SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 30 días del mes de septiembre de 2025, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Domínguez Haro, Gutiérrez Ticse y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia.
Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Paolo Aldea Quincho, abogado de don Víctor Hugo Navarro García, contra la Resolución 6, de fecha 3 de mayo de 2024¹, expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de febrero de 2024, don Félix Paolo Aldea Quincho, abogado de don Víctor Hugo Navarro García, interpone demanda de habeas corpus², y la dirige contra don José Ruperto Merino Iberos, juez del Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; contra los jueces don Raúl Humberto Solano Chambergo, don Erwin Guzmán Quispe Díaz y don River Bravo Hidalgo, integrantes de la Segunda Sala Superior Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; y, contra el procurador público de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Denuncia la vulneración de los derechos de defensa, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal.

Solicita que se declare la nulidad de: (i) la Sentencia 160-2023, Resolución 6, de fecha 20 de julio de 2023³, que condenó a don Víctor Hugo Navarro García a seis años de pena privativa de la libertad, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual⁴;
(ii) la sentencia 246-2023, Resolución 12, de fecha 8 de noviembre de 2023⁵, que confirmó la precitada sentencia condenatoria.

El recurrente sostiene que, en el proceso penal seguido en contra del favorecido por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, ha sido condenado a seis años de pena privativa de la libertad, decisión que, al ser impugnada, fue confirmada por la Sala Superior.

El recurrente refiere que, durante la investigación preparatoria,
la defensa técnica del beneficiario solicitó acogerse al proceso especial de terminación anticipada, solicitud que fue aceptada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, razón por la que se elaboró el acta de acuerdo provisional sobre la pena, reparación civil, y demás consecuencias accesorias para la celebración de la audiencia de terminación anticipada de fecha 24 de abril de 2014, documento en el que se acuerda la disminución de la pena a cuatro años de pena privativa de la libertad y su conversión en una pena de prestación de servicio comunitario. Esto, debido al beneficio por dicho acogimiento, aunado a la reducción de doce meses más por criterios de proporcionalidad y razonabilidad de la pena, sanción que fue aceptada por el juez de la causa, quien emite la Resolución 3, de fecha 4 de junio de 2015⁶, y resuelve aprobar el citado acuerdo y, en consecuencia, impuso la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad, la que se ejecutaría en doscientos ocho jornadas de prestación de servicios comunitarios.

Señala que la defensa de la agraviada interpuso recurso de apelación contra la precitada resolución, siendo anulada por la Segunda Sala Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, mediante Resolución 10, de fecha 25 de agosto de 2015⁷, en la medida que no consideró justificada la aplicación de la reducción de los doce meses. Posteriormente, la fiscalía presentó su requerimiento acusatorio con la propuesta de una pena de seis años de pena privativa de la libertad, por lo que luego de realizado el juicio oral, se emitió la sentencia condenatoria sin aplicar de manera correcta la determinación judicial de la pena, razón por la que interpuso el recurso de apelación.
Ante ello, la Sala Superior confirmó la sentencia condenatoria,
sin pronunciarse sobre la realización del hecho delictivo por parte del favorecido en estado de ebriedad.

Por otro lado, indica que se le ha afectado el derecho de defensa, en la medida que el letrado que ejerció su patrocinio realizó una defensa ineficaz, puesto que no conocía ciertos criterios de punibilidad en torno a su disminución, lo que coadyuvaría con la reducción de la pena, hasta por debajo del mínimo. En efecto, estima que su defensa técnica si bien solicitó la terminación anticipada, no planteó ni acordó una disminución de la pena por la causal del estado de ebriedad en que se encontraba el favorecido durante el hecho imputado.

Alega que tanto la agraviada como la psicóloga que elaboró la Pericia Psicológica 00001-2015-PSC, acreditan el estado de ebriedad, aspecto en el que la defensa técnica del beneficiario no incidió, a efecto de que se reduzca la pena impuesta, por lo que estuvo en estado de indefensión durante todo el proceso penal, pues permitió que se le impusiera la sanción de seis años de pena privativa de la libertad, y no le informó que era mejor acogerse a la conclusión anticipada.

Agrega que también se afectó el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en la medida que, pese a que ha quedado acreditado el estado de ebriedad del favorecido en el momento de acaecidos los hechos, los jueces emplazados no han determinado debidamente la imposición de la pena, pues no está justificado por qué no se puede aplicar una disminución de la pena por debajo del mínimo legal por el estado de ebriedad.

El Primer Juzgado Constitucional de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Resolución 1, de fecha 20 de febrero de 2024⁸, admitió a trámite la demanda de habeas corpus.

La procuradora pública adjunta a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contestó la demanda de habeas corpus, y solicita que sea declarada improcedente, al considerar que el demandante pretende que se realice la reevaluación y revaloración de los medios probatorios, aspecto que es competencia de la judicatura ordinaria y no constitucional. Aunado a ello, estima que no se evidencia vulneración alguna que deba ser analizada en la vía constitucional, sino que, por el contrario, se verifica que las decisiones judiciales cuestionadas han sido emitidas en base a las pruebas incorporadas al proceso penal que sirvieron para determinar la responsabilidad penal del favorecido. Finalmente, considera que no se ha interpuesto el recurso de casación establecido en el artículo 427, inciso 2, del Nuevo Código Procesal Penal, por lo que no tiene la calidad de firme.

El Primer Juzgado Constitucional de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante sentencia, Resolución 3, de fecha 26 de marzo de 2024⁹, declaró infundada demanda de habeas corpus, bajo el argumento de que las decisiones judiciales se encuentran motivadas y, específicamente sobre el estado de ebriedad, no ha existido análisis ni debate, toda vez que ni siquiera fue invocado por el recurrente en el recurso de apelación, motivo por el cual no existía razón alguna para emitir pronunciamiento al respecto. También, reitera que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que no es competencia de la judicatura ordinaria la subsunción de la conducta y la graduación de la pena.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, confirma la sentencia apelada, por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la Sentencia 160-2023, Resolución 6, de fecha 20 de julio de 2023, que condenó a don Víctor Hugo Navarro García a seis años de pena privativa de la libertad, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual¹⁰; y, su confirmatoria, la sentencia de vista, Resolución 12, de fecha 8 de noviembre de 2023.

2. Se alega la vulneración de los derechos de defensa, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal.

Análisis del caso

3. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso 1, que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella.

4. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación específica del tipo penal imputado; a la resolución de los medios técnicos de defensa; a la realización de diligencias o actos de investigación; a efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva de la judicatura ordinaria, salvo que se afecte de manera irrazonable y evidente los derechos fundamentales.

5. Asimismo, el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia,
   ha establecido que la determinación de la pena y su graduación dentro del marco legalmente establecido son competencia exclusiva de la judicatura ordinaria. Por tanto, el quantum de pena asignado dentro del marco legalmente establecido conforme a los límites mínimos y máximos del Código Penal, sea esta de carácter efectivo o suspendido, es un asunto que corresponde determinar a la justicia penal. En efecto, la asignación de la pena obedece a una declaración previa de culpabilidad efectuada por el juzgador ordinario, quien, en virtud de la actuación probatoria realizada al interior del proceso penal, llega a la convicción de la comisión de los hechos investigados, su autoría y el grado de participación del inculpado.¹¹

6. Pues bien, en el presente caso, esta Sala del Tribunal Constitucional aprecia que, si bien el actor alega la vulneración de diversos derechos constitucionales, sin embargo, de lo actuado, en realidad, se observa que su propósito es cuestionar la apreciación de los hechos y la pena impuesta, que se considera debió fijarse por debajo del mínimo, debido a que en el proceso penal quedó acreditado que se encontraba en estado de ebriedad, aspecto que debió redundar en la aludida disminución. En su opinión,
   los jueces emplazados debieron justificar por qué no correspondía una sanción por debajo del mínimo legal, teniendo en consideración el estado de ebriedad en el que se encontraba el ahora favorecido, lo que juzga terminó con imponérsele una pena desproporcionada.

7. En consideración de esta Sala del Tribunal Constitucional,
   de los argumentos expuestos por el demandante a fin de sustentar los términos de su demanda, se observa que el habeas corpus tiene la finalidad de cuestionar la apreciación de los hechos, la calificación penal, la valoración de las pruebas y el quantum de la pena impuesta. Dichos cuestionamientos, sin embargo, resultan manifiestamente incompatibles con la naturaleza del proceso constitucional de habeas corpus al tratarse de asuntos que corresponde dilucidar a la justicia ordinaria.

8. Por otro lado, el demandante denuncia la vulneración del derecho de defensa, al considerar que el favorecido fue asistido por una defensa ineficaz, que no ha perseguido la reducción de la pena por debajo del mínimo legal, que no postuló la existencia de una causal de disminución de punibilidad por haberse encontrado en estado de ebriedad, y que no lo asesoró en forma debida, a efectos de tener una sanción menor y que debió optar por la conclusión anticipada, entre otros aspectos que cuestiona.

9. Al respecto, en relación con la afectación del derecho de defensa por parte de un abogado de elección, este Tribunal Constitucional ha indicado que el reexamen de estrategias de defensa de un abogado de libre elección,
   la valoración de su aptitud al interior del proceso penal y la apreciación de la calidad de defensa de un abogado particular, como en el caso de autos, se encuentra fuera del contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa por lo que no corresponde ser analizada vía el proceso constitucional de habeas corpus.¹²

10. En el presente caso, esta Sala del Tribunal Constitucional aprecia que don Víctor Hugo Navarro García estuvo asesorado por un abogado de su libre elección, conforme lo ha referido el recurrente en el numeral 6, del recurso de apelación¹³, por lo que se advierte que el cuestionamiento invocado sobre la defensa ejercida alude a un reexamen de las estrategias efectuadas por el abogado de su libre elección, así como a la valoración de sus aptitudes al interior del proceso penal. Por ello, también corresponde desestimar dicho extremo de la demanda.

11. Por consiguiente, la reclamación del recurrente no está́ referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, por lo que resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

DOMÍNGUEZ HARO

GUTIÉRREZ TICSE

OCHOA CARDICH

PONENTE OCHOA CARDICH