciones preliminares y medidas de búsqueda de pruebas y restricción de derechos que han aportado 454 elementos de convicción. Además, también constan 22 pruebas documentales de las asistencias judiciales internacionales, y 06 exhortos consulares. También figuran todas las pruebas aportadas por la defensa técnica de los imputados.

En el requerimiento se menciona la utilidad de cada uno de estos elementos y el delito que permitirían acreditar. En el caso específico de la beneficiaria, en la acusación fiscal, a partir del folio 2073, se señalan 109 pruebas documentales, entre las que figuran actas, oficios, cartas y declaraciones testimoniales, y lo mismo se realiza en relación con cada uno de los imputados en el proceso penal. Comprobar que todos estos elementos no permitirían acreditar, como lo señala la mayoría de mis colegas, el origen ilícito de los bienes o que solo habría operado una receptación patrimonial, considero que es un anticipo de una valoración de una ingente cantidad de elementos probatorios que, en realidad, le correspondería a la justicia penal examinar. En todo caso, considero que permiten comprobar que este caso no solo resulta complejo desde una perspectiva fáctica, sino también jurídica.

Ahora bien, en lo que respecta a la actividad procesales de las partes, la mayoría de mis colegas sostiene que “no se observa comportamientos que puedan considerarse dilatorios o de carácter obstruccionista. La articulación de mecanismos de defensa o de impugnación ha respondido a la situación jurídica en la que se ha encontrado la beneficiaria”¹³⁸. Respecto de este punto, y como ya lo he señalado, resulta ciertamente problemático efectuar alguna afirmación categórica sobre el comportamiento de los sujetos procesales sin que se conozcan, con detenimiento, los pedidos presentados al interior del proceso penal. Esto obedece a que no se encuentran adjuntas a los escritos presentados en este habeas corpus todas las copias de las actuaciones desarrolladas en las investigaciones por los delitos imputados.

En lo que se refiere a la conducta de las autoridades emplazadas, en la ponencia se indica que

nos encontramos con prácticamente diez años de actividad procesal y un reinicio del proceso hasta su fase intermedia, es decir aquella posterior a la investigación preparatoria y anterior al inicio del juicio oral. Otra vez y ante el nuevo pedido de acusación presentado con fecha 02 de julio del 2025 por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima –Primer Despacho- Equipo Especial, el Juzgado de Investigación Preparatoria tendrá que volver a realizar un control formal y sustancial de la misma, sin que se conozca a ciencia cierta cuando será exactamente la fecha en que se definirá la condición de la beneficiaria” (fundamento 73 de la sentencia).

He mencionado en este voto que, debido a la complejidad del caso y a que no se han adjuntado diversas piezas procesales en el expediente, no creo que la justicia constitucional pueda decretar, sin más, una vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Del mismo modo, he explicado que, de la sola revisión de la acusación fiscal, se verifica la existencia de una importante cantidad de elementos de convicción que, dado su número y complejidad, resulta natural que existan dificultades no solo en su obtención, sino también en su incorporación al proceso y a la superación de los filtros judiciales. Ahora bien, considerando el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso penal, resulta importante que, ante la nueva acusación fiscal, la autoridad jurisdiccional, en el marco del control de la acusación, adopte una decisión que permita resolver la situación jurídica de la favorecida.

Por último, en lo que respecta, a la eventual incidencia en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, la sentencia suscrita por la mayoría sostiene que

Considero que, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este elemento supone evaluar la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, estimando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Esto implica que, si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia¹³⁹.

Sobre ello, estimo pertinente agregar que, si bien en la actualidad la beneficiaria cuenta con una medida de comparecencia simple, lo cierto es que se han advertido episodios en los que ha sido privada de su libertad. Lo anterior implica que, en el caso particular que se examina, la duración del proceso ha tenido un especial impacto en su esfera personal y jurídica, a lo que se puede agregar el posible estado de incertidumbre al no existir una resolución judicial que resuelta su situación jurídica.

Debe estimarse, por lo demás, que, al tratarse de un proceso penal, este tiene un importante impacto en el ciudadano. En efecto, la garantía de un juicio sin dilaciones pretende asegurar que la incertidumbre que entraña ser imputado de un delito, pese a la presunción de inocencia, no se prolongue de forma innecesaria en el tiempo¹⁴⁰. En ese sentido, la justicia constitucional y penal no pueden ser indiferentes frente a una eventual dilación injustificada del proceso judicial. De este modo, resulta indispensable exhortar a la autoridad judicial competente para que, en el plazo más breve posible, pueda adoptar la decisión judicial que resuelva la situación jurídica de la beneficiaria.

Por todo lo expuesto, no considero que existan elementos en el expediente que permitan concluir, de forma categórica, que se ha vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En ese sentido, ante la falta de documentación, considero que la demanda debe ser declarada como improcedente en este punto, sin perjuicio de los eventuales controles que se puedan efectuar con posterioridad al interior del propio proceso. Sin embargo, y en la medida en que el proceso penal se ha desarrollado durante una importante cantidad de tiempo, lo cual ha incidido en la esfera personal de la beneficiaria, sí considero relevante exhortar a las autoridades emplazadas de adoptar aquellos actos procesales que sean pertinentes para definir su situación jurídica.

He advertido que, en este caso, no existe la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo, y ello porque, en la actualidad, no existe alguna medida que incida en el derecho a la libertad individual de la beneficiaria. Por otro lado, y en la medida en que el proceso penal ha vuelto a la etapa intermedia, existen diversos filtros y controles en los que se puede examinar todo lo relativo a una supuesta atipicidad de la conducta delictiva, ya que, como se ha recordado en jurisprudencia constante del Tribunal, no le corresponde a la justicia constitucional elaborar juicios de subsunción o analizar el eventual nivel de culpabilidad, más aun sin que exista algún pronunciamiento judicial definitivo y sin que se hayan analizado todas las pruebas aportadas por las partes procesales. También considero que, ante la falta de piezas procesales en el expediente, no es posible formular un juicio categórico sobre una eventual vulneración del derecho al plazo razonable, sin perjuicio de exhortar a las autoridades competentes de adoptar las medidas necesarias para resolver la situación jurídica de la beneficiaria.

Fojas 93 del expediente↩︎
Fojas 3 del expediente↩︎
Expediente 00299-2017-304-5001-JR-PE-01↩︎
Carpeta Fiscal 55-2017 (acumulada Carpeta Fiscal 80-2017 y 12-2016)↩︎
Fojas 51 del expediente↩︎
Fojas 57 del expediente↩︎
Fojas 71 del expediente↩︎
Carpeta Fiscal 55-2017 (acumulada Carpeta Fiscal 80-2017 y 12-2016)↩︎
El proceso penal, sin embargo, también puede tener una finalidad restaurativa.↩︎
Priori, G. (2025). El proceso en el Estado constitucional. Lima: Palestra, p. 106.↩︎
Sentencia recaída en el Expediente 00217-2002-HC, fundamento 2↩︎
Código Procesal Constitucional de 2004: Artículo V.- Interpretación de los Derechos Constitucionales El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.

Código Procesal Constitucional de 2021: Artículo VIII. Interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos.↩︎
Cfr. Bacigalupo, Enrique; Principios constitucionales de Derecho penal. Buenos Aires 1999, pp.48-49.↩︎
Cfr. Feuerbach, Anseln Paul von Feuerbach, Tratado de Derecho penal común vigente en Alemania. Traducción de Eugenio Raúl Zaffaroni e Irma Hagemeier. Buenos Aires 2022.↩︎
Cfr. Bacigalupo, Principios constitucionales de Derecho penal. Buenos Aires 1999, pp 55-56.↩︎
Cfr. Bacigalupo, Enrique; Principios constitucionales de Derecho penal. Buenos Aires 1999, p. 56.↩︎
Cfr. Stratenwerth, Gunter; Derecho penal, parte general. Traducción de Manuel Cancio Meliá y Marcelo Sancinetti. Buenos Aires 2008, p. 82.↩︎
Cfr. ZAFFARONI. E. (1998) Tratado de Derecho Penal parte general I. Ediar, p. 140.↩︎
Foja 90 del PDF del documento del Tribunal (Escrito 005518-2025-ES de fecha 16 de julio de 2025).↩︎
Foja 474 del PDF tomo I del documento del Tribunal (Escrito 005997-2025-ES de fecha 12 de agosto de 2025).↩︎
Foja 252 del PDF tomo IV del documento del Tribunal (Escrito 005997-2025-ES de fecha 12 de agosto de 2025).↩︎
Foja 335 del PDF tomo V del documento del Tribunal (Escrito 005997-2025-ES de fecha 12 de agosto de 2025).↩︎
Cfr. fundamento 43.

↩︎
Cfr. PRUNOTTO, A. (2004). Recepción de la analogía en el derecho penal. Cartapacio, No. 7. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5028463, (consultado el 17 de octubre de 2025), p. 36.↩︎
Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención “con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

↩︎
Art. 3. La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:

Homicidio calificado, de conformidad con el art. 108 del CP.

Secuestro, tipificado en el art. 152 del CP.

Trata de personas, tipificada en el art. 153 del CP.

Violación del secreto de las comunicaciones, tipificado en el art. 162 del CP.

Hurto agravado, robo agravado, receptación agravada y estafa agravada, tipificados en los arts. 186, 189, 195, 196-A y 197 del CP.

Pornografía infantil, tipificada en el art. 183-A del CP.

Extorsión, tipificado en el art. 200 el C.P.

Usurpación, en las modalidades tipificadas en los arts. 202 y 204 del CP.

Delitos informáticos, en las modalidades tipificadas en los arts. 207-B y 207-C del CP.

Delitos contra la propiedad industrial, tipificado en el art. 222, del CP.

Delitos monetarios, en las modalidades tipificadas en los arts. 252, 253 y 254 del CP.

Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y demás delitos tipificados en los arts. 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D, del Código Penal.

Delitos contra la salud pública, tipificados en los arts. 294-A y 294-B del CP.

TID, tipificados en la sección II del Capítulo III, del Título XII, del libro segundo del CP.

Trafico de migrantes, tipificados en los arts. 303-A y 303-B del CP.

Delitos ambientales, tipificados en los arts. 310-A, 310-B y 310-C, del CP.

Delito de marcaje o reglaje, tipificado en el art. 317-A del CP.

Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los arts. 319, 320 y 321 del CP.

Delitos contra la Administración Pública, tipificados en los arts. 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del CP.

Falsificación de documentos, tipificado en el art. 427, primer párrafo, del CP.

Lavado de activos, en las modalidades tipificadas en los arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del Decreto Legislativo 1106, de lucha contra el lavado de activos y otros relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado.↩︎
Esta idea fue expuesta en la Ejecutoria Suprema recaída en el Exp. 20-2003-A.V, de fecha 18 de octubre del 2005, fundamento 30. En la doctrina nacional, cfr. Paucar Chappa, Marcial; El delito de Organización criminal. Lima 2016, p. 61.↩︎
Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional de España 48/2003, fundamento 5, tercer párrafo.

↩︎
Tuesta, F. Facturas de la campaña. Disponible en: http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/1990/05/27/facturas-de-la-campana/ (consultado el 10 de octubre de 2025)↩︎
Vargas Llosa, M. El Pez en el agua, Seix Barral Biblioteca Breve, Lima, 1993, p. 89.

↩︎
ZOVATTO, D. El financiamiento político en América latina, en Revista Studia Politicae, No. 40, Córdoba, 2016-2017, p. 39.↩︎
Vid. Dunlap, C. (2001). Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts. En Humanitarian Challenges in Military Intervention Conference, Harvard University↩︎
Vollenweuder, C. & Romano, S. (2017). Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), p.1.↩︎
Zaffaroni. (2019). “Prólogo”. En Lawfare. Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), p.10.↩︎
Laise, L. (2023) La defectuosa construcción del lawfare como mito en Brasil y Argentina: entre la pesadilla y el noble sueño de la neutralidad política en la justicia penal. Ius et Veritas, N° 67, diciembre 2023, p. 217.↩︎
Cfr. Latorre, D. (2024). ¿Lawfare en el Perú? Guerra jurídica, política, justicia y medios de comunicación. Tesis para obtener el grado académico de Magíster en Ciencia Política y Gobierno con Mención en Políticas Públicas y Gestión Pública. Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 47 y ss.↩︎
Cesar Bonesana, Marqués de Beccaria (1978). Tratado de los delitos y de las Penas, Heliasta, Buenos Aires, p. 61.↩︎
Londoño Ayala, César Augusto (2019). Derecho Procesal Penal, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, p. 371.↩︎
Cfr. Expediente 0299-2017.↩︎
En la sentencia recaída en el Expediente 02803-2023-PHC/TC, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda a favor de don José Chlimper Ackerman, por lo que declaró nula la acusación fiscal de fecha 11 de marzo de 2021, y nula la Resolución 28, de fecha 18 de abril de 2022, en el extremo en el que se menciona al referido demandante, emitidas en el proceso penal 00299-2017. Cabe precisar que el señor Chlimper tiene la calidad de coprocesado junto con la favorecida del presente habeas corpus, lo que determinó que ésta también solicitara a su favor la aplicación de los efectos de la citada sentencia constitucional, lo que finalmente ocurrió.↩︎
Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/Expediente-00299-2017-304-5001-JR-PE-01-LPDerecho.pdf (consultado el 7 de octubre de 2025).↩︎
Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/Expediente-299-2017-304-5001-JR-PE-04-LPDerecho.pdf (consultado el 7 de octubre de 2025).↩︎
Fundamento 8 de la sentencia.↩︎
Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/04911-2022-HC.pdf (consultado el 9 de octubre de 2025).↩︎
Fundamentos 20 y 21 de la sentencia.↩︎
Cfr. STC. Expediente 02484-2006-PHC/TC.↩︎
Cfr. STC. Expediente 01823-2012-PHC/TC.↩︎
Cfr. STC. Expedientes 03772-2023-PHC, 00515-2024-PHC, 02874-2024-PHC, 05149-2014-PHC, entre otros.↩︎
Fundamentos 23 a 28 de la sentencia.↩︎
Fundamento 23 de la sentencia.↩︎
Cfr. STC Expediente 04107-2004-HC/TC.↩︎
Fundamento 26 de la sentencia.↩︎
Acuerdo Plenario 02-2023-CSN emitido con fecha 22 de octubre del 2023 en el marco del III Pleno Jurisdiccional 2023 por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.↩︎
Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.↩︎
Casación 1704-2022 TACNA.↩︎
Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c3367080441de23fb0f9f8e5406a4592/Nota+de+prensa+-+Acuerdos+Plenarios+Pleno+Jurisdiccional+Nacional+Penal+-+Iquitos+2025+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c3367080441de23fb0f9f8e5406a4592 (consultado el 7 de octubre de 2025).↩︎
Fojas 14 y 15 del expediente en PDF.↩︎
Entendemos que la demandante se refiere al citado Acuerdo Plenario 02-2023-CSN.↩︎
Cfr. Supra fundamento 19.↩︎
Foja 7 del expediente en PDF.↩︎
Escrito 007415-2025-ES que obra en el cuadernillo del Tribunal Constitucional.↩︎
Artículo 7 Oportunidad de los medios de defensa.-

1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el Fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el Juez y se resolverán necesariamente antes de culminar la Etapa Intermedia.

2. La cuestión previa y las excepciones también se pueden deducir durante la Etapa Intermedia, en la oportunidad fijada por la Ley.

3. Los medios de defensa referidos en este dispositivo, pueden ser declarados de oficio (énfasis agregado).↩︎
Artículo 350 Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales.-

1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas podrán: (…) b) Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos (énfasis agregado).↩︎
Artículo 353 Contenido del auto de enjuiciamiento.-

1. Resueltas las cuestiones planteadas, el Juez dictará el auto de enjuiciamiento. Dicha resolución es recurrible si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienden a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia (énfasis agregado).↩︎
Escrito 007415-2025-ES que obra en el cuadernillo del Tribunal Constitucional.↩︎
Cfr. Fundamento 9.↩︎
Escrito 005987-2025-ES que obra en el cuadernillo del Tribunal Constitucional.↩︎
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zyeMdu6STs8 (consultado el 8 de agosto de 2025).↩︎
STC. Expediente 02758-2004-HC/TC.↩︎
FERRERES COMELLA, Víctor y MIERES MIERES, Luis Javier. Algunas consideraciones acerca del principio de legalidad penal (a propósito de las sentencias 111/1993 y 150/1997 del Tribunal Constitucional) pp. 293-296. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 19, Núm. 55. Enero-Abril 1999.↩︎
FERRERES COMELLA, Víctor y MIERES MIERES, Luis Javier. Algunas consideraciones acerca del principio de legalidad penal (a propósito de las sentencias 111/1993 y 150/1997 del Tribunal Constitucional) p.296. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 19, Núm. 55. Enero-Abril 1999.↩︎
Fundamentos 46-50 de la sentencia.↩︎
Fundamento 51 de la sentencia.↩︎
Fundamento 54 de la sentencia.↩︎
Fundamento 55 de la sentencia.↩︎
Fundamento 56 de la sentencia.↩︎
Fundamento 57 de la sentencia.↩︎
Fundamento 61 de la sentencia.↩︎
Fundamento 61 de la sentencia.↩︎
Fundamento 63 de la sentencia.↩︎
Fundamento 41 de este voto.↩︎
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zyeMdu6STs8 (consultado el 8 de octubre de 2025).↩︎
Cfr. STC. Expediente 04830-2022-PHC/TC, 03543-2022-PHC, 04976-2022-PHC, entre otros.↩︎
Cfr. Fundamento 2 de la sentencia.↩︎
Fundamento 87 de la sentencia.↩︎
Fundamento 88 de la sentencia.↩︎
Fundamentos 89-91 de la sentencia.↩︎
Fundamento 92 de la sentencia.↩︎
02803-2023-PHC/TC.↩︎
Como se advierte de la Resolución 21, del 25 de noviembre de 2022, emitida por la Segunda Sala de Apelaciones Nacional, que le concedió permiso de viaje del 30 de noviembre al 9 de diciembre de 2022 fuera del país. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bf999f00496c206ea705f79026c349a4/29-11+CASO+KEIKO+SEGUNDA+SALA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bf999f00496c206ea705f79026c349a4↩︎
Fundamento 95 de la sentencia.↩︎
Fundamento 96 de la sentencia.↩︎
Fundamento 97 de la sentencia.↩︎
Además, podría tener un efecto en cascada respecto a los demás procesados, como ocurrió en el caso Chlimper . Cfr. Expediente 02803-2023-PHC/TC.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 00161-2023-HC, fundamento 8.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 02929-2022-HC, fundamento 6.↩︎
En la sentencia del expediente 04030-2012-HC (fundamento 5), se indicó que “tratándose de un hábeas corpus conexo la alegada afectación al debido proceso debe redundar en una afectación a la libertad individual. En el caso concreto, la situación jurídica del beneficiario en el proceso penal que se le sigue es la de comparecencia simple, no habiéndose dispuesto ninguna limitación o restricción a su libertad. En consecuencia, no existe agravio al derecho protegido por este proceso constitucional de la libertad”.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 03059-2023-HC, fundamento 5.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 06794-2015-HC, fundamento 5.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 02178-2023-HC, fundamento 5.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 02238-2024-HC, fundamento 5.↩︎
Auto del Tribunal Constitucional en el expediente 04409-2009-HC, fundamento 3.↩︎
Auto del Tribunal Constitucional en el expediente 02718-2008-HC, fundamento 4.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 03058-2022-HC, fundamento 4.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 01486-2024-HC, fundamento 7.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 03432-2022-HC, fundamento 4.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 01378-2024-HC, fundamento 5.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 03082-2022-HC, fundamento 5.↩︎
Corte Suprema de Justicia de la República. Casación Nº 318-2011-LIMA, fundamento 2.6.↩︎
Almanza, Frank (2025). Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: San Bernardo, p. 92.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 02066-2024-HC, fundamento 7. La misma afirmación se efectuó en el expediente 02303-2024-HC, fundamento 7, 02406-2023-HC, fundamento 8.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 01635-2024-HC, fundamento 5.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 01654-2023-HC, fundamento 7.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 03048-2022-HC, fundamento 4.↩︎
Corte Suprema de Justicia de la República. Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116, fundamento jurídico 17.↩︎
Del Río, Gonzalo (2021). La etapa intermedia. Lima: Instituto Pacífico, p. 48.↩︎
Entre otras, se pueden consultar las sentencias expedidas en el marco de los expedientes 02435-2002-HC, 02468-2004-HC; y 05032-2005-HC/TC.↩︎
Yacobucci, Guillermo (2002). El sentido de los principios penales. Buenos Aires: Depalma, pp. 255 y 256.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 05089-2022-HC, fundamento 5.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 04305-2022-HC, fundamentos 3, 4 y 5.↩︎
Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 04666-2022-HC, fundamento 5.↩︎
Ferrer, Beltrán (2007). Los estándares de la prueba en el proceso penal español. En: Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, Nº 15, p. 2.↩︎
Taruffo, Michele (2011). La prueba de los hechos. Madrid: Editorial Trotta, p. 281,↩︎
Castillo Alva, José (2023). La prueba en el proceso penal. Lima: Instituto Pacífico, p. 712.↩︎
Escrito de demanda, fundamento 100.↩︎
Esto se deduce de los criterios mencionados por la Corte Suprema de Justicia de la República al resolver la casación Nº 407-2015-TACNA.↩︎
Corte Suprema de Justicia de la República. Casación 617-2021-LIMA, fundamento vigésimocuarto.↩︎
Rivera, Rodrigo (2011). La prueba: un análisis racional y práctico. Madrid: Marcial Pons, p. 156.↩︎
Corte Suprema de Justicia de la República. R.N Nº 956-2011-UCAYALI, fundamento 3.IV.↩︎
Almanza, Frank (2025). Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: San Bernardo, p. 470.↩︎
Reátegui, James (2022). La etapa intermedia en el Código Procesal Penal. Lima: Instituto Pacífico, p. 44.↩︎
Corte Suprema de Justicia de la República. Casación 617-2021-LIMA, fundamento vigésimoquinto.↩︎
Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Sentencia 249-2015, considerando 4.1.2.1↩︎
Folio 1745 de la acusación fiscal, la cual consta en el documento ingresado con fecha 12 de agosto de 2025.↩︎
Página 384 y 385 de la acusación fiscal.↩︎
Fundamento 56 de la sentencia suscrita por la mayoría.↩︎
Fundamento 87 de la sentencia suscrita por la mayoría.↩︎
Fundamento 88 de la sentencia suscrita por la mayoría.↩︎
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Fornerón e hija contra Argentina. Resolución de 27 de abril de 2012, párr. 75.↩︎
Neyra, José (2015). Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Lima: IDEMSA, p. 170.↩︎

Delitos en concurso real	Normal penal	Pena parcial	Pena concreta
Lavado de activos	Artículo 1 y 3, inciso a) y b) de la Ley 27765	20 años de pena privativa de libertad 730 días de multa	35 años de pena privativa de libertad 730 días multa
Lavado de activos	Artículo 1 y 4 numerales 2) del Decreto Legislativo 1106	16 años y 8 meses de pena privativa de libertad 608 días multa
Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo en concurso ideal Falsedad Genérica	Artículo 411 del Código Penal Artículo 438 del Código Penal	02 años 06 meses de pena privativa de libertad

País	Extranjeras	Organizaciones políticas y sociales	Personas jurídicas	Contratistas de Estado	Anónimas
Argentina	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bolivia	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Brasil	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Colombia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Costa Rica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Chile	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ecuador	Sí	No	No	Sí	Sí
El Salvador	Sí	Sí	No	No	Sí
Guatemala	Sí	Sí	No	No	Sí
Honduras	Sí	No	Sí	Sí	Sí
México	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Nicaragua	No	No	No	No	Sí
Panamá	Sí	No	Sí	No	Sí
Paraguay	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Perú	Sí	No	No	Sí	No
Rep. Dominicana	Sí	No	No	No	No
Uruguay	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Venezuela	Sí	No	No	Sí	Sí