EXP. N.° 02372-2022-PA/TC
LIMA
ÓSCAR MIGUEL OTOYA LA
CUNZA

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de octubre de 2024, los magistrados Pacheco Zerga (presidenta), Domínguez Haro, (vicepresidente), Morales Saravia, con fundamento de voto que se agrega, Gutiérrez Ticse, con fundamento de voto que se agrega, Monteagudo Valdez, con fundamento de voto que se agrega, Ochoa Cardich y Hernández Chávez, con fundamento de voto que se agrega, han emitido el presente auto. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Miguel Otoya La Cunza contra la resolución de 19 de abril de 20221, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A QUE

  1. El 12 de julio de 2021, don Óscar Miguel Otoya La Cunza interpuso demanda de amparo2 contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Ministerio Público, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Solicitó la nulidad del proceso electoral del año 2021 y de todos los actuados por el JNE, la ONPE y el Reniec “por vulneración manifiesta de derechos fundamentales, que a través de fraude público y manifiesto, inciden en el derecho electoral” (sic).

Afirmó que los hechos vulneratorios de sus derechos son públicos, por lo que son conocidos por la población y “no requieren probanza”. Precisó que la “presente acción de amparo no es contra ningún poder del Estado, sino es, entre otros, contra el Presidente de la República, quien está obligado a cumplir con el principio de neutralidad, conforme al quinto párrafo del art. 31 de la Constitución”3.

Refirió que los órganos del sistema electoral vienen avalando una serie de actos fraudulentos, burlando la Constitución y la ley. Así, se aceptó la inscripción de una lista con una sola vicepresidencia en abierta vulneración del artículo 104 y siguientes de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y, además, la candidata a dicha vicepresidencia no renunció al cargo de funcionaria pública del Reniec, vulnerando el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Detalló que hubo negativa de la ONPE y el Reniec a entregar copias del padrón electoral; que se aprobaron actas electorales con firmas falsas; que se aprobó la participación de no menos de 300 000 fallecidos en las elecciones; que se aprobó la inclusión de menores de edad en el padrón electoral y estos suscribieron actas de escrutinio; que se anularon cientos de actas donde ganó con alta votación la candidata de “Fuerza Popular”; que se aprobaron actas solicitadas por “Perú Libre” donde no hay ningún voto para la candidata de “Fuerza Popular”, pese a que en la primera vuelta ganó en dichas mesas; que fueron permisivos en la insertación de votos en las ánforas y que todos estos votos fueron para “Perú Libre”; que el Ministerio Público abdicó de intervenir por el caso de las firmas falsificadas, pese a ser evidencias de delitos; entre otros hechos.

En su opinión, estos sucesos vulneran su “derecho fundamental de elecciones, que contiene la transparencia y respeto de la voluntad popular”4 (sic); y sus derechos al cumplimiento del principio de neutralidad por parte del Presidente de la República5, a que los órganos del sistema electoral cumplan sus funciones sin fraude6, “el derecho fundamental a que se inscriba la postulación del presidente y de los dos vicepresidentes, en lista completa”7 (sic), “el derecho a la obligatoriedad de la ley”8 (sic), “el derecho fundamental a que se cumpla con la legalidad, sin omisión de denuncia, por abdicación, del Ministerio Público9 (sic) y el “principio-derecho-garantía del debido proceso electoral”10 (sic).

  1. Mediante la Resolución 1, de 19 de julio de 202111, el Decimoprimer Juzgado Constitucional, Subespecializado en Asuntos Tributarios, Aduaneros e Indecopi de Lima, declaró improcedente la demanda, en aplicación del artículo 5, inciso 1 Código Procesal Constitucional de 2004, por considerar que el actor no sustentó su demanda, pues en lo único que basó sus alegatos es en hechos señalados en los noticieros, periódicos y el buscador google, sin precisarlos o que constituyen noticias falsas.

  2. A través de la Resolución 3, de 19 de abril de 2022, la Sala superior revisora, confirmó la apelada, por sustracción de la materia.

  3. Este Tribunal considera que, en el caso de autos, hay un indebido rechazo liminar de la demanda.

  4. En efecto, el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, permitía el rechazo liminar de la demanda, pero siempre que la demanda resultara «manifiestamente improcedente», como expresaba dicho artículo. La jurisprudencia de este Tribunal se encargó de resaltar que esa facultad constituía una herramienta válida a la que sólo cabía acudir cuando no existía duda de la carencia de verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental12.

  5. No se aprecia en la demanda de autos una manifiesta improcedencia, por lo que se requiere del contradictorio para poder resolver.

  6. Por lo tanto, en aplicación del artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, deben anularse las resoluciones que han incurrido en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad todo lo actuado desde la calificación de la demanda y disponer que sea admitida a trámite.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

  1. Declarar NULA la Resolución 1, de 19 de julio 2021, expedida por el Decimoprimer Juzgado Constitucional, Subespecializado en Asuntos Tributarios, Aduaneros e Indecopi de Lima, que declaró improcedente la demanda; y NULA la Resolución 3, de 19 de abril de 2022, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la apelada.

  2. ORDENAR la admisión a trámite de la demanda en la primera instancia del Poder Judicial.

Publíquese y notifíquese.

SS.

PACHECO ZERGA

DOMÍNGUEZ HARO

MORALES SARAVIA

GUTIÉRREZ TICSE

MONTEAGUDO VALDEZ

OCHOA CARDICH

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

PONENTE PACHECO ZERGA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

MORALES SARAVIA

Con el debido respeto por la posición de mis colegas magistrados, si bien estoy de acuerdo con lo resuelto, considero necesario hacer las siguientes precisiones:

Como ya se ha señalado en reiteradas oportunidades, el uso de la facultad de rechazar liminarmente la demanda constituía, otrora, una herramienta válida a la que solo cabía acudir cuando no existía mayor margen de duda de la carencia de elementos que generen verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental; lo que supone que, si existían elementos de juicio que admitían un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establecía tal rechazo liminar resultaba impertinente. No obstante, con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), su artículo 6 establece que no cabe el rechazo liminar de la demanda en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento.

Asimismo, cabe señalar que, conforme a la Primera Disposición Complementaria Final del citado Código Procesal Constitucional, las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite.

En tal sentido, si bien el Nuevo Código Procesal Constitucional no se encontraba vigente cuando el juez de primera instancia decidió rechazar liminarmente la demanda, sí lo estaba cuando la Sala superior absolvió el grado. Por tanto, no correspondía que la Sala revisora confirmase la decisión de primer grado, sino que, por el contrario, declarase su nulidad y ordenase la admisión a trámite de la demanda.

Por lo expuesto, corresponde aplicar el artículo 116 del nuevo Código Procesal Constitucional, el cual faculta a este Tribunal, frente a resoluciones que han sido expedidas incurriéndose en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión, a anularlas y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la configuración del vicio, esto es, en el presente caso, nulificar todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta se realice conforme a las reglas procesales ahora vigentes.

S.

MORALES SARAVIA


FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

GUTIÉRREZ TICSE

Sin perjuicio de suscribir la ponencia, considero necesario expresar lo siguiente:  

  1. El 24 de julio de 2021 entró en vigor el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), estableciendo en su artículo 6 que no cabe el rechazo liminar de la demanda en los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento.

  2. Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Nuevo CPCo señaló que las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite.

  3. En tal sentido, es la aplicación inmediata del Nuevo CPCo a los casos en trámite, la que, en el presente caso, habilita la aplicación del artículo 116 de dicho cuerpo normativo, a fin de anular lo actuado y ordenar su admisión a trámite, de conformidad con las normas vigentes.

S.

GUTIÉRREZ TICSE


FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MONTEAGUDO VALDEZ

Conforme a la jurisprudencia hoy vigente del Tribunal Constitucional, en casos como el presente, en el que llega a este órgano colegiado un proceso constitucional que ha sido objeto de un doble rechazo liminar en las instancias previas, corresponde declarar nulo lo actuado y disponer la admisión a trámite de la demanda en sede del Poder Judicial. Esto es así, con base en los artículos 6 (prohibición de rechazar liminarmente las demandas de tutela de derechos fundamentales) y la primera disposición complementaria final (aplicación inmediata de las reglas procesales del Código incluso a los procesos en trámite) del nuevo Código Procesal Constitucional.

Por tanto, en el presente caso, conforme a lo dispuesto por los citados artículo 6 y la primera disposición complementaria final del Código, corresponde nulificar todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta sea admitida y se tramite conforme a las reglas procesales ahora vigentes.

S.

MONTEAGUDO VALDEZ


FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Sin perjuicio de suscribir la ponencia, estimo pertinente precisar lo siguiente:

  1. El motivo que me lleva a votar a favor de la admisión a trámite de la presente demanda, presentada bajo la vigencia del Nuevo Código Procesal Constitucional, es que estimo que se ha producido un indebido rechazo liminar de la demanda en las instancias previas.

  2. El 24 de julio de 2021 entró en vigor el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), que estableció en su artículo 6 que no cabe el rechazo liminar de la demanda en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento.

  3. Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Código Procesal Constitucional señaló que las nuevas normas procesales son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite.

  4. De igual forma, corresponde aplicar el artículo 116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual faculta a este Tribunal, frente a resoluciones que han sido expedidas incurriéndose en vicios procesales que inciden en el sentido de la decisión, a anularlas y retrotraer el proceso hasta el estado inmediato anterior a la configuración del vicio, esto es, en el presente caso, nulificar todo lo actuado hasta la calificación de la demanda y disponer que esta se realice conforme a las reglas procesales ahora vigentes.

S.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ

  1. Folio 149.↩︎

  2. Folio 22.↩︎

  3. Folio 23.↩︎

  4. Folio 27.↩︎

  5. Folio 27.↩︎

  6. Folio 28.↩︎

  7. Folio 28.↩︎

  8. Folio 28.↩︎

  9. Folio 28.↩︎

  10. Folio 29.↩︎

  11. Folio 77.↩︎

  12. Cfr. por todas, la recaída en el Exp. 03321-2011-PA/TC, ubicable en https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03321-2011-AA%20Resolucion.pdf↩︎