SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 29 días del mes de septiembre de 2025, la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Domínguez
Haro, Gutiérrez Ticse y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia.
Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de
conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edmundo Carmelo
Quenaya Calle contra la resolución de fojas 217, de fecha 28 de agosto
de 2024, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 5 de octubre de 2023, el recurrente interpone demanda de
amparo, subsanada con fecha 24 de octubre
de 2023, contra la Universidad Nacional de
San Agustín. Cuestiona la Resolución de Consejo Universitario 368-2023,
de fecha 29 de agosto de 2023, que declara infundado el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución del Consejo
Universitario 251-2023, de fecha 6 de junio de 2023; en consecuencia,
solicita que se le reconozca su derecho a continuar en la situación
laboral de docente principal. Alega que se han afectado sus derechos al
libre ejercicio de la carrera docente, a la titularidad de su categoría
como profesor principal, a la prohibición de rebajar las remuneraciones,
al estado social de derecho, a la cosa juzgada y al trabajo, entre
otros.
Refiere que es profesor principal a dedicación exclusiva en la
Facultad de Economía de la UNSA desde 1993, cargo al que accedió tras un
proceso de ascenso cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley
Universitaria 23733, luego de una trayectoria docente que comenzó en
1978 como jefe de prácticas. Afirma que la resolución que rebaja su
categoría vulnera sus derechos fundamentales al aplicar retroactivamente
nuevas normas sobre adecuación al régimen docente, desconociendo
derechos adquiridos y consolidados mediante actos administrativos firmes
que nunca fueron impugnados, y que, por tanto, han adquirido la calidad
de cosa juzgada. Sostiene que la Universidad no valoró debidamente los
argumentos ni las pruebas presentadas, y que la pretendida “adecuación”
va en contra la Constitución y la Ley 27444.
El Segundo Juzgado Constitucional de Arequipa, mediante Resolución 2,
de fecha 17 de noviembre de 2023, admitió a trámite la demanda de
amparo .
La apoderada judicial de la Universidad Nacional de San Agustín
contestó la demanda, solicitando que se la declare infundada o
improcedente. Señala que la entidad que representa actuó dentro del
marco de su autonomía universitaria, amparada por la Constitución y la
Ley Universitaria 30220, la cual exige para el cargo de profesor
principal contar con título profesional, grado de doctor con estudios
presenciales, y haber sido previamente profesor asociado. Indica que la
ley otorgó un plazo de adecuación de cinco años a los docentes que no
cumplían dichos requisitos, plazo que fue ampliado sucesivamente hasta
diciembre de 2023. Alega que el actor, a la fecha de expedición de la
resolución administrativa que cuestiona, no contaba con grado de doctor
ni estudios presenciales acreditados antes del 30 de noviembre de 2021,
por lo cual fue recategorizado como profesor asociado.
El Segundo Juzgado Constitucional de Arequipa, mediante Resolución 6,
de fecha 12 de febrero de 2024, declaró infundada la demanda, por
considerar que el demandante inició su carrera en la UNSA en 1978 y que
fue promovido a profesor principal en 1993 al amparo de la antigua Ley
Universitaria 23733. Agrega que, en el 2014, con la entrada en vigencia
de la nueva Ley Universitaria 30220 se establecieron nuevos requisitos
para dicha categoría, incluyendo el grado de doctor con estudios
presenciales. Se otorgaron varios plazos de adecuación a dicha norma y
para beneficiarse de ello era necesario haber estado cursando un
posgrado al 30 de noviembre de 2021, hecho que el demandante no
acreditó. Por ello, la Universidad lo recategorizó como profesor
asociado mediante las resoluciones administrativas que ahora cuestiona,
las cuales resultan válidas y conforme a ley.
La Sala Superior revisora confirmó la apelada, por considerar que el
demandante, pese a haber sido profesor principal bajo la antigua Ley
Universitaria, no cumplió los nuevos requisitos establecidos por la Ley
30220, vigente desde el año 2014, ni acreditó adecuarse dentro del plazo
legal otorgado, por lo cual la Universidad procedió a recategorizar al
actor conforme al marco legal vigente. En ese sentido, no existe amenaza
o vulneración a los derechos constitucionales invocados en la demanda.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
El recurrente interpuso demanda de amparo contra la Universidad
Nacional de San Agustín (UNSA). Cuestiona la Resolución de Consejo
Universitario 368-2023, de fecha 29 de agosto de 2023, que declaró
infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución
de Consejo Universitario 251-2023, de fecha 6 de junio de 2023; en
consecuencia, solicita que se le reconozca su derecho a continuar en la
situación laboral de docente principal.
Procedencia de la demanda
Debe señalarse que, en el presente caso, la pretensión contenida
en la demanda supera el análisis de pertinencia de la vía
constitucional, toda vez que se verifica la necesidad de tutela urgente
derivada de la relevancia del derecho (STC 02383-2013-PA), dado que de
autos se advierte la avanzada edad del demandante (76 años). Por tanto,
el proceso de amparo es idóneo para resolver la controversia de
autos.
Análisis de la controversia
El demandante sostiene que la universidad demandada ha dispuesto
su recategorización a la categoría de profesor asociado, pese a que aún
estaba en vigor el plazo de adecuación otorgado por la Ley 31364,
vigente hasta el 30 de diciembre de 2023 y prorrogado posteriormente por
la Ley 31964 hasta el 30 de diciembre de 2025. Alega que, al no haberse
verificado debidamente si cumplía la condición legal exigida, la medida
adoptada vulnera los derechos que adquirió al amparo de la Ley
Universitaria 23733. A su entender, esta actuación podría traer como
consecuencia una disminución en su remuneración, la pérdida de su
estabilidad laboral o la afectación de la condición docente obtenida
bajo el marco legal anterior, generando así una transgresión al
principio de irretroactividad de la ley y al derecho al trabajo
reconocido constitucionalmente.
De autos se advierte que el demandante fue nombrado profesor
principal en el Departamento Académico de Economía en la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional de San Agustín a partir del 1 de
enero de 1993, conforme a la constancia oficial de fecha 19 de noviembre
de 2020.
Respecto al plazo de adecuación de docentes de las universidades
pública y privada a la Ley 30220, la Tercera Disposición Complementaria
Transitoria de dicha ley establece lo siguiente:
TERCERA. Plazo de adecuación de docentes de la universidad
pública y privada
Los docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en
vigencia de la presente Ley, tienen hasta cinco (5) años para adecuarse
a esta; de lo contrario, son considerados en la categoría que les
corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda.
(*)
Asimismo, cabe mencionar que, de conformidad con el artículo
4 del Decreto Legislativo 1496, publicado el 10 mayo de 2020, se
amplió el plazo de adecuación de docentes de las universidades públicas
y privadas a los requisitos de la Ley 30220 hasta el 30 de noviembre de
2021, pues, de lo contrario, serían considerados en la categoría
respectiva o concluiría su vínculo contractual, según correspondiera.
Posteriormente, mediante el artículo
único de la Ley 31364, publicada el 29 noviembre de 2021, se dispuso
la modificación del artículo 4 del Decreto Legislativo 1496 en los
siguientes términos:
Artículo 4.- Ampliación del plazo de adecuación para los
docentes de las universidades públicas y privadas con estudios de
posgrado
4.1 Se amplía el plazo de adecuación a los requisitos de la Ley
30220, Ley Universitaria, para los docentes de las universidades
públicas y privadas con estudios de maestría o doctorado sin grado
académico, o con grado académico en proceso de registro ante la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu),
quienes cuentan hasta el 30 de diciembre de 2023, para obtener sus
grados académicos y cumplir con los requisitos exigidos para el
ejercicio de la docencia universitaria; de lo contrario, son
considerados en la categoría que les corresponda de acuerdo a los grados
académicos obtenidos o concluye su vínculo laboral o contractual, según
corresponda.
4.2 Esta norma es de carácter excepcional y su vigencia está
establecida exclusivamente para el año referido en el párrafo 4.1.
Asimismo, la Única Disposición Complementaria Final de la Ley 31364,
sobre el ámbito de aplicación reza como sigue:
ÚNICA. Ámbito de aplicación
La modificación del artículo 4 del Decreto Legislativo 1496, que
establece disposiciones en materia de educación superior universitaria
en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional,
dispuesta por la presente ley, alcanza a todos los docentes de las
universidades, sean públicas o privadas, que, al 30 de noviembre de
2021, estuviesen cursando un programa de maestría con la finalidad de
obtener el grado de magíster o que estuviesen cursando un programa de
doctorado para obtener el grado de doctor.
Atendiendo a lo expresado, la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo emitió la Resolución 0251-2023, de fecha 6 de junio de 2023, en la cual resuelve:
1. DISPONER LA CATEGORIZACIÓN que corresponde, según el artículo.83
de la Ley Universitaria N° 30220 (Profesor Principal, Asociado y
Auxiliar), de los docentes de la Facultad de Economía de la Uniformidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, en estricto cumplimiento de la Ley
N° 31364, con efectos a partir del día siguiente de notificada la
presente, conforme al siguiente detalle:
2. ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos, a través de la Subunidad
de Remuneraciones y Pensiones, el cumplimiento de la presente
resolución.
3. INFORMAR a los docentes Involucrados, señalados en los puntos
resolutivos. precedentes, que cuentan con el plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente,
para la interposición de su Recurso de Reconsideración; conforme a lo
señalado en el punto 6.3 del Reglamento para aplicación, cumplimiento y
adecuación a la Ley N° 31364, aprobado con Resolución de Consejo
Universitario N° 0095-2023 del 27 de febrero de 2023.
4. ENCARGAR a la Facultad de Economía que, al término del plazo
otorgado por la Ley N° 31364, esto es, al 30 de diciembre de 2023, eleve
su Informe correspondiente, respecto a ellos docentes con estudios de
maestría o doctorado al 30 de noviembre de 2021 sin grado académico, o
con grado académico en proceso de registro ante la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), han cumplido con
obtener y registrar sus grados académicos, cumpliendo con los requisitos
exigidos para el ejercicio de la docencia universitaria, bajo
responsabilidad del incumplimiento.
De las citadas instrumentales emitidas por la universidad
demandada se observa que el demandante no ha cumplido los requisitos
establecidos por la normativa universitaria vigente, en particular lo
dispuesto en el artículo 83 de la Ley Universitaria 30220, que exige
—para acceder o mantenerse en la categoría de profesor principal— contar
con título profesional, grado de doctor obtenido mediante estudios
presenciales y haber sido previamente nombrado profesor asociado. A fin
de garantizar la adecuación progresiva a dichos requisitos, la Ley 31364
amplió el plazo hasta el 30 de diciembre de 2023 para que los docentes
universitarios que, al 30 de noviembre de 2021 se encontraran cursando
estudios de maestría o doctorado sin haber obtenido el grado académico,
pudieran regularizar su situación. Sin embargo, en el presente caso, el
actor no acreditó que al 30 de noviembre de 2021 estuviese matriculado o
encontrarse cursando estudios de doctorado, ni que su grado estuviera en
trámite ante la SUNEDU, incumpliendo así la condición legal establecida
para acogerse a dicha prórroga. En aplicación del principio de legalidad
y conforme al marco normativo citado, corresponde aplicar lo dispuesto
por la Universidad Nacional de San Agustín a través de sus resoluciones
internas y ordenar la categorización del docente.
Por su parte, importa mencionar que la Ley 31364, en su Única
Disposición Complementaria Final, prevé que la modificación del artículo
4 del Decreto Legislativo 1496 alcanza solamente a todos los docentes de
las universidades, sean públicas o privadas, que, al 30 de noviembre de
2021, estuviesen cursando un programa de maestría con la finalidad de
obtener el grado de magíster o que estuviesen cursando un programa de
doctorado para obtener el grado de doctor. En otras palabras, la
ampliación del plazo hasta el 30 de diciembre de 2023 no alcanzaba a
todos los docentes universitarios, sino únicamente a quienes al 30 de
noviembre de 2021 se encontrasen cursando un programa de maestría o
doctorado, lo cual no acreditó el demandante, por lo que es válida su
recategorización docente. Dicho criterio ya ha sido esbozado por este
Tribunal al resolver causas similares a la que es materia de autos,
conforme se advierte de las sentencias emitidas en los Expedientes
04812-2022-PA/TC, 05347-2022-PA/TC, 03817-2022-PA/TC, 00976-2023-PA/TC,
entre otras.
Sentado lo anterior, la presente demanda debe ser desestimada, al
no haberse producido de vulneración de los derechos invocados por el
demandante.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
DOMÍNGUEZ HARO
GUTIÉRREZ TICSE
OCHOA CARDICH
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO