SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 29 días del mes de agosto de 2025, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Domínguez Haro,
Gutiérrez Ticse y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad
con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rosario Ricaldi
Figueroa contra la resolución de foja 290, de fecha 8 de abril de 2025,
expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de
Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo de
autos.
ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 28 de diciembre de 2022,
interpuso demanda de amparo contra amparo contra la aseguradora Mapfre
Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S. A. (Mapfre, en adelante),
a fin de que se le otorgue pensión de invalidez de conformidad con la
Ley 26790, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses
legales correspondientes y los costos del proceso. Alegó que, como
consecuencia de sus actividades laborales, padece de bronquiectasias,
atelectasias laminares, enfermedad pulmonar intersticial e hipoacusia
neurosensorial bilateral.
Mapfre, con fecha 1 de febrero de 2023, contestó la demanda solicitando que se la declare
improcedente o infundada. Sostuvo que, de acuerdo a los medios
probatorios con los que cuenta, el accionante no padece de enfermedad
alguna que le genere el grado de incapacidad alegado, y que el
certificado médico que presenta el actor no constituye un medio
probatorio idóneo para demostrar su enfermedad, pues carece de valor
probatorio de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Además, el centro médico que lo expidió no está
autorizado para emitirlo.
El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución 12, de
fecha 29 de noviembre de 2024, declaró improcedente la
demanda, por estimar que el demandante no ha logrado acreditar en la vía
del amparo la enfermedad que alega padecer, pues no cumplió el
requerimiento de someterse a una nueva evaluación médica ordenada por el
juzgado a fin de establecer su real estado de salud.
La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima, mediante Resolución 3, de fecha 8 de abril de 2025,
confirmó la apelada por similar fundamento.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
El objeto de la demanda es que se otorgue al actor una pensión de
invalidez por enfermedad profesional de conformidad con la Ley 26790 y
su reglamento el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago de las pensiones
devengadas, los intereses legales y los costos procesales.
Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal
Constitucional, son susceptibles de protección mediante el amparo los
supuestos en que se deniegue una pensión de invalidez por enfermedad
profesional, a pesar de cumplirse con los requisitos legales. Por ello,
corresponde analizar si el demandante cumple con los presupuestos
legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión
que reclama, pues, de ser así, se estaría verificando la arbitrariedad
en el accionar de la entidad demandada.
Análisis de la controversia
El Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales) fue inicialmente regulado por el
Decreto Ley 18846 y luego sustituido por la Ley 26790, del 17 de mayo de
1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las
reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Satep) serían
transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
administrado por la ONP.
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente
desde el 14 de abril de 1998, se aprobaron las Normas Técnicas del
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, estableciéndose las
prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o a
los beneficiarios como consecuencia de un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional.
Así, en los artículos 18.2.1 y 18.2.2 del Decreto Supremo
003-98-SA, que aprueba las Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR), se señala que se pagará como mínimo una
pensión vitalicia mensual equivalente al 50 % de la remuneración mensual
al asegurado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional, quedara disminuido en su capacidad para el
trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior al 50 %,
pero inferior a los dos tercios (66.66 %); y una pensión vitalicia
mensual equivalente al 70 % de su remuneración mensual al asegurado que
quedara disminuido en su capacidad para el trabajo en forma permanente
en una proporción igual o superior a los dos tercios (66.66 %).
El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el
Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada el 8 de enero de 2009 en el
portal web institucional, que constituye precedente, ha precisado los
criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del
Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales). En el fundamento 14 de dicha sentencia se
establece que “en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de
una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o pensión de
invalidez conforme a la Ley 26790 la enfermedad profesional únicamente
podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del
Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el
artículo 26 del Decreto Ley 19990”.
Por su parte, la Regla Sustancial 2, contenida en el fundamento
35 de la sentencia emitida con carácter de precedente en el Expediente
05134-2022-PA/TC, señala que el contenido de los informes médicos
emitidos por las comisiones médicas calificadoras de incapacidad del
Ministerio de Salud y de EsSalud pierde valor probatorio, entre otros
supuestos, si se demuestra en el caso concreto que, respecto a estos
informes, la historia clínica no está debidamente sustentada en exámenes
auxiliares con sus respectivos resultados emitidos por especialistas.
Asimismo, en la Regla Sustancial 3 del citado fundamento 35 se establece
que, en caso de que se configure uno de los supuestos señalados en la
Regla Sustancial 2, el juez solicitará que el demandante se someta a una
nueva evaluación médica ante el Instituto Nacional de Rehabilitación, a
fin de corroborar la enfermedad diagnosticada y el grado de incapacidad.
A su vez, en la Regla Sustancial 4, se estableció que: “En caso de
que el asegurado prefiera no someterse a un nuevo examen, se declarará
improcedente la demanda, dejando su derecho para accionar en la vía
ordinaria".
En el presente caso, a fin de acceder a la pensión de invalidez
solicitada, el actor ha adjuntado a la demanda el Certificado Médico
expedido con fecha 4 de enero de 2019, por la Comisión Médica
Calificadora de la Incapacidad del Hospital Eleazar Guzmán Barrón –
Nuevo Chimbote del Ministerio de Salud, en
el que se indica que adolece de bronquiectasias, atelectasias laminares,
enfermedad pulmonar intersticial e hipoacusia neurosensorial bilateral
50
% de
menoscabo combinado y 50.5% de menoscabo global.
De la revisión de autos se advierte que, luego de realizar una
valoración conjunta de las pruebas actuadas, el juez del Quinto Juzgado
Especializado en lo Constitucional de Lima, ante la incertidumbre
surgida respecto al verdadero estado de salud del actor, mediante
Resoluciones 5 y 7, de fechas 14 de abril y 19 de mayo de 2023, le requirió que se someta a un
nuevo examen médico ante el INR, bajo apercibimiento de resolver con los
documentos que obran en autos; y, ante la inasistencia del actor a la
evaluación médica programada por el INR para el 18 de octubre de 2024 y,
teniendo en cuenta que la aseguradora demandada cumplió con abonarle los
conceptos de pasaje, hospedaje y viáticos,
mediante Resolución 10, del 6 de noviembre de 2024,
solicitó al demandante que informe sobre la realización del examen
médico ordenado. Ahora bien, el actor, con escrito de fecha 16 de
noviembre de 2024, señaló que no pudo asistir a la
evaluación médica programada debido a que no obtuvo permiso de su
empleadora y, ante ello, el juez de primera instancia mediante
Resolución 11, de fecha 28 de noviembre de 2024,
dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado, resolución que no
fue cuestionada por el actor. Asimismo, en sus recursos de apelación y
de agravio constitucional, el demandante
manifiesta que el certificado médico que presentó tiene plena eficacia
probatoria, pues cumple los requisitos establecidos en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, por lo que se acredita debidamente que
padece de enfermedades profesionales. Ello importa una negativa del
demandante a someterse a la evaluación médica ordenada que permita
dilucidar la incertidumbre sobre su real estado de salud.
Por tanto, y en atención a que el recurrente no cumplió con lo
ordenado en el mandato judicial respecto a someterse voluntariamente a
una nueva evaluación médica, corresponde declarar improcedente la
demanda, en aplicación de la Regla Sustancial 4 establecida en el
Expediente 05134-2022-PA/TC, que constituye precedente de observancia
obligatoria, y dejar a salvo su derecho para que haga valer su
pretensión en la vía ordinaria.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
GUTIÉRREZ TICSE
OCHOA CARDICH